Washington, D.C., 17 de abril de 2026.– A ocho años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reiteramos que esta no es un recuerdo que pueda borrar el tiempo: es una realidad que se ha transformado, profundizado y que continúa afectando la vida de miles de personas dentro y fuera del país.

Desde abril de 2018, el país ha atravesado un proceso sostenido de represión que ha evolucionado con el tiempo. Lo que inició como una respuesta violenta a las protestas sociales se ha consolidado en un sistema de control que restringe las libertades fundamentales, castiga la disidencia y ha cerrado por completo el espacio cívico.

En Raza e Igualdad hemos dado seguimiento a esta crisis desde sus inicios, realizando acciones de documentación orientada al litigio estratégico ante los Sistemas Interamericano y Universal de Derechos Humanos, así como incidencia ante delegaciones diplomáticas y mecanismos internacionales de derechos humanos. Y hoy, nos preguntamos: ¿Qué significan estos ocho años?.

Significan ocho años de persecución política y represión continua, en los que la violencia visible ha sido reemplazada por mecanismos más sofisticados de vigilancia y control.
Ocho años de silencio impuesto, donde ejercer la libertad de expresión implica riesgos reales de criminalización y cárcel.
Ocho años de destierros y exilio forzado, que han fracturado familias y comunidades enteras.
Ocho años de impunidad, en los que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos continúan esperando verdad, reparación y garantías de no repetición.

En este periodo, la persecución política de la dictadura se ha expandido más allá de las fronteras de Nicaragua, afectando a personas defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas en el exilio mediante actos de represión transnacional. A ello se suman los ataques continuos contra Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, las restricciones a la libertad religiosa y el cierre sistemático de organizaciones de la sociedad civil y restricciones incompatibles con la libertad de asociación.

La situación en Nicaragua continúa siendo abordada en distintos espacios internacionales; sin embargo, persiste el desafío de sostener una atención y una respuesta acordes a la gravedad y prolongación de la crisis. El riesgo, en este contexto, es que su continuidad contribuya a una peligrosa normalización si no se consolidan los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas frente a un régimen que ha cometido —y continúa cometiendo— crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.

Creemos que a pesar de estos desafíos, la persistencia de la sociedad civil nicaragüense, dentro y fuera del país, así como el trabajo sostenido de mecanismos internacionales de derechos humanos, demuestran que esta crisis sigue siendo documentada, denunciada y acompañada. Estos esfuerzos son fundamentales y deben continuar.

En este contexto, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado urgente a los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de las Naciones Unidas, así como a otros actores de la comunidad internacional, a mantener y fortalecer la atención sobre Nicaragua y a adoptar acciones concretas y sostenidas que contribuyan a la rendición de cuentas, en aplicación de la garantía colectiva de los derechos humanos, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En particular, instamos a:

• Impulsar resoluciones firmes en el marco de la OEA que reconozcan la persistencia de graves violaciones de derechos humanos y demanden acciones concretas del Estado nicaragüense.
• Fortalecer y respaldar los mecanismos internacionales de monitoreo e investigación, incluyendo el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos independientes, garantizando los recursos necesarios para su continuidad.
• Adoptar medidas de presión diplomática y sanciones individuales específicas, dirigidas a quienes sean responsables de violaciones graves de derechos humanos, en conformidad con el derecho internacional.
• Reforzar la protección a personas nicaragüenses en el exilio, incluyendo garantías de no devolución, acceso a mecanismos específicos de protección internacional y reconocimiento de su condición de riesgo.
• Avanzar en acciones de responsabilidad internacional, incluyendo la remisión de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia y la Convención contra la Tortura.
• Mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda internacional, evitando su desplazamiento por otras crisis globales que también requieren atención.
• Reconocer, investigar, juzgar y sancionar los actos de represión transnacional cometidos contra personas nicaragüenses en el exilio, garantizando su protección y el acceso efectivo a la justicia.

Asimismo, instamos a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos a mantener y fortalecer el monitoreo activo de la situación, así como a continuar generando espacios que permitan visibilizar las voces de las víctimas y de la sociedad civil nicaragüense.

A ocho años del inicio de la crisis, Nicaragua no puede ser tratada como un caso más. La persistencia de violaciones graves y sistemáticas exige respuestas proporcionales, coordinadas y efectivas por parte de la comunidad internacional.

En este  aniversario recordamos a todas las víctimas de la represión, denunciamos que la crisis continúa y expresamos nuestra firme convicción de que las acciones sostenidas pueden hacer la diferencia.

Ocho años después, el silencio no es una opción.
Porque la crisis prolongada que vive Nicaragua y un sector de la población perseguido localmente e incluso más allá de sus fronteras sigue cobrando víctimas,  y por ello, debe enfrentarse con acciones decididas y sostenidas que conduzcan a Nicaragua a recobrar su libertad.