Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución;  Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco;  Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente.  Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle   Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

«Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco».

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra.  Bajo el título «Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general.  Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio;  también se reunió con  las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina;  con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable  del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política.  En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para «empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles «.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU.  Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP).  En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales.  El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que  tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país.  Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del  acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.