Washington, D.C, noviembre 23 de 2018 –  El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos expresa su enérgica condena y rechazo a la resolución emitida el día de hoy 23 de noviembre por la Policía de Nicaragua, en relación a la marcha convocada en conmemoración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres por la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAB,   la cual había sido anunciada para el próximo domingo 25 de noviembre en la ciudad de Managua, en protesta por la violación de los derechos fundamentales de los nicaragüenses vulnerados desde hace siete meses por el régimen Ortega Murillo.

En la resolución, comunicada por el Jefe de la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional de Nicaragua, Comisionado General Luis Fernando Barrantes, se niega la autorización y la   Policía Nacional, en un claro acto de abuso de poder cataloga dicha iniciativa como un “acto vandálico” y “terrorista” con “fines golpistas” que pretende “afectar a las familias nicaragüenses y la tranquilidad del país”. Adicionalmente, se expresa en actitud amenazante:  “…que la Policía Nacional no autoriza ni autorizará movilizaciones públicas a personas, organizaciones o movimientos  que participaron y están siendo investigados por sus acciones en el fallido intento de golpe de Estado…”.

Como institución que trabaja a favor del respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos, repudiamos dicha comunicación policial, pues desconoce, descontextualiza y violenta una vez más el derecho de los nicaragüenses a la manifestación pacífica para denunciar los innumerables actos de asedio y la represión en la que han incurrido las autoridades nicaragüenses desde el mes de abril, intentando propiciar una falsa normalidad en el país cuando los actos de acoso e intimidación en todos los espacios públicos siguen siendo cometidos por la Policía, lo que claramente daña cualquier posibilidad de retornar a la tranquilidad para  las y los nicaragüenses a quienes la represión no ha dado tregua.

Así mismo, denunciamos la indolencia del  Estado nicaragüense que se rehúsa a aceptar  la existencia de las víctimas de esta crisis humanitaria, provenientes de la población autoconvocada, las que hoy se traducen en más de 500 manifestantes, estudiantes y activistas privados de libertad bajo condiciones que atentan contra su vida,  integridad y debido proceso, así como  los 325 asesinatos, aproximadamente, que permanecen en impunidad, y los actos de intimidación a los que son sometidos diariamente las mujeres, procesados por los hechos de abril, periodistas, defensores de derechos humanos, personas LGBTIQ y comunidad en general.

Raza e Igualdad condena también, con vehemencia, los actos de intimidación, asedio y acoso en los que ha incurrido la Policía Nacional en las últimas horas,   en diferentes puntos de la ciudad de Managua y otros departamentos, lo que demuestra que nada está normal en Nicaragua. La arbitrariedad con la que continúa actuando la Policía provoca un ambiente de miedo e inseguridad en la población. En ese sentido, exigimos la pronta liberación de los dos colaboradores de Radio Darío, Omar López y Eduardo Patricio Amaya, secuestrados en horas de la mañana del día de hoy. Amaya cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, MC 693-18. Responsabilizamos al Estado de Nicaragua por cualquier situación que vulnere  vida, integridad y derechos humanos de ambos trabajadores de Radio Darío.

De manera urgente, hacemos un llamado a la comunidad internacional a pronunciarse frente a estos actos de grave violación a los derechos fundamentales del pueblo nicaragüense que continúa en estado de indefensión por los desmanes dictatoriales del gobierno de turno. Así mismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional a levantar sus voces en contra de los atropellos que continúan sufriendo los nicaragüenses por un régimen que continúa mostrándose renuente a cumplir sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.