Este año, la conmemoración del Día de los Derechos Humanos está marcada por el inicio de la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), que se cumplen el 10 de diciembre de 2023. Naciones Unidas anunció que lanzará una campaña de un año de duración con el fin de presentar la DUDH centrándose en su legado, relevancia y activismo.

Al acercarnos al 75 aniversario de proclamación de esta Declaración -donde se establecen una gran variedad de derechos humanos y libertades fundamentales a los que todas las personas, en cualquier parte del mundo, tienen derecho- es importante reflexionar sobre qué ha mejorado y qué ha empeorado en todo este tiempo.

Un buen punto de partida para dicha reflexión es el lema escogido por Naciones Unidas para el Día de los Derechos Humanos este año: «Dignidad, libertad y justicia para todos y todas». En la Latinoamérica post pandemia, estos tres principios se ven seriamente cuestionados por la agudización que causó la Covid-19 en las diversas crisis que atraviesan la región: desigualdad, pobreza, racismo y discriminación, autoritarismo, violencia y corrupción.

Cuba: Sociedad civil a la sombra del nuevo Código Penal

El 1 de diciembre entró en vigor en Cuba un nuevo Código Penal que supone una profundización en la situación de persecución y criminalización que enfrentan activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes, pues establece nuevos delitos de forma ambigua y aumenta las penas para otros ya existentes, pero siempre en el ámbito de la libertad de expresión y de la manifestación pública. Por ejemplo, refiere que se sancionarán los actos que se consideren “provocadores”, sin especificar el alcance de esta terminología.

Durante el 2022 se han registrado en la Isla cifras récord de manifestaciones ciudadanas, debido principalmente a la escasez de alimentos y medicamentos. Dicha situación fue uno de los motores de las históricas protestas del 11 de julio del 2021 y días posteriores, que en su momento provocó la detención de más de mil personas, de las cuales más de 600 permanecen en prisión.

Nicaragua: La represión que perdura y se reinventa

Mientras la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua continúa profundizándose, el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue evadiendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y haciendo uso de nuevas estrategias represivas para atacar a las voces disidentes.

El Gobierno ha negado la entrada a personas nicaragüenses como represalia por su activismo o rol político. Los casos más recientes son el de Anexa Alfred Cunningham, abogada y experta del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, a quien -pese a sus privilegios e inmunidades- se le negó la entrada a Nicaragua el pasado mes de junio; y el del periodista Luis Felipe Palacios, delegado de la agencia EFE en Managua, quien al querer abordar un vuelo en Miami de regreso a Nicaragua, fue notificado de que no estaba autorizado para volver.

Por otro lado, Según el monitoreo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 235 personas se encuentran privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales y clandestinos de los cuales “se continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos… y se ha proporcionado información sobre casos de violencia sexual y de género”. Además, entre los más recientes arrestos, se visualiza un nuevo patrón represivo: al no encontrar a las personas consideradas de interés para la Policía Nacional, los agentes proceden a detener arbitrariamente a sus familiares.

Colombia: El segundo país más peligroso para líderes sociales de la región

Una de las principales afectaciones en materia de derechos humanos en este país, es la violencia continua contra personas con liderazgo social y defensoras de derechos, quienes son perseguidas, secuestradas y asesinadas, como represalia y castigo por su labor diaria. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo que va del 2022 han sido asesinados 180 líderes y lideresas sociales, incluido Breiner David Cucuñame, un niño ambientalista de 14 años.

En tanto, información de la Defensoría del Pueblo indica que entre mayo y agosto de 2022 recibió y verificó 62 casos de homicidios a personas líderes sociales y defensoras de derechos humanos, según un comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre esta problemática en la región, la cual es particularmente preocupante también en Brasil, Guatemala, Honduras y México.

Perú: Entre la crisis política y la arremetida de grupos antiderechos

Recién el pasado 7 de diciembre, Perú abrió un nuevo capítulo de la profunda crisis política que vive desde hace meses. Horas después de que el Presidente Pedro Castillo anunciara la disolución del Congreso para instalar uno nuevo con la tarea de elaborar una Constituyente, el Poder Legislativo procedió a aprobar su destitución y Castillo fue detenido. En su lugar fue nombrada la Vicepresidenta Dina Boluarte. Este proceso de destitución -o moción de vacancia- era el tercero que enfrentaba Castillo en menos de dos años, al mismo tiempo que pesan sobre él graves acusaciones de corrupción junto a varios Ministros y allegados.

A ello se suma que, en el Poder Legislativo, grupos conservadores tratan de posicionar una agenda en perjuicio de las mujeres y personas LGBTI+, al arremeter directamente contra el enfoque de género en la educación, la despenalización del aborto y los derechos LGBTI+, para lo cual invitan abiertamente a grupos antiderechos a sus despachos para consultarles. El último Proyecto de ley aprobado fue el 904/2021, el cual fue propuesto por la bancada ultraconservadora Renovación Popular y le resta autonomía al Ministerio de Educación (Minedu), así como elimina el enfoque de género y la educación sexual integral en el contenido de los materiales educativos en los colegios.

Brasil: Protagonismo de los movimientos sociales en la lucha por los derechos humanos

La lucha por la protección y garantía de los derechos humanos en Brasil tiene como exponente a los liderazgos de los movimientos sociales que históricamente han denunciado la situación de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en las favelas, atacando la vida de las personas negras, LGBTI+, practicantes de religiones de origen africano, y cómo el racismo en el sistema de justicia brasileño ha generado impunidad para los agresores. Activistas indígenas han expuesto los impactos de la minería y tala ilegal en sus territorios y cómo el Estado ha fallado en proteger la vida de sus pueblos, haciendo un llamado a toda la comunidad internacional a pensar en soluciones y estrategias que permitan la defensa de esta población.

Desde enero del 2019, con la toma de posesión del presidente Jair Bolsonaro, ha resurgido la ofensiva contra los derechos humanos de la población negra, los pueblos indígenas y la población LGBTI+ en Brasil, marcada por el racismo, los prejuicios, la discriminación y los discursos de odio. También por acciones violentas cometidas por el propio Estado, que debe proteger y promover los derechos, así como por el desmantelamiento de políticas públicas creadas en gobiernos anteriores, situación que ha precarizado el mantenimiento del bienestar de las personas en situación de vulnerabilidad en el país.

Así, el movimiento brasileño negro, indígena y LGBTI+ trabaja activamente en la construcción de una agenda para combatir el racismo y todas las formas de intolerancia, prejuicio y violencia, con miras a garantizar y proteger los derechos humanos.

República Dominicana: Bajo una política de discriminación y exclusión

En República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader ejecuta una campaña racista y xenófoba de persecución y expulsiones masivas contra inmigrantes haitianos, personas dominicanas de ascendencia haitiana y personas dominicanas negras. En este sentido, según datos de la Oficina Nacional de Migración de Haití, al menos 50,000 personas haitianas han sido deportadas de República Dominicana en el último trimestre (septiembre-noviembre).

Organizaciones de derechos humanos también han documentado allanamientos de viviendas sin orden judicial, amenazas y torturas por parte de agentes policiales y migratorios, detenciones arbitrarias entre las cuales se ha arrestado a mujeres embarazadas, y niños y niñas sin compañía de sus representantes legales; robos de pertenencias, insalubridad en los centros de detención, expulsiones de personas por puntos fronterizos no oficiales en días y horarios por fuera de los establecidos, entre otras violaciones.

Cabe destacar que, con el fin de legitimar estas graves violaciones a los derechos humanos, el Presidente emitió el decreto 668-22 “para prevenir y perseguir invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y el Estado” el pasado 11 de noviembre. Esto constituye violaciones a los tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos, particularmente en los que se refieren al derecho al refugio.

De esta forma se plantea un escenario desesperanzador, donde la existencia de mecanismos nacionales e internacionales para la promoción y protección de los derechos humanos no parecen ser suficientes para que los Estados adopten e implementen políticas y medidas que garanticen una vida digna, en libertad y con justicia para todas las personas. ¿Qué hace falta para alcanzar ese objetivo que, por ahora, parece un espejismo? ¿Cómo se puede pasar de las palabras a los hechos?

El movimiento por los derechos humanos, conformado hoy en día por cientos de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales desde y para diversos sectores, ha venido dando pasos significativos al visibilizar las necesidades y demandas de grupos poblacionales vulnerables y excluidos, formular recomendaciones de políticas públicas, ejecutar proyectos de impacto social y activar los mecanismos de protección a nivel nacional, regional e internacional.

Sin embargo, en los últimos años se ha levantado un muro que impide avanzar con pie firme y que está compuesto por diferentes factores: la falta de voluntad política, el aumento del discurso de odio y de grupos conservadores, el afianzamiento de gobiernos autoritarios, la operación de grupos armados irregulares en la impunidad y la actividad extractivista, por mencionar algunos.

Uniendo esfuerzos, compartiendo esperanza

Ante las múltiples dificultades para la promoción y protección de los derechos humanos, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), junto a trece organizaciones civiles de América Latina y el Caribe, decidió impulsar la creación del Foro Regional de Derechos Humanos RegionaR. A partir del análisis del contexto desde una mirada interseccional, esta iniciativa busca superar la fragmentación e iniciar una ruta que facilite la defensa integrada y simultánea de todos los derechos.

El Foro realizó su primer esfuerzo conjunto los pasados 29 y 30 de noviembre en Bogotá, Colombia, a través de la Conferencia Regional de Derechos Humanos RegionaR. En este espacio se reunieron más de 150 organizaciones sociales de la región para dialogar, reflexionar y encontrar puntos de acción en común para continuar con su labor. El resultado fue una carta conjunta con seis puntos clave para la defensa de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la protección de la Madre Tierra desde una perspectiva interseccional, diversa, inclusiva y pluricultural.

Raza e Igualdad, en su firme propósito de promover y proteger los derechos humanos, considera que el trabajo conjunto es clave para lograr cambios estructurales y construir una sociedad democrática e inclusiva. Juntando voluntades y coordinando acciones lograremos tener un panorama completo sobre la realidad y lo que es necesario hacer para transformarla, y podremos formular estrategias de incidencia efectiva ante los Estados y mecanismos internacionales, a fin de que nuestras recomendaciones sean retomadas e implementadas. La unión hace la fuerza.