«El gobierno actual: autoritario, represor y violador de derechos humanos ha sumido al país en una profunda crisis, marcada por el descontento social y la caída de la economía que ha traído desempleo, ocasionado la migración de miles de nicaragüenses y empobrecido a amplios sectores de la población», agregó Núñez.

Desde el mes de abril de 2018, Nicaragua se encuentra sumergida en una grave crisis de derechos humanos que se ha ido intensificando. Durante los últimos meses, el gobierno ha ido desarticulando los espacios de crítica y la violencia se manifiesta de forma más selectiva hacia defensores y defensoras de derechos humanos, mujeres, periodistas, medios de comunicación independientes, personas LGBTI y organizaciones de la sociedad civil a las que les cancela su personalidad jurídica.

Por su parte, Juanita Jiménez, del MAM, recalcó que en Nicaragua “se han debilitado las garantías fundamentales para el ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, caracterizándose todo el periodo entre 2014 y 2019 por: agresiones, represión e intimidación, detenciones arbitrarias, vigilancia policial, escuchas telefónicas a los periodistas independientes y en el caso de las mujeres, han sido víctimas de reiterados actos de violencia institucional, registrándose ataques a mujeres periodistas impregnados de violencia y misoginia”.

Sobre los pueblos indígenas y las comunidades étnicas de las Regiones Autónomas de Nicaragua, Lottie Cuningham de CEJUDHCAN señaló que “estos continúan viviendo bajo inaceptables condiciones de desigualdad en una realidad muy marcada por: la violencia, la invasión de sus territorios, el irrespeto a las elecciones de sus autoridades tradicionales, la instalación de mega proyectos sin su previo consentimiento, la corrupción e impunidad”.

Recomendaciones

Cada uno de los defensores de derechos humanos presentes en la pre-sesión del EPU expuso sus recomendaciones al Estado de Nicaragua, mismas que podrían ser retomadas por los Estados que evaluarán al país en mayo. Entre ellas, están:

– Garantizar la investigación pronta, exhaustiva, independiente y transparente de todas las denuncias de violación, tortura y otros malos tratos presuntamente cometidos por la autoridad y quienes actúan como agentes de autoridad, exigir las debidas responsabilidades y proporcionar a las víctimas reparación e indemnización.

– Respetar el derecho a la protesta social, y abstenerse de continuar criminalizando la protesta. Las personas privadas de su libertad por cuestionar con sus ideas y acciones al régimen deben ser puestas inmediatamente en libertad.

– Elaborar, en conjunto con defensores y defensoras de derechos humanos, un Protocolo de Protección para Defensores de Derechos Humanos en Nicaragua a fin de superar las actuales condiciones de inseguridad, hostigamiento, estigmatización y criminalización.

– Promover junto a un equipo de apoyo internacional, que se investiguen a fondo todas las denuncias contra los hospitales y otras entidades que no brindaron la atención debida durante la represión a las protestas de abril y meses subsiguientes.

– Demandar al Estado que permita el ingreso, permanencia y acceso ilimitado a la información pertinente a los órganos internacionales para que analicen, verifiquen y señalen las responsabilidades y se definan las medidas correctivas y sanciones para los responsables de violentar el derecho a la salud de la población.

– Garantizar un sistema de registro de la información que permita conocer la situación real de la violencia, violencia sexual y la mortalidad materna en el país para desarrollar acertadas estrategias y acciones de prevención y atención oportunas.

– Crear una política de Estado de atención a otras víctimas del femicidio, incluyendo: hijos, hijas y otros familiares, así como la creación de un Fondo Especial para el resarcimiento de las familias víctimas del femicidio.

– Restituir los derechos territoriales de las comunidades indígenas protegiéndoles frente a las invasiones de “colonos” o personas no indígenas y terceros mediante el establecimiento de un diálogo con las autoridades tradicionales para concertar el procedimiento de saneamiento de los 23 territorios indígenas titulados.

– Consultar previamente a los pueblos indígenas cuando se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles directamente, tales como megaproyectos, actividades extractivas u obras de infraestructura.

Estado no cumplió recomendaciones

Las recomendaciones que fueron hechas al Estado de Nicaragua en el EPU anterior, el de 2014, “no fueron implementadas”, aseguró Mayte Ochoa, de Ipas Centroamérica, quien sostuvo que el Gobierno “en unos casos asumió compromisos que no cumplió y en otros, rechazó emprender las reformas requeridas y adecuar la legislación a los estándares internacionales”.