Washington, D.C., 19 de julio de 2026.– Cada 19 de julio, el Gobierno de Nicaragua conmemora el triunfo de la Revolución Sandinista, el movimiento que en 1979 puso fin a más de cuatro décadas de dictadura somocista. Aquella victoria fue celebrada como un hito histórico en la lucha por la libertad, la justicia social y la autodeterminación de un pueblo que aspiraba a construir un país más democrático e inclusivo.

Cuarenta y siete años después, la conmemoración ocurre en un contexto profundamente distinto. Nicaragua atraviesa una crisis de derechos humanos que ha sido ampliamente documentada por organismos internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Lejos de los principios que inspiraron la lucha contra la dictadura somocista, el país enfrenta hoy un proceso sostenido de concentración del poder, eliminación de los contrapesos democráticos y persecución sistemática contra toda voz considerada crítica.

La crisis se profundizó a partir de abril de 2018, cuando la respuesta estatal a las protestas sociales dejó centenares de personas asesinadas, miles de heridas y cientos de detenciones arbitrarias. Desde entonces, diversos mecanismos internacionales han coincidido en señalar la existencia de una política represiva dirigida a silenciar la disidencia y desalentar cualquier forma de participación independiente.

Los hallazgos del GHREN han sido particularmente contundentes. En sus informes, el mecanismo ha concluido que las violaciones y abusos cometidos por el Estado nicaragüense no constituyen hechos aislados, sino parte de una estrategia deliberada para mantener el control político mediante la represión. Asimismo, ha documentado conductas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, incluyendo persecución por motivos políticos, encarcelamiento, privación grave de la libertad física, deportación, tortura y otros actos inhumanos.

La privación arbitraria de la libertad continúa siendo uno de los principales instrumentos de control. Personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas, dirigentes políticos, personas religiosas y ciudadanos percibidos como opositores han sido detenidos sin garantías judiciales. A ello se suman denuncias persistentes de desapariciones forzadas y ocultamiento del paradero de personas detenidas, generando incertidumbre y sufrimiento para sus familiares.

La persecución también ha provocado una de las mayores olas de desplazamiento en la historia reciente del país. Decenas de miles de nicaragüenses han buscado protección fuera de sus fronteras tras enfrentar amenazas, hostigamiento o riesgo de detención. El exilio se ha convertido en una realidad para periodistas, activistas, estudiantes, líderes comunitarios y familias enteras que se vieron obligadas a abandonar sus hogares para preservar su libertad y seguridad.

Paralelamente, el Estado ha recurrido a una práctica excepcionalmente grave: la privación arbitraria de la nacionalidad. Centenares de personas han sido despojadas de su ciudadanía por razones políticas, una medida condenada por organismos internacionales por violar principios fundamentales del derecho internacional y del derecho a la nacionalidad.

La libertad de expresión y el acceso a la información también han sufrido un deterioro sin precedentes. Medios de comunicación independientes han sido cerrados, ocupados o confiscados, mientras periodistas enfrentan amenazas, vigilancia, criminalización y exilio. La reducción de los espacios informativos independientes ha eliminado el debate público y ha limitado significativamente el acceso de la ciudadanía a información plural.

La sociedad civil ha sido otro de los principales objetivos de la represión. Miles de organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunitarias, fundaciones, universidades y organizaciones religiosas han sido canceladas en los últimos años. Esta ofensiva ha debilitado los espacios de participación ciudadana y ha restringido el trabajo de quienes promueven derechos humanos, educación, desarrollo comunitario y asistencia social.

La consolidación de este modelo represivo también ha estado acompañada por la aprobación de leyes y reformas que restringen derechos fundamentales. Diversos organismos internacionales han advertido que estas normas han sido utilizadas para criminalizar el ejercicio de libertades básicas, incluyendo la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Además, la persecución ya no se limita al territorio nacional. El GHREN ha documentado prácticas de represión transnacional dirigidas contra personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo vigilancia, amenazas, intimidación y acciones destinadas a silenciar voces críticas fuera de las fronteras del país. Estas prácticas evidencian una estrategia que busca extender el control estatal más allá del territorio nacional.

Ante esta realidad, la conmemoración del 19 de julio invita a una reflexión inevitable. La Revolución Sandinista surgió como respuesta a una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la represión y la negación de libertades fundamentales. Sin embargo, décadas después, numerosos organismos internacionales han documentado patrones de violaciones de derechos humanos que reproducen prácticas incompatibles con los ideales de libertad, justicia y participación que dieron origen a aquella lucha.

La memoria histórica no puede separarse del presente. Recordar el fin de una dictadura también implica reconocer las violaciones que ocurren hoy, escuchar a las víctimas y defender los derechos de quienes continúan enfrentando persecución, cárcel, exilio o despojo de su nacionalidad. Porque ninguna conmemoración de la libertad puede estar completa mientras persistan la represión, la impunidad y el silenciamiento de quienes piensan diferente.

A 47 años de la Revolución Sandinista, la pregunta sigue vigente: ¿cómo honrar la lucha contra una dictadura si se ignoran las violaciones de derechos humanos que ocurren en el presente? La respuesta pasa, necesariamente, por colocar la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la memoria, la justicia y el futuro de Nicaragua.

Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las víctimas de la represión, las personas presas políticas, quienes han sido víctimas de desaparición forzada, las personas desnacionalizadas, las comunidades perseguidas y la diáspora nicaragüense. Continuaremos documentando y denunciando las violaciones a los derechos humanos, acompañando a las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo acciones de incidencia ante los mecanismos internacionales de protección. La construcción de una Nicaragua democrática, donde se respeten las libertades fundamentales, la pluralidad y el Estado de derecho, sigue siendo una causa vigente. Mientras persistan la impunidad y la persecución, seguiremos trabajando junto a quienes defienden la dignidad humana, la justicia y el derecho de todas las personas nicaragüenses a vivir en libertad.