Washington D.C. 19 de noviembre de 2019. Un grupo de trece activistas y defensores de derechos humanos fueron acusados este lunes por el Ministerio Público de Nicaragua de tráfico ilícito de armas en perjuicio de la seguridad pública de los nicaragüenses, y presentados en audiencia preliminar ante el juez suplente Cruz Adalberto Zeledón, de la capital, cuatro días después de haber sido detenidos arbitrariamente en la ciudad de Masaya.

La detención de los trece activistas ocurrió la noche del jueves 14 de noviembre, cuando viajaban en una caravana de 4 vehículos rumbo a la Iglesia San Miguel Arcángel con el objetivo de dejar agua y medicinas a las madres de presos políticos que hasta la fecha se encuentran allí realizando una huelga de hambre reclamando que sus hijos sean liberados antes de la Navidad.

Los activistas forman parte de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), un conjunto de movimientos y organizaciones de la sociedad civil, activistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y ciudadanía organizada que exige la salida del poder de los Ortega–Murillo por vías democráticas.

Sus nombres son: Ivannia Álvarez Martínez, Amaya Coppens Zamora, Neyma Hernández Ruiz, Jesús Tefel Amador, José Medina Cabrera, Atahualpa Quintero Morán, Wendy Avilés Juárez, Olga Valle López, Roberto Buchting Miranda, Hansel Quintero Gómez, María Hurtado Chamorro, Melvin Peralta Centeno y Derlis Hernández Flores.

Otros tres ciudadanos también fueron acusados en el mismo caso, pero sus familiares aseguraron que fueron sustraídos de sus viviendas en diversas fechas. Estos son: Jordan Lanzas Herrera, Marvin López Ñamendiz y Wilfredo Brenes Domínguez.

Detención

Una de las activistas registró en un video en vivo el momento en que fueron detenidos por varias patrullas policiales: primero, los oficiales de policía les obstaculizaron el paso, luego se acercaron a solicitar sus documentos de identificación y la circulación de los vehículos, y posteriormente, sin explicar razones, les indicaron que debían dirigirse a la estación policial en Masaya.

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No obstante, la acusación presentada por la Fiscalía relata otra versión. El fiscal asegura que durante la revisión de documentos hecha por la Policía “los investigados antes mencionados reaccionaron de forma violenta, alterando el orden y la tranquilidad en el lugar, obstruyendo de esta manera la labor policial”. Este lunes, el segundo jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Victoriano Ruiz, dijo que la Policía encontró en los vehículos doce bombas molotov, tres revólveres, cuatro armas de fuego artesanales y una escopeta, con los cuales supuestamente los jóvenes pretendían hacer atentados en Masaya, Managua y Chinandega.

“Esto es un acto más de este gran circo que este régimen está montando en Nicaragua. No hallan qué inventar, imagínate el temor que le tienen a un grupo de jóvenes llevando agua a una iglesia, un acto humanitario y los acusan con tremenda ridiculez”, dijo Mario Hurtado, hermano de María Hurtado, al medio digital Confidencial.

Los detenidos no fueron encontrados en flagrancia delictiva ni las autoridades contaban con una orden de detención en su contra, se irrespetó el plazo de 48 horas que debía cumplirse para ser presentados ante el juez, no se les permitió comunicarse con sus abogados antes de ser llevados a audiencia y tampoco se le comunicó a ellos ni a su familia su detención ni los delitos por los que eran investigados.

Tratos inhumanos

Al contrario, los detenidos relataron a sus abogados defensores -a quienes conocieron durante la audiencia preliminar- que habían sido golpeados en la delegación policial y que tres de los procesados habían sido apartados del grupo y llevados a celdas de castigo.

Este martes, el abogado Maynor Curtis, defensor de la belga-nicaragüense Amaya Coppens divulgó que la joven estaba en una celda de castigo, un espacio que carece de luz solar y ventilación. Según Curtis, citado por el diario Confidencial, los custodios no entregaron a Coppens la medicación que sus padres le habían llevado para aliviar sus problemas de asma y presión arterial, por lo que presentó problemas de salud la noche del viernes 15 de noviembre y debió ser llevada de urgencia a un puesto médico de la cárcel.

Está previsto que el proceso judicial, admitido por el juez Zeledón, del juzgado quinto de distrito de lo penal, se reanude el próximo 28 de noviembre con la realización de la audiencia inicial.

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Pronunciamiento

Raza e Igualdad condena este acto de criminalización a la solidaridad, de violación al derecho a defender derechos y a las libertades de movilización y manifestación. En diferentes espacios internacionales, hemos denunciado el profundo deterioro de la independencia judicial en Nicaragua y cómo el sistema de justicia ha sido instrumentalizado como una pieza más del esquema de violación a los derechos humanos del gobierno nicaragüense.

Lamentamos que la imputación en la vía judicial de infundadas conductas delictivas persista como un mecanismo represivo, aplicado a más de 400 personas durante el año pasado, del que sigue valiéndose el Estado de Nicaragua hasta la fecha, violando el debido proceso y las garantías mínimas a las que tienen derecho los detenidos.

Exigimos al Estado de Nicaragua que libere inmediatamente a los más de 150 prisioneros políticos existentes a la fecha, y proceda a sobreseerles definitivamente en las investigaciones y causas judiciales, a la cancelación de sus antecedentes penales y se les devuelvan los bienes ocupados al momento de la detención. A ellos, así como a todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente y procesadas irregularmente tras los hechos de abril de 2018, el Estado debe garantizarles la debida reparación por las violaciones de derechos humanos y los daños sociales, morales y materiales que han sufrido.