A cinco años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, la violencia y la impunidad impera en el país

San José, 18 de abril de 2023.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) llevó a cabo un conversatorio denominado “Nicaragua: 5 años de crímenes de lesa humanidad” en San José Costa Rica, en conmemoración del quinto aniversario del inicio de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que atraviesa el país desde abril de 2018.

En el mismo, participaron víctimas de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas de los órganos internacionales de protección de derechos humanos, quienes brindaron sus testimonios, reflexionaron sobre los avances y perspectivas de la crisis, y demandaron que se avance en los procesos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. 

María Luisa Gómez, abogada de Raza e Igualdad dio las palabras de bienvenida y expresó que la crisis sociopolítica y de derechos humanos lejos de resolverse continúa profundizándose. 

“Hasta la fecha no sólo no se ha garantizado justicia para las víctimas de las graves y generalizadas violaciones a derechos humanos, sino que el régimen autoritario de los Ortega-Murillo ha instaurado un continuum de violencia y un clima opresivo que imposibilita el ejercicio de los derechos humanos y sigue cobrando víctimas en el país”, dijo Gómez.  

Justicia sin impunidad

El evento se dividió en tres paneles. El primero: “crímenes de lesa humanidad en impunidad: privación arbitraria de libertad por motivos políticos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, traslado forzado de población y privación arbitraria de la nacionalidad” fue moderado por Braulio Abarca, Fundador y coordinador del área de Educación y de Memoria histórica del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. En el mismo participaron Azahálea Solís, feminista e integrante del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Francisca Ramírez, del Movimiento Campesino y Azucena López, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA), madre de Erick Antonio Jímenez López, asesinado en Masaya Monimbó en 2018,

Azahálea Solís, una de las 94 personas que fue arbitrariamente despojada de su nacionalidad y derechos ciudadanos recientemente, explicó que por primera vez en la historia del país, la niñez y las personas de la tercera edad se han visto afectadas por la represión y explicó que no es que antes personas de la niñez o tercera edad no hubieran sufrido represión en las distintas dictaduras, sino que la masividad con la que se ha dado es algo único de este régimen. “Han sido afectadas en ejecuciones extrajudiciales, privación de libertad arbitraria, tortura, tratos crueles, desplazamiento forzado, exilio, violación  a su identidad”.

Por su parte Francisca Ramírez, expuso que el Movimiento campesino ha sido víctima del régimen desde 2013, cuando empezaron las protestas por la concesión otorgada a Wang Jing del Canal Interoceánico, desde entonces han sido arrestados arbitrariamente, perseguidos, heridos y asesinados.

Ramírez pidió apoyo a la comunidad internacional para que haya reparación por todas las violaciones a derechos humanos que se han cometido. 

Azucena López, de AMA recordó que el 17 de julio, cuando su hijo fue asesinado, fue el día más negro de su vida, al tener que velar a su hijo en la oscuridad con un velita y cuatro personas. “Hoy seguimos sin justicia, sigo siendo maltratada, porque mi hermana está en El Chipote con su esposo, fue sacada como una delincuente por pedir justicia por mi hijo”, dijo López.

López agregó que en AMA lo que piden es justicia sin impunidad, ya que el régimen les negó la justicia, por lo cual el reto actual es completar la documentación sobre las víctimas.

Ataques a indígenas se han recrudecido

El segundo panel “La violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes como un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado”, fue moderado por María Luisa Gómez de Raza e Igualdad. El y las panelistas fueron Maria Luisa Acosta, Coordinadora del Centro de Asistencia Legal a pueblos indígenas (Calpi), Amaru Ruiz de la Fundación del Río y Becky McCray, lideresa indígena parte de la Alianza de Pueblos indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN).

Maria Luisa Acosta denunció que las comunidades indígenas Miskitus y Mayagnas en la Reserva de la Biósfera Bosawas y en el resto de la Región autónoma de la Costa Cribe Norte están siendo atacadas desde el 2015 por bandas paramilitares conformadas por personas  no indígenas, llegadas de otras partes del país con equipamiento, vestimentas, tácticas militares y además armas de guerra.

“El Estado ha implementado una política de colonización interna sobre las regiones autónomas de la Costa Caribe por medio del impulso de inmigración de no indígenas que traen consigo el avance de la frontera agrícola y más recientemente han implementado una política extractivista por medio de empresas forestales y mineras”, dijo Acosta.

Acosta dijo que aunque las comunidades piden al Estado su protección, actualmente no se conoce que alguna banda esté siendo investigada y por el contrario están acusando a los indígenas de ser perpetradores de la masacre de Kiwakumbaih, por lo que el pasado 13 de abril la CIDH otorgó medidas cautelares en favor de tres indígenas Mayagnas.

Por su parte Amaru Ruiz, explicó que la situación de violencia e invasión a los pueblos indígenas y afrodescendientes es el resultado de un modelo neo-extractivista impuesto por el régimen Ortega-Murillo. “Un modelo de saqueo y despojo de territorio indígena y afrodescendientes de toda la Costa Caribe, este modelo ha permitido establecer al menos 141 concesiones mineras en territorio indígenas y afrodescendientes, el avance de la palma africana que ronda más de 48 mil hectáreas, el aumento de los procesos de invasión ha aumentado los procesos de deforestación y degradación de los bosques que ha impactado las principales áreas protegidas del país (…)  y ha generado al menos unas 146 mil hectáreas de deforestación anual”.

Ruíz denunció que uno de los impacto en la zona es el aumento de la ganadería y uno de los cuidadores  de ese ganado es el Ejército de Nicaragua “que cuida más a las vacas que a las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque pese a que son territorios militarizados, no pueden encontrar a las bandas que atacan a las comunidades indígenas”.

Por su parte Becky McCray, dijo que “a raíz de la crisis política de 2018 la situación ha recrudecido a nivel de violencia y en violaciones a derechos autonómicos y de autodeterminación”.

McCray explicó que los crímenes de lesa humanidad en contra de las personas indígenas están en impunidad, pero además enfrentan otras amenazas como la inseguridad alimentaria, porque las tierras están quedando en manos de colonos y cuando las tierras son utilizadas para la ganadería no son útiles  para la agricultura.  

Otro de los problemas que están enfrentando las personas indígenas, según McCray es el desplazamiento forzoso de comunidades enteras que deja a las personas indígenas en condiciones precarias  en cabeceras municipales. 

Uno de los participantes en el evento preguntó cómo hacen las personas de las comunidades indígenas para dar a conocer lo que ocurre en su territorio. Acosta explicó que las personas de las comunidades indígenas han tenido que ser sus propios investigadores, debido a que las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación no pueden entrar al territorio. “Ellos hacen su censo, toman sus fotos, hacen videos, han tenido que desarrollar su capacidad de dar a conocer la precaria situación en que viven”. 

El tercer panel “Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua” fue moderado por  María Luisa Gómez de Raza e Igualdad y tuvo como participantes a Alberto Brunori, representante para América Central y República Dominicana de Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH); Jon Izaguirre,  oficial de Derechos Humanos de la OACNUDH, Virgina De Abajo, jefa de investigación en la Secretaría del Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de las Naciones Unidas  y Alejandra Manavella, coordinadora de incidencia del Programa para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Alberto Brunori, manifestó que a pesar de que se ha tratado de mover todos los mecanismos de los Sistemas Universal y Regional, la crisis sociopolítica y de derechos humanos sigue agravándose. Por lo que mandó un mensaje de apoyo, solidaridad y compromiso con los y las nicaragüenses y las personas defensoras de derechos humanos y los invitó a no perder la esperanza.

“Hay que perseverar, desde la Oficina de Naciones Unidas estamos haciendo lo posible para acompañarlos, pero sabemos que la conquista y reconquista de derechos humanos exige además de tesón, exige sacrificio y nos consta que ustedes han hecho un tremendo sacrificio”. 

Jon Izagirre explicó que desde 2019 la oficina ha presentado 4 informes escritos y 10 actualizaciones orales al Consejo de Derechos Humanos, lo cual ha permitido mantener a Nicaragua en la agenda anual. Agregó que también han adoptado cinco resoluciones, la última el pasado 3 de abril.

Izagirre agregó que otro de los componentes del Sistema Universal, son los Procedimientos Especiales. “En los últimos cinco años han mandado 26 comunicaciones al gobierno de Nicaragua por parte de 35 mandatos temáticos y de estos 26 solo han respondido a tres comunicaciones, la última en noviembre de 2018”.

Agregó que otra herramientas de la que disponen los Procedimientos Especiales son las visitas a países, desde 2018 cinco titulares han expresado su interés de visitar Nicaragua y han solicitado una invitación al gobierno, sin embargo aunque Nicaragua cuenta con una invitación abierta desde el 2006, no ha permitido ninguna visita oficial por parte de los procedimientos especiales desde 2009.

“En cuanto a las perspectivas de nuestro trabajo en relación con el Sistema Universal en noviembre será efectivo el retiro de Nicaragua del sistema interamericano de Derechos Humanos, ante el vacío que esto puede suponer la oficina viene trabajando en la capacitación de defensores y defensoras de Derechos Humanos en el procedimiento de denuncia ante el comité de Derechos Humanos que no ha sido utilizado por los y las nicaragüenses desde hace 30 años”.  

Virgina De Abajo, además de exponer sobre los hallazgos del informe del GHREN presentado en marzo, dijo que este no hubiera podido avanzar sin la colaboración de organizaciones que contribuyeron con el envío de información  desde el inicio del primer mandato y solicitó a la comunidad de donantes para que siga proveyendo de los recursos necesarios a esas organizaciones para que sigan realizando la labor de levantamiento de evidencia. Además espera que se amplíe el equipo para poder abarcar más ejes de investigación en el mandato que ha sido renovado por dos años.

Por su parte, Alejandra Manavella insistió en la importancia de seguir con los procesos de denuncia y documentación de las graves violaciones de derechos humanos ante los sistemas internacionales de protección en este caso tanto el Sistema Interamericano, como en el Sistema Universal.

“En el caso del Sistema Interamericano no sólo sostener las medidas de protección sino avanzar prioritariamente en el sistema de casos y peticiones de la Comisión, porque aunque el camino es largo a futuro permitirá contar con resoluciones del Sistema que determinen la responsabilidad del Estado”, aconsejó.

Los panelistas coincidieron en que el gran reto para el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua es el tener acceso al país, por lo cual invitaron a las diversas organizaciones a continuar documentando. 

Para cerrar el evento Gómez manifestó que “ha sido esta incansable labor de acompañamiento de manera coordinada, de documentación, de incidencia, de litigio estratégico, lo que nos ha permitido ir creando rayos de esperanza, que se abren paso frente a un régimen que se ha cerrado por completo ante la comunidad internacional”.

“Desde Raza e Igualdad reafirmamos nuestro compromiso con las familias, con las organizaciones de sociedad civil  y  con la comunidad internacional para continuar con este trabajo articulado hasta lograr justicia, reparación y garantías de no repetición”, concluyó Gómez.

Raza e Igualdad, víctimas y órganos de protección internacional de los derechos humanos debatirán en dos eventos: 5 años de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

San José, Costa Rica – Washington D.C., 13 de abril de 2023.- En el quinto aniversario de la crisis sociopolítica y de derechos humanos de Nicaragua, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará dos eventos híbridos a modo de conversatorios -uno en San José, Costa Rica y otro en Washington, D.C., Estados Unidos- para conmemorar la lucha ciudadana por la libertad de abril de 2018 y ofrecer datos actualizados sobre las consecuencias de la represión del régimen Ortega-Murillo, así como los pasos a seguir para lograr justicia y reparación para las víctimas.

El primer evento  se realizará en Washington, D.C. el 17 de abril desde las 9:00 a.m, el que incluirá tres paneles. En el primero se titula  el “Destierro y la pérdida de nacionalidad, un nuevo intento del régimen para acabar con la disidencia nicaragüense”.

Un segundo panel abordará  “La persistencia de los ataques hacia la Libertad de Prensa desde la perspectiva de las víctimas y de la Relatoría para la Libertad de Expresión” y por último en el tercer panel se conversará sobre los “Desafíos y perspectivas del Sistema Internacional  de Protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua” el cual contará con la participación del Sr. Pedro Vaca, Relator Especial para la Libertad de Expresión; Fiorella Melzi Coordinadora del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) y de Viviana de la Peña, Coordinadora del Secretariado. Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).

En San José, Costa Rica el evento tendrá lugar entre las 14:00 horas y las 17:00 horas. El primer panel contará con la participación de víctimas de graves violaciones a derechos humanos que se referirán a  los “Crímenes de lesa humanidad e impunidad”. El segundo panel abordará la“Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes, como un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado”. Por último el panel sobre “Desafíos y Perspectivas del Sistema Internacional  de protección de los Derechos Humanos frente a la profundización de la crisis de Nicaragua”, contará con representantes de órganos de protección de derechos humanos que se referirán a los principales hallazgos de los  órganos de protección del Sistema Interamericano y Universal de los derechos humanos. 

Contexto

En marzo el Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), presentó un informe en el que se concluye que el régimen de los Ortega Murillo  está cometiendo violaciones de derechos humanos generalizadas y sistemáticas, que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil, motivados por razones políticas y pidió a la comunidad internacional imponer sanciones a las instituciones o personas involucradas. 

Las cifras registradas desde 2018 hasta la fecha son contundentes: han sido asesinadas al menos 355 personas, más de 2,000 manifestantes heridos, al menos 1,614 personas reconocidas como personas privadas de libertad por motivos políticos, 36 de las cuales aún permanecen bajo custodia estatal en condiciones que incumplen las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, más de 250,000 personas exiliadas, 316 personas arbitrariamente despojadas de la nacionalidad y sus derechos ciudadanos, 222 personas desterradas de su país, 185 periodistas exiliados, al menos 3,321 organizaciones de la sociedad civil cuya personalidad jurídica fue arbitrariamente cancelada. Por otro lado, desde que inició la crisis se han recrudecido los  ataques contra pueblos indígenas y afrodescendientes del país, en particular, en la Costa Caribe.

El régimen Ortega-Murillo continúa incumpliendo las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. El 29 de marzo, por primera vez en la historia,el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), juez Ricardo Pérez Manrique, informó al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que Nicaragua ha permanecido en desacato permanente ante el incumplimiento de diez resoluciones emitidas por ese tribunal para proteger la vida de 88 personas privadas de libertad por motivos políticos, de los cuales, seis aún permanecen encarcelados.

Eventos

Raza e Igualdad invita a seguir la transmisión en vivo de ambos eventos a través de Zoom. 

• Evento en Washington D.C.: Inscribirse aquí
• Evento en San José, Costa Rica: Inscribirse aquí

También invitamos a seguir las actividades a través de las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram y el sitio web de Raza e Igualdad y compartir el contenido usando el hashtag #5AñosdeCrímenes, para que el clamor por el cese a la represión y demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición se escuche en Nicaragua y todo el mundo.

Nicaragua: Organizaciones internacionales condenamos los ataques contra los pueblos indígenas del Territorio Mayangnas Sauni As

Grupo de Expertos ONU y defensoras de Nicaragua analizan el presente y futuro del país a la luz del Primer Reporte del Grupo de Expertos

Washington D.C., 15 de marzo de 2023.- En un conversatorio sobre el primer informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), las defensoras nicaragüenses Olga Valle, Wendy Flores y Josefa Meza, y las personas expertas Jan-Michael Simon y Ángela Buitrago, instaron a la comunidad internacional a tomar medidas contundentes y sancionar a las personas e instituciones acusadas de perpetrar violaciones y abusos a los derechos humanos desde el año 2018 en Nicaragua. Las defensoras llamaron al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a renovar el mandato del GRHEN por dos años más. 

Tras un año de investigaciones exhaustivas, el informe del GHREN concluye que el Gobierno de Nicaragua está cometiendo violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil identificado como “opositor”. Además, demuestra que los presuntos abusos -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país- no son un fenómeno aislado, sino producto del “desmantelamiento deliberado” de las instituciones democráticas y la destrucción del espacio cívico y democrático.

La comunidad internacional debe actuar ante crisis humanitaria

Ángela Buitrago, experta del  GHREN, explicó que en la investigación se evidencia cómo “ha ido sofisticándose el método y la forma de realizar estos crímenes, y desde ese punto de vista, ya se llega al elemento máximo que es la deportación, la pérdida de la nacionalidad, y obviamente también la consideración de apatridia para las personas que fueron deportadas”. 

Las condiciones humanitarias se están complejizando a nivel nacional e internacional, y “el GHREN ha hecho un llamado para entender que las consecuencias de todas estas decisiones que afectan no sólo a los nicaragüenses, sino también a la comunidad internacional. Se está generando -sin lugar a dudas- una crisis humanitaria que va a ser compleja  en la región”, agregó Buitrago.

Para el Presidente del GHREN, Jan Michael Simon, «la comunidad internacional está obligada a Do not Harm«, es decir que cualquier cooperación con el Gobierno de Nicaragua en materia de desarrollo debe estar condicionada “a que cualquier centavo que se desembolse tenga un objetivo de fortalecer los derechos humanos en Nicaragua”. 

Según el experto, hay fuentes que “facilitan que el gobierno siga obteniendo oxígeno para mantener la situación en la cual se encuentra” y usando fondos en “fines muy particulares”. Por ello, el GHREN ha hecho una recomendación “poco usual” para este tipo de mecanismos, que se relaciona con que “la comunidad internacional tendrá que ver, no solo el tema obvio de responsabilizar a los individuos y sus actos y sancionar a las instituciones por sus actos; sino más bien verlo de una manera más amplia, en cuanto a cómo se puede incidir para que este sistema de Gobierno no siga haciendo lo que está haciendo”, explicó el experto.

Ante la persistencia de la impunidad, las investigaciones del GHREN deben continuar

Wendy Flores, defensora del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más”, lamentó que estas investigaciones y la presentación de este primer informe del GHREN, así como las Observaciones Finales de comités de Naciones Unidas, no se están realizando en Nicaragua  producto de la persecución política que lleva a cabo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. 

“El país que deseamos no es el que hoy en día nos está representando; es un país cargado de injusticia, de persecución, de abusos, de graves violaciones de derechos humanos, de crímenes y asesinatos que se mantienen en la impunidad y que fueron ejecutados por fuerzas policiales y parapoliciales que hoy en día siguen aterrorizando a la población y a las víctimas… Es importante seguir profundizando en las investigaciones y que la comunidad internacional retome las recomendaciones del Grupo de Expertos”, dijo Flores. 

Por su parte, Olga Valle, Directora de Urnas Abiertas, explicó que su organización ha documentado “cómo la consolidación del Estado totalitario después de la farsa electoral de 2021 (votaciones presidenciales) profundizó o empezó a condicionar y limitar también derechos económicos, culturales, sociales y ambientales”.

Valle llamó a los Estados y las fuerzas democráticas a que amplíen las sanciones a instituciones e individuos vinculados a la comisión de crímenes de lesa humanidad. También instó a que incorporen parámetros de derechos humanos y transparencia en los proyectos de desarrollo e inversión, ya que existen “instituciones internacionales financieras como el BCIE, el BID, el Banco Mundial o el FMI, a las que todavía se les puede identificar como financiadores del régimen en los últimos 5 años”.

Josefa Meza, integrante de la Asociación Madres de Abril (AMA) y madre del joven Jonathan Morazán, víctima de ejecuciones extrajudiciales en las manifestaciones pacíficas del año 2018, dio un mensaje de esperanza y de lucha contra la impunidad: «En nombre de la Asociación Madres de Abril (AMA), todas las madres que somos víctimas de esta represión, acogemos este informe con mucha esperanza de que por fin vamos a encontrar justicia y no va a existir impunidad». 

“Necesitamos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas apruebe la petición de renovación del mandato del GHREN. Necesitamos, como víctimas, recibir un mensaje claro para poder saber que no estamos solas y que el Sistema efectivamente nos acompaña… Para nosotras, las madres, es clave que el GHREN pueda avanzar y profundizar en el esclarecimiento de la verdad de los hechos”, agregó Meza. 

Ante la CIDH: Víctimas de Estado de Nicaragua y sus ONG’s representantes denuncian privación arbitraria de la nacionalidad y otras violaciones de derechos humanos

Washington D.C., 13 de marzo de 2023.-. Una delegación conformada por tres nicaragüenses víctimas de privación arbitraria de la nacionalidad y sus organizaciones representantes, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el desplazamiento forzado de 222 personas excarceladas y el despojo arbitrario de la nacionalidad de más de 317 personas nicaragüenses “configuran prácticas sistemáticas que forman parte de una política generalizada de persecución política” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra personas consideradas como opositoras.

El estudiante de derecho y excarcelado político, Kevin Solís; la periodista y Directora de 100% Noticias, Lucía Pineda Ubau; y el periodista y Director de Radío Darío, Aníbal Toruño; relataron “de primera mano” a la Comisión los atropellos a sus derechos humanos. Representantes de la CIDH expresaron su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y afirmaron que la privación de la nacionalidad es un delito grave.

Kevin Solís: “Muchas veces me pregunté si iba soportar más”

“Muchas veces me pregunté si iba soportar más o si en realidad iba a morir ahí, un miedo que hasta hoy no supero” relató el estudiante Kevin Solís, quien fue encarcelado por el régimen Ortega-Murillo en dos ocasiones y finalmente, el 9 de febrero, fue excarcelado, despojado de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos, y desterrado por el régimen junto a otras 221 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en centros estatales de Nicaragua, las cuales fueron acogidas por los Estados Unidos.

Solís fue secuestrado por primera vez en el año 2018 y estuvo encarcelado durante 9 meses. El 6 de febrero de 2020, fue secuestrado por segunda vez y trasladado a la Dirección de Auxilio Judicial, donde -entre otras agresiones- lo desnudaban y le tiraban agua con mangueras de alta presión mientras lo ofendían. Seis días después lo enviaron a las celdas de máxima seguridad de “El infiernillo”, de tamaño de 2×3, sin ventanas, sin luz, con una puerta totalmente sellada. 

“Fueron 3 años de secuestro… No hubo una noche en donde pudiera dormir tranquilo, tenía miedo, mucho miedo de que entrarán a sacarme de la celda y se me violentara más”, confesó el estudiante.

Lucía Pineda: La persecución traspasó las fronteras

“El régimen acusa, juzga, sentencia, y condena en ausencia, todo en un solo acto para arrebatarme la nacionalidad nicaragüense y mi casa de habitación, producto del trabajo honesto de toda una vida… La persecución traspasó las fronteras”, denunció Lucía Pineda, quien estuvo encarcelada por su labor periodística durante seis meses entre 2018 y 2019, se exilió a Costa Rica producto de la persecución política, y fue despojada de su nacionalidad nicaragüense junto a 93 personas más, el pasado 15 de febrero.

Pineda subrayó que, en la resolución que leyó el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, se les declaró “prófugos de la justicia” y privó de la nacionalidad nicaragüense a 11 periodistas y directores de medios de comunicación. Por ello, la periodista solicitó a la Comisión que “avance en el conocimiento de los casos sobre periodistas y medios de comunicación, para lograr una pronta justicia y reparación por las graves violaciones cometidas”.

Aníbal Toruño: “Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados” 

“En Nicaragua no hay ningún espacio para el ejercicio de la libertad de expresión y prensa… Somos estigmatizados como traidores, perseguidos, desnacionalizados, expropiados y desterrados del país”, denunció el Director de Radio Darío, Aníbal Toruño, quien se encuentra en su segundo exilio producto de la destrucción de su medio y atentados en su contra en abril 2018 y septiembre 2019. Toruño está en la lista de las 94 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad desde el 15 de febrero. 

Las y los trabajadores de Radio Darío son beneficiarios de medidas cautelares; sin embargo, el Estado de Nicaragua ha incurrido en absoluto desacato de lo requerido por la Comisión y, hasta la fecha, la implementación de las medidas ha sido nula. “Nunca se adoptaron medidas para protegerme… Al contrario, en los últimos meses se ha profundizado la instrumentalización del Poder Judicial y Legislativo para reprimir y así silenciar a los medios independientes con el interés de producir un apagón informativo general”, agregó Toruño.

Representantes CIDH: “La pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave”

La Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, Relatora para Nicaragua de la CIDH afirmó que el despojo de la nacionalidad “y eliminar sus nombres de los registros públicos tiene un impacto en la identidad y la vida de las personas y de sus hijos”.

“Todo lo que ustedes han pasado tiene que ser memoria. Este no es solo un problema de Nicaragua, es un problema de la humanidad, de la democracia. Todo lo que hemos escuchado es la deshumanización del otro», expresó la Comisionada Julissa Mantilla.

Por su parte, el Comisionado Joel Hernández afirmó que “la pérdida de la nacionalidad equivale a la muerte civil y esto es un delito grave” e hizo énfasis en la importancia de la creación y monitoreo del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) para documentar estas y otras graves violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Comisionado Edgar Stuardo Ralón, agradeció la labor de Raza e Igualdad en el trabajo por las personas privadas de libertad por motivos políticos y reafirmó su compromiso por continuar trabajando por la liberación de las 37 personas que todavía siguen encarceladas. 

Al finalizar la audiencia, la Presidenta de la CIDH, Margarette May Macaulay, prometió que la CIDH seguirá “trabajando ávidamente para procurar corregir estas violaciones graves y desproporcionadas contra el pueblo de Nicaragua”.

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, la Unidad de Defensa Jurídica y las personas representadas instamos a la Comisión a que, entre otras cosas, mantenga las medidas de protección y requiera la libertad inmediata de las 37 personas que aún permanecen privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua; asimismo, solicitamos que se requiera al Estado de Nicaragua que: 

• Cierre los procesos judiciales y elimine los antecedentes penales de las personas excarceladas y desterradas, y cese la persecución a sus familias.
• Garantice la reunificación familiar, facilitando la emisión y la vigencia de información oficial básica para ejercer derechos ciudadanos para las personas afectadas por las violaciones que dieron lugar a la audiencia.
• Restablezca la nacionalidad de las personas que han sufrido su despojo y garantice sus derechos ciudadanos, incluyendo el derecho a su pensión de vejez.
• Cese los requerimientos de la Procuraduría General de la República para despojar de sus bienes a las 94 personas privadas de nacionalidad el pasado 15 de febrero, entre otras .
• Derogue la Ley de Reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, La Ley de Regulación de la Pérdida de la Nacionalidad, así como las leyes 1055 y Ley 1042, que han sido utilizadas para criminalizar la defensa de los derechos humanos y toda forma de disidencia.

Raza e Igualdad condena enérgicamente el ilegal despojo de la nacionalidad nicaragüense a 94 personas por parte del régimen Ortega-Murillo

Washington D.C., 16 de febrero de 2023.- El Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) condena enérgicamente la decisión del régimen autoritario de Daniel Ortega y Rosario Murillo de despojar de su nacionalidad y derechos ciudadanos y ordenar la confiscación de los bienes a 94 personas nicaragüenses, a quienes acusa de “traidores a la patria”, considerándoles “prófugos de la justicia”. Entre estas personas figuran defensores y defensoras de derechos humanos, activistas sociales y políticos, periodistas, directores de medios, escritores/as y religiosos que no recibieron previas notificaciones de procesos en su contra y se suman a 222 personas excarceladas que fueron desterradas y despojadas de su nacionalidad el pasado 9 de febrero. 

La decisión fue dada a conocer el día de ayer, 15 de febrero, por Ernesto Rodríguez, Magistrado Presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, quien alegó que esta fue adoptada por los jueces de distrito penales de audiencia de Managua, tras una denuncia del Ministerio Público sobre la cual tampoco fueron informadas las víctimas. 

Cabe destacar que el régimen ya se había valido de esta práctica anteriormente. Entre 2018 y 2021, canceló la nacionalidad de al menos 3 personas; y en los últimos siete días, ha despojado de su nacionalidad a 316 personas nicaragüenses, incluidas 222 personas desterradas que habían sido privadas de libertad por motivos políticos y habían sufrido actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes en centros estatales de reclusión en  Nicaragua.

Pronunciamiento

Ante la grave situación antes planteada, Raza e Igualdad  rechaza y condena que el régimen autoritario de Ortega y Murillo continúe valiéndose del Poder Judicial para emitir resoluciones que contravienen todos los instrumentos  internacionales firmados por el Estado nicaragüense. Estas decisiones unilaterales de parte de los tribunales de justicia representan una flagrante y absoluta violación de los principios de la administración de justicia, el debido proceso y los derechos humanos de las víctimas.

El Estado de Nicaragua está obligado a cumplir con las disposiciones establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,  la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. En tal sentido, recordamos que el Art. 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”, y su artículo 15: 1. “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad” y 2. “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”. 

Los actos en los que está incurriendo el régimen, y en particular, el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado de cientos de personas, constituyen crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, que deben ser investigados, juzgados y sancionados para erradicar la impunidad estructural que impera en el país.

Alertamos a la comunidad internacional y a los órganos de protección de derechos humanos sobre este nuevo método represivo para intimidar, silenciar y dejar en la indefensión a personas que permanecen en el país y a aquellas que se vieron forzadas al  exilio. Resaltamos que algunas de estas personas cuentan con medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) por su situación de gravedad y riesgo irreparable a sus vidas. 

Llamamos a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a apoyar una nueva resolución que renueve por dos años el mandato del “Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Nicaragua” y refuerce su enfoque interseccional, prestando especial atención en grupos como personas víctimas de desplazamiento forzado y víctimas de detenciones arbitrarias por razones políticas y sus familiares.

Exigimos que se respete la integridad personal de las destacadas defensoras de derechos humanos: Doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh); Sofia Montenegro, periodista y activista, y Azahalea Solís, activista feminista; así como de cualquier persona acusada por motivos políticos que se encuentre en el país. 

Continuaremos denunciando los vejámenes en los que está incurriendo el régimen Ortega-Murillo y documentando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de quienes claman por la libertad de Nicaragua. Las personas responsables de tales atropellos deberán rendir cuentas ante la justicia y reparar los daños causados.

¡Basta ya de represión hacia quienes reclaman libertad y respeto de los derechos humanos!

Raza e Igualdad celebra la liberación de 222 personas presas políticas de Nicaragua y participa en asistencia técnica para su reubicación en Estados Unidos

Washington D.C., 10 de febrero de 2023.– El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra con emoción y esperanza la liberación de 222 personas que permanecían privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua. “Este hecho es resultado de la perseverancia de familiares, activistas, organizaciones de la sociedad civil y organismos de protección de derechos humanos en su trabajo por visibilizar la situación de personas presas políticas en el país y exigir su inmediata liberación”, valora Carlos Quesada, Director de la organización. 

Desde el estallido social de abril de 2018 y el posterior uso indiscriminado de la fuerza por parte de grupos estatales y progubernamentales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado 355 víctimas fatales, más de 1600 personas heridas y 1614 detenidas arbitrariamente (hasta mayo de 2020). El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó al menos 245 personas privadas de libertad por motivos políticos, al 30 de enero de 2023; y 35 personas tras la excarcelación masiva de la mañana del 9 de febrero. 

Todas estas personas habrían sido víctimas de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes en centros estatales que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok).

Libres bajo un continuum de violaciones a sus derechos humanos

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó a través de un comunicado que la administración de Biden-Harris facilitó el traslado seguro de las 222 personas excarceladas al Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, DC, y les está prestando apoyo médico y legal. Raza e Igualdad forma parte del equipo de asistencia, encargándose de asegurar alojamiento en hoteles y viáticos, proveer artículos de primera necesidad y de garantizar su reubicación dentro de Estados Unidos.

Por su parte, mientras estas personas aún se encontraban volando hacia Estados Unidos y con el objetivo de legitimar los actos del régimen autoritario de Ortega y Murillo, el Presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh ordenó la “deportación inmediata y ya efectiva” de las 222 personas excarceladas, quienes ya habían sido declaradas “traidores (y traidoras) a la patria e inhabilitados (e inhabilitadas) de forma perpetua” para cargos públicos y de elección popular, y “suspendidos (suspendidas) sus derechos ciudadanos de forma perpetua” 

Posteriomente, la Asamblea Nacional -controlada por el partido de gobierno- reformó el Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua agregando que “los traidores a la patria pierden su calidad de nacional nicaragüense” y recordando que, en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblos a la Independencia y Autodeterminación para la Paz (Ley 1055) están establecidas “las acciones que lesionen los intereses supremos de la nación, por lo que los nicaragüenses ejecutores de estos actos se consideran traidores a la patria”.

Además, minutos después, la Asamblea aprobó una Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense que, a través de su Artículo 2, establece que las personas sentenciadas bajo la Ley 1055 “perderán su nacionalidad nicaragüense”.

Pronunciamiento

Desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechazamos la reforma inconstitucional al Artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua, un intento para revestir de legalidad el destierro y la cancelación de la nacionalidad nicaragüense a una persona nacida en el país. Con esta acción, el Estado de Nicaragua viola los derechos humanos, precisamente los derechos civiles y políticos de las personas nicaragüenses, e incumple con múltiples tratados en materia de derechos humanos.

Lamentamos profundamente que el Estado de Nicaragua mantenga a 35 personas encarceladas por razones políticas en condiciones inhumanas. Particularmente, nos preocupa la situación de Monseñor Rolando Álvarez, quien según Daniel Ortega, no se acogió al destierro y fue cambiado de régimen de “casa por cárcel” a una celda en el Sistema Penitenciario “La Modelo”. Consideramos de suma gravedad que en cadena nacional y de manera amenazante, Ortega le calificó de “soberbio”, “desquiciado” y “energúmeno” que “no puede tener el coraje de Cristo, que aguantó los azotes y soportó la crucifixión”. 

No nos olvidamos de destacar el rol fundamental de las voces de la sociedad civil nicaragüense y las organizaciones nacionales e internacionales en el monitoreo, documentación y denuncia de violaciones a los derechos humanos, particularmente de las detenciones arbitrarias y la criminalización de personas opositoras, defensoras de derechos humanos, líderes estudiantiles, periodistas, empresarios, campesinos, entre otros. Su arduo trabajo ha sido incansable y ha trascendido al plano internacional.

Finalmente, reafirmamos nuestro compromiso con la reconstrucción de la democracia, que solo será posible con la puesta en libertad de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, el retorno seguro de las personas exiliadas, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, y la justicia y rendición de cuentas por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua. 

Aún hay un gran camino por recorrer, pero con mucha esperanza exigimos: ¡Justicia para Nicaragua! ¡Nicas Libres Ya!