Un informe del Meseni publicado el mismo miércoles por la mañana, advertía sobre “la intensificación de una cuarta etapa de represión estatal” caracterizada, entre otras cosas,  por el escalonamiento de las medidas y acciones represivas tendientes a debilitar el papel que ejercen las personas defensoras de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua y la expulsión arbitraria ―o amenaza de expulsión― de personas naturalizadas o residentes permanentes por su participación en protestas.

Meses antes, el 31 de agosto, el Gobierno expulsó del país a una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que dos días antes había presentado un informe sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas estatales en el contexto de las protestas.

Las razones

Miembros del Meseni y los cuatro expertos del GIEI (Sofia Macher, Claudia Paz y Paz, Amérigo Incalcaterra y Pablo Parenti) asistieron el miércoles por la tarde a una cita con el Canciller Denis Moncada, en la que este les comunicó la unilateral decisión gubernamental.

La nota que Moncada leyó a los funcionarios de la CIDH, publicada posteriormente por medios oficialistas, justifica la medida asegurando que estos no cumplieron con sus objetivos y que “la CIDH, MESENI, GIEI y OACNUDH se han constituido en una plataforma de divulgación de información falsa para promover en el ámbito internacional sanciones en contra de nuestro país”. Además, señala que los integrantes del GIEI no respondieron a una contrapropuesta del Gobierno sobre su “Protocolo de Actuación” y que por lo tanto, realizaron “una serie de acciones en violación a los términos del acuerdo” y las leyes nacionales.

Incalcaterra explicó posteriormente que el incumplimiento respecto al protocolo que alega el Canciller Moncada “es falso” porque todas las comunicaciones estatales fueron respondidas por los expertos. “(Las autoridades) no han exigido al GIEI un comportamiento distinto o que se hiciera de tal o cual manera el trabajo”, alegó, denunciando más bien que nunca tuvieron acceso a expedientes judiciales, a información oficial que les permitiera cumplir plenamente su mandato o a audiencias judiciales, a pesar de que estas últimas son públicas.

“Los motivos que nos han dado no nos satisfacen de ninguna manera, pensamos que son argumentos que han sido construidos para, en el caso concreto del GIEI, evitar la presentación del informe de las actividades que iba a ser mañana”, agregó el experto, quien no dio detalles del informe porque las autoridades le “sugirieron” no presentarlo en Nicaragua.

Tello, del Meseni, también explicó a periodistas locales que su misión envió más de 70 notas diplomáticas al Gobierno para solicitar información o reuniones con autoridades, pero ninguna fue respondida. “Nunca hubo presiones del Gobierno porque no tuvimos diálogo con él”, aseguró.

Continuarán monitoreando

El trabajo de la CIDH en Nicaragua en el contexto de la crisis actual inició con una visita “in loco” realizada entre el 17 y el 21 de mayo, la cual tuvo como resultado un informe titulado “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Desde entonces, el Meseni ha elaborado decena de informes semanales sobre sus labores de monitoreo, han gestionado medidas cautelares para más de cien personas y distintos relatores especiales de ese organismo regional de derechos humanos han visitado el país. Además, el Secretario General de la CIDH, Paulo Abraõ, ha expuesto la situación de Nicaragua en diversos espacios, como en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y ha admitido la realización de cuatro audiencias públicas sobre Nicaragua en el marco de su 170 Período de Sesiones, la última de las cuales fue el pasado 6 de diciembre.

Ana María Tello destacó que ni la CIDH ni el Meseni dejarán de monitorear la situación de derechos humanos en Nicaragua, aunque ahora lo tendrán que hacer desde Washington D.C., Estados Unidos. Los miembros del GIEI, por su parte, anunciaron que publicarán su informe en los próximos días desde otra locación.

“La CIDH reitera que la situación de Nicaragua continuará siendo una prioridad, reafirma su compromiso con las víctimas de las violaciones de derechos humanos y seguirá monitoreando el cumplimiento por parte del Estado nicaragüense de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos contraídas voluntariamente”, señala un comunicado de esa Comisión.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena y rechaza absolutamente la decisión del Estado de Nicaragua de expulsar al Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esta arbitraria decisión del Estado de Nicaragua no sólo transgrede los acuerdos establecidos con los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acto que deja en entredicho la disposición del Estado de Nicaragua a retomar un diálogo pacífico que posibilite la construcción de acuerdos colectivos y participativos, sino que fomenta el estado de desprotección de las y los nicaragüenses en un momento de recrudecimiento de la violencia, criminalización y hostigamiento contra activistas, defensores y defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y ciudadanos en general disidentes de las lógicas dictatoriales del régimen.

Con preocupación observamos una clara voluntad del Estado de imponer un estado de terror en el país que violenta los derechos fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos universales y regionales.

Hacemos un urgente llamado a toda la comunidad internacional a continuar monitoreando la situación de crisis en Nicaragua y seguir demandando la  protección y garantía de los derechos humanos de los nicaragüenses.

Como organización que trabaja por la promoción y defensa de los derechos humanos en el continente americano, reiteramos nuestra disposición y compromiso con la denuncia y lucha de todos los actos que menoscaban la posibilidad de construir democracia, justicia y libertad en Nicaragua.