San José, 7 de septiembre de 2022.- Centroamérica atraviesa un período de graves retrocesos en el respeto y garantía de las libertades que integran el espacio cívico, entre ellas la de expresión y la de reunión y asociación pacíficas, particularmente en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, situación que representa una importante amenaza para las sociedades pacíficas e inclusivas en la región.  

Ante este contexto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, realizó una gira académica en Costa Rica, con el objetivo de exponer algunos de los principales aportes de la Relatoría para promover y proteger tales derechos en la región. 

Durante la gira, que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, el Relator tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas entre otros. 

El día 1 de septiembre, en la sede de la Universidad para la Paz, tuvo lugar un conversatorio con estudiantes de la mencionada casa de estudios, en el que participaron el Decano de la UPAZ, Juan Carlos Sainz-Borgo, y el señor Mihir Kanade, Director del Centro de Derechos Humanos de la UPAZ, Coordinador Académico de UPAZ y Presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.

Durante la misma gira académica, el relator Voule participó en un conversatorio en la Academia Diplomática “Manuel María de Peralta” de San José, junto con la Embajadora Carmen Claramunt, Directora Adjunta de la Academia Diplomática. 

Nicaragua

“En Nicaragua, una de nuestras principales preocupaciones son las herramientas que se han adoptado en 2020 y 2022, una es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la otra es la Ley de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro”, dijo Voule durante su presentación en la UPAZ.

“Estas dos leyes permitieron a las autoridades nicaragüenses suprimir el espacio cívico criminalizando a los defensores de derechos humanos y líderes de oposición y disolviendo centenares de organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

La exposición hizo especial énfasis en la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua  desde el año 2018. La crisis político-social que comenzó hace ya más de 4 años ha derivado en el cierre absoluto del espacio cívico, el cercenamiento de la libertad de asociación y la represión de toda manifestación pacífica adversa al Gobierno.

El Relator recordó que con la aprobación de leyes se han cerrado más de 1600 organizaciones no gubernamentales en el país, según la información que ha recibido.

“La situación es tensa, incluso para nosotros. No podemos entrar al país. Incluso con las personas que he ha hablado, sus propiedades fueron confiscadas y se está volviendo una situación tan difícil que otros países están intentando imitar. Y mi mandato quiere prevenir eso. por ello es que vine a Centroamérica”, dijo el relator.

El cierre de estos espacios se agravó desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el Parlamento nicaragüense en septiembre de 2020 y que fue utilizada como pretexto para cerrar organizaciones de la sociedad civil en el país.

Ese mismo mes, la Relatoría envió una comunicación al Estado de Nicaragua mostrando su preocupación por la incompatibilidad de Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos con las obligaciones internacionales del país, especialmente con los derechos humanos. En ese entonces, la Relatoría manifestó que el ámbito de aplicación de la Ley era muy amplio y no quedaba claro su alcance. Esta legislación prohíbe a quienes son clasificados como “agentes extranjeros” intervenir en asuntos, temas políticos o actividades internas de Nicaragua, sin que estos términos estén definidos.

El Salvador

De igual forma, en la región, El Salvador se encuentra en medio de la discusión de una Ley similar desde 2021 que ha generado preocupación en diferentes sectores, pues temen que se genere una situación parecida a la de Nicaragua que conlleve el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales.

Entre otras cosas, el Relator también expresó su preocupación por las disposiciones que señalan la creación de un registro de agentes extranjeros que limita severamente el acceso a fondos de fuentes externas. El Relator especial mencionó que se alegró de recibir una respuesta del gobierno indicando que se suspendía la consideración de esta ley.

Guatemala

En Guatemala, mencionó el relator, la preocupación está enfocada en el abuso de las medidas de emergencia para prohibir y suprimir las protestas pacíficas, además del incremento de la militarización y politización de las protestas cívicas. Estas preocupaciones fueron convocadas a las autoridades a través de un canal de comunicación.

Honduras

Honduras, también es uno de los países de la región que merece especial atención de la relatoría que Voule representa, El señor Voule ha compartido su preocupación a través de canales oficiales con el Gobierno sobre la criminalización de, así como los ataques y el acoso judicial contra líderes de la sociedad civil que, han provocado varias muertes. 

Sobre el mandato del Relator

El señor Clément Nyaletsossi Voulle fue nombrado Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y asumió sus funciones en abril de 2018.

La Relatoría que representa debe presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como realizar visitas oficiales a los países para evaluar la situación de los derechos de libertad de asociación pacífica y asociación y presentar recomendaciones.

También debe transmitir llamamientos urgentes, otras cartas y cartas de alegación a los Estados Miembros sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica. 

En junio de 2022, el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe temático más reciente sobre el «Acceso a los recursos», así como el informe: “Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas durante situaciones de crisis.