Washington D.C., 3 de diciembre de 2021.– Respondiendo a una solicitud del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar medidas cautelares al periodista independiente Héctor Valdés Cocho, y a su pareja Raúl Soblett López, defensor de derechos humanos y derechos LGBTI+. Ante la documentación presentada por Raza e Igualdad, la Comisión determinó que ambos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba.

Por medio de la Resolución 100/2021, la CIDH solicita al Gobierno de Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los beneficiarios, y puedan desarrollar sus actividades sin ser objeto de actos de violencia, intimidación, y hostigamientos. Además, que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes, e informe—dentro de un plazo de 15 días—sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.

Hechos alegados

La documentación presentada por Raza e Igualdad a la CIDH da cuenta de las constantes violaciones de derechos humanos que han enfrentado los beneficiarios en los últimos años, las cuales incluyen asedio policial, interrogatorios, amenazas y detenciones en el marco del ejercicio de sus actividades como periodista y defensor de derechos humanos, respectivamente. En ambos casos, las violaciones provienen tanto de autoridades como de personas anónimas a través de las redes sociales.

Respecto a Valdés Cocho, se refiere que, hasta octubre pasado, había sido detenido en ocho ocasiones, siendo una de ellas la detención que sufrió el 30 de octubre, cuando regresaba a su casa y fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado que lo trasladaron a Villa Marista, donde fue obligado a desnudarse bajo el argumento de realizar una revisión. Ahí permaneció una noche y fue interrogado dos veces. Luego, el 12 de noviembre, fue objeto de un acto de repudio y el 15 de noviembre—día en que la sociedad civil había convocado a la Marcha Cívica por el Cambio—su casa estuvo sitiada por agentes de la Seguridad del Estado que le impidieron salir tanto a él como a su pareja.

En el caso de Soublett López, en tanto, la información indica que es víctima de acosos por parte de la Seguridad del Estado desde el año 2018, cuando agentes comenzaron a acercársele para advertirle que tenían conocimiento de su activismo y amenazarlo con que ello podría afectar su trabajo y sus estudios, e incluso llegar a ser procesado penalmente. A raíz del inicio de su relación con Valdés Cocho, en octubre de 2020, el acoso se ha intensificado y durante el presente año ha sido llamado a interrogatorios en varias ocasiones. Uno de los interrogatorios ocurrió el 18 de junio en la Dirección Municipal de Educación, donde fue amedrentado por su activismo antirracista, en defensa de las personas LGBTI+ y contra la violencia de género, así como amenazado con ser despedido y procesado.

“Es muy importante para nosotros que la CIDH, a petición de Raza e Igualdad, nos haya otorgado las medidas cautelares, ya que es una protección frente al hostigamiento, el acoso, toda la violencia ejercida por el Estado contra nosotros, por nuestras actividades en promover y defender los derechos humanos y profesiones”, expresaron los beneficiarios.

Censura y discriminación

En su análisis sobre los elementos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la CIDH hace alusión al contexto de censura y hostigamiento que enfrenta el periodismo independiente en la Isla, en lo cual enumera varias formas de represión contra periodistas como la exigencia de contar con afiliación para ejercer el periodismo, amenazas, citaciones e interrogatorios con fines intimidatorios; detenciones arbitrarias; allanamientos y decomiso de equipos periodísticos u otros bienes; despidos y pérdida de autorizaciones para ejercer profesión o actividades económicas; presiones y amenazas a familiares, entorno social y prácticas difamatorias; e impedimentos de salida y otras restricciones arbitrarias a la libertad de circulación.

La Comisión también señala de forma particular la violencia, discriminación y restricciones a sus derechos de reunión, asociación y libertad de expresión que sufren las personas LGBTI+ y las personas defensoras de derechos humanos que trabajan temas de orientación sexual e identidad de género. “En particular, la Comisión observa que la intersección entre la discriminación por razones del origen étnico-racial, orientación sexual diversa e identidad de género afectaría de manera desproporcionada a la población LGBTI afrocubana”, indica.

Raza e Igualdad exhorta al Estado cubano a adoptar las medidas cautelares otorgadas por la CIDH a favor de Héctor Valdés Cocho y Raúl Soublett López, y a permitir que tanto ellos como todas las y los periodistas independientes y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer sus labores sin ser objeto de discriminación, violencia y detenciones, conforme a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.