Remarcan en Ginebra la necesidad de garantes internacionales para asegurar respeto a derechos humanos en Nicaragua

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Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos […]

Dos defensores de derechos humanos, un periodista y la familiar de un prisionero político, todos nicaragüenses, expusieron el jueves 4 de abril en Ginebra el estado actual de deterioro de derechos humanos en su país y solicitaron más presión hacia el Gobierno nicaragüense para que este permita que sean garantes internacionales quienes aseguren los acuerdos que surjan de las negociaciones entre el Gobierno y la sociedad civil.

Al evento “Derechos, represalias y represión en Nicaragua”, propiciado por las misiones de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Chile y Georgia, y realizado en el Palacio de las Naciones de la ONU, se presentaron más de cuarenta misiones diplomáticas que estaban interesadas en conocer de primera mano el desarrollo de la crisis iniciada en abril de 2018.

Producto de la violenta represión estatal murieron 325 personas y más de 2 mil resultaron heridas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta la fecha, al menos 647 personas continúan encarceladas por haber participado de las protestas cívicas. Además, medios de comunicación han sido cerrados, organizaciones fueron ilegalizadas y más de 50 mil personas debieron huir del país para evitar ser víctimas de la violencia.

El moderador del evento fue Roger Carstens, Subsecretario de Estado Adjunto, de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, y los ponentes Paulo Abrao, Secretario Ejecutivo de la CIDH, Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Aníbal Toruño, director de Radio Darío, y Winny Sobalvarro, del Comité Pro Liberación de los Presos Políticos de Nicaragua.

Carstens sostuvo que es imprescindible “ver la liberación de todos los prisioneros que fueron detenidos por su participación pacífica en protestas de oposición; queremos que se rindan cuentas por cualquier crimen cometido en contra de esos prisioneros y contra todos los nicaragüenses durante el último año”, y señaló que “el respeto por los derechos humanos debe ser restituido” en Nicaragua.

Abrao manifestó que sin la presencia de garantes internacionales, los familiares de las víctimas no tendrán seguridad de que se cumplan los acuerdos que ya fueron asumidos por el Gobierno: “no tendrán seguridad de que los exiliados puedan regresar al país sin miedo y sin represalias, de que el proceso de liberación de los presos políticos seguirá el debido protocolo, de que habrá la devolución de las personerías jurídicas de las organizaciones de derechos humanos que fueron cerradas en el país, que se restituirá la libertad de prensa con la devolución del patrimonio de los medios independientes, radios y televisiones que fueron cerrados”.

Tampoco, según Abrao, se podría garantizar que “el sistema electoral podrá producir en el futuro nuevas elecciones que puedan ser consideradas legítimas, y que el sistema de justicia del país tendrá condiciones de alcanzar y responder a la demanda de las víctimas por las debidas sanciones de los responsables por estas graves violaciones de los derechos humanos”.

Vilma Núñez, por su parte, sostuvo que ha sido vital para las y los defensores de derechos humanos y para la ciudadanía el apoyo de la comunidad internacional, tanto del trabajo de los mecanismos de protección internacional de derechos humanos, como del compromiso con la democracia y los derechos humanos de distintos países.

El embajador de Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Carlos Foradori, recordó que en marzo pasado las delegaciones de Brasil, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay y Argentina, presentaron la resolución L8 de “Protección y promoción de los derechos humanos en Nicaragua”, misma que fue aprobada por el Consejo y que tiene como objetivos incorporar a la agenda internacional la situación de los derechos humanos en ese país y propiciar que la Alta Comisionada Michelle Bachelet presente información sobre Nicaragua periódicamente ante el Consejo.

“Nuestros países continúan dando seguimiento a los sponsors para un proceso de diálogo en Nicaragua. Creemos que un diálogo inclusivo y significativo es la mejor manera de avanzar para garantizar una solución pacífica a la situación”, agregó Foradori.

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