Ginebra, 7 de noviembre.- Nicaragua enfrenta una crisis devastadora en términos de derechos sexuales y reproductivos, especialmente para las niñas y mujeres adolescentes. En el marco de los preparativos para el Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua, el Centro de Derechos Reproductivos, el Servicio Internacional de Derechos Humanos (ISHR) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizaron el evento paralelo «Desafíos actuales de los derechos de las mujeres y los derechos sexuales y reproductivos en Nicaragua» con el objetivo de sensibilizar sobre la grave situación de violencia sexual e injusticia reproductiva que afectan a las mujeres en este país.

El evento contó con los testimonios de defensoras nicaragüenses Winnye Bernard y Ana Quirós, y las intervenciones de Paulina Jimenez Fregoso s del Centro para los Derechos Reproductivos, la Presidenta del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) Ana Peláez Narváez, y Andrés Sánchez Thorin, Director la Oficina de Centroamerica y República Dominicana del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

Cada día cinco niñas menores de 14 años dan a luz

Jiménez abrió el evento señalando la alarmante falta de acceso a información y servicios de salud reproductiva en Nicaragua. «Se estima que al menos cinco niñas menores de 14 años dan a luz cada día, y la tasa de embarazos en adolescentes es una de las más altas de América Latina, con un 24.6% de madres menores de 18 años», dijo Jiménez.

Jiménez destacó dos casos presentados por el Movimiento Niñas No Madres ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: dos niñas nicaragüenses en situaciones de extrema vulnerabilidad, víctimas de violencia sexual y maternidades forzadas. Ambos casos reflejan la grave crisis que enfrenta Nicaragua en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, donde las leyes restrictivas y la falta de políticas públicas adecuadas perpetúan la violencia sexual y la impunidad.

En este sentido, la defensora nicaragüense y activista feminista Ana Quirós, relató cómo el código penal, vigente desde el año 2006, criminaliza el aborto  a pesar de los reiterados esfuerzos de adecuar la normativa a los estándares internacionales de derechos humanos.

Quirós denunció que en lo que ha transcurrido del año 2024 han habido 64 femicidios y 158 intentos de femicidio, “y sobre esto nadie está hablando”. Según la defensora, esta es una de las consecuencias de las frecuentes amnistías con las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a más de ocho mil presos comunes en el año 2024, de los cuales muchos de esos que tienen cargo por violencia sexual y por agresión a mujeres. “Entonces, la restricción en el aborto no es más que una muestra más del poco interés que hay por parte del régimen (de Ortega y Murillo) en la vida de las mujeres, en la salud, y en los derechos sexuales y reproductivos”, concluyó.

Desmantelamiento del espacio cívico ha dejado a las mujeres en indefensión

Winnye Bernard Canales, defensora de los derechos de las mujeres y Deputy Head of Regional Office Latin America de la RIDHE, indicó que la represión estatal destada desde el año 2018, ha dejado a las mujeres desprotegidas, enfrentando embarazos de alto riesgo sin opciones seguras y viviendo en un ambiente hostil que normaliza la violencia sexual. «Las mujeres en Nicaragua no solo enfrentan un sistema legal y social que les niega sus derechos, sino que además carecen de programas de educación sexual integral, lo que las pone en riesgo de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual», expuso. 

Además, Bernard detalló que la persecución a las organizaciones feministas, el cierre de comisarías y la criminalización de las defensoras de derechos humanos ha incrementado la impunidad y desprotección para las mujeres víctimas de violencia. «La falta de apoyo institucional y el estigma social hacen que las mujeres enfrenten grandes barreras cuando intentan acceder a justicia en casos de violencia de género,» comentó.

Por su parte, Andrés Sánchez Thorin, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explicó el impacto devastador del desmantelamiento del espacio cívico, que ha afectado gravemente a las mujeres al privarlas de redes de apoyo fundamentales. “El cierre progresivo de más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales brindaban apoyo esencial a las mujeres, ha dejado a numerosas mujeres sin acceso a servicios críticos y redes de apoyo, exacerbando desigualdades de género y situaciones de riesgo”, agregó Sánchez.

“Esta vulneración de derechos es aún más profunda para las mujeres detenidas, quienes se encuentran completamente desprovistas de cualquier acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, quedando en una situación de especial indefensión”, dijo el representante de la ONU.

Llaman al Estado de Nicaragua a cumplir las recomendaciones  del Comité CEDAW

Ana Peláez Narváez, presidenta del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), abordó las recomendaciones del Comité tras el examen del séptimo al décimo informe periódico combinado de Nicaragua, destacando la urgencia de reformas en varias áreas clave. 

Peláez subrayó que la legalización del aborto en casos específicos, como violación, incesto o riesgo para la vida de la madre, es una de las principales recomendaciones del Comité. «Nicaragua debe garantizar acceso a un aborto seguro, confidencial y sin estigmatización, así como a la atención posterior al aborto,» enfatizó.

Según la Presidenta, el Comité CEDAW ha identificado la necesidad urgente de garantizar una educación sexual integral para todas las edades dentro del sistema educativo, lo cual es esencial para prevenir embarazos precoces y enfermedades de transmisión sexual. Asimismo explicó que «es fundamental que el Estado garantice a las niñas y adolescentes el derecho a regresar a la escuela después de ser madres y que elimine las barreras legales que les impiden acceder a empleo y salud.»

Finalmente, Peláez instó al Estado de Nicaragua a restaurar la legislación que protege a las mujeres y abrir las puertas a las organizaciones de la sociedad civil que brindan servicios de salud sexual y reproductiva.

Pronunciamiento

En un contexto de creciente represión y con el inminente Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) considera urgente que la comunidad internacional se pronuncie de manera enérgica y demande compromisos firmes y acciones concretas por parte del Estado nicaragüense.

Exhortamos al Estado nicaragüense a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y a implementar reformas que garanticen la igualdad. En particular, exigimos:

1. La adecuación de la legislación penal a los estándares internacionales en materia de derechos sexuales y reproductivos.
2. Garantizar el acceso a una educación sexual integral y servicios de salud sexual y reproductiva accesibles y de calidad, en particular para mujeres y niñas de comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes.
3. Cesar la criminalización de la labor de defensoras de derechos humanos, permitiendo la reapertura y el funcionamiento pleno de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en favor de los derechos de las mujeres.
4. Restaurar y fortalecer el espacio cívico, promoviendo un ambiente seguro y libre de represalias para quienes defienden y promueven los derechos humanos en el país.