Violencia política en Brasil: ¿cuánto vale la vida de las concelajas negras y transgénero?
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales, ante el aumento de la violencia política y electoral que está afectando la seguridad de las conselajas trans y negras en Brasil, ya sea en su vida diaria o en […]
El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los mecanismos de protección de los derechos humanos internacionales, ante el aumento de la violencia política y electoral que está afectando la seguridad de las conselajas trans y negras en Brasil, ya sea en su vida diaria o en el ejercicio de sus funciones. El inminente riesgo de muerte por violencia política llevó a la concejala trans negra, Benny Briolli (PSOL/RJ), a abandonar el país este mes de mayo. La gravedad de las amenazas y ataques dirigidos a Benny hizo que su partido político buscara refugio en otro país por su seguridad.
La fragilidad actual de la democracia brasileña cuestiona a los políticos que defienden pautas para la garantía de los derechos humanos, siendo la violencia política el motor del discurso de odio y la difusión de noticias falsas. Notamos con gran preocupación que el Estado brasileño omite las denuncias y, cuando se ve obligado a responder ante la presión de la prensa o audiencias públicas, utiliza estadísticas dudosas, así como el nombramiento de mujeres, personas afros y LGBTI+ para aparentar la inclusión de la diversidad en su gobierno. Sin embargo, la falta de medidas de protección para estos grupos, en sí misma, demuestra que, para quienes están en el poder, no es relevante cesar la estructura que alimenta la violencia política.
Después del período dictatorial – que significó una violencia política extrema – el juego de poder que atraviesa el escenario político democrático brasileño continuó marcado por amenazas y ataques, culminando con el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. Sin embargo, es importante señalar que la violencia política también fue estratégica para la elección del presidente Jair Bolsonaro, quien luego de supuestamente recibir una puñalada, logró movilizar a todo el país ante tal hecho. Por lo tanto, la violencia política es la nota clave necesaria de un gobierno negacionista para establecer una cultura de miedo y represión.
La política de miedo e inseguridad solo es efectiva cuando los representantes de la población más vulnerable no pueden ejercer sus mandatos porque cuestionan el status quo, ya sea por sus plataformas políticas, o por sus cuerpos negros que realizan el género femenino. Así, para un gobierno que se consolidó en las urnas por un hecho de violencia política, este efecto dominó que llevó a la concejala Benny Briolli a salir del país es la punta del iceberg de los ataques virtuales, la violencia de género y el silenciamiento de una nación.
En la era bolsonarista, las elecciones de 2020 se desarrollaron en medio de tensiones y amenazas políticas y electorales. Si bien en 2020 el movimiento negro logró pasar el criterio racial [1] para la división del tiempo y la propaganda política en radio y televisión, el discurso de odio en las redes sociales cobró fuerza y, según una investigación realizada por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global [2], Brasil registró un acto de violencia política cada 72 horas en las últimas elecciones. La polarización del escenario político ha naturalizado la violencia como un ‘arma’ coercitiva para grupos antagónicos y subrepresentados.
El informe “Violencia política y electoral en Brasil: panorama de las violaciones de derechos humanos de 2016 a 2020”, realizado por las instituciones mencionadas anteriormente, presenta datos impactantes, como un promedio de 27 casos de ataques a la vida de electos o candidatos por año. Concejales y alcaldes se encuentran entre los cargos políticos con más casos registrados y, como hemos denunciado en repetidas ocasiones, el informe confirma que proporcionalmente las mujeres sufren más violencia. El “Mapeo de la violencia política contra las mujeres negras” [3] realizado por el Instituto Marielle Franco en alianza con Justiça Global y Terra de Direitos, trae el foco de la violencia política de género. Según el informe, aproximadamente ocho de cada diez mujeres negras en las elecciones de 2020 experimentaron violencia virtual, seis de cada diez experimentaron violencia moral y psicológica y cinco de cada diez experimentaron violencia institucional.
Según una encuesta realizada por la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA) [4] con candidatas y candidatos transexuales en todo Brasil en las elecciones de 2020, alrededor del 50% fueron víctimas directas de amenazas, incluidas amenazas de muerte, invasiones de su entorno privado, laboral y político. Además, el 38% enfrentó ataques virtuales y el 12% violencia física directa. Según la investigación, el entorno virtual estuvo marcado por “insultos transfóbicos, intimidación inferiorizadora de la condición trans como incapacitante para cargos políticos, racismo transfóbico, deslegitimación de la identidad de género de las víctimas, comentarios maliciosos sobre la transición y atributos físicos (…), difusión de fakenews degradantes de los candidatos e invasiones coordinadas de las actividades de la campaña virtual para obstaculizar su avance, creando un entorno inseguro y, en algunos casos, interrupción por problemas de seguridad virtual”.
Para contribuir a la difusión de las denuncias que están ocurriendo en Brasil en este momento, hablamos con Gisele Barbieri, Coordinadora de Incidencia Política de Terra de Direitos, y también una de las responsables de coordinar la investigación mencionada.
R&I- En el informe elaborado por Terra de Direitos, el cuadro de violencia política y electoral ya presentaba datos que apuntan a un crecimiento de 2016 a 2020. Los datos se vuelven más atemorizantes tras la elección del gobierno de Bolsonaro, a partir de 2018. En las elecciones del año pasado, vimos un aumento expansivo de los llamados delitos de odio, con amenazas y ataques en las redes, especialmente contra mujeres trans y negras. Ante la negativa del gobierno a ver y combatir estos crímenes, ¿cree que es posible vislumbrar el fin de la violencia política y electoral contra las mujeres en Brasil? ¿De qué forma?
Gisele Barbieri – La violencia política, como demostramos en la encuesta realizada por Terra de Direitos y Justiça Global en 2020, lleva muchos mensajes desde y hacia la sociedad. Contra las mujeres, este fenómeno expone el racismo, el machismo, la misoginia y otras violencias. Por tanto, vislumbrar el fin de esta violencia solo será posible cuando nos demos cuenta de que combatirla es fundamental para la consolidación de la democracia. Además, se trata de una grave violación de los derechos humanos, ya que estas mujeres que ya actúan en la defensa de los derechos humanos, cuando asumen sus mandatos, son blanco de violencia constante, con el objetivo de prevenir el debate y la defensa de estos derechos. Y la responsabilidad de combatir esta violencia no es solo del gobierno, sino de la sociedad en general. La investigación señala que esta violencia ocurre de manera sistemática y no solo en los períodos electorales, con todos los partidos políticos en todo Brasil, además de mostrar que con las mujeres esta violencia se utiliza como una forma de deslegitimarlas como agentes políticas. Con estos análisis, evaluamos que el fin de la violencia política solo ocurrirá cuando este fenómeno sea monitoreado, estudiado, combatido y sancionado, a través de acciones coordinadas entre diferentes sectores del Estado, como se señala en las recomendaciones de la investigación de Terra de Direitos y Justiça Global.
R&I – Las mujeres negras y trans están luchando por una mayor representación política y, en las últimas elecciones, tuvimos un récord de mujeres trans y negras elegidas para los ayuntamientos. Incluso con el apoyo de la sociedad, el ejercicio de los mandatos ha sido una ardua tarea. Según el informe de Terra de Direitos y Justiça Global, las mujeres representan el 31% de las víctimas de amenazas. ¿Podrías comentar el cuadro que cruza la violencia de género en la especificidad de la violencia política contra las mujeres negras y trans? ¿En qué se diferencia de la violencia política dirigida a otros grupos?
GB – La investigación realizada por el Instituto Marielle Franco con el apoyo de Terra de Direitos y Justiça Global trajo elementos de cómo el racismo, que es estructural y estructurante en nuestra sociedad, también se plantea como vector de violencia contra las mujeres negras y trans agentes políticas. Este fenómeno para estas mujeres está presente antes, durante y después de la elección de estas candidatas. El mensaje para las mujeres negras y transexuales llega en forma de insultos y amenazas constantes, apuntando a la eliminación y deshumanización de estas mujeres a través de ataques que van desde la animalización de estas mujeres, comparadas con animales, insultos en su cabello y su apariencia hasta amenazas explícitas de muerte. El racismo es el hilo conductor de la violencia y el odio racial sistémicos que en cualquier momento puede acabar con la vida de estas mujeres. Todo ello con un discurso que justifica los ataques por la “hazaña histórica” lograda por estas mujeres y por verse representadas en el sistema político, a pesar de que son casi el 30% de la población brasileña.
R&I – En Brasil, tenemos el caso reciente de Carolina Iara, quien sufrió un ataque físico, e incluso entonces, le fue negado la protección de la Cámara porque es co-consejala y tuvo que contratar seguridad privada. La desprotección de Marielle Franco es también uno de los puntos que descuidaron el caso de la concejala. Además, la ineficiencia del Estado con el Programa de Defensores de Derechos Humanos no los protege. Incluso denunciando, no hay respuesta del Estado. Después de todo, ¿cómo ve que podemos protegerlos? [5]
GB – El hecho de que esta violencia no sea monitoreada y acompañada por el Estado crea un vacío institucional en este tema. Es urgente desarrollar un plan integral de acomodación de denuncias y víctimas, en una política de protección específica para este tipo de violencia. El programa nacional de defensores y defensoras de derechos humanos es incapaz de responder a este fenómeno porque, aunque está dirigido a defensores y defensoras de derechos humanos, no cuenta con mecanismos para abordar este tipo específico de violencia. Un ejemplo es la acción de sacar a la víctima de su lugar de trabajo como forma de protegerla de amenazas. En casos de violencia política, sacar a los candidatos del lugar de ejercicio de su mandato es cumplir con la voluntad de los delincuentes que, con estos ataques, precisamente quieren impedirles el libre ejercicio de sus derechos políticos. Violencia que interfiere directamente en el proceso democrático y constituye una gravísima violación de los derechos humanos.
En vista de nuestro trabajo de incidencia en América Latina, Raza e Igualdad señala que la violencia política actual es uno de los principales factores de las violaciones de derechos humanos en la región. Brasil, siendo un país clave en términos políticos, debe tomar posición y presentar estrategias efectivas para respetar la vida de sus parlamentarios y combatir la violencia política. Por ello, presentamos las siguientes recomendaciones al Estado brasileño:
1 – Garantía de seguridad para parlamentarios cis y trans negros con la implementación de políticas para combatir la violencia política de género, empoderando instituiciones de la seguridad pública, Judicil y Legislativo para promover acciones a nivel nacional para combatir dicha violencia;
2 – Creación de legislación específica dirigida a prevenir, frenar y sancionar los delitos cibernéticos y la consecuente difusión de noticias falsas que ha sido uno de los pilares de los ataques de violencia política;
3 – Ratificación de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia con miras a sancionar y restringir el racismo y los derechos estructurales e institucionales LGBTI+;
4 – Implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo en la legislación brasileña para la formulación de políticas públicas antirracistas.
[1] https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/10/03/stf-divisao-verba-candidaturas-negras.htm
[2] http://terradedireitos.org.br/violencia-politica-e-eleitoral-no-brasil/
[3] https://www.violenciapolitica.org/
[4] https://antrabrasil.files.wordpress.com/2021/01/dossie-trans-2021-29jan2021.pdf
[5] La entrevista ocurrió antes del reciente caso de la concejala Benny Briolli