El próximo domingo 7 de noviembre de 2021, Daniel Ortega Saavedra asegurará su cuarto mandato consecutivo y cinco años más en el poder junto a su esposa Rosario Murillo como Vicepresidenta, en un proceso electoral “hecho a su medida”. Ahora más que nunca, la comunidad internacional no debe olvidarse del pueblo nicaragüense y debe desconocer el gobierno que será impuesto a las y los nicaragüenses en las votaciones, que no cuentan con las garantías mínimas para considerarse “elecciones democráticas”.

La democracia de Nicaragua comenzó su deterioro progresivo muchos años atrás, con el Pacto entre el expresidente Arnoldo Alemán y Daniel Ortega. El estallido social de abril 2018 y la respuesta represiva por parte de las autoridades estatales y fuerzas paraestatales -que escaló a niveles letales- causó un desgaste del Estado de Derecho donde el Poder Ejecutivo cooptó todos los demás poderes del Estado e instituciones. Posteriormente, y como consecuencia del cierre de los espacios participativos y de diálogo, la censura y las crecientes violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía en el contexto electoral, la crisis se profundizó cada vez más. Finalmente, la democracia nicaragüense se mostrará erosionada en los comicios de este domingo.

El 7 de noviembre será un día triste para el pueblo de Nicaragua, que tiene más de tres años de luto y anhelaba se realizaran elecciones libres para iniciar un proceso de transición democrática con garantías de verdad, justicia sin impunidad, reparación integral de los daños sufridos, y garantías de no repetición. Lamentablemente, no hay señales de una pronta mejoría de la situación en el país centroamericano. Todo indica que ya es un hecho la perpetuación en el poder de un gobierno que viola los derechos humanos de manera sistemática.

Por ello, es momento de desmantelar cualquier vestigio que quede de la fachada democrática que Ortega y Murillo quieren mostrar con las votaciones de este domingo. Urge que la comunidad internacional, organismos multilaterales y organismos internacionales de derechos humanos utilicen todos los recursos a su alcance para impedir que se continúen violando los derechos humanos, particularmente de las personas que son identificadas como opositoras al régimen.

Para contribuir a este propósito, Raza e Igualdad comparte la siguiente actualización respecto de la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua.

Personas presas políticas- Según el informe más reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el inicio de la crisis sociopolítica en el año 2018, más de 1,614 personas han sido privadas de su libertad arbitrariamente y 149 personas continúan encarceladas por haber participado en actos de protesta u oposición al gobierno de Ortega. 

Desde mayo de este año, la Policía Nacional, apoyada por el Ministerio Público, desencadenó una ola de detenciones orientadas a la criminalización de al menos 39 personas, entre ellas siete aspirantes a la Presidencia de la República, defensoras y defensores de derechos humanos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, periodistas, empresarios, líderes campesinos y estudiantiles y otras voces disidentes. Las más recientes detenciones fueron ejecutadas contra el Presidente y Primer Vicepresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), Michael Healy y Álvaro Vargas, respectivamente, el pasado 21 de octubre.

En la mayoría de estos casos se ha aplicado un “paquete” de leyes aprobadas en el 2020, que han sido sumamente criticadas por la comunidad internacional porque incumplen las obligaciones del país en materia de derechos humanos y causan un efecto perverso en la administración de la justicia, criminalizando selectivamente a la oposición. Estas leyes son la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley contra el Lavado de Activos y la Reforma al Código Procesal Penal Ley 1060, que expande el término de detención a 90 días, sin garantías mínimas del debido proceso.

Familiares de presos y presas políticas, organizaciones locales e internacionales denunciamos que -por las violaciones al debido proceso y su situación de incomunicación- estas personas se encontraban en situación de “desaparición forzada” hasta el día 31 de agosto, cuando las autoridades estatales permitieron las primeras visitas familiares en la Dirección de Auxilio Judicial. Más recientemente, el 11 de octubre, se permitió una segunda visita a través de la cual las familias de las personas detenidas constataron condiciones de detención agravadas, como el aislamiento y la permanencia en la oscuridad o bajo luz eléctrica permanente, la continua pérdida de peso y falta de atención médica adecuada.

La privación de libertad por motivos políticos es una pesadilla que debe ser eliminada de Latinoamérica, y Nicaragua no es la excepción. Para Raza e Igualdad una sola persona presa política es demasiado y no descansaremos en nuestra demanda de libertad. Ante la perpetuación en el poder de la familia Ortega Murillo, el 2022 será un año clave para incidir ante los órganos y mecanismos internacionales a fin de que urjan al régimen liberar a todas esas personas que hoy están en la cárcel injustamente y a cesar de inmediato toda forma de represión contra quienes disienten.

Libertad de expresión y libertad de prensa  – Durante los últimos tres años, los ataques contra medios de comunicación, periodistas y directivos de medios de comunicación, no han cesado. La prensa independiente de Nicaragua ha sido víctima de hostigamientos, amenazas, campañas de difamación, acoso judicial, robo de equipos, retención de papel y tinta, allanamientos, retención migratoria y privación de libertad de periodistas, comentaristas y directivos de medios.

Desde mayo de este año, en el marco de las investigaciones administrativas y penales en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro -una de las principales organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de prensa en el país, la cual había cesado de operar en febrero 2021- más de 25 periodistas, trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación fueron citados a declarar en el Ministerio Público y algunos amenazados con la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos. Asimismo, se emitieron órdenes de detención en contra de algunos de sus trabajadores, como el caso del defensor Guillermo Medrano y la periodista Lourdes Arróliga. Esta situación ha obligado al exilio a al menos 40 periodistas. 

Preocupa profundamente el patrón establecido por las autoridades nicaragüenses de impedir el ingreso y expulsar a periodistas de medios internacionales interesados en informar sobre la crisis de derechos humanos y, recientemente, sobre el proceso electoral. Todo lo anterior, sumado a la negativa del Consejo Supremo Electoral en cuanto a la acreditación de periodistas y medios de comunicación independientes, son una prueba más de que Ortega y Murillo pretenden socavar la libertad de expresión y libertad de prensa.

Represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes- Los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua han sido blanco de ataques de grupos armados desde el año 2015. La violencia sistemática y el número de víctimas fatales se ha incrementado considerablemente este año. 

El pasado 23 de agosto, “colonos” ejecutaron una masacre en el cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua, donde se contabilizaron al menos 9  indígenas Mayagna y Miskitu asesinados, incluyendo a mujeres y niños. Cuarenta y un días después, el 4 de octubre, invasores secuestraron y asesinaron al indígena mayangna Martiniano Macario en Kimawkas (conocido como Tigre Negro), dentro del territorio Mayangna Sauni As. 

Tras estos hechos, medios de comunicación oficialistas responsabilizaron a miembros de los pueblos indígenas por la creciente violencia y deforestación de la Reserva Biósfera de Bosawás. Asimismo, intentaron descalificar a reconocidas organizaciones defensoras de derechos de pueblos indígenas como el Centro de Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) o la Fundación del Río, llamándolas “organizaciones alineadas con la oposición política” y afirmando que los líderes indígenas no se sienten representados por estas. Reconociendo la violencia que sufren los pueblos indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) amplió las medidas provisionales otorgadas a 9 comunidades miskitu.

Raza e Igualdad reconoce la invaluable labor de organizaciones y defensores que trabajan desde el terreno, y la labor de las personas defensoras que se han visto forzadas al exilio, pero continúan velando por los derechos de los pueblos indígenas de Nicaragua. No debemos permanecer impasibles frente a la discriminación, asesinatos y despojos de tierras indígenas. El Estado debe garantizar seguridad frente a las invasiones y el saneamiento de los territorios titulados; asimismo, los grupos armados deben ser desarticulados, desmantelados y llevados ante la justicia.

Nicaragua en la ONU- Pese a que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha analizado por tres años consecutivos la situación de Nicaragua y ha adoptado tres resoluciones para promover y proteger los derechos humanos en el país, el Gobierno nicaragüense no ha mostrado ninguna voluntad para superar la grave crisis de derechos humanos.  

En concordancia con la Resolución 46/2, el pasado 13 de septiembre, la Alta Comisionada Michelle Bachelet realizó una actualización oral sobre Nicaragua en la que lamentó el deterioro de los derechos civiles y políticos en el contexto electoral, y exhortó al Consejo de Derechos Humanos a considerar todas las medidas a su alcance para proteger los derechos humanos en el país. Hasta la fecha, el régimen no ha cumplido con ninguna de las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada.

Adicionalmente, el pasado 7 y 8 de octubre, el Estado de Nicaragua fue citado a un diálogo con el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), para revisar la aplicación del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El representante de Nicaragua optó por participar en “calidad de escucha”, negándose a entablar un intercambio constructivo con los miembros expertos. A pesar de la falta de colaboración del Estado, el pasado 20 de octubre, el Comité publicó sus observaciones finales y preocupaciones.

El Comité DESC consideró especialmente prioritarias la persecución y represalias contra personas defensoras, la violencia contra pueblos indígenas y la falta de acceso a información sobre la pandemia de la COVID-19; y formuló recomendaciones relativas a garantizar la imparcialidad e independencia del Poder Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, restablecer el diálogo y cooperación a nivel internacional con los mecanismos de protección de derechos humanos, brindar una protección efectiva a las víctimas de casos de corrupción, entre otras.

Nicaragua en el SIDH- La Corte IDH también se ha pronunciado sobre la extrema gravedad del contexto actual del país. En el marco de las medidas provisionales otorgadas en favor de 21 personas arbitrariamente detenidas en la actual ola de represión, la Corte ordenó su libertad inmediata. Asimismo, este Tribunal ha manifestado reiteradamente su disposición para realizar una visita in situ a Nicaragua con el objetivo de verificar las condiciones en las que se encuentran las y los detenidos. No obstante, el Estado no ha dado su consentimiento. 

Para Raza e Igualdad, el régimen de Ortega no ha mostrado la más mínima voluntad de cooperar “de buena fe” con Naciones Unidas, ni con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Lejos de esto, se empeña en permanecer absolutamente cerrado al escrutinio internacional y ha pretendido descalificar su trabajo acusándolos de “represivos” e “injerencistas”. Ante esta actitud negativa del Estado de Nicaragua es fundamental que los organismos de derechos humanos continúen realizando el excelente trabajo de monitoreo, documentación y denuncia de las violaciones a los derechos humanos que han hecho hasta ahora. 

De cara a la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2022, solicitamos que se renueve el mandato de monitoreo de la Alta Comisionada Michelle Bachelet y se establezca un mecanismo de investigación y rendición de cuentas para Nicaragua. Este mecanismo deberá investigar las graves violaciones de derechos humanos que las organizaciones de la sociedad civil hemos documentado desde abril de 2018, así como las causas estructurales que, al ser ignoradas por el Estado, han causado que Nicaragua permanezca inmersa en esta crisis. Este mecanismo tendría el mandato de verificar los hechos, identificar perpetradores, y preservar evidencia para cuando se den las condiciones de un proceso de justicia en Nicaragua. Es una herramienta clave de lucha contra la impunidad y apoyaremos insistentemente su establecimiento.

El pueblo nicaragüense merece justicia y libertad, ¡No nos olvidemos de Nicaragua!