Brasil, 08 de octubre de 2021 – Bajo la égida de un presidente que, en medio de una pandemia, sigue incitando a las multitudes y despreciando todos los protocolos de salud, Brasil alcanzó el hito de 600 mil muertes por COVID-19 este mes de octubre. En dos años de (des)gobierno, Jair Messias Bolsonaro ha sido acusado de negacionista (1), sin embargo, las investigaciones en curso demuestran que el papel de la COVID-19 fue central para que el gobierno de Bolsonaro implementara estratégicamente su política de muerte y exclusión. Más que negar la existencia de una pandemia, se puede decir que el presidente fue y sigue siendo el ‘chico propagandístico’ de la COVID-19, um activista y diseminador del virus que, a través de sus discursos sensacionalistas y radicales, provocó la crisis de la democracia representativa en el país, cuya tónica es la propagación de información falsa junto con la falta de respeto a los derechos humanos.

La escalada de poder de este Gobierno encontró en el ‘mito’ Jair Bolsonaro, el personaje justo que habla en nombre de un Dios cristiano y de la familia tradicional brasileña, en un intento de evocar orden y patriotismo, para restaurar un país hundido en el barro de incertidumbres y corrupción sistémica. En una alianza política con partidos de centro y de la derecha, además de su obediente liderazgo ministerial, la familia del presidente es el punto focal en los escándalos de corrupción del gobierno. Estos hechos facilitaron y permitieron una secuencia de leyes aprobadas, decretos firmados y reformas controvertidas con el consentimiento del Parlamento.

En este escenario, instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y activistas que velan por el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos, se han convertido en el foco del proyecto político que va desde los ataques de odio físicos y/o virtuales hasta la restricción de espacios de representación y participación ciudadana. Un proyecto político que está anclado en la expansión de las desigualdades, las fake news y la supresión de derechos de su población, entre los cuales, los más afectados ya se encontraban en situación de vulnerabilidad, como la población afro, quilombola, indígena y LGBTI+.

En este sentido, a través de esta carta editorial, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), urge a la comunidad internacional a un manifiesto conjunto instando al Estado brasileño a brindar información clara y transparente, y respeto a la independencia de los órganos federales e instituciones; así como a las Universidades, Policía Federal y la Suprema Corte del país por el libre ejercicio de la libertad de expresión, garantizada por la Constitución Federal, y por el avance imparcial de las investigaciones sobre el gobierno de Bolsonaro. Después de todo, ¿cuáles son los juegos de interés de un presidente autoritario que impuso el secreto de hasta 100 años a su cartilla de vacunacion y a la información sobre el acceso de sus hijos a la Casa de Gobierno?

A continuación se muestra un panorama actualizado de las articulaciones de poder que están desencadenando la crisis de la democracia representativa en Brasil y dejan hasta la fecha 60 mil vidas perdidas por la COVID-19. La segunda nación con la tasa de mortalidad más alta y ocupando el puesto 62 en el ranking mundial de aplicación de vacunas contra el coronavirus (2). Hasta el momento, 44,61% de la población brasileña está completamente inmunizada.

CPI de la COVID-19 – Establecida en abril de 2021 y con fecha límite para su finalización en noviembre de este año, la Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) encabezada por el Senado Federal, tiene como objetivo investigar las irregularidades en las políticas del gobierno de Bolsonaro para combatir la pandemia en el país. Desde sus inicios, se han destapado una serie de escándalos que demuestran que además de un importante esquema de corrupción en las compras de las vacunas hasta 1000% más caras, el gobierno también actuó para que el operador sanitario privado `Prevent Senior´ recomendara el ´Covid Kit`, que contiene un paquete de medicamentos que han demostrado ser ineficaces para el tratamiento del COVID-19, lo que convierte a sus pacientes experimentos humanos de laboratorio para los lucrativos y ocultos intereses del Gobierno Federal. También se comprobó que solo en el primer año de la pandemia 120 mil vidas podría haberse salvado si Brasil hubiera seguido los protocolos mundiales y una política de salud pública eficaz.

Además, el estudio también sacó a la luz el foco de la desigualdad racial, de clase y de género en las muertes por la pandemia. Entre las muertes evitables, se encontró que la población negra se vio gravemente afectada por tener un 17% más de riesgo de morir en la red pública de salud. Por tanto, este CPI está revelando los entresijos de una necropolítica que ha subrayado ante todas las naciones que “La muerte también es lanzamiento medico”.

Elecciones e investigaciones judiciales de 2022 – En las maniobras del gobierno de Bolsonaro durante la pandemia, el populismo y la falta de respeto a las instituciones democráticas siguen el curso de su plan de reelección. En voraces ataques al sistema electoral brasileño, el presidente hizo campaña por volver al voto impreso, e incluso después de la derrota, continuó atacando la legitimidad y confiabilidad del modelo electoral actual de Brasil. Sin embargo, para garantizar su reelección, Bolsonaro sigue aprobando leyes y decretos que le quitan derechos a la población y benefician a los sectores políticos y privados de la sociedad, es decir, a la élite económica.

Entre esas maniobras podemos podemos mencionar: Fondo electoral, que prevé el presupuesto de los partidos para realizar campañas electorales y que, incluso con vetos, puede retirar 3,5 mil millones de reales de Salud en 2022; Mini reforma laboral, que hace aún más precarias las condiciones laborales y hace inaccesible la justicia laboral para el trabajador; Ley antiterrorista, ya aprobada en la Cámara de Diputados, esta ley prevé la creación de una policía secreta para Bolsonaro y la aprobación de la exclusión de ilegalidad de los agentes de seguridad pública, hecho denunciado por la sociedad civil como una licencia para matar. Esta ley incluso ha sido criticada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró su texto una amenaza para activistas de derechos humanos y entidades de la sociedad civil; Proyecto de Ley Acaparamiento de tierras, a favor de la deforestación y la impunidad de los delitos ambientales, este proyecto de ley es uno de los subterfugios de la bancada ruralista para la ocupación de tierras públicas.

Pese a todos estos esquemas para mantenerse en el poder, Bolsonaro es investigado en cinco consultas que están en curso en la Suprema Corte (STF) y en el Tribunal Superior Electoral (TSE). Desde la investigación de noticias falsas hasta las irregularidades en la compra de vacunas Covaxin, los aliados del gobierno también están siendo investigados por ataques a la democracia y a las instituciones estatales. Además, sus hijos Carlos, Eduardo y Renan Bolsonaro, y su esposa Michele Bolsonaro, también están siendo investigados por diversos delitos, entre los que se sospecha que han llevado a una organización delictiva a la corrupción pasiva. Durante este período, Bolsonaro volvió a actuar contra la transparencia de la información y sancionó un presupuesto secreto para 2022, en el que mantiene en su poder la liberación de recursos a cambio de votos en la Cámara Legislativa.

Protestas por el impeachment de Bolsonaro y los actos antidemocráticos – Con un creciente rechazo al gobierno actual, han estallado manifestaciones en todo el país a favor del  impeachment de Bolsonaro. Incluso partidos que hicieron campaña por las elecciones del presidente, se organizaron en actos para el fin de su gobierno. Con el lema ‘Vacuna en el brazo y comida en el plato’, las organizaciones de la sociedad civil denuncian la barbarie racista y genocida ligada al actual desmantelamiento de las políticas públicas. La crisis económica, agravada por los altos precios de los alimentos y la inflación, junto con el aumento de la vacunación, han animado a más personas a tomar las calles en protestas con el llamado ‘Fuera de Bolsonaro’. La última manifestación tuvo lugar el 2 de octubre de 2021 y logró aglutinar a diversos sectores de la sociedad. Existen más de 123 solicitudes de impeachment presentadas, que atribuyen delitos de responsabilidad al Presidente, además de diversas denuncias ante organismos internacionales e incluso en el Tribunal de la Haya, por crimenes de lesa humanidad y genocidio.

Sin embargo, entre la caída de su popularidad y la actual crisis de su gobierno, Bolsonaro no renuncia a las estrategias mediáticas de abuso de poder y autoritarismo. Así, desafiando a las instituciones legales, hizo un llamado para el 7 de septiembre, Día de la Independencia de Brasil, para protestas antidemocráticas en las que los participantes, motivados por el discurso bélico y déspota del presidente, desafió a la justicia a través de la intervención militar y contra la Suprema Corte. Sin embargo, otras manifestaciones antidemocráticas se iniciaron con el apoyo de algunos conductores de camiones que también pretendían paralizar masivamente algunas de las carreteras del país en la misma fecha. Sin embargo, por temor a represalias, Bolsonaro envió un mensaje de audio pidiéndoles que pusieran fin al intento. Como la situación solo empeoraba, dos días después de sus ataques a la democracia, el presidente emitió una nota en tono pacificador en la que proponía una tregua entre las instituciones de poder del país. Por ironía del destino o alianzas electorales camufladas, el comunicado emitido fue escrito por Michel Temer, ex presidente de Brasil.

Bolsonaro en la ONU – Además de ser el único líder del G20 no vacunado presente en la 75a Asamblea General de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, Bolsonaro distorsionó y difundió información falsa. En un ataque comunista ilusorio contra el país, el presidente gritó en nombre de Dios en un país secular y afirmó que no había corrupción en su gobierno. Con énfasis en la defensa de un tratamiento temprano ineficaz ante la COVID-19, se opuso al pasaporte de salud y camufló datos sobre la deforestación en la Amazonía, ignorando incluso las consecuencias de la pandemia en los pueblos y territorios indígenas. Como si eso no fuera suficiente, algunos miembros del séquito del presidente fueron diagnosticados con coronavirus durante el viaje, incluido el Ministro de Salud, Marcelo Queiroga. De hecho, una semana antes, Queiroga suspendió la estrategia nacional de vacunación de los jóvenes, lo que dificulta el suministro de dosis en varios estados. Aun así, por recomendación de Anvisa (3), los infectados durante el viaje tuvieron que pasar el aislamiento en Nueva York, a costa de las arcas públicas brasileñas.

Hambre y Desempleo – La inseguridad alimentaria y nutricional ha crecido exponencialmente en el país, debido a la crisis provocada por la pandemia y la alta tasa de desempleo y trabajo informal, lo que vuelve a colocar a Brasil en el mapa del hambre. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inseguridad Alimentaria, realizada en el contexto de la pandemia de COVID-19, 43,4 millones de brasileños no tienen suficiente comida y 19,1 millones (el 9% de la población) pasan hambre. Un ejemplo de este escenario desolador y severo reportado recientemente en los medios es la distribución de restos de carne y huesos para la población hambrienta y sin recursos económicos. De esta forma, vuelve a aparecer que el actual proyecto político dialoga con la necropolítica al permitir que el hambre alcance estos niveles, afectando especialmente a la población afro. Mientras la población pasa hambre, el Ministro de Economía, Paulo Guedes, desdeña el repunte de la inflación y los resultados de su política económica se reflejan en el alza de los precios de los alimentos básicos y del gas de cocina.

Medio ambiente: tesis sobre el ‘Marco Temporal’ y la destitución de Ricardo Salles – El ‘Marco Temporal’ va en contra de los derechos de los pueblos originarios brasileños. Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban antes de la promulgación de la Constitución de 1988. Sin embargo, aún existen pueblos aislados, pueblos que fueron expulsados ​​de sus territorios y tierras adquiridas y reconocidas como poseedores de derechos indígenas después de 1988. Además, la revisión de la demarcación de tierras indígenas atiende los intereses de los sectores agroindustriales, acaparadores y mineros, en busca del extractivismo y la explotación comercial. En agosto de este año, más de 6 mil representantes de 147 pueblos indígenas del país acamparon en Brasilia, para acompañar el juicio del STF. A pesar de toda la movilización indígena que tuvo gran proyección incluso a nivel internacional, la sentencia, que estaba empatada en 1×1 entre los relatores, fue suspendida a fines de septiembre sin plazo para su reanudación. Cabe recordar que si bien es una tesis racista y discriminatoria, lo que se discute ampliamente sobre el Marco Temporal es el tema territorial indígena.

Entre el ámbito del medio ambiente, el entonces Ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, se convirtió en el foco de investigaciones por involucramiento en un esquema de importación ilegal de madera apoyado en reformas a las normas ambientales. Entre otras acusaciones, la corrupción y favorecer la quema en la Amazonía se encuentran entre los diversos delitos ambientales atribuidos a Salles. Tan pronto como se convirtió en acusado, Salles pidió ser destituido de su cargo. El operativo desencadenado por el STF también determinó la destitución del presidente del IBAMA (4), Eduardo Bim, por sospecha de irregularidades.

Finalmente, este editorial sigue la intención de cumplir con la misión de Raza y Igualdad de denunciar las violaciones de derechos humanos en los países de América Latina. Nuestro trabajo en Brasil reconoce que la crisis de la democracia representativa, combinada con los intereses políticos, profundiza aún más las desigualdades socioeconómicas. Es necesario combatir urgentemente la circulación de desinformación y fake news, que sirven como armas para expandir un debate político polarizado, en el que existe la criminalización de la pobreza sumada a discursos y violencia racista, LGBTIfóbica y sexista. La masacre pandémica ya ha costado 600 mil vidas ¿Será que, ante tantas acusaciones, el Brasil liderado por Bolsonaro alcanzará la lamentable cifra de 1 millón de muertes? Esperamos que no.

(1) Persona que se niega a ver la realidad

(2) Datos del 13 de septiembre de 2021

(3) Agencia reguladora de salud de Brasil

(4) Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables