CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

CEDAW: Leyes promulgadas por el Estado de Nicaragua amenazan la vida de las mujeres

Washington D.C., 24 de octubre de 2023.- En la revisión del Estado de Nicaragua, expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) expresaron su preocupación por las leyes que representan graves amenazas contra mujeres defensoras de derechos humanos y activistas, así como por el desamparo de mujeres indígenas y afrodescendientes en la Costa Caribe, en el contexto de cierre del espacio cívico y democrático en el país centroamericano. 

Al iniciar la sesión, la representante del Estado de Nicaragua, Rosalía Concepción Bohórquez Palacios, abandonó el examen de forma irrespetuosa tras intervenir expresando «total rechazo a las maliciosas, sesgadas, parcializadas y malintencionadas preguntas sobre el informe que presentó Nicaragua el pasado 2 de mayo de 2019”. 

Esta es la quinta vez que Nicaragua incumple con su obligación de participar activamente de los exámenes periódicos que los órganos de Tratados  de Naciones Unidas realizan para la promoción y defensa de los derechos humanos en los países firmantes. La Presidenta del Comité, Ana Peláez, lamentó la postura del Estado, “sin embargo, el trabajo que tiene el Comité y las obligaciones y responsabilidades que asumen en relación con los Estados partes, nos hace seguir avanzando en el trabajo de hoy”. 

Ley 1055: la ley con más afectaciones hacia las mujeres 

La Relatora para Nicaragua en el Comité, Leticia Bonifaz Alonzo, expresó su profunda preocupación porque en el país centroamericano «el feminicidio no es un delito autónomo», y las reformas limitan la definición de este al asesinato de las mujeres en el contexto de una relación de pareja. También preocupa que se ha incorporado la mediación entre la víctima y el agresor, lo que aumenta el riesgo de impunidad y expone a las víctimas a la revictimización y a las represalias.

“Las cifras aportadas por las organizaciones no gubernamentales muestran cómo la violencia contra las mujeres ha aumentado”, agregó la relatora. 

Luego recordó que , entre 2020 y 2021, el Estado emitió 3 leyes con contenido contrario a los instrumentos internacionales de derechos humanos: la Ley 1040, Ley de Agentes Extranjeros que, con el señalamiento de que “tienen injerencia en los asuntos internos”, ha provocado que organizaciones no gubernamentales se vean imposibilitadas de dar acompañamiento, protección y empoderamiento de las mujeres nicaragüenses, así como la privación de su patrimonio y el abandono forzado del país; la Ley 1042, conocida como “Ley mordaza” porque atenta contra la libertad de expresión de mujeres defensoras de derechos humanos; y la Ley 1055  “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, que ha afectado gravemente los derechos civiles y políticos de las mujeres. Según la experta, la Ley 1055 es la que más ha afectado a mujeres defensoras de derechos humanos.

Además “hay patrones de agresión particulares en contra de las mujeres, como los arrestos y sustracción de artículos personales y la presencia desproporcionada de efectivos de los cuerpos armados”, dijo Bonifaz.

Detenciones arbitrarias y apatridia, amenazas latentes para las defensoras

“La participación de la mujer se ha visto restringida debido a la violencia de género contra las defensoras de derechos humanos… Las mujeres defensoras están bajo asedio en el Estado parte”, alertó la experta Marion Bethel. En los últimos cuatro años, organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han documentado aproximadamente 7000 casos de agresiones contra defensoras de derechos humanos.

Asimismo, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres y  las activistas que se oponen al gobierno, se enfrentan a la posible pérdida de la nacionalidad como represalia; quedando en situación de apatridia, una condición que obstaculiza el ejercicio de otros derechos como salud, educación, empleo digno y la vida familiar. 

“El Estado parte (Nicaragua), a través de enmiendas legislativas, ha privado arbitrariamente de su nacionalidad a algunas personas, y eso es contrario al derecho relativo a los derechos humanos internacionales”, dijo al Comité. 

Según informes alternativos del 2023, alrededor de 222 personas que se encuentran en situación de apatridia son madres y padres de hijos que siguen viviendo en Nicaragua. Para la experta, esta violación a derechos fundamentales pone en un mayor riesgo de discriminación y “exacerba la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas que ya pueden estar expuestas a la violencia de género y a la trata de personas”. 

Mujeres indígenas y afrodescendientes en desprotección

“La violencia hacia  las mujeres en las regiones autónomas en la Costa Caribe Norte y Sur sigue aumentando, en particular en el caso de las mujeres indígenas quienes cuentan con disposiciones jurídicas y órdenes de protección”, expresó la experta Rangita de Silva de Alwis. 

En agosto de 2021, dos mujeres fueron objeto de abuso sexual en un ataque relacionado con una disputa de extracción minera de oro en el territorio Mayangna Sauni As. “El gobierno concedió licencia sin consultar a la comunidad”, agregó la experta.

Por su parte, la experta Bandana Rana, expuso que las mujeres afrodescendientes luchan contra el aleccionamiento y la violación del tratado que permite que residan en sus territorios ancestrales con sus propias costumbres y recursos. La experta lamentó que las incursiones de terceros en la Mosquitia ha empeorado la situación de derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, pues “se comete violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, que incluye asesinatos y desplazamiento forzado”. 

En relación a la salud en la Costa Caribe, la experta Dafna Hacker dijo que “hay una laguna entre la ley y la realidad”, ya que en términos generales, hay una falta de servicios de salud que impacta sobre todo a las mujeres “debido a una alta prevalencia de paludismo, fiebre, dengue, VIH sida, así como la lejanía de los centros de atención y los altos costos del transporte”.

En varias oportunidades, la Presidenta del Comité llamó al Estado de Nicaragua a expresar su punto de vista sobre las cuestiones; sin embargo, en todas prevaleció el silencio. 

Finalmente, la Presidenta expresó su profunda decepción y preocupación por las acusaciones vertidas por el Estado en relación al trabajo del Comité y sus expertas “que ponen en entredicho la lealtad, el honor, la imparcialidad, el verdadero compromiso y la conciencia plena que hacen todos los expertos de este Comité cuando asumen sus responsabilidades y deberes”. A pesar de dichos insultos, la Presidenta insistió en que están dispuestas a “tender la mano” y “abrir las puertas” al Estado de Nicaragua.

Pronunciamiento 

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) rechaza la posición del Estado de Nicaragua, que irrespeta la labor del Comité y de las organizaciones de sociedad civil que ejercen su legítimo derecho de participar en este proceso. Tanto respecto del Comité como respecto de las organizaciones, el Estado se refiere  en términos descalificativos e inapropiados  negándose completamente a rendir cuentas por su actuar y pretendiendo esquivar sus obligaciones internacionales hacia las mujeres. 

Este patrón de incumplimiento  de sus obligaciones internacionales en materia de los derechos humanos de las mujeres por parte del Estado de Nicaragua, requiere sin duda una respuesta contundente de la comunidad internacional.

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El comité presentará sus observaciones finales antes de concluir el presente periodo de sesiones. Las observaciones finales se adoptarán de forma definitiva en el 87 periodo de sesiones, en febrero de 2024.

Ante CEDAW: Defensoras nicaragüenses denuncian la situación de violencia y persecución en contra de mujeres indígenas y afrodescendientes en Nicaragua

Washington D.C., 16 de octubre de 2023.- En el marco del 86 periodo de sesiones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), defensoras nicaragüenses, acompañadas por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), denunciaron la situación de violencia y persecución en contra de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, la zona con la tasa de femicidios más alta en Nicaragua.

Durante la sesión, la defensora indígena Anexa Alfred se dirigió al Comité “como una víctima más cuya voz han querido callar” señalando que muchas mujeres indígenas que quisieran estar participando en este proceso “están silenciadas por la política de terror, cárcel, exilio o muerte del gobierno de Nicaragua”. En tanto, la Oficial de Incidencia de Raza e Igualdad, Gaia Hefti, expuso la situación de mujeres afrodescendientes, que no pudieron participar por el contexto de represalias del régimen nicaragüense contra las personas defensoras de derechos humanos. 

“Cohabitación” con colonos expone a mujeres indígenas y afrodescendientes a violencia sexual

Desde la última revisión del Comité, la situación de derechos humanos de las mujeres indígenas se ha agudizado “por un contexto de acontecimientos críticos, marcados por la violencia sistemática con impactos diferenciados a las mujeres, niñas y adolescentes por las acciones y omisiones del Estado de Nicaragua”, según Alfred Cunningham. Las masacres, asesinatos, desplazamiento forzado y la crisis humanitaria sin precedentes que enfrentan las comunidades indígenas de Nicaragua, ponen en alto riesgo las vidas de las mujeres indígenas. 

La política ilegal y arbitraria de “cohabitación” con colonos (terceros no indígenas) que promueve el Gobierno de Nicaragua en los territorios indígenas y afrodescendientes, genera impunidad y más violencias hacia las mujeres. Según un monitoreo realizado en 26 comunidades de 6 territorios indígenas, durante el primer semestre del 2023 se registraron 12 violaciones sexuales con víctimas de un promedio de 13 años. Preocupa que esta situación tiene tendencia a normalizarse en las comunidades donde hay fuerte presencia de colonos. 

Por otro lado, la persecución y criminalización perpetrada por el régimen de Ortega contra lideresas y defensoras indígenas que han acompañado los procesos de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, ha resultado en el destierro de al menos 10 mujeres indígenas de larga trayectoria y la desaparición de Nancy Elizabeth Henriquez, diputada suplente y presidenta del partido indígena YATAMA, quien fue detenida arbitrariamente el 1 de octubre.

Asimismo, el desplazamiento forzado también expone a las mujeres, adolescentes y niñas indígenas a la violencia sexual, explotación laboral y trata de personas. Esta situación trasciende las fronteras, afectando también a las mujeres en el exilio, como es el caso de las comunidades indígenas miskitas refugiadas en Costa Rica. 

Alfred solicitó al Comité cuestionar la política de “cohabitación” con colonos promovida por el Estado nicaragüense; y solicitó al Estado de Nicaragua “la implementación de acciones o políticas y programas de seguridad pública para garantizar la vida e integridad personal y comunitaria de las mujeres indígenas en la Costa Caribe, donde se ha agudizado la violencia armada de los colonos”.

Defensoras afrodescendientes son perseguidas por su trabajo de demarcación de territorios

“La falta de datos desagregados acerca de la población afrodescendiente en el país y de un censo actualizado, dificulta el análisis de la situación de los derechos de las mujeres afrodescendientes, invisibilizándolas”, dijo Gaia Hefti al Comité.

Según Hefti, existe una alta migración de mujeres afrodescendientes, en especial de madres solteras, que tienen que abandonar sus hogares y a sus hijos e hijas menores de edad para buscar el sustento de sus familias e intentar alcanzar la seguridad alimentaria. Asimismo, hay una alta tasa de niñas costeñas en desnutrición “debido a la falta de ayuda humanitaria después de la devastación de los huracanes en los últimos años”. 

Hefti también se refirió al caso particular de las defensoras de derechos humanos afrodescendientes, quienes sufren persecución continua, vigilancia en sus casas y detenciones arbitrarias periódicas, debido a su trabajo de demarcación de territorios; así como a la cancelación de organizaciones de sociedad civil y de universidades y las violaciones a la libertad religiosa, que “ha afectado a la mujer afrodescendiente en su desarrollo social, económico, cultural y espiritual”.

“Pedimos al Comité que visibilice en su informe la difícil situación de las mujeres afrodescendientes de Nicaragua, y que exhorte al Estado de Nicaragua a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos”, finalizó Hefti.

Pronunciamiento 

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes, que están expuestas a asesinatos y violaciones por parte de colonos invasores; y han quedado en indefensión por la persecución política contra las organizaciones de sociedad civil que brindaban atención en la región. 

Instamos al Comité CEDAW a:

  • Solicitar al Estado de Nicaragua la implementación de acciones o programas de seguridad pública para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres.
  • Exhortar al Estado de Nicaragua a implementar la recomendación número 39, para que tome medidas legislativas, ejecutivas y políticas en general, que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones como Estado Parte de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con relación a los derechos fundamentales de las mujeres y niñas indígenas.

Rebeldías Lésbicas: Avances y retrocesos en los derechos de las personas lesbianas

Washington, 13 de octubre de 2023.- El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas de Latinoamérica y el Caribe no es un día instituido por las Naciones Unidas. Nació en 2007, luego del acuerdo que se adoptó en el VII Encuentro de Lesbianas Feministas de América Latina y el Caribe (ELFLAC), donde participaron alrededor de 200 lesbianas feministas de la región. Se eligió el 13 de octubre en conmemoración al primer Encuentro Regional de Lesbianas Feministas de 1987 en México, la primera articulación de lesbianas con presencia pública[1].

Desde entonces, se han desarrollado en varios países de la región diferentes acciones políticas y culturales impulsadas por lesbianas feministas a favor de la visibilidad y en contra de la discriminación. Su incidencia también ha traído avances legislativos y normativos en materia de derechos humanos; sin embargo, en unos países más que en otros.

Por ejemplo, en Nicaragua no existen leyes que protejan a la población LGBTI+, mucho menos a las personas lesbianas específicamente. “Es difícil pensar en retrocesos respecto a los derechos de las lesbianas en un país en el que casi nunca hubo avances”, afirma la activista nicaragüense Tania Irías, del Grupo Lésbico Feminista Artemisa, un colectivo que brinda espacios de reflexión, aceptación y no discriminación a mujeres jóvenes lesbianas de Nicaragua desde el año 2006.

Para Irías, los mayores retrocesos de la lucha de las lesbianas están vinculados a la desarticulación organizativa provocada por “la represión estatal e instauración de una dictadura que, como estrategia represora, ha socavado el proceso articulador, de demanda y visibilidad de las lesbianas como cuerpos políticos con derechos”.

Sin embargo, en este contexto de dictadura, en los espacios “aliados” también se suele relegar la lucha por los derechos de las lesbianas. “No somos prioridad y siempre se nos está pidiendo dejar que sea otra la lucha visible”, explica Irías, quien también asegura que como movimiento tienen clara la necesidad de seguir ocupando sus espacios de visibilización y de continuar juntándose “con quienes nos suman y ahorrando esfuerzos, porque se nos viene difícil”, enfatiza Irías.

Por el contrario, en otros países se ha logrado avances significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. En Cuba, por ejemplo, con la aprobación del Código de las Familias en el 2022, se contemplan varios derechos que favorecen a las parejas de lesbianas, además del matrimonio igualitario, la reproducción asistida y la adopción. El 28 de septiembre de este año, también entró el vigor el Decreto 96, un protocolo de actuación que previene y enfrenta el acoso y la discriminación por razones de orientación sexual, identidad de género, entre otras, en el ámbito laboral. Pese a eso, en la vida real no son evidentes los cambios. “En Cuba, continúan arraigados los pensamientos y actitudes machistas y patriarcales, es por esto que las mujeres lesbianas continuamos siendo víctimas del odio y la discriminación. Somos mal vistas en la calle, nos ofenden, insultan”, señala Irina León Valladares, activista cubana e integrante de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).

En la misma línea, Annery Rivera Velasco, periodista independiente y activista cubana menciona que “los retrocesos —que son más bien un estado de cosas que permanecen— son de carácter social, como lo es esta sociedad machista y patriarcal”. También narra que en Cuba no existe un movimiento lésbico debido a la desarticulación, ya que las autoridades cubanas criminalizan a las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos.

Por su parte, Colombia también cuenta con una amplia protección legal hacia las personas lesbianas. Su Corte Constitucional ha otorgado protecciones trascendentales, siendo una de ellas el reconocimiento histórico de las personas LGBTI+ en el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Asimismo, el Tribunal Constitucional sentenció en 2016 a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sim embargo, aún queda mucho por hacer para que las normativas se concreticen en acciones., Por ejemplo, “en relación a los derechos reproductivos, el derecho a la vida debido al aumento de las violencias correctivas y los asesinatos lesbofeminicidas. Además, la discriminación y/o acoso laboral por la orientación sexual lésbica”, señala Sami Arizabaleta, activista y directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales (Somos Identidad).

“Como movimiento lésbico se está incidiendo políticamente en la actualización de la política LBGTIQ, con reconocimiento de los contextos lésbicos interseccionales. Las estrategias son diversas desde los contextos regionales y sociales, pero en términos generales se avanza en el fortalecimiento organizativo, la incidencia política desde la exigibilidad de derechos, las denuncias y la interlocución para la adopción de medidas”, comparte Sami.

En el caso de Perú, el país se encuentra en una crisis política, social e institucional, en donde impera la deslegitimidad del Gobierno y el Congreso de la República. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), al alrededor del 80% de la población demanda la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, el cierre del Congreso y que se adelanten las elecciones.

Tanto desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, se han impulsado iniciativas en contra de los derechos de lesbianas, personas LGBTI+, mujeres, niñeces y adolescencias. Además, varias bancadas del Congreso de la República han presentado diversos proyectos de ley buscando que Perú se retire del Pacto de San José1. “Los derechos de las lesbianas han sido totalmente dejados de lado por el gobierno actual de Dina Boluarte y por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP)”, expresa Gabriela Zavaleta, activista lesbiana feminista y coordinadora de incidencia política de Más Igualdad.

Además, menciona que la Mesa de Trabajo para la Promoción de los Derechos de las Lesbianas del MIMP se encuentra desactivada y que desde hace más de 5 años se espera la aprobación de la investigación sobre la situación de los derechos de las lesbianas en el Perú. “Únicamente las organizaciones de sociedad civil están resistiendo ante esta situación, fomentando la articulación nacional e internacional de las organizaciones de lesbianas, realizando acciones de incidencia ante el Comité CEDAW para una recomendación general sobre los derechos de las lesbianas, sistematizando las propuestas y demandas de las organizaciones, y haciendo esfuerzos para unir a las organizaciones de lesbianas en una agenda regional que sirva como herramienta para la incidencia con los diferentes Estados e instituciones relevantes”, indica.

En general, varios países de América Latina han logrado avances legislativos significativos en el reconocimiento de los derechos LGBTI+. Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para garantizar que estos derechos sean plenamente reconocidos y respetados.

A la luz de esto, Raza e Igualdad eleva algunas recomendaciones para los Estados sobre medidas para proteger los derechos de las personas lesbianas.

  • Garantizar el derecho a la familia y los derechos civiles de las lesbianas a través del reconocimiento legal de madres lesbianas y familias diversas.
  • Garantizar el acceso al matrimonio igualitario y guardar respecto irrestricto a los derechos adquiridos en el extranjero.
  • Elaborar mecanismos que evite la criminalización de las madres lesbianas en procesos de tenencias de sus hijos/as.
  • Fortalecer programas de capacitación a funcionarios del Estado a fin de garantizar el trato digno hacia las lesbianas en servicios públicos.
  • Implementar políticas de Educación Sexual Integral que garantice el respeto a la diversidad sexual.
  • Registrar, documentar y analizar las violencias contra lesbianas a fin de formular políticas que respondan sus necesidades.
  • Garantizar el acceso a la justicia. Investigar y sancionar la discriminación y los crímenes cometidos contra lesbianas.
  • Promover el acceso de lesbianas a espacios políticos y cargos de poder a fin de garantizar el derecho a la participación política sin violencia y la representación de identidades.
  • Implementar programas de atención y contención para casos de violencia por prejuicio dentro y fuera del hogar.

 

[1] Ochy Curiel (2007). Un encuentro trascendente e histórico. Disponibles en https://rebelion.org/un-encuentro-trascendente-e-historico/

Tuitazo por el Premio Sájarov a Vilma Núñez y Monseñor Álvarez, símbolos de resistencia en Nicaragua

Washington D.C., 10 de octubre de 2023.- El Parlamento Europeo nominó a la defensora de los derechos humanos Vilma Núñez de Escorcia y al Monseñor Rolando José Álvarez Lagos al Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) invita a un tuitazo para que en la votación del próximo jueves 12 de octubre, eurodiputados y eurodiputadas voten a favor de esta candidatura conjunta; un acto de reconocimiento a la valiente lucha y el sacrificio de las personas defensoras de los derechos humanos nicaragüenses, quienes a pesar de los graves riesgos a sus vida siguen trabajando por la restauración de la democracia y el Estado de derecho.

Vilma Nuñez de Escorcia inició su trabajo por la defensa de los derechos humanos desde temprana edad, integrando el Primer Comité Estudiantil por la libertad de los presos políticos universitarios de la dictadura de Anastasio Somoza García y destacando en las luchas estudiantiles de esa época. Fue la primera mujer nicaragüense nombrada Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia en 1979, y desde hace 33 años es cofundadora y Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), organización que ha documentado, denunciado y acompañado a múltiples víctimas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Actualmente, Núñez se encuentra en Nicaragua, despojada de su nacionalidad y derechos ciudadanos, y expuesta a graves violaciones a sus derechos humanos.

Monseñor Rolando Álvarez es el Obispo de la Diócesis de Matagalpa y Secretario de la Diócesis de Estelí. Álvarez es considerado “el símbolo de resistencia más sólido que enfrentan Daniel Ortega y Rosario Murillo”, pues durante años ha sido una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua y tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal durante el proceso de diálogo tras las masivas protestas pacíficas ocurridas en abril 2018. 

Posteriormente, en agosto de 2022, el régimen de Ortega ordenó el arresto domiciliario de Monseñor Álvarez por “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas»; y en febrero de 2023 ordenó su destierro junto a otras 222 personas presas políticas, sin embargo él se opuso. Actualmente, Monseñor Álvarez se encuentra cumpliendo una condena de 26 años de prisión por delitos considerados “traición a la patria”, en situación de apatridia y bajo aislamiento total en el Complejo Penitenciario Jorge Navarro (La Modelo) de Tipitapa, Managua. 

 

Pronunciamiento

Desde Raza e Igualdad reconocemos que el Parlamento Europeo ha sido un gran aliado del pueblo nicaragüense. En los últimos años el Parlamento ha adoptado importantes Resoluciones en condena al continuo deterioro de la situación de derechos humanos en Nicaragua, la escalada represiva y la violación sistemática de los derechos humanos y libertades fundamentales de las nicaragüenses. 

En un contexto de crímenes de lesa humanidad que permanecen en la  impunidad, el Premio Sájarov 2023 es una oportunidad única para visibilizar y reconocer el trabajo que, pese al exilio, cárcel y otras amenazas; las personas defensoras de derechos humanos hacen en búsqueda de la verdad, justicia y reparación para las víctimas.

Invitamos a organizaciones de la sociedad civil, personas aliadas, periodistas y seguidores a hacer eco de la candidatura de Vilma Núñez y Monseñor Rolando Álvarez, usando los hashtags #NicaraguaEnPremioSájarov y #PremioSájarov, y etiquetando a eurodiputados y eurodiputadas este próximo 11 de octubre de 2023 a partir de las 9 am Nicaragua (11 am Washington D.C.).

 

Tweet modelo 1:

#NicaraguaEnPremioSájarov🇪🇺🏆 Vilma Núñez de Escorcia y de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos son símbolos de determinación, resistencia y tenacidad en la lucha por la defensa de los DDHH en Nicaragua.

Vota a favor de su candidatura al #PremioSájarov (etiquetar a eurodiputades)

Tweet modelo 2:

#NicaraguaEnPremioSájarov 🇪🇺📢 Vilma Núñez (@cenidh) y Monseñor Álvarez son personas defensoras de DDHH que se encuentran en situación de apatridia en Nicaragua, bajo graves riesgos a sus vidas.

Animamos a eurodiputados/as a votar 👍 de esta candidatura al #PremioSájarov 2023.

Tweet modelo 3:

1/4 #NicaraguaEnPremioSájarov 🏆🇪🇺

¿Por qué los eurodiputados y eurodiputadas deben votar a favor👍 de la candidatura de Vilma Núñez de Escorcia y Monseñor Rolando Álvarez al #PremioSájarov 2023?

2/4 ✊Vilma Núñez es una defensora histórica de los DDHH en #Nicaragua, que destacó en la lucha estudiantil contra la dictadura Somocista y -a través @cenidh– ha acompañado a múltiples víctimas del régimen de Ortega. Actualmente se encuentra apátrida en su propio país.

 

3/4 ✊Monseñor Rolando Álvarez ha sido una de las voces más críticas ante la grave situación de #Nicaragua. Condenado a 26 años de prisión por «traición a la patria» y despojado de su nacionalidad, permanece en aislamiento total en la cárcel «La Modelo».

 

4/4 🇪🇺🏆 #PremioSájarov es una oportunidad única para reconocer la valiente lucha y el sacrificio de las personas defensoras de DDHH nicaragüenses, quienes a pesar de los graves riesgos a sus vidas, siguen trabajando por la restauración de la democracia

#NicaraguaEnPremioSájarov

 

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Nicaragua: Alerta ante detenciones de más integrantes de la Iglesia católica y del partido Yatama

Washington DC, 2 de octubre de 2023.- El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresa su profunda preocupación y rechazo ante la escalada de detenciones arbitrarias por motivos políticos en Nicaragua. Este fin de semana, se registraron cinco arrestos en diferentes puntos del país, entre los cuales figuran miembros de la Iglesia Católica e integrantes del partido político indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (Yatama). 

“Estrategia política” del régimen contra Yatama

La mañana del viernes 29 de septiembre, policías de civil arrestaron al diputado del partido Yatama, Brooklyn Rivera, en su vivienda en Bilwi (Puerto Cabezas en Miskito), Caribe Norte de Nicaragua. Rivera fue desterrado en abril de este año, al querer retornar al país luego de participar en un foro sobre las comunidades indígenas en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos; posteriormente, entró al territorio nacional  por un punto fronterizo no autorizado. Al respecto, en entrevista brindada, el diputado alegó su derecho de permanecer en su país. di. Aún no se tiene información de su paradero.

Dos días después, el domingo 1 de octubre, el régimen arrestó a la diputada suplente y presidenta del partido, Nancy Elizabeth Henríquez James, junto a una sobrina y su nieto -un niño de tres años-, para ser presuntamente entrevistada por el caso de Brooklyn Rivera. Henríquez era quien estaba a cargo del puesto de Yatama en la Asamblea Nacional, tras el destierro de Rivera.

“Los subieron en una camioneta y según los llevaban al Distrito II, luego cambiaron la ruta al Distrito III. Desde el momento que la llevaron al Distrito III empezaron los gritos y las amenazas hacia ella, la encerraron y no sabemos nada de ella”, describió su hija, quien también aclaró que la sobrina y el menor de edad fueron liberados tras llegar a la delegación policial.

Sobre estos hechos, la directiva del partido Yatama advirtió que son una “estrategia política” para dejarles fuera de las próximas elecciones regionales, que se celebrarán en marzo del 2024 y “en la cual Yatama es la única fuerza política regional, competente y de masa”, cita el comunicado. 

Detenciones arbitrarias, amenazas y vigilancia contra sacerdotes  

El día domingo 1 de octubre, policías vestidos de civil detuvieron arbitrariamente al sacerdote Cristóbal Gadea, de la Diócesis de Jinotega, y a los sacerdotes Iván Centeno y Julio Ricardo Norori, ambos de la Diócesis de Estelí.

Gadea estuvo en 2019 exponiendo en España la persecución de la Iglesia en Nicaragua; Centeno es el sacerdote  de la parroquia Inmaculada Concepción de María, en Jalapa, Nueva Segovia, y Norori era docente del Seminario Mayor Madre Albertina Ramírez de la Diócesis de Estelí, cuyo administrador es el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años de prisión y despojado arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Antes de estas detenciones, el régimen de Ortega y Murillo mantenía a ochenta y nueve personas privadas de libertad por motivos políticos, de las cuales ocho son sacerdotes encarcelados en condiciones de tortura, malos tratos, crueles e inhumanos. Según información del medio de comunicación Confidencial, otras formas de represión fueron manifestadas este fin de semana, pues al menos otros cinco sacerdotes de las Diócesis de Estelí y Matagalpa fueron obligados a abordar camionetas particulares en las que eran amenazados por policías y paramilitares; mientras otros sacerdotes de la Diócesis de León denunciaron vigilancia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha alertado en varias ocasiones sobre la persecución a la Iglesia católica. En su último comunicado del 15 de septiembre, la CIDH advirtió que la persecución contra la Iglesia Católica continúa agudizándose en un contexto de cierre del espacio cívico y democrático, donde existen hechos consistentes de detención arbitraria, encarcelamiento y expulsión del país de sacerdotes y religiosas sin garantizar el debido proceso, así como la expropiación de sus bienes. 

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) demanda la liberación inmediata de todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, incluyendo a las personas recientemente detenidas; así como el cese de los actos de represión contra líderes y lideresas comunitarias.

Raza e Igualdad recuerda que, pese a la próxima entrada en vigor de  los efectos de la denuncia de la carta de Organización de Estados Americanos (OEA), el Estado de Nicaragua debe cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, entre éstas la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y religión, lo que conlleva «la libertad de profesar y divulgar su religión y sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado».

Raza e Igualdad llama a la comunidad internacional a tomar acciones concretas que ayuden a detener la escalada de persecución contra la disidencia, particularmente hacia los liderazgos y miembros de Yatama ante las próximas elecciones regionales de 2024 y ponga fin a toda forma de represión contra las voces disidentes en el país.

Activistas de Cuba y Nicaragua: Trabajar por los ODS es una labor titánica en regímenes autoritarios

Nueva York, 19 de septiembre de 2023.- En países donde impera el autoritarismo, trabajar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se convierte en una “labor titánica”, alertaron cuatro activistas de Nicaragua y Cuba en un evento paralelo al 78 período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, celebrado este martes 19 de septiembre, y organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America y PEN International. 

Los testimonios de las personas defensoras de derechos humanos Alexa Zamora, Yader Parajón, Laritza Diversent y Martha Beatriz Ferrer demuestran que ambos países violan gravemente los derechos humanos de sus habitantes, y criminalizan la labor de quienes trabajan por la implementación de la Agenda 2030 y sus ODS. El Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, quien también participó en el conversatorio, llamó a la comunidad internacional a no caer en la resignación y normalización, y a no cesar la documentación y el monitoreo en Nicaragua y Cuba. 

Nicaragua: el régimen de Ortega se ha ensañado contra mujeres y población LGBTI+

“La falta de democracia y el irrespeto a los derechos humanos anulan las posibilidades de un desarrollo equitativo y sostenible”, explicó Alexa Zamora, activista y defensora de derechos humanos quien por su labor  fue despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos.

Pese a que el objetivo 5 llama a lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, el régimen de Ortega mantiene a 16 mujeres en la cárcel, resistiendo a condiciones que les afectan de forma diferenciada por su género, como la exposición a violencia sexual, tocamientos, falta de acceso a la salud, incomunicación con sus hijos e hijas, entre otros. 

Zamora también explicó que en Nicaragua “las instituciones están al servicio de una élite en el poder, en lugar de servir al interés público”, lo cual se aleja de la implementación del objetivo 16 (paz, justicia e instituciones sólidas); y el régimen incumple con sus acuerdos internacionales en materia de la libertad de establecer alianzas en el nivel nacional y local, lo cual es una amenaza para el alcance del objetivo 17 (alianzas para lograr los objetivos).

Por su parte, el activista LGBTI+ y excarcelado político, Yader Parajón, denunció que “la población LGBTI+ no solo tiene dificultades y obstáculos para acceder a empleos, educación y otros derechos… sino que desde el año 2018 hemos sido víctima de una cruel represión”.

Yader Parajón es hermano de una de las 355 víctimas fatales del régimen de Ortega. Su hermano, Jimmy Parajón, recibió un disparo en el costado izquierdo del tórax, el 11 de mayo de 2018, en el contexto de las manifestaciones pacíficas de Nicaragua, según información recopilada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). El clamor de justicia por el asesinato de su hermano, su membresía en la Asociación Madres de Abril (AMA) y su trabajo de defensa de la igualdad de derechos para las personas LGBTI+ y de los derechos ambientales esenciales para la sostenibilidad, lo pusieron en la mira del régimen, que lo mantuvo en prisión desde 2021 hasta su destierro en febrero de 2023.

Yader relató que durante su tiempo en la cárcel experimentó de primera mano el “sistema patriarcal machista y homofóbico” del régimen de Ortega, a través de comentarios denigrantes, radicales y religiosos que satanizaban su orientación sexual, y de la ridiculización de su sexualidad. También fue testigo de casos de mujeres trans que nunca fueron reubicadas a sistemas penales para mujeres, en una violación a sus derechos humanos.

Su testimonio es una impactante evidencia del incumplimiento del objetivo 16, que incluye la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 

Cuba: las manifestaciones evidencian una crisis multidimensional

Cuba también enfrenta grandes desafíos en su camino hacia el ODS 16, que busca establecer la paz, la justicia y fortalecer las instituciones. Las alarmantes cifras de detenciones en el contexto de los actos de protesta que se celebraron por toda la Isla el 11 julio de 2021 confirman la crisis multidimensional de Cuba, aseguró Laritza Diversent, directora de la organización Cubalex.

Según la abogada, en Cuba “la ley y la justicia están intrínsecamente vinculadas al poder ejecutivo, lo que pone en peligro la autonomía judicial”. Por ejemplo, el Código Penal actual criminaliza el apoyo internacional para coartar el crecimiento de organizaciones civiles independientes.

“Si queremos que la paz, la justicia y las instituciones sólidas no sean simplemente objetivos, sino realidades tangibles, es esencial reformar sistemas que obstaculizan estos ideales”, aseguró Diversent, quien también llamó a la comunidad internacional adoptar un “papel activo” como facilitadores y aliados que aseguren el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en dicho proceso.

Por otro lado, en su testimonio, Martha Beatriz Ferrer, hija del activista y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció que el pasado miércoles 13 de septiembre se le negó por sexta vez consecutiva la visita familiar a su padre. 

El defensor de derechos humanos fue detenido el 11 de julio de 2021 y, desde marzo de este año, el régimen autoritario de Díaz-Canel no le ha permitido recibir visitas ni llamadas telefónicas. Su familia está profundamente preocupada por las condiciones inhumanas, torturas físicas y psicológicas, mala alimentación y malos tratos que podría estar recibiendo el líder cubano.

“Les pedimos a todas las naciones libres y democráticas el apoyo a estos hombres y mujeres encarcelados injustamente. Les pedimos que tengan mano dura y que no sigan permitiendo las atrocidades que comete la dictadura contra su pueblo”, finalizó Ferrer.

Pedro Vaca: Censura y propaganda oficial para crear realidades ficticias

En Nicaragua y Cuba la censura está acompañada de una propaganda institucional muy poderosa, “que termina construyendo paisajes que no son compatibles con la realidad, ficciones de que existe acceso a diferentes derechos”, explicó el Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, durante su intervención en un diálogo con la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, en el que conversaron sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados.

Para Vaca, también existe un mensaje detrás de la represión a las protestas en Nicaragua y Cuba, “es un mensaje de que sean muy visibles las consecuencias de pensar distinto, a tal punto que el miedo sea tan grande que se inhiba el debate”. 

En este sentido, el Relator llamó a la comunidad internacional a no cesar la documentación y el monitoreo, ya que “no solo es un asunto de reconstruir el Estado de Derecho, donde existió, sino también los impactos que estos tienen en estas personas y en sus proyectos de vida, que son tremendamente dramáticos”. 

La directora del programa Artists at Risk Connection de PEN América, Julie Trébault, quien también participó en el evento, dijo además que los derechos a la libertad de prensa y de expresión son casi inexistentes en Nicaragua y Cuba. 

Desde Raza e Igualdad seguiremos promoviendo este tipo de diálogos y haciendo un  llamado a la comunidad internacional para que condenen y rechacen  las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países. Raza e Igualdad trabaja para realizar acciones que permitan abrir espacios democráticos, que protejan de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS.

Activistas de Nicaragua y Cuba denunciarán en Nueva York porqué es un crimen trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ambos países

Nueva York, 14 de septiembre de 2023.- El próximo martes 19 de septiembre, cuatro activistas de Nicaragua y Cuba se reunirán a partir de las 2 pm en UN Church Center (777 United Nations Plaza, New York, NY 10017), para denunciar que en ambos países es un crimen trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El encuentro es organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America.

La defensora de derechos humanos despojada arbitrariamente de su nacionalidad nicaragüense, Alexa Zamora; el excarcelado político nicaragüense y activista LGBTI+, Yader Parajón; la directora de la organización Cubalex, Laritza Diversent; y Martha Beatriz Ferrer, hija del reconocido líder político cubano, José Daniel Ferrer, quien permanece en prisión por haber participado en las protestas pacíficas de julio de 2021 en Cuba, abordarán las graves violaciones a los derechos humanos que se registran en los dos países, donde la criminalización y el exilio forzado a las voces disidentes y críticas de las autoridades estatales, supone el incumplimiento de sus compromisos para trabajar por el logro de la Agenda 2030 y sus ODS. 

En el evento también participarán el Relator Especial para la Libertad Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE – CIDH), Pedro Vaca; y la directora de Programas de Raza e Igualdad, Christina Fetterhoff, quienes conversarán sobre el rol que tienen los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y las organizaciones internacionales de la sociedad civil, en la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos en países con espacios cívicos cerrados, como son los casos de Nicaragua y Cuba.

El Estado nicaragüense ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, mientras que el Estado cubano sólo lo ha firmado.  Aún así, como miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ambos estados están obligados a respetar los principios, valores y derechos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y, según la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos, deberían proporcionar apoyo y protección a las personas defensoras de derechos humanos en el contexto de su labor. Además, se han comprometido a implementar la Agenda 2030 y sus ODS; sin embargo, Nicaragua y Cuba violan gravemente los derechos humanos de su población y a diario criminalizan la labor de las personas defensoras de derechos humanos.

Violaciones de derechos humanos

El Estado de Nicaragua, por ejemplo, continúa “limitando indebidamente los espacios cívico y democrático del país, incrementando su control sobre instituciones y espacios públicos, y restringiendo las actividades de individuos y grupos que sostienen voces disidentes”, según el más reciente informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que se presentó el pasado 12 de septiembre de 2023. 

Las incesables detenciones arbitrarias, la permanencia de 89 personas privadas de libertad por motivos políticos sufriendo torturas, la privación de nacionalidad de más de 316 personas, los más de 27 casos de nicaragüenses que no han podido retornar al país por prohibición de Migración y Extranjería, son tan solo una pequeña muestra de las violaciones de los derechos humanos que el Estado de Nicaragua ha perpetrado contra quienes ejercen su derecho a defender derechos.

En Cuba, por su parte, más de 700 personas continúan privadas de la libertad por haber participado en las multitudinarias protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J. Miles de personas de la Isla salieron a marchar por la grave crisis social, política y económica, que ha empeorado luego de que transcurrieran dos años de esas manifestaciones, y que han desatado una ola de detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración, cortes de internet, prohibiciones para salir del país y el exilio forzado de activistas, artistas y personas defensoras de derechos humanos, quienes se encargan de trabajar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en este país. 

En 2022, aproximadamente 150 personas cubanas murieron ahogadas cuando intentaban llegar a Estados Unidos, de acuerdo con el más reciente resumen regional anual ‘Las Américas’, del Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). El nuevo Código Penal y la recién aprobada Ley de Comunicación Social, han complicado el panorama de represión y hostigamiento que se registra en la Isla, lo que ha llevado a cientos de cubanos y cubanas, a atravesar rutas irregulares, donde exponen gravemente sus vidas. 

Raza e Igualdad en colaboración con Artists at Risk Connection (ARC), un programa de PEN America, facilitarán este diálogo en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas para hacer un llamado a la comunidad internacional, a condenar y rechazar las violaciones a los derechos humanos que se registran en ambos países y a emprender acciones que conduzcan al restablecimiento de los espacios democráticos, protegiendo de forma especial a quienes trabajan arduamente por el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus ODS. 

 

Información del evento

Fecha: 19 de septiembre de 2023 

Hora: 2:00 – 3:30 pm (Hora Nueva York) 

Lugar: UN Church Center, 777 United Nations Plaza, New York, NY 10017 

Registro presencial y virtual: forms.office.com/r/Qfk8f2SVtN

Alto Comisionado ONU y Grupo de expertos sobre Nicaragua: personas defensoras y opositoras enfrentan severas presiones para abandonar el país

Washington D.C., 12 de septiembre de 2023.- El Gobierno de Nicaragua ha aumentado la persecución contra las voces disidentes provocando el exilio de más nicaragüenses, coincidieron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) en el 54 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

En la presentación del informe A/HRC/54/60 de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Türk denunció que “los supuestos críticos de las autoridades, y sus familiares, son acosados, perseguidos y encarcelados de forma rutinaria”. Asimismo, expresó su preocupación por la escalada represiva contra la Iglesia Católica, la permanencia de más de 70 personas en prisión por motivos políticos,  la privación arbitraria de la nacionalidad, el destierro, la falta de garantías de los derechos humanos de las mujeres, y la impunidad de los asesinatos y ataques que sufren los pueblos indígenas por parte de colonos (terceros no indígenas).

Por su parte, el Grupo de Expertos alertó que «Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas de desarrollo del país”.

Fuerte escalada represiva contra la Iglesia Católica

Desde el año 2018 la Iglesia Católica y sus integrantes han sido objeto de ataques; sin embargo, en el periodo del informe “se produjo una fuerte escalada en su frecuencia y gravedad” con el cierre de 12 medios de comunicación católicos, el allanamiento de las instalaciones de la Diócesis de Matagalpa; detenciones arbitrarias, juicios, privación de la ciudadanía nicaragüense y pérdida de los derechos ciudadanos y destierro, entre otras.

Entre el 21 y 23 de mayo, cuatro sacerdotes y ocho personas colaboradoras de la Iglesia Católica fueron privadas de su libertad arbitrariamente. Dos sacerdotes están bajo arresto domiciliario en sus seminarios y uno bajo custodia, y las y los colaboradores continúan detenidos. 

Asimismo, “la expulsión de miembros de la Iglesia percibidos como críticos con el Gobierno, así como la negativa a dejarles entrar en Nicaragua, se han convertido en una práctica habitual”, cita el informe, que documentó un total de 42 casos desde agosto de 2022.

Pautas de tortura en las cárceles de Nicaragua

El Informe destacó que más de 70 personas se encuentran privadas de libertad en situación de extrema vulnerabilidad, bajo condiciones que no cumplen con las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). 

El Alto Comisionado aseguró que se han documentado pautas de tortura en centros de detención de Nicaragua. En julio, una vez finalizado el periodo que abarca el informe, la Oficina conoció de siete casos de tortura grave de detenidos, incluido el uso de electricidad y abusos sexuales y violación de hombres, y sometimiento, desnudez forzada y cacheos genitales humillantes a mujeres y niñas, incluso antes de las visitas a las personas detenidas.

En el informe también se destaca el caso de cuatro personas (un hombre y tres mujeres) detenidas arbitrariamente y privadas de atención médica que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria abordó en dos comunicaciones al Estado. Lamentablemente, lejos de recibir una respuesta estatal, el Grupo recibió información de que estas personas fueron enviadas a prisión preventiva, imposibilitadas de comunicarse con su abogadas y abogados, y dos de ellas fueron sometidas a desaparición forzada.

El Alto Comisionado lamentó la falta de respuesta del Gobierno a sus comunicaciones y las de otros mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, y llamó al Estado a liberar inmediatamente a las personas privadas de libertad por motivos políticos.

Privación de nacionalidad y destierro

En febrero de este año al menos 316 personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense, quedando así en situación de apatridia. La OACNUDH ha documentado que a 43 de estas personas se les negaron copias de documentos del registro civil y de expedientes académicos en las universidades, y fueron informadas de que «no existían» en los registros públicos. Esto puede equivaler a la «muerte civil» de las personas afectadas, dice el informe.

La OACNUDH también recibió información de que, desde septiembre de 2022, a 27 ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses se les negó la entrada a Nicaragua después de viajar brevemente fuera del país. 

“Dado el gran número de personas afectadas por esta forma global de castigo, muchas personas afirman ahora que tienen miedo de salir del país, aunque sea brevemente, por temor a que se les despoje para siempre de su derecho a regresar”, alertó el Alto Comisionado.

En su informe también llamó al Estado a liberar inmediatamente a todas las personas privadas de libertad por motivos políticos, a derogar la Ley 1145 (2023) y la reforma del artículo 21 de la Constitución, restituir la nacionalidad a todas las personas privadas de ella y permitir el retorno seguro de todas las personas nicaragüenses que deseen regresar al país. 

El Gobierno no publica datos de agresiones a personas LGBTI+ y subregistra los femicidios

El Gobierno ha ordenado el cierre de más de 315 organizaciones de derechos de las mujeres desde 2021, muchas de las cuales trabajaban en derechos sexuales y reproductivos, y la defensa y protección de mujeres víctimas de violencia de género. Esto es de especial preocupación para la OACNUDH, que también ha documentado un elevado número de matrimonios infantiles y embarazos de adolescentes; así como la prohibición total del aborto en el país, que pone en peligro la salud sexual y reproductiva, provocando abortos inseguros y la muerte de mujeres y niñas. 

La Oficina del Alto Comisionado también identificó un subregistro de las cifras de feminicidios. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo reportó 15 feminicidios en entre 2021 y enero 2023, que contrastan con los 71 contabilizados por la sociedad civil. Según organizaciones de la sociedad civil, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 ocurrieron 36 femicidios, incluidos cuatro casos de niñas menores de 16 años, sin embargo aún no hay cifras oficiales respecto de este periodo.

En cuanto a los ataques contra personas LGBTI+ en 2022, la sociedad civil documentó 31 casos incluyendo un feminicidio de una mujer trans, otros actos de violencia sexual, física y psicológica, discursos de odio y discriminación. Del 1 de enero al 30 de abril de 2023, las organizaciones de la sociedad civil denunciaron 20 agresiones. El Estado no publica datos oficiales sobre agresiones contra personas LGBTI+, ni sobre investigaciones y enjuiciamientos a quienes cometen estos delitos, a pesar de que el Código Penal establece circunstancias agravantes en los casos motivados por la orientación sexual

Brusco y continuo aumento de la violencia en territorios indígenas y afrodescendientes 

Los pueblos indígenas continúan sufriendo asesinatos y ataques por parte de colonos (terceros no indígenas). Esta situación ha puesto a los pueblos indígenas bajo la amenaza constante del desplazamiento y la pérdida de sus medios de vida. Entre el 15 de agosto de 2022 y el 15 de junio de 2023, la OACNUDH documentó ocho casos de ataques violentos contra pueblos indígenas, especialmente en Mayagna Sauni As, en el núcleo de la Reserva de la Biósfera de Bosawás.

Entre otros casos, la OACNUDH recibió información de que colonos han tomado aproximadamente 21,000 hectáreas del pueblo Miskitu, y han desplazado por la fuerza a unas 1000 personas Miskitu. Autoridades indígenas se han visto obligadas a exiliarse debido a las amenazas de muerte, y el Gobierno ha impedido a algunas de ellas regresar al país negándoles la entrada en la frontera.

Estos casos motivaron a que la OACNUDH inste al Estado a investigar todos los actos de violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y exigir responsabilidades a los autores de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; y a prevenir nuevos actos de violencia garantizando sus derechos territoriales mediante la finalización del proceso de saneamiento en consulta con estos pueblos.

GHREN: Sector universitario ya no cuenta con instituciones independientes

En su actualización oral ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) alertó sobre las severas presiones que sufren personas defensoras de derechos humanos y opositoras, e incluso el estudiantado para abandonar Nicaragua. Vigilancia constante, acoso en espacios públicos y privados, criminalización continua, detenciones arbitrarias, cierre de universidades, denegación de expedientes académicos y documentación, son algunas de las estrategias utilizadas por el régimen para sofocar a la disidencia e intensificar la persecución.

Jan-Michael Simon, Presidente del GHREN, denunció la privación arbitraria de la nacionalidad y derechos ciudadanos de más de 300 personas, entre los cuales destacan los casos de la Dra. Vilma Núñez de Escorcia, histórica defensora de derechos humanos que aún se encuentra en Nicaragua, expuesta a graves riesgos a su vida e integridad personal; y Monseñor Rolando Álvarez, religioso condenado a 26 años de cárcel por “traición a la patria” quien se encuentra bajo total aislamiento en la prisión La Modelo. 

«Hemos observado la privación intencionada y grave de los derechos económicos y sociales, en particular del derecho a la educación y a la libertad académica. Hoy, el sector universitario de Nicaragua en su conjunto ya no cuenta con instituciones independientes. Nicaragua está siendo despojada de su capital intelectual y de sus voces críticas, dejando en suspenso las perspectivas y el desarrollo del país», dijo Simon.

Un total de 27 instituciones educativas han sufrido la cancelación de su personería jurídica y la confiscación de sus bienes, incluída la Universidad Centroamericana (UCA), centro educativo de los Jesuitas. Las investigaciones del GHREN confirman que estas violaciones de derechos humanos se han perpetrado al más alto nivel del Estado, conjuntamente con otras instituciones controladas por el Gobierno, como los Ministerios de Educación, Juventud e Interior, la Asamblea Nacional, y consejos educativos, así como sindicatos y organismos estudiantiles vinculados al Gobierno.

En este sentido, el Grupo concluyó que estas graves violaciones y los crímenes documentados hasta la fecha constituyen prima facie crímenes de lesa humanidad de persecución por motivos políticos, y pidió a la comunidad internacional que se ponga en contacto con las autoridades de educación superior para apoyar a los y las estudiantes y al personal académico nicaragüenses afectados.

Pronunciamiento

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos acoge este informe de la Oficina del Alto Comisionado y la actualización oral del GHREN como una herramienta valiosa de visibilización, denuncia y propuesta de acciones para superar  la situación de derechos humanos de Nicaragua. La comunidad internacional no debe  hacer caso omiso de lo que sucede en este país centroamericano y debe aplicar medidas que presionen al Estado de Nicaragua a cesar las violaciones a los derechos humanos y actuar de conformidad con sus obligaciones internacionales.

Dado los hallazgos que demuestran que el Estado de Nicaragua ha cometido crímenes de lesa humanidad contra personas opositoras reales o percibidas, y las próximas investigaciones del Grupo de Expertos, el Estado podría enfrentar procesos ante la justicia internacional. Desde Raza e Igualdad, continuamos poniendo a disposición de la OACNUDH y el GHREN nuestro trabajo de monitoreo y documentación para sus investigaciones y nuestra firme voluntad para contribuir a que las víctimas encuentren la justicia que merecen. 

Nicaragua: Condena de 8 años contra el periodista Víctor Ticay se suma a la lista de violaciones a los derechos humanos

Washington D.C., 18 de agosto de 2023.- Las autoridades de Nicaragua  mantienen una política de criminalización en contra del periodismo independiente en Nicaragua. La detención, encarcelamiento, acusaciones y  condena contra el periodista Víctor Ticay son la más reciente muestra de la violación sistemática de los derechos humanos en Nicaragua. 

El 1 de junio de 2023, organizaciones defensoras de la libertad de expresión condenamos el arresto en contra del periodista nicaragüense Víctor Ticay, en represalia por informar en una de sus redes sociales sobre una celebración católica, el 5 de abril de 2023. El régimen de Daniel Ortega prohibió la expresión religiosa en los espacios públicos y, como se observa en el caso del periodista, la cobertura de este tipo de eventos fue la justificación para la judicialización de  personas periodistas independientes.

El 19 de mayo de 2023, la Fiscalía Nacional de Nicaragua acusó a Víctor Ticay de los supuestos delitos de traición a la patria y ciberdelito. De acuerdo con información pública, durante más de cuarenta días en detención, estuvo incomunicado y en un limbo jurídico. Ticay es colaborador del Canal 10 y director de la página de «La Portada» en donde ha documentado violaciones de la libertad de expresión y de prensa en Nicaragua. 

Pese a la condena pública de organismos y organizaciones internacionales sobre su detención así como una campaña promoviendo su liberación por parte de sus colegas periodistas, el 16 de agosto se dio a conocer que el periodista fue condenado a 8 años de cárcel, 5 años por el supuesto delito de traición a la patria y 3 años más por ciberdelitos. 

Alertamos que Víctor Ticay puede encontrarse en riesgo de perder su nacionalidad debido a las reformas constitucionales en el marco del destierro de 222 ciudadanos y como parte de una estrategia de las autoridades de forzar al exilio a periodistas, defensores de derechos humanos, activistas, entre otros.

Además de Ticay, dos personas periodistas fueron judicializadas los últimos meses por la supuesta propagación de noticias falsas. El 3 de mayo fueron detenidos la directora de Doce Noticias, y corresponsal de Canal 10, Hazel Zamora, y William Aragón (ex corresponsal de La Prensa) a quienes se les dictó libertad condicional. Además, a inicios de julio, a Aragón le fue negada la atención médica en el Centro de Salud y en el hospital Juan Antonio Brenes Palacios de Somoto pese al cuadro de salud que presentaba.

Las condiciones actuales han forzado a los y las periodistas y medios del país a tomar la drástica medida de salir al exilio, a consecuencia de la persecución del gobierno, como una forma de salvaguardar su integridad física, laboral y emocional. El 3 de agosto pasado se reportó el desplazamiento forzado de al menos 8 periodistas más, entre estos figura el caso del periodista de Radio Corporación y Fuentes Confiables, Marcos Medina, que junto con su familia se le prohibió el ingreso a Nicaragua el 24 de julio, luego de un viaje a Estados Unidos.

El 31 de marzo de 2023, un informe del Grupo de Expertos de la ONU detalló la gravedad del ataque a los derechos humanos en Nicaragua como  «producto del desmantelamiento deliberado de las instituciones democráticas y de la destrucción del espacio cívico». El mismo Grupo de Expertos expuso la importancia de que la comunidad internacional continúe monitoreando la situación del país. Además, el pasado 18 de abril en el marco del aniversario de la represión en contra de opositores al gobierno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el restablecimiento de la democracia de la mano de un proceso que garantice el acceso a la justicia.  Para sentar las bases de la democracia la garantía del ejercicio de la libertad de expresión es fundamental.

Las organizaciones abajo firmantes exigimos la liberación inmediata del periodista Víctor Ticay y la suspensión de las recientes reformas constitucionales vinculadas al delito de “traición a la patria”, por ser un vehículo que busca facilitar la violación de los Derechos Humanos a personas críticas, opositoras  o percibidas como tales. Asimismo, reiteramos nuestra exigencia a las autoridades nicaragüenses para que ponga fin a la ola de represión en contra de las voces críticas en Nicaragua. 

Solicitamos a la comunidad internacional que mantenga el seguimiento, monitoreo y apoyo a las víctimas del régimen autoritario en Nicaragua.

Las organizaciones firmantes reiteramos nuestro compromiso con la promoción y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Nicaragua. Continuamos trabajando en el monitoreo, documentación y denuncia de los ataques a la libertad de expresión, y la incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de los Derechos Humanos, con el propósito de garantizar justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

 

FIRMAN

Red Voces Del Sur

Fundamedios

IFEX-ALC

Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)

Article 19 Oficina para México y Centroamérica 

Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED)

PEN International 

PEN Nicaragua 

Amarc ALC

Régimen de Nicaragua se ensaña contra personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, según informe de Raza e Igualdad

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) elaboró el documento orientativo para políticas públicas y normas (policy paper, en inglés) “Violaciones a los derechos humanos de las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos en Nicaragua” con el objetivo de analizar la situación de las personas que fueron privadas de libertad a partir de mayo de 2021 y las estrategias de las que se ha valido el Estado nicaragüense para criminalizarlas. Asimismo, este informe presenta una propuesta de pautas para determinar en qué casos concurre una situación de privación arbitraria de libertad por motivos políticos, y un breve panorama del abordaje y rol de los órganos internacionales de derechos humanos para contribuir a la protección reforzada que requieren las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos. 

Desde el año 2018, el régimen autoritario de Ortega y Murillo ha recurrido de manera sistemática y generalizada a la detención y privación arbitraria de libertad por motivos políticos. En el último trimestre del año 2020, sofisticó sus mecanismos con la aprobación de una serie de leyes para restringir el espacio cívico y la capacidad de incidencia de las organizaciones no gubernamentales (ONG); sin embargo, según la información recabada, fue hasta mayo de 2021 que, en el contexto pre-electoral, el régimen inició una nueva oleada represiva caracterizada por las detenciones arbitrarias de las personas que se proyectaban como posibles candidatas de oposición a la presidencia de la República y el uso de estas leyes para criminalizarlas. 

Posteriormente, esta ola de detenciones se extendió a otros sectores de la población tales como: periodistas, representantes del sector privado, personas defensoras de derechos humanos, líderes campesinos y dirigentes políticos; y así, en febrero de 2023 más de 235 personas se encontraban privadas de libertad por motivos políticos en centros de detención de Nicaragua, en condiciones que constituyen malos tratos, tortura y crímenes de lesa humanidad. De este total, al menos 30 son mujeres que sufrieron vulneraciones e impactos diferenciados por motivos de género, entre los cuales destacan: aislamiento prolongado en celdas totalmente selladas, negación de acceso a visitas y cartas de sus hijos e hijas, entre otros.  

El día 9 de febrero de 2023, 222 de las personas que se encontraban privadas de libertad, fueron excarceladas y puestas en la disyuntiva de escoger entre la prisión y el exilio a Estados Unidos; pero las violaciones a sus derechos humanos no finalizaron, pues seguidamente estas personas fueron privadas de su nacionalidad nicaragüense y derechos ciudadanos de forma perpetua, y las detenciones arbitrarias no han cesado. 

Para Raza e Igualdad es de especial importancia que todas estas personas sean reconocidas como personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, ya que han sido criminalizadas bajo leyes vagas e imprecisas que imposibilitan identificar una base legal que justifique la privación de libertad; por el ejercicio de derechos o libertades proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por razones de discriminación basadas en opiniones políticas; y/o con  la inobservancia, total o parcial, de las normas internacionales relativas al derecho a un juicio imparcial que es de una gravedad tal que confiere a la privación de libertad carácter arbitrario. Estas son las 4 categorías aplicables de las 5 categorías que el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) utiliza como método para encuadrar la arbitrariedad de las detenciones en los países miembros de Naciones Unidas, confirmando en Nicaragua la existencia de este patrón.

También resulta preocupante que existe un profundo nivel de ensañamiento por parte del régimen contra las y los presos políticos. El Presidente Ortega les ha insultado y descalificado públicamente en reiteradas oportunidades; se les mantuvo en una situación de desaparición forzada temporal durante un largo periodo de tiempo; y las condiciones de privación de libertad fueron y continúan siendo mucho más severas que las de los reos comunes.

Raza e Igualdad encontró que los delitos más frecuentemente imputados en la etapa de mayo de 2021 a febrero de 2023 son traición a la patria, conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. 

Finalmente, Raza e Igualdad concluye que el régimen de Nicaragua ha incurrido en violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra un sector específico de la población civil. Estos crímenes permanecen en la más absoluta impunidad y por tanto urge establecer mecanismos para investigar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables.

 

RECOMENDACIONES

En atención a lo expuesto anteriormente, en este documento orientador para políticas públicas y normas, Raza e Igualdad formuló una serie de recomendaciones clave para el Estado de Nicaragua, los mecanismos de protección de los derechos humanos y los Estados. Estas recomendaciones tienen el propósito de orientar acciones de litigio estratégico en favor de la liberación de las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, así como para promover la adopción de medidas de reparación y no repetición, y de  incidencia a favor del reconocimiento de la situación de vulnerabilidad de estas. 

Al Estado de Nicaragua, que tiene obligaciones que ha contraído en virtud del derecho internacional de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos, recomendamos:

  • Abandonar el patrón de las detenciones arbitrarias.
  • Liberar inmediatamente a las más de 64 personas que continúan privadas de libertad (cifra actualizada al 19 de junio,  según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas)
  • Investigar a las personas responsables de las violaciones de derechos humanos hacia las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos.
  • Implementar las recomendaciones resultantes de la revisión del estado de cumplimiento de las obligaciones del Comité contra la Tortura, del Comité de Derechos Humanos, del Examen Periódico Universal practicado por Nicaragua en 2019 y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otros Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
  • Tomar todas las medidas a su alcance para erradicar la prisión arbitraria por motivos políticos y adoptar las garantías indispensables para evitar que tales hechos se repitan.
  • Cerrar las causas legales contra las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, procediendo a cancelar los antecedentes penales. 
  • Garantizar justicia y reparación para las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos, reconociendo públicamente que las personas privadas de libertad por motivos políticos sufrieron injusta prisión por ejercer su libertad de expresión y derechos humanos universalmente reconocidos.
  • Derogar la Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense y la iniciativa de Ley de reforma del art. 21 de la Constitución Política de Nicaragua aprobada en primera legislatura, que dispone que los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense. 

A los mecanismos de protección de los derechos humanos, que vigilan y cooperan con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos aceptados por los Estados derivados de tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, recomendamos:

  • Continuar exigiendo la liberación inmediata de las más de 64 personas que aún permanecen arbitrariamente privadas de libertad (cifra actualizada al 19 de junio,  según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas)
  • Continuar demandando al Estado de Nicaragua el cese de las detenciones arbitrarias por motivos políticos.
  • Reconocer como actos de tortura los tratos que las personas arbitrariamente privadas de libertad por motivos políticos recibieron (y algunas continúan recibiendo) mientras permanecieron bajo custodia estatal.
  • Reconocer como crímenes de lesa humanidad los hechos descritos en el presente informe, en particular, la detención arbitraria por motivos políticos, la desaparición forza- da temporal, los actos de tortura y los desplazamientos forzados a los que fueron sometidas las y los presos políticos por parte del Estado de Nicaragua.
  • Avanzar con celeridad en los casos y peticiones individuales que se hayan presentado ante los distintos órganos, con el fin de establecer la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua y avanzar en la reparación integral de las víctimas, incluyendo el establecimiento de garantías de no repetición.

A los Estados, en virtud de la garantía colectiva de los derechos humanos, les recomendamos:

  • Generar estrategias para exigir a Nicaragua el cumplimiento con sus obligaciones internacionales.
  • Desarrollar mecanismos para proteger a las y los presos políticos desterrados de Nicaragua, incluyendo el otorgamiento de la nacionalidad en aquellos casos en los que se esté en situación de apatridia.

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