Washington, D.C., 10 de agosto de 2026.– Cada 9 de agosto, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas recuerda la invaluable contribución de estos pueblos a la preservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la lucha contra la crisis climática. Sus territorios albergan algunos de los ecosistemas más importantes del planeta y sus conocimientos ancestrales han permitido conservarlos durante generaciones.

Los pueblos indígenas administran y conservan territorios que concentran una parte significativa de la biodiversidad mundial. Por ello, los ataques contra sus comunidades no solo vulneran sus derechos individuales y colectivos, sino que también debilitan la protección de bosques, ríos y ecosistemas esenciales para enfrentar la crisis climática.

Sin embargo, quienes protegen la naturaleza también enfrentan graves amenazas. La expansión de actividades extractivas, la ocupación ilegal de tierras, la presencia de actores armados y la falta de garantías estatales han convertido la defensa del territorio en una actividad de alto riesgo para muchas comunidades indígenas en América Latina. Brasil, Colombia y Nicaragua reflejan distintas expresiones de una misma realidad: la vulneración de los derechos territoriales pone en peligro no solo la supervivencia de los pueblos indígenas, sino también la protección del ambiente.

Brasil: la Amazonía bajo presión

En Brasil, la violencia contra los pueblos indígenas está estrechamente vinculada con la disputa por sus territorios y el avance de actividades como la minería ilegal, la deforestación y la ocupación irregular de tierras, especialmente en la Amazonía. Entre 2013 y 2023, más de 30 líderes indígenas fueron asesinados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras organizaciones nacionales e internacionales continúan alertando sobre las amenazas e invasiones que enfrentan comunidades como el pueblo Uru-Eu-Wau-Wau.

La presión sobre los territorios indígenas también tiene consecuencias ambientales de gran escala. El Atlas de la Violencia 2026 registró un aumento de los homicidios de personas indígenas en el estado de Amazonas, que además concentra el mayor número de tierras indígenas amenazadas por la deforestación, de acuerdo con Imazon. La expansión de estas actividades ilícitas compromete la conservación de la Amazonía y pone en riesgo la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas.

Las mujeres indígenas enfrentan, además, formas interseccionales de discriminación y violencia. Un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais, publicado en The Lancet, encontró que las mujeres indígenas de entre 10 y 49 años mueren, en promedio, ocho años antes que las mujeres blancas, en un contexto marcado por la violencia, la exclusión social, la discriminación institucional y las barreras de acceso a servicios de salud.

Colombia: defender el territorio en medio del conflicto

En Colombia, el territorio constituye la base de la identidad, la espiritualidad y la autonomía de los pueblos indígenas. Sin embargo, la persistencia del conflicto armado, la presencia de grupos armados y las economías ilícitas han convertido muchos resguardos y territorios ancestrales en escenarios de violencia permanente.

Esta violencia alcanza de manera particular a quienes defienden la tierra y el ambiente. Según Global Witness, 48 personas defensoras del ambiente y el territorio fueron asesinadas en Colombia en 2024, la cifra más alta del mundo por tercer año consecutivo. En 2023, fueron asesinadas 79 personas defensoras del ambiente y el territorio, de las cuales 31 eran indígenas. Entre 2012 y 2023, Colombia acumuló 461 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el mayor número registrado mundialmente durante ese período.

En su informe Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia (2025), la CIDH advierte que los pueblos indígenas continúan siendo víctimas de homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, confinamientos y reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Las autoridades tradicionales y quienes lideran procesos de defensa del territorio y protección ambiental enfrentan riesgos particularmente elevados, debilitando las estructuras comunitarias y poniendo en peligro la continuidad de sus formas de vida.

La insuficiente implementación de la Reforma Rural Integral y del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz, sumada a la impunidad y las limitadas medidas de protección, continúa obstaculizando la garantía efectiva de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Nicaragua: el extractivismo profundiza el despojo territorial

En Nicaragua, la defensa de los territorios indígenas y afrodescendientes enfrenta un escenario de creciente presión por la expansión del modelo extractivo. Durante la audiencia “Impactos de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes”, celebrada en el 196.º Período de Sesiones de la CIDH, organizaciones de la sociedad civil denunciaron que el Estado ha profundizado una política que favorece la explotación minera a costa de los derechos colectivos de estas comunidades.

Las organizaciones señalaron que el Estado mantiene una deuda histórica al no completar el saneamiento de los territorios indígenas titulados, facilitando la invasión de colonos, mientras reformas legales e institucionales han debilitado las salvaguardas ambientales y eliminado espacios efectivos de participación y consulta. Como consecuencia, las concesiones mineras avanzan sin garantizar el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Según la información presentada ante la CIDH, 62 lotes mineros afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25,5 % de sus tierras comunales. El impacto alcanza 163 ríos, 80 quebradas y cerca de 1.900 kilómetros de red hídrica, además de áreas protegidas de enorme importancia ecológica, como las Reservas de Biosfera Bosawás y Río San Juan.

La expansión extractiva también ha intensificado la violencia contra las comunidades. Entre 2013 y 2024, al menos 79 personas indígenas fueron asesinadas en el contexto de invasiones y ataques de colonos en la Costa Caribe, mientras líderes y lideresas indígenas continúan enfrentando criminalización y persecución por defender sus territorios. Estos hechos se producen en un contexto que la CIDH ha documentado como de violencia, despojo territorial e impunidad, con graves consecuencias para la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe.

En ese contexto de despojo, violencia y debilitamiento institucional, destaca la muerte bajo custodia del Estado de Brooklyn Rivera, defensor de los derechos de los pueblos indígenas y Ta Upla del pueblo Miskitu, que fue detenido arbitrariamente en septiembre de 2023 y permaneció desaparecido durante más de 970 días.

Proteger los territorios es proteger el futuro

Los casos de Brasil, Colombia y Nicaragua evidencian que la protección de los pueblos indígenas no puede desvincularse de la protección del ambiente. Cuando sus territorios son invadidos, explotados o degradados, también se vulneran derechos colectivos fundamentales como la identidad, la autodeterminación, la cultura y el derecho a un medio ambiente sano.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Raza e Igualdad reafirma que los Estados deben garantizar el derecho de los pueblos indígenas a sus territorios, respetar la consulta y el consentimiento libre, previo e informado, proteger a quienes defienden la tierra y asegurar que el desarrollo económico nunca se construya a costa de los derechos humanos.

Proteger a quienes han resguardado la naturaleza durante generaciones es también proteger los ecosistemas de los que depende nuestra vida y una condición indispensable para enfrentar la crisis climática y construir sociedades más justas y sostenibles.