Washington, D. C., 30 de octubre de 2026. Cientos de personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Cuba y Nicaragua, en contextos donde la persecución puede alcanzar no solo a quienes se identifican como opositores, sino también a personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y cualquier persona que exprese públicamente una crítica al poder.

En el Día de las Personas Presas Políticas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llama la atención sobre la persistencia de este crimen, las vulneraciones que enfrentan las personas detenidas y las formas de control que pueden prolongarse incluso después de su excarcelación. La desaparición forzada y las muertes bajo custodia estatal representan algunas de las expresiones más graves de esta realidad.

Cuba y Nicaragua: las cifras detrás de la prisión política

En Cuba, la organización Justicia 11J, proyecto de la organización Iniciativa para la Investigación y la Incidencia A.C. que registra y denuncia la represión política en Cuba desde las históricas protestas de julio de 2021, registra 832 personas privadas de libertad por motivos políticos. Esta cifra refleja la persistencia de la prisión por motivos políticos y la necesidad de mantener la atención sobre quienes continúan encarcelados por ejercer sus derechos fundamentales.

En Nicaragua, desde 2018, la prisión política se ha convertido en una de las principales herramientas de represión. Según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se han registrado 4.796 detenciones arbitrarias, en general por motivos políticos.

A octubre de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua contabiliza 72 personas que continúan privadas de libertad por motivos políticos. Además, de estas, 33 permanecen en situación de desaparición forzada. Los registros también identifican a 16 mujeres —incluidas dos menores de edad—, 16 personas adultas mayores y 20 personas indígenas como personas presas políticas.

Estas cifras deben leerse teniendo en cuenta el subregistro derivado del temor a denunciar, así como el hecho que organizaciones de sociedad civil denuncian como una dinámica de “puerta giratoria”, donde nuevas detenciones coinciden con excarcelaciones, de modo que la reducción temporal del número de personas encarceladas no refleja una menor represión.

¿A quiénes afecta la prisión política?

La prisión política puede alcanzar a personas que se identifican como opositoras o que son percibidas como tales por las autoridades. En contextos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, esta percepción puede extenderse mucho más allá de la militancia en un partido político considerado de oposición. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas independientes, activistas y ciudadanos que expresan críticas pueden convertirse en blanco de persecución y encarcelamiento.

En Nicaragua, se han registrado detenciones arbitrarias de personas cuyas acciones o pronunciamientos críticos contra las autoridades no son conocidos públicamente, mientras que las razones de su detención permanecen sin esclarecer y solo dan lugar a especulaciones.

En Cuba, el caso de la joven Anna Bensi y su madre, Caridad Silvente Laffita, ilustra cómo una acción vinculada al ejercicio de la libertad de expresión puede derivar en una sanción penal: en octubre de 2026, el Tribunal Municipal Popular de La Habana del Este las condenó a dos años de limitación de libertad por grabar y publicar en redes sociales un video de un agente policial que acudió a su domicilio.

La excarcelación no siempre significa libertad

Comprender quiénes son afectadas por la prisión política también exige reconocer que la persecución no termina necesariamente con la salida de la cárcel. Las restricciones posteriores, el destierro y otras formas de control pueden prolongar sus consecuencias sobre la vida de las personas y sus familias.

Algunas personas liberadas han sido desterradas, mientras que otras permanecen en el país bajo vigilancia policial y restricciones severas, como la obligación de presentarse diariamente en estaciones policiales o informar sobre sus desplazamientos. En Nicaragua, personas excarceladas a partir de noviembre 2025 son mantenidas en un régimen similar al arresto domiciliar y se encuentran silenciadas por temor a mayores represalias.

En Cuba, el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara ilustra las consecuencias de esta práctica. Tras permanecer cinco años en prisión por una condena relacionada con el ejercicio de sus derechos fundamentales en el marco de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, su salida de la cárcel estuvo condicionada a abandonar el país.

Desaparición forzada y muertes bajo custodia: las consecuencias más graves

La desaparición forzada constituye una de las expresiones más extremas de la prisión política en Nicaragua. Personas permanecen incomunicadas durante períodos prolongados, mientras sus familias desconocen su paradero, su estado de salud y las condiciones en las que se encuentran.

Otra consecuencia extrema es la muerte bajo custodia estatal. Desde 2018, al menos nueve personas presas políticas han fallecido bajo custodia del Estado en Nicaragua, según los registros de organizaciones de derechos humanos. Entre ellas se encuentra el líder indígena miskitu Brooklyn Rivera quien  tras su participacion en abril del  2023 el Foro de Naciones Unidas sobre Cuestiones Indigenas falleció el 30 de mayo del presente año,  bajo custodia del Estado tras 971 días en los que se le mantuvo en situación de desaparición forzada, incomunicado, sin que su familia conociera el sitio de detención ni se le permitieran visitas.

Durante ese período, las autoridades nicaragüenses mantuvieron oculto su paradero y no proporcionaron información sobre su estado de salud. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua  y otros mecanismos de protección expresaron consternación y condenaron su muerte bajo custodia del Estado y destacaron el impacto colectivo de este caso para el pueblo miskitu y la defensa de los derechos territoriales y la autonomía de los pueblos indígenas.

En Cuba también se han denunciado graves vulneraciones de derechos durante la privación de libertad, incluidas afectaciones a la integridad personal y a la salud de las personas detenidas. Las denuncias de falta de atención médica, torturas y deterioro físico en prisión evidencian la importancia de garantizar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y de investigar de manera efectiva las posibles responsabilidades estatales cuando una persona muere bajo custodia del Estado.

¡Basta de prisión por motivos políticos!

En este 30 de octubre, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de documentar, visibilizar y denunciar la prisión política en Cuba y Nicaragua y sus graves consecuencias para las víctimas, sus familias y la defensa de la democracia y los derechos humanos.

Exigimos a las autoridades de ambos países que cesen la persecución y el encarcelamiento por motivos políticos, que liberen inmediatamente a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad, que informen donde están las personas desaparecidas por motivos políticos, les liberen de inmediato  y que garanticen la verdad y la justicia para las víctimas y sus familias.