Washington, D.C., 21 de julio de 2026.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su más enérgico rechazo a las declaraciones realizadas por Daniel Ortega el pasado 19 de julio, en las que afirmó que en Nicaragua no volverán a haber elecciones y anunció la intención de impulsar reformas legislativas para convertir esa decisión en una disposición permanente del ordenamiento jurídico.

Tales afirmaciones se ven agravadas por el anuncio de la Asamblea Nacional, este martes 21 de julio, de que realizará sesiones especiales junto al Consejo Supremo Electoral para “asegurar los pasos constitucionales, legales y formales” que fundamenten dichas reformas, evidenciando la utilización de instituciones controladas por el régimen para legitimar la eliminación de uno de los pilares fundamentales de toda democracia.

Si bien la comunidad internacional, los organismos de derechos humanos y la sociedad civil han documentado durante años el progresivo desmantelamiento de las instituciones democráticas en Nicaragua, estas declaraciones representan un paso adelante en el proyecto de instalar una dinastía en Nicaragua ya que se busca eliminar cualquier posibilidad de alternancia política, participación ciudadana y ejercicio de la soberanía popular. Se trata de una confesión abierta del carácter dictatorial del régimen y de su determinación para perpetuarse indefinidamente en el poder.

La Carta Democrática Interamericana dispone que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. También dispone que “la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.

La gravedad de estas afirmaciones no radica únicamente en el rechazo a un principio fundamental de toda sociedad democrática, sino también en lo que revelan sobre el proyecto político que se pretende seguir imponiendo al país a pesar de la oposición de la voluntad popular. Mientras el régimen continúa utilizando el discurso de la “paz” como pretendida justificación de sus acciones, sus palabras evidencian una concepción incompatible con los derechos humanos y la democracia. Bajo esa lógica, la paz no significa convivencia plural, respeto a las libertades y participación ciudadana, sino la imposición de una única visión política, la eliminación de las voces críticas, la ausencia de controles institucionales y el control absoluto de toda la sociedad sometiéndola a mezquinos intereses de un poder que no goza desde hace años del favor del electorado como lo demostraron las protestas cívicas de 2018 cuando miles de nicaragüenses salieron a las calles a demandar el restablecimiento de la democracia y respeto a los derechos humanos.

Las declaraciones de Ortega confirman la consolidación de un sistema basado en la concentración absoluta del poder, la inexistencia de una verdadera separación de poderes, la persecución de personas opositoras y defensoras de derechos humanos, el cierre del espacio cívico, la censura y el silenciamiento de la prensa independiente, así como la vigilancia y el hostigamiento contra cualquier expresión de disenso.

Además, constituyen una violación grosera de las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y principios democráticos. El derecho de toda persona a participar en la dirección de los asuntos públicos, a elegir y ser elegida mediante elecciones auténticas y periódicas, y a expresar libremente sus opiniones, no puede ser suprimido por la voluntad de los co-dictadores Ortega y Murillo.

La pretensión de eliminar definitivamente las elecciones y pretender blindar esa decisión mediante reformas legales implica someter a las actuales y futuras generaciones de nicaragüenses a un modelo político basado en la represión, la exclusión y la negación de derechos fundamentales. Lejos de garantizar estabilidad o paz, profundiza la crisis de derechos humanos que atraviesa el país, condena el país a la pobreza  y cierra aún más las vías para una solución democrática, pacífica y respetuosa de la dignidad humana.

Raza e Igualdad reitera su solidaridad con el pueblo nicaragüense y hace un llamado a la comunidad internacional, a los mecanismos regionales e internacionales de derechos humanos y a los Estados comprometidos con la democracia a mantener y reforzar los esfuerzos para exigir el respeto de los derechos fundamentales, la restitución de las libertades públicas y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua mediante la garantía de elecciones libres y justas  propiciando las condiciones necesarias para garantizar que la voluntad popular sea respetada.