Washington D.C., 12 de abril de 2021.– El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de Cuba publicó el decreto presidencial 198/2021, que aprueba el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM). Esta política, según su contenido, “constituye la piedra angular en el desarrollo de políticas a favor de las mujeres, al tiempo que da continuidad al avance y desarrollo de la igualdad de género en el país, en tanto institucionaliza este derecho”.

La aprobación de este decreto se da en un contexto en que activistas y organizaciones civiles reclaman la aprobación de una ley integral contra la violencia basada en género y en el que, además, se registran preocupantes cifras de violencia contra mujeres y niñas en la Isla. En lo que va del 2021, se han registrado al menos 10 feminicidios, mientras que el 2020 cerró con la dramática cifra de 32 mujeres asesinadas, incluidas dos menores de edad, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil.

Un clamor en el aire

La solicitud formal de esta ley se realizó el 21 de noviembre de 2019, ocasión en la que 40 mujeres entregaron a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el documento Solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, en la cual expusieron, entre otras, las siguientes razones:

• La nueva Constitución de la República de Cuba establece, en su artículo 43, la obligatoriedad del Estado de proteger a las mujeres de la violencia de género y crear los mecanismos institucionales y legales para ello.
• La Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género (ENIG), realizada en todo el país en 2016, reveló que la violencia de género en las relaciones de pareja es un problema a nivel nacional y que la mayoría de las víctimas no buscan justicia o ayuda institucional.
• Cuba presentó en 2019 su Primer Informe Nacional sobre la Implementación de la Agenda 2030 que incluyó el primer dato oficial público sobre feminicidios en el país, de tal modo que se reconoció la existencia de esos crímenes específicos.

Las mujeres solicitaron que se incluyera en el cronograma legislativo la elaboración de una Ley Integral contra la Violencia de Género. Sin embargo, un mes después, el 10 de enero de 2020, cuatro de las mujeres firmantes de la solicitud fueron informadas por representantes del Poder Legislativo que sus demandas no forman parte del cronograma legislativo hasta 2028.

Reclamo latente

A pesar de que el Gobierno puso una lápida sobre la solicitud de una ley integral contra la violencia basada en género en Cuba, el clamor sigue presente. En el último año, diversas organizaciones de mujeres lo han mantenido vivo haciendo uso de medios alternativos, principalmente a través de redes sociales como Twitter y Facebook.

La apertura al servicio de Internet para datos móviles en la Isla ha permitido que los reclamos y denuncias por derechos que no se garantizan y se violan en el país, trascienda en el día a día a agendas sectoriales o regionales de mayor audiencia. En ese contexto ha tenido mayor visibilidad la denuncia de la violencia machista como la otra pandemia que azota a la Isla, así como la solicitud de una ley que proteja la integridad y la vida de las mujeres.

El hecho que Cuba sea uno de los dos países de la región donde no está tipificado el delito de feminicidio –el otro es Haití—, es uno de los principales señalamientos que se hace desde la sociedad civil independiente. Precisamente el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer y día en que el Gobierno publicó el decreto de aprobación del PAM, activistas y organizaciones de mujeres lanzaron la declaración “La violencia de género: la pandemia silenciosa”, en la que ponen de manifiesto los diferentes tipos de violencia que enfrentan las mujeres diariamente.

“Entender la violencia como un asunto personal fuerza a las mujeres a una situación de subordinación respecto del hombre, e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a mantener su status-quo de la dominación.  Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad”, indican en la declaración.

Necesidad de una ley integral

La violencia basada en género tiene su raíz en las desigualdades de género, las cuales afectan a mujeres y a personas con identidades feminizadas. Estas desigualdades residen en las estructuras culturales, sociales e históricas y tienden a relegar a todos los cuerpos e identidades no relacionadas con la supremacía masculina y heterosexual. Estas violencias pueden ser directas, simbólicas y estructurales, por lo cual, no solo se limitan a los ataques físicos, sino también verbales, psicológicos y de limitación de oportunidades. La diferencia entre un homicidio y un feminicidio, es que la motivación de los feminicidios se debe a razones de género, debido al machismo y misoginia del agresor.

Es necesario que el Gobierno cubano trascienda en sus esfuerzos y apruebe con la mayor prontitud posible una ley integral contra la violencia de género. Cabe recordar que Cuba firmó y ratificó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), con lo cual se comprometió en el avance legislativo a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, aspecto que, ante la ausencia de esta ley, no estaría cumpliendo a cabalidad.

La ley integral contra la violencia basada en género debería ser un aspecto de suma relevancia en el calendario legislativo cubano. Aparte de agregar el feminicidio como delito al Código Penal Vigente, esta ley debe promover esfuerzos para la equidad y garantizar que las mujeres tengan pleno goce de sus derechos en todos los ámbitos.

La Ley Integral contra la Violencia Basada en Género para Cuba es una necesidad que diferentes instancias internacionales le han recomendado a la Isla. Durante la última sesión en que Cuba se presentó ante el Comité CEDAW, este se mostró preocupado por la violencia contra las mujeres y recomendó la creación de una ley general contra la violencia de género, la cual tipifique estos delitos de forma diferencial. Lo anterior, entendiendo que las violencias contra las mujeres significan una forma de discriminación.

Asimismo, la CIDH, en su último informe de país, recomendó al Estado cubano la adopción de un marco legal para abordar las violencias contra las mujeres, al tiempo de la necesidad de adoptar una definición jurídica sobre las discriminaciones contra las mujeres, además de la firma y ratificación de la Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar y Erradicar La Violencia Contra La Mujer «Convención De Belem Do Para«.

Desde Raza e Igualdad esperamos que la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres signifique un primer paso para la creación de una ley integral y que, en ese transcurso, este programa permita acceder a estadísticas creíbles y segregadas desde la perspectiva interseccional, para avanzar en la definición de políticas adecuadas a las realidades y necesidades de todas las mujeres, diversas en su conjunto. En momentos de crisis, como la actual pandemia de feminicidios y violencia, una ley de este tipo podría salvar la vida de muchas mujeres.

Es necesario que el Estado cubano reconozca jurídicamente las violencias que pesan sobre los cuerpos femeninos y feminizados. La tipificación de estas violencias y discriminaciones, acompañados de sanciones a los perpetuadores de estos crímenes puede tener un impacto positivo en la vida de las mujeres cubanas. Gracias al trabajo de las activistas de Cuba, estas violencias han logrado ser visibilizadas a nivel nacional e internacional, es por esto que nos unimos a sus voces para solicitar una Ley Integral contra las Violencias Basadas en Género.