Las Américas, Enero 10, 2022.- Las organizaciones que suscribimos el presente pronunciamiento expresamos nuestro rechazo a los  múltiples intentos realizados por el gobierno de Nicaragua para silenciar y amedrentar a la prensa independiente en el país; estas agresiones con el paso de los años (en especial entre 2018-2021) han venido escalando ante la inacción de las autoridades y en muchas ocasiones como consecuencia de la acción de las mismas.  

El 2021 fue un año nefasto para las libertades de prensa, expresión e información: periodistas y directivos de medios fueron encarcelados, medios de comunicación confiscados, decenas de periodistas obligados a exiliarse, debido entre otras a las demandas judiciales y aplicación de leyes que cercenan la libertad de expresión; restricción migratoria y confiscación de pasaportes, intensificación de campañas difamatorias en contra de comunicadores independientes emprendidas desde diferentes instancias estatales y replicadas en redes sociales por militantes del partido de gobierno; todas estas fueron parte de las  múltiples violaciones o agresiones a las que se vieron expuestos los medios y periodistas independientes. 

La aprobación y aplicación por parte del gobierno de una serie de leyes punitivas, ampliamente cuestionadas por los órganos internacionales de derechos humanos, han permitido que a la fecha continúen arbitrariamente privados de su libertad el periodista deportivo Miguel Mendoza, el comentarista político Jaime Arellano; los tres directivos del diario la Prensa Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro y Juan Lorenzo Holmann; así como del candidato a la presidencia, periodista y propietario de 100%Noticias  Miguel Mora; y los ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios Chamorro Walter Gómez, Marcos Fletes y Pedro Vásquez. 

Las amenazas de criminalización también han afectado a las fuentes informativas, quienes aportan análisis y opiniones a los medios de comunicación necesarias para que los y las periodistas hagan su trabajo. Además, varios abogados defensores de periodistas, también se han visto forzados al exilio. Esto ha contribuido a acrecentar el clima de autocensura en el país. 

El Estado de Nicaragua, desconociendo su obligación  de proteger y garantizar la libre circulación de información pública, se ha encargado de favorecer espacios y acciones para las agresiones, amenazas, uso abusivo del poder estatal y estigmatización en contra de quienes informan y denuncian sobre las violaciones a Derechos Humanos que se viven en el país. 

Resaltamos la valentía y el compromiso demostrado por la prensa independiente, que a pesar de vivir tiempos adversos continúan llevando información a sus audiencias. Reconocemos que en los y las periodistas siguen inquebrantables los principios, valores y el legado histórico del mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, que proclamó y aplicó durante su vida, lecciones que hoy más que nunca brindan las pautas necesarias para realizar un periodismo de calidad y resistir las agresiones y ataques de las que son víctimas. 

Las organizaciones firmantes demandamos al Estado de Nicaragua: 

• La inmediata liberación de los periodistas arbitrariamente encarcelados, que únicamente han ejercido su derecho de buscar, recibir y difundir información, y en otros casos han puesto en práctica su derecho a opinar y la liberación de todas y todos los presos políticos detenidos arbitrariamente.  Ello con el objetivo de contribuir a generar un clima habilitante para el ejercicio de su labor.
• Restituir los medios que han sido confiscados: Confidencial y 100% Noticias, y cesar la ocupación de las instalaciones del diario La Prensa. 
• Respetar el ejercicio periodístico, garantice la seguridad de los y las periodistas, y tome todas las medidas a su alcance para remover los obstáculos que enfrentan para ejercer su labor. Exhortamos a las autoridades estatales a cumplir todas las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de periodistas independientes y sus núcleos familiares; dado que en la mayoría de los casos las agresiones y ataques han aumentado significativamente para los beneficiarios. 
• Cesar la criminalización contra las y los periodistas independientes. Además, derogar y abstenerse de aplicar  la Ley de Ciberdelitos y los demás instrumentos jurídicos que atentan contra las libertades públicas, que revoque las órdenes judiciales en contra de periodistas, generadores de opinión y fuentes informativas y se abstenga de emitir nuevas.
• Detener las abusivas retenciones de pasaportes en contra de periodistas y comunicadores, así como las restricciones migratorias a salir del país con toda libertad. 
• Recordamos al Estado de Nicaragua que el derecho a la libertad de expresión e información es parte fundamental del funcionamiento de las sociedades democráticas. Acceder a la información pública es un derecho de las personas; además la difusión libre de información, sin ninguna censura, es la llave para ejercer otros derechos fundamentales, consagrados en diversos instrumentos de protección de los Derechos Humanos.   

Firman:

Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos

IFEX-ALC 

PEN Internacional 

Voces del Sur