En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

Programa de pasantías en el marco del proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”

La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC lleva más de 42 años trabajando bajo los principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía y siendo el actor principal del movimiento indígena para la defensa y protección de los derechos étnicos, colectivos y culturales de los pueblos indígenas y para la democratización de la sociedad, logrando con su lucha que hoy la Constitución Política de Colombia, reconozca el carácter pluriétnico y multicultural de la Nación y la garantía de los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas.

Teniendo en cuenta que el X Congreso ratificó integralmente la Ley de Gobierno Propio, mandato de las autoridades que apropia como pilar fundamental que la “ONIC sea como el Sol que brilla para todos”, refrendando su calidad de Autoridad política de los Pueblos Indígenas y su rol en clave del movimiento indígena liderando de la mano de las otras organizaciones afiliadas, a través de una mayor articulación con las organizaciones de base y el fortalecimiento de su eficacia, eficiencia y la sostenibilidad, vista desde y hacia los territorios.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2014 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, estado socioeconómico o discapacidad. Raza e Igualdad tiene el enfoque de fortalecimiento y desarrollo de capacidades de organizaciones de base, con el objetivo de convertirse en actores políticos que promuevan cambios estructurales en los países donde trabajamos. Nuestra metodología se basa en la capacitación técnica, movilización comunitaria, investigación y documentación de violaciones a derechos humanos, litigio estratégico y el trabajo de incidencia política a nivel nacional e internacional para lograr cambios estructurales sostenibles.

Actualmente ONIC y el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos en alianza se encuentran desarrollando el proyecto “Empoderar las voces de las y los jóvenes indígenas y afrodescendientes: construir comunidades más fuertes para la equidad y la inclusión en Brasil y Colombia”. Este proyecto tiene como objetivo avanzar en la implementación del Plan de Acción CAPREE creado en 2010 para promover y garantizar la equidad racial y étnica.

En el marco del proyecto se realizará un programa de pasantías con jóvenes en entidades estatales y no gubernamentales con el fin de promover el fortalecimiento de sus habilidades en procesos de liderazgo social y comunitario, y conseguir avanzar en la implementación del Plan de Acción.

El programa es presencial y dura tres meses; los primeros dos meses se realizarán las prácticas en la Consejería Mujer, Familia y Generación y el último mes se realizarán los conocimientos y habilidades adquiridas durante la pasantía. También recibirán procesos de acompañamiento por parte de la ONIC y procesos de formación sobre el Plan de Acción CAPREE por parte del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos. Después de finalizar el programa, se realizará un intercambio de experiencias con organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos.

El programa de pasantía tiene un estipendio mensual para los costos de sostenimiento y destinará un rubro para el desarrollo del proyecto final que cada persona realizará y se seleccionará cuatro (4) pasantes para el año 2024.

Los requisitos para participar en el programa de pasantías son:
ITEM REQUISITO EVIDENCIA
1. Pertenecer a un pueblo indígena, y estar registrado en la base censal de su territorio Certificado de la autoridad indígena / Registro en el Ministerio interior- opcional.
2. Tener entre 20 y 35 años Copia Documento de identidad
3. Carta de motivación con declaración de disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá. Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)
4. Hoja de vida Diligenciar Formato adjunto (Ver abajo)

Criterios de selección:

● Hacer parte de los procesos organizativos y asociaciones afiliadas a la Organización Nacional Indígena de Colombia- ONIC.
● Disponibilidad para viajar a la ciudad de Bogotá en las fechas requeridas.
● Contar con habilidades de liderazgo en sus comunidades y estas se encuentren registradas en sus hojas de vida.
● Contar con habilidades tecnológicas para la presentación de informes a la organización indígena y al instituto.

Proceso de selección:

El proceso de selección se realizará de manera virtual, los documentos para la postulación deben enviarse al correo electrónico mujeryfamilia@onic.org.co, de acuerdo con las fechas establecidas; con el siguiente asunto:

ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ( Tener presente su macroregional), y su nombre

EJEMPLO: ASUNTO: PASANTES CMFG- Macro regional ORINOQUIA, GLADYS HERNÁNDEZ DE GALINDO.

Una vez revisadas las hojas de vida, se remitirá correo electrónico a cada uno de los postulantes, mediante filtro realizado por el equipo técnico de la Consejería de Mujer, Familia y Generación y se les convocará a entrevista a quienes cumplan con los criterios de selección. Se notificará resultados de acuerdo con el siguiente cronograma.

Cronograma de Selección:

Plazo de postulación: 12 al 22 de marzo de 2024.
Entrevistas: 25 al 29 de marzo.

Fecha de notificación de resultados: 31 de marzo.

Inicio pasantía primer grupo: 15 abril de 2024
Inicio pasantía segundo grupo: Agosto 2024

¿Qué cubre el programa de pasantía?

● Estipendio económico para el sostenimiento durante la vigencia de la pasantía por 625 dólares y para el desarrollo de un proyecto final se recibirá un presupuesto de 500 dólares.
● Costos de los tiquetes relacionados con el traslado al lugar donde se va a realizar la pasantía
● Pasajes de ida y vuelta vía aérea, clase económica, desde el lugar de residencia de las personas seleccionadas para un intercambio de experiencias en Estados Unidos.

● Gastos derivados de la gestión y trámite de la visa de Estados Unidos.

● Semana de bienvenida en Bogotá sobre actividades culturales y de incidencia.

Fechas de los dos grupos de pasantía: 2024

Cohorte Duración de la pasantía Número de personas becarias
1 Abril – julio 2
2 Agosto – noviembre 2

Inicio pasantía: El primer grupo iniciará el 15 abril de 2024 y la otra cohorte en agosto.

Formatos:

Hoja de vida. Descargar AQUÍ

Carta de motivación. Descargar AQUÍ

La CIDH dio trámite a la Petición presentada por la Coordinación de Mujeres afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica

Bogotá, 13 de marzo de 2024.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a una Petición presentada por la Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE) reclamando la negación del Estado de Colombia a reconocerla como sujeta de reparación colectiva étnica como consecuencia del desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes padecidos con ocasión del conflicto armado.

En la Petición, presentada junto a ILEX-Acción Jurídica y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), se alega la negativa del Estado de Colombia de reconocer a La COMADRE como sujeta de reparación colectiva étnica por parte de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), con derecho a medidas integrales de reparación por ser víctimas de desplazamiento forzado, violencias sexuales, secuestros, amenazas y atentados contra su vida e integridad personal, con ocasión del conflicto armado y debido a sus actividades de defensa de derechos como lideresas del colectivo.  

La misma fue presentada ante la CIDH el 16 de mayo de 2022 y 22 de septiembre de 2023, a fin de evidenciar violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), a la luz de los estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial. El 14 de febrero de este año la CIDH notificó a las Peticionarias que decidió abrir a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.   

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano a que garantice el acceso a los derechos de las mujeres afrocolombianas víctimas del conflicto armado, reconociendo el impacto diferenciado que la guerra tuvo en las mujeres negras y destacando el rol del liderazgo de las mujeres afrocolombianas impactadas por la guerra. Cabe destacar que según el Registro Único de Víctimas, al 31 de mayo de 2021, 594.562 mujeres pertenecientes al pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero han sido víctimas del conflicto armado, siendo el desplazamiento forzado el hecho victimizante más recurrente.

La apertura a trámite de la Petición de La COMADRE es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la implementación de un enfoque étnico-racial en la ruta de reparación colectiva establecida por la UARIV, cuando se trata de comunidades víctimas del conflicto armado que poseen rasgos culturales y sociales compartidos, que se asumen como miembras de la colectividad. 

Desde La COMADRE, ILEX Acción Jurídica y Raza e Igualdad, instamos al Estado Colombiano a cumplir con sus obligaciones constitucionales e internacionales a fin de implementar medidas efectivas y culturalmente apropiadas que garanticen la reparación integral de las mujeres de La COMADRE víctimas del conflicto armado y del racismo sistémico y estructural.

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Sobre La COMADRE

La Coordinación de Mujeres Afrocolombianas Desplazadas en Resistencia (La COMADRE), vinculada a la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES), es un colectivo de mujeres afrodescendientes que busca visibilizar los impactos que el conflicto armado ha ocasionado en las mujeres negras en Colombia, buscando la reparación integral colectiva étnica de las integrantes de la Coordinación. 

ILEX -Acción Jurídica es una organización liderada, por abogadas afrocolombianas y personas afro LGBT provenientes de distintas regiones del país con el propósito de alcanzar la justicia racial en Colombia, Latinoamérica y el Caribe a través de acciones de movilización legal, investigación y comunicaciones estratégicas con enfoque interseccional, a partir del liderazgo de personas negras-afrocolombianas.

El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

8M: La fuerza antirracista en la lucha por los derechos de todas las mujeres

Washington DC, 8 de marzo de 2024.– Desde sus inicios, el movimiento por los derechos de las mujeres se ha nutrido de diferentes perspectivas, ampliando así su visión y misión en las diferentes esferas de la sociedad. Una de ellas es la perspectiva antirracista que, a pesar de toparse con una serie de obstáculos para su incorporación integral, ha sido base de importantes aportes a la lucha.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos exaltar la perspectiva antirracista, teniendo en cuenta que el sexismo y el racismo son formas de opresión que están entrelazadas y afectan de manera única a las mujeres de diferentes orígenes étnicos y raciales, y en el caso de las Américas, a las mujeres afrodescendientes e indígenas en particular.

Conversamos con lideresas y activistas de diferentes partes de Latinoamérica para que sean ellas mismas quienes den cuenta de la importancia de la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, sus aportes al movimiento feminista, y los retos que persisten en diferentes niveles para incorporar plenamente esta visión al trabajo de defensa y promoción de los derechos de las mujeres.

El racismo como detonador de múltiples violencias

“La perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres es algo necesario si concebimos al racismo como una violencia que permea el sistema, las estructuras del Estado y sociales, la familia, nuestros cuerpos, y que hace que las violencias se acrecienten; es decir, el racismo reconocido como violencia estructural a la vez también replica y reproduce múltiples violencias”, reflexiona Patricia Torres Sandoval, mujer indígena P’urhépecha integrante de la coordinación general de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) de México.

“La perspectiva antirracista dentro de los feminismos es imprescindible porque entiende que la categoría de mujeres es mucho más amplia o compleja que solo identificarnos como mujeres, engloba todo lo que sería la visibilización de la situación y experiencias de las mujeres afrodescendientes, indígenas, mujeres trans, trae el análisis interseccional que es pensar las múltiples formas de opresión como el racismo, el sexismo, la clase, los procesos migratorios, etc”, apunta por su parte Gilma Vieira da Silva, coordinadora regional de la Red de Juventudes Afrodescendientes de América Latina y el Caribe (REDJUAFRO).

Vieira da Silva agrega que la interseccionalidad no puede ser pensada sin un contexto étnico-racial, y recuerda que dicho concepto fue formulado por una mujer afrodescendiente: la abogada y académica estadounidense Kimberly Crenshaw, quien dedicó gran parte de su trabajo a entender la inequidad estructural en materia de género.

La violencia de género no es individual

En tanto, Torres Sandoval señala que las mujeres indígenas han aportado al reconocimiento de la violencia colectiva. Explica que la frase “Mi cuerpo, mi territorio”—que ha sido apropiada como consigna por el movimiento feminista—surge de las mujeres indígenas como una forma de decir que al violentar sus cuerpos también se violenta la tierra y el territorio. “Como pueblos y mujeres indígenas nos reconocemos como parte integrante del territorio y de la Madre Tierra, al contrario de la perspectiva Occidental en donde somos propietarios de la tierra”, afirma.

Para Gahela Cari, feminista trans indígena de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, el feminismo es imprescindible para los procesos de cambio, sin embargo, señala que no es suficiente si no es antirracista. En sus palabras, el feminismo antirracista “toma posición en medio de una sociedad con tantas desigualdades” y evidencia que, además del género, otros sistemas de opresión imposibilitan vivir dignamente.

“Tenemos que abrir procesos de escucha, diálogo, construcción colectiva. Aun cuando no terminemos de entender lo que la otra persona pone sobre la mesa”, señala sobre una tarea necesaria en la lucha feminista para trabajar desde enfoque antirracista. En ese sentido, resalta la importancia de cerrarle el paso a los procesos autoritarios en el país, como lo que sucede con el actual régimen político de Perú.

Educar en la perspectiva antirracista, una doble tarea

En ese sentido, Fernanda Gomes, trabajadora social e integrante de Articulação Brasileira de Lésbica (ABL), de Brasil, cuestiona el hecho que deban hacer una constante labor de educación sobre la perspectiva antirracista ante personas y colectivos que no tienen apropiada esta visión o que, incluso, la excluyen.

“Es un gran desafío porque perdemos tiempo pensando en una política pública, escribiendo un manifiesto, para educar a estas personas. Tenemos que estar constantemente diciendo ‘oh fulano de tal, no soy tu maestro, búscalo en Google, pregúntale a un amigo blanco tuyo’. El movimiento de mujeres negras, lesbianas y feministas es también un movimiento de educación. Estamos educando a los blancos todo el tiempo y es agotador”, asegura.

Aportes y desafíos

Brisa Bucardo, periodista del pueblo miskito de Nicaragua, destaca el papel que han desempeñado los movimientos de mujeres en el contexto de la Costa Caribe del país, pues no solo han brindado apoyo fundamental a las mujeres víctimas de violencia, sino que también han liderado denuncias ciudadanas y han fortalecido las capacidades de las mujeres tanto de manera individual como colectiva. Además, han desmantelado conceptos arraigados de violencia históricamente justificados bajo la etiqueta de «cultura».

En términos de aportes a la lucha por los derechos de las mujeres, Dunia Medina Moreno, mujer afrodescendiente e integrante de la Red Femenina de Cuba, resalta el rol que han desempeñado mujeres afrodescendientes en la promoción y defensa de los derechos humanos, lo cual ha resultado en una protección más integral de los derechos de todas las personas en su diversidad de identidades.

“Debemos crear un feminismo donde quepamos todas las mujeres, un feminismo interseccional donde quepamos todas las mujeres y podamos cubrir todas esas dimensiones de discriminación que vivimos”, apunta por su parte Leticia Dandre Pie, activista por los derechos humanos en República Dominicana e integrante del Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas (MUDHA).

Pese a los avances en introducir la perspectiva antirracista en la lucha por los derechos de las mujeres, persisten retos para una integración real que se traduzca no solo en activismos más inclusivos, sino en la formulación de políticas públicas más integrales. “Sabemos que la militancia hoy tiene que ser reconocida como un trabajo, tiene que ser reconocido nuestro tiempo que ponemos en la lucha, pero muchas veces las mujeres afrodescendientes reciben muy pocos recursos, ahí también están incluidas las mujeres trans, las mujeres con discapacidad, las mujeres indígenas”, señala Gilma Vieira da Silva, de REDJUAFRO.

“Existen muchos retos para considerar la perspectiva antirracista tanto en el Estado, como en la academia, como en la sociedad en general, existe sobre todo un imaginario general que todavía coloca al eurocentrismo como la idea de lo mejor, de aspirar a ser este estereotipo blanco hegemónico encaminado a ciertos parámetros de belleza estética, pero no solamente existe en el imaginario general sino que alcanza a permear en las instituciones”, apunta Patricia Torres Sandoval, de la CONAMI México.

Del “feminismo blanco” a la interseccionalidad

Una de las grandes críticas que se realiza a los primeros feminismos, o lo que podemos llamar “feminismo blanco”, es que universalizó la experiencia de la mujer blanca[1]. Es decir, que en un principio la lucha del feminismo se reducía únicamente a las necesidades de mujeres que, de alguna manera u otra, se encontraban en una situación de privilegio.

La perspectiva antirracista en el feminismo es crucial porque desafía esa visión eurocéntrica y androcéntrica que ha permeado muchos ámbitos académicos y movimientos sociales a través del feminismo blanco[2]. Las mujeres racializadas que vinieron a controvertir estos estándares han proporcionado análisis críticos desde sus experiencias situadas, cuestionando las estructuras de poder y abogando por una comprensión más completa de las intersecciones entre raza, género y clase en la lucha contra la opresión.

Especialmente, han desafiado la homogeneización de la categoría “mujer” en los movimientos feministas, señalando que las experiencias de las mujeres varían significativamente según su raza, etnia, clase y orientación sexual[3]. Este enfoque interseccional ha enriquecido la comprensión de las interconexiones entre diferentes sistemas de opresión.

¿Sabías que…?

Existen instrumentos de protección y promoción de derechos con enfoque antirracista o con perspectiva género-raza. Algunos son:

  1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH): se trata del documento de rango internacional establece los derechos fundamentales de todas las personas sin discriminación alguna por raza o género, entre otras.
  2. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): es el instrumento internacional que aborda específicamente la discriminación de género y tiene en cuenta las dimensiones de raza y otros factores. Reconoce la interseccionalidad de las discriminaciones que enfrentan las mujeres.
  3. Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (CERD): este tratado de las Naciones Unidas prohíbe la discriminación racial en todas sus formas y promueve la igualdad racial. Aunque no se centra exclusivamente en la perspectiva de género, reconoce la interseccionalidad de la discriminación.
  4. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing: esta convención, que fue adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, destaca la interseccionalidad y reconoce la importancia de abordar las discriminaciones basadas en género y raza.
  5. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará): es el tratado regional interamericano que se enfoca en la violencia de género y reconoce la interseccionalidad de las formas de discriminación que enfrentan las mujeres, incluyendo el racismo.
  6. Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes: se trata del convenio que aborda los derechos de los pueblos indígenas y reconoce la importancia de abordar la discriminación basada en la raza.
  7. Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas: se reconoce el derecho de las mujeres indígenas al reconocimiento, protección y goce de todos los derechos humanos sin discriminación alguna, estableciendo el deber de los Estados de erradicar toda forma de violencia contra la mujer indígena.
Recomendaciones

A fin de lograr la integración efectiva de la perspectiva racial en las políticas y resoluciones relativas a los derechos de las mujeres, los Estados y órganos de DDHH deberían:

  • Formular políticas de igualdad de género que incluyan de manera explícita la perspectiva interseccional en la formulación de políticas de igualdad de género.
  • Promover la diversidad en todos los niveles de liderazgo para reflejar las diferentes experiencias.
  • Implementar programas educativos que destaquen la importancia de comprender las complejidades de la interseccionalidad. En particular, promover la concientización de la importancia de la interseccionalidad en todos los ámbitos de gobierno, así como en los órganos de toma de decisiones judiciales, a fin de que dicha perspectiva se replique en sus decisiones.
  • Apoyar y promover las organizaciones que trabajan en la intersección de género y raza.
  • Evaluar regularmente la efectividad de las políticas, asegurándose de abordar las múltiples capas de discriminación.

 

[1] Parra, Fabiana (2021). El feminismo será antirracista o no será. Joselito Bembé. Revista Político Cultural, nro. 2, p. 42, disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.12875/pr.12875.pdf

[2] Curiel, Ochy (2007). Crítica poscolonial desde las prácticas políticas del feminismo antirracista. Nómadas, ISSN 0121-7550, ISSN-e 2539-4762, No. 26, p. 93, disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3997720

[3] Boddenberg, Sophia (2018). Mujeres indígenas y afrodescendientes, interseccionalidad y feminismo decolonial en América Latina. Revista Búsquedas Políticas, Universidad Alberto Hurtado, disponible en: https://politicaygobierno.uahurtado.cl/wp-content/uploads/sites/8/2018/06/sophia_boddenberg_mujeres_indigenas.pdf

República Dominicana: Delegación de sociedad civil presente en la Pre-Sesión EPU

Ginebra, 6 de marzo de 2024.– Una delegación de sociedad civil dominicana participó en la Pre-sesión del Examen Periódico Universal (EPU) realizada el viernes 16 de febrero de 2024 en Ginebra, Suiza, con el apoyo técnico del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad). La delegación estuvo compuesta por María Martínez (Movimiento Socio Cultural de Trabajadores Haiti, MOSCTHA), Manuel Dandre (Red de Encuentro Dominicano-Haitiano Jacques Viau, Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas, COLESDOM), Roberto Acevedo (Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados, ODH-GV) y Jenny Morón (Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, MUDHA), quienes contaron con el acompañamiento de Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad.

Durante una semana en la ciudad suiza, la delegación también tuvo la oportunidad de hacer incidencia al reunirse con representantes de organismos de Naciones Unidas y representantes de misiones diplomáticas, espacios donde compartieron información sobre la situación de discriminación que enfrentan algunos grupos poblacionales en República Dominicana y que resultan violatorias de sus derechos humanos.

Jenny Morón, de MUDHA, expuso la situación de apatridia que, según estimaciones de la sociedad civil, afecta a más de 209 mil personas y que se ha agravada a raíz de la Ley 169-14, al punto que actualmente existen cuatro grupos cuyos derechos humanos son afectados de una u otra forma: 1) quienes debido a su apellido y características fenotípicas no son asociados a la población haitiana y cuentan con todos sus derechos; 2) personas que inicialmente pertenecían al numeral 1 pero el Estado le quitó la nacionalidad en 2013 por identificar algún vínculo con la población haitiana; 3) quienes han sido inscritos en el llamado Libro Especial (Libro de registro para hijos e hijas de madres extranjeras no residentes); y 4) aquellos nacidos en territorio dominicano pero no cuentan con ningún tipo de documentación o designación de nacionalidad.

El activista Manuel Dandre, de la Red Jacques Viau, compartió su experiencia como persona afectada por la Sentencia TC 0168-13, pues a pesar de haber nacido en República Dominicana, a sus 55 años el Estado cambió sus documentos luego de identificar vínculos con población haitiana. “Aquellas personas que nos encontramos en el numeral 2 y 3 tenemos acceso parcial o nulo a derechos básicos como educación, empleo, tránsito, etc., y estamos temerosos a cambios legislativos que continúen mermando nuestros derechos”, expresó.

La defensora de derechos humanos María Martínez, de MOSCTHA, enfatizó la crisis que enfrenta el Estado dominicano en el área laboral, siendo las mujeres y la población en condición de apátrida las más afectadas. Según el mismo Ministerio de la Mujer, más del 95% de las mujeres en el país identifican sus espacios laborales como escenarios de violencia o acoso[1].

Así mismo, la activista Rosalba Diaz, de COLESDOM, resaltó que “la carencia de legislación que garantice protección a la población LGBTI+ ha generado una gran vulnerabilidad de esta población” enfatizando en su presentación “los constantes casos de mutilación, estigma y demás casos de vulneración a los derechos humanos que enfrenta la población intersexual incluso desde muy temprana edad, así como les patrones judiciales que merman los derechos de custodia de las madres lesbianas en República Dominicana”.

En tanto, Roberto Acevedo, de ODH-GV, expuso la falta de acceso a trabajo y discriminación que sufren personas con VIH/SIDA, pues a pesar de la existencia de la Ley 135-11 -que contempla la privacidad de la información sobre el diagnóstico del VIH, las instituciones públicas realizan pruebas de laboratorios como parte del proceso de preselección de candidatos a puestos de trabajos, teniendo como consecuencia no emplear a las personas que resultan positivas aun poseyendo las habilidades necesarias.

La delegación hizo un balance positivo de la visita pues además de visibilizar la crisis que vive el país debido a políticas racistas, xenofóbicas y discriminatorias, así como de posicionar sus recomendaciones, sirvió para advertir sobre la Ley 1/2024, la cual crea un organismo centralizado del Estado, con el objetivo de proteger los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra este. La sociedad civil considera que esta ley genera las herramientas necesarias para avalar al Estado en su labor de criminalización de activistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo tanto, la delegación hizo un fuerte llamado para demandar su derogación.

A ello se suma que, al regreso de la delegación a República Dominicana, se conoció la aprobación de la Resolución No. 13, del 17 de febrero de 2024, sobre tramitación de registro de nacimientos de hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana. Después de algunos días de evaluación de esta Resolución, a primera vista esta resolución resulta ser una posible solución a varios de los temas abordados por esta delegación en Ginebra respecto a la situación de apatridia, pero al hacer un análisis de fondo genera preocupación porque no beneficia a la población en condición de apatridia en tanto establece la presentación de documentos que esta no posee.

A continuación, desatacamos algunas de las recomendaciones presentadas por esta delegación durante su gira de incidencia en la Pre-sesión del EPU en Ginebra:

  • Promover la creación de una mesa técnica de acompañamiento, revisión e implementación de las recomendaciones realizadas en el EPU, con la participación de la sociedad civil, un estado miembro del Consejo, organismos internacionales y el Estado Dominicano.
  • Promover una ley nacional de igualdad y no discriminación que persiga, tipifique y sancione el racismo y la discriminación en todas sus formas.
  • Motivar al Estado para que modifique y/o elimine cualquier legislación, sentencia o disposición que no esté alineada con los tratados y acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos.
  • Motivar al Estado a firmar, ratificar e implementar la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI).
  • Prevenir la apatridia creando mecanismos claros, gratuitos y expeditos para beneficiar a las personas víctimas de la Sentencia 168.13, dado que la Ley 169.14 no ha solucionado el problema causado por la Sentencia 168.13. Además, ratificar la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia.
  • Sensibilizar a las autoridades, para que eviten la criminalización de la migración y eliminar la política de arresto, deportación y expulsión basados en el perfil racial. Además, tomar las previsiones necesarias para que ninguna persona dominicana por su color de piel o descendencia sea expulsada del territorio nacional.
  • Promover la interculturalidad en la esfera de la educación y en los medios de comunicación.
  • Promover la protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas que se encuentren en contexto de vulnerabilidad.
  • Crear una legislación que integre los beneficios de los Convenios 156, 190, 189.
  • Promover e incentivar la integración social de grupos vulnerables (personas que viven con VIH-SIDA, usuarios de drogas) para que puedan aportar a su comunidad.
  • Motivar la elaboración y promulgación del reglamento de aplicación de la ley 135-11 de VIH/SIDA, que a 12 años aún no cuenta con ese importante instrumento jurídico.
  • Promover el fortalecimiento del rol del Defensor del Pueblo, para que promueva y defienda los derechos humanos independientemente del género, nacionalidad y creencia.

Raza e Igualdad agradece a MUDHA, COLESDOM y ODH-GV por obtener sus recursos y sumarse a la delegación inicialmente compuesta por MOSCTHA y la Red Jacques Viau, y les invita a seguir construyendo en unión estrategias para contrarrestar la cruda realidad que viven algunas poblaciones en República Dominicana. También, reiteramos nuestro compromiso de luchar contra las diferentes discriminaciones existentes en este país de la mano con las organizaciones miembros a la Red Jacques Viau y la coalición de ONGs CODHAJUR.

 

En la foto (de izquierda a derecha): Elvia Duque (Raza e Igualdad), María Martínez (MOSCTHA), Manuel Dandre (Red Jacques Viau), Rosalba Díaz (COLESDOM), Roberto Acevedo (ODH-GV) y Jenny Morón (MUDHA), en Sala XXII, Edificio E de Naciones Unidas. Ginebra, Suiza. 

 

[1] Ministerio de la Mujer. Ministerio de la Mujer pone en marcha ruta para la ratificación del Convenio 190 de Violencia y Acoso en el Mundo Laboral. 28 Junio, 2023. Disponible en https://mujer.gob.do/index.php/noticias/itemlist/tag/Convenio%20190#:~:text=M%C3%A1s%20del%2095%25%20de%20las,Convenio%20n%C3%BAmero%20190%20contra%20la

México: Raza e Igualdad lanza informe sobre racismo y discriminación racial en el Sistema de Justicia

Washington, D.C., 12 de diciembre de 2023.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizó el lanzamiento del Informe sobre Racismo Y Discriminación Racial en el Sistema de Justicia de México. Experiencia Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, en el marco del proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual es ejecutado con apoyo de la Fundación W.K Kellogg, México. El informe fue realizado por el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C (CEPIADET) con el aporte de Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C (ASILEGAL). El lanzamiento del informe se realizó el 30 de noviembre en Ciudad de México, el 1 de diciembre en Mérida, Yucatán, y el 4 de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

En estos tres espacios se contó con la participación virtual de la presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), Claudia Morales, quien en sus palabras destacó que “es central conocer en dónde están las debilidades del sistema judicial y hacer todo lo posible para que desde todos los frentes se aseguren procesos de procuración de justicia libre de discriminación”. En tanto, Abel Villanueva, Subdirector de Vinculación Social de CONAPRED, señaló como uno de los principales desafíos la globalización de soluciones desconociendo las diferentes contextos que existe entre la población indígena y afrodescendiente. En ese sentido, puso como ejemplo lo que llamó “la Oaxacacización de la problemática y soluciones a la realidad indígena en México”; por lo tanto, celebró que el estudio incluya a Yucatán, espacio del cual poco se discute al momento de generar diálogos respecto a temas étnicos y discriminación racial.

De parte de CEPIADET, participaron Judith Bautista en Ciudad de México, Tomas López en Mérida, y Monivet López en San Cristóbal de las Casas. En sus intervenciones, resaltaron cómo el discurso del mestizaje y la no existencia del racismo en México está fuertemente arraigado en las instancias gubernamentales, por lo que el sistema de justicia no es ajeno a esta realidad. Como organización encargada de elaborar el informe, se refirieron a los principales desafíos que enfrentaron al momento de realizar este trabajo, especialmente: 1) la falta de datos respecto a estas poblaciones, especialmente sobre la población afrodescendiente en el área de justicia, y 2) la falta de acceso a servicios de interpretación para personas indígenas durante los procesos judiciales, siendo esta una de las principales quejas identificadas por parte de las organizaciones, activistas y personas indígenas.

José Luis Gutiérrez, de ASILEGAL, se refirió que actualmente—según datos oficiales—existen más de 7,000 personas privadas de la libertad que pertenecen a pueblos o comunidades indígenas, de las cuales más de 3,000 se encuentran en prisión preventiva, destacando que su organización ha acompañado casos de personas que han estado hasta por 20 años esperando por una sentencia, “lo cual evidencia el uso y abuso de la prisión preventiva, especialmente con poblaciones étnicas”, dijo Gutiérrez. El especialista también apuntó que las personas indígenas que se encuentra en prisión también ven violentados sus derechos desconocen porque no les permiten hablar su lengua materna y no les garantizan el acceso a medicina tradicional de acuerdo a su cosmovisión.

Miguel Alanis, de la Dirección de Justicia Intercultural de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), quien al momento de realizarse este informe participó como consultor de Raza e Igualdad, resaltó la importancia de hacer uso de las instancias regionales, tales como la Convención Interamericana sobre el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), aportando a los estándares normativos antirracistas y al accionar dentro del sistema judicial. Asimismo, destacó la importancia de las recomendaciones que se hacen en el informe, especialmente la referida a promover una agenda antirracista de manera transversal en todas las instituciones estatales, con énfasis en el sistema judicial.

La Dirección de Justicia Intercultural es un departamento nuevo en la SCJ, con apenas tres meses de haberse creado. Su Directora, Elizabeth Olvera, dijo en Chiapas que tienen grandes expectativas de trabajar con los diferentes operadores de justicia, no solamente haciendo uso de las herramientas que se han creado recientemente al interior de la misma instancia, sino haciendo uso de los conocimientos y experiencias de las organizaciones de la sociedad civil y activistas étnicos en el área de justicia.

Además, las panelistas Flor May, de la Red Nacional de Juventudes Afromexicana y de Afropoderosas de Yucatán, y la académica María Guadalupe Ruiz, de Chiapas, señalaron que el Estado ha dejado por fuera de diálogos a estas zonas por considerarlas no afrodescendientes, lo cual refuerza estereotipos e invisibiliza a esta población. El activista Freddy Castillo, quien se identificó en el espacio realizado en San Cristóbal de las Casas (Chiapas) como AfroChiapaneco, afirmó que existe una gran falencia de auto-reconocimiento como afrodescendiente en sus comunidades, por lo que es necesario apoyar el trabajo que él y otros activistas hacen en ese sentido y acercar a estas poblaciones a programas y políticas públicas que contribuyan al ejercicio y protección de sus derechos.

Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etnicidad de Raza e Igualdad, expresó que confía en que este informe sea un primer paso que permitirá generar un diálogo y monitoreo de las entidades y actores claves para alcanzar cambios en beneficio de las poblaciones indígenas y afromexicanas. Apuntó que es necesario continuar con este tipo de estudios y trabajar directamente con los operadores de justicia y de los sistemas penitenciarios para mejorar su formación y la recolección de datos, ya que actualmente se realizan sin tener en cuenta la auto-inscripción sino con base a estereotipos respecto de lo que es ser una persona indígena o afrodescendiente.

Raza e Igualdad agradece a todos los participantes de este lanzamiento en las diversas comunidades, también al Centro Prodh, la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán, especialmente a su presidente Miguel Sabido, y al Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas por abrirnos sus puertas. Raza e Igualdad continuará trabajando para generar acciones que permitan avanzar en la protección y promoción de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y negros, afromexicanos y afrodescendientes en el área de justicia en México.

Activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba sostuvieron reuniones estratégicas en Washington D.C. para desarrollar acciones para combatir el racismo

Washington D.C., 5 de diciembre 2023.- Los días 14 y 15 de noviembre, activistas afrodescendientes de Brasil, Colombia y Cuba estuvieron en Washington D.C. sosteniendo reuniones estratégicas para reconocer avances en el combate al racismo y la discriminación racial, y hacer recomendaciones para desarrollar acciones más efectivas en dicha materia.

La delegación entabló conversaciones con la Open Society Foundation sobre colaboraciones conjuntas y oportunidades de financiación. Además, mantuvieron una reunión separada con el sector específico del Departamento de Estado sobre libertad religiosa, abordando recomendaciones sobre cómo invertir en la formación política de líderes de religiones de origen africano. Destacaron la necesidad de reforzar estas recomendaciones en la Acción conjunta para eliminar la discriminación racial y étnica (JAPER, por sus siglas en inglés) y el Plan de acción EE.UU.-Colombia para la igualdad racial y étnica (CAPREE, por sus siglas en inglés). Esto incluye garantizar la expansión de proyectos de investigación liderados por universidades de ambos países, con el fin de recopilar e interpretar datos sobre el racismo religioso en Brasil y otras partes de la región, en aras de mejorar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.

Durante su visita, la delegación también se reunió con el Director de DRL y la Representante Especial para Equidad Racial y Justicia en el Departamento de Estado, enfocándose en recomendaciones para la efectividad de JAPER y CAPREE, y su papel potencial en la lucha contra el racismo religioso en las Américas. Las discusiones posteriores en la embajada de Brasil se centraron en el racismo religioso, los ataques a líderes religiosos y practicantes de terreiro y la pérdida de la custodia de los hijos por parte de madres que practican religiones africanas, junto con recomendaciones para JAPER e iniciativas regionales contra la discriminación racial.

En el Congreso, la delegación profundizó en las transformaciones que ocurren en Colombia y Brasil, destacando el compromiso de abordar la discriminación racial a través de JAPER y CAPREE. También abordaron los persistentes ataques a líderes y templos de religiones de origen africano. La visita culminó con una mesa redonda con la sociedad civil americana que destacó aspectos críticos del abordaje del racismo religioso, el impacto de la defensa internacional, la educación antirracista, el genocidio de la población negra y el papel influyente del arte en estas conversaciones vitales.

Raza e Igualdad y Congresistas de Colombia unen esfuerzos para promover la ratificación de la Convención Interamericana Contra el Racismo

Colombia 15 de noviembre del 2023. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) organizó un desayuno de socialización para discutir la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI) con representantes de la Comisión Legal Afrocolombiana y la Vicepresidencia de la República. Durante la actividad la Comisión Legal Afrocolombiana se comprometió a agotar todos los esfuerzos necesarios para impulsar la ratificación de la Convención en el país; por su parte Raza e Igualdad se comprometió a brindar asistencia técnica para promover la ratificación del instrumento internacional por parte del Estado colombiano.

Durante el espacio de discusión se abordó el contexto político actual de Colombia, destacando especialmente la representatividad significativa de personas afrodescendientes en el Congreso de la República. Además, se mencionó el hito histórico de tener a la primera vicepresidenta afrodescendiente en el país; lo cual subraya la necesidad de adquirir consensos relacionados con la adopción de instrumentos normativos para erradicar la discriminación racial y todas las formas de intolerancia.

Asimismo, se realizó un análisis exhaustivo sobre la presencia del racismo en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo en el Congreso de la República y las comunidades racializadas. Se hizo hincapié en la necesidad de emprender esfuerzos que conduzcan a la erradicación del racismo sistémico y estructural.

Dentro de los puntos identificados para promover la ratificación e implementación de la CIRDI, se destaca la necesidad de que la Comisión Legal Afrocolombiana se una para impulsar conjuntamente esta iniciativa. Es importante invitar a todos los actores competentes en la materia, como el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a participar en la discusión.

El espacio contó con la participación de Cristóbal Caicedo Ángulo, presidente de la Comisión Legal Afro, James Hermenegildo Mosquera Torres, representante a la Cámara Chocó-Antioquia, Dorina Hernández Palomino, representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, Gerson Lisimaco Montaño Arizala, representante a la cámara por el departamento de Nariño, etc.

La ratificación de la CIRDI es un paso fundamental para fortalecer el compromiso del Gobierno colombiano en la promoción y protección de los derechos humanos, así como en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación racial.

Elecciones Regionales en Colombia: Llamado a un proceso en paz, transparente y con perspectiva de derechos humanos

Colombia, 27 de octubre del 2023. De cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo el domingo 29 de octubre en Colombia, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado al Gobierno Nacional para que brinde las garantías necesarias, a fin de que la jornada se desarrolle en completa normalidad y transparencia, se prevenga cualquier escenario de fraude y se garantice que todas las personas, incluidas las que se encuentran en zonas de alerta, puedan ejercer su derecho al voto.

Los comicios de este domingo—en los que se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles—se desarrollan en un contexto preocupante debido al aumento desproporcionado de la violencia en varias regiones del país. Los factores que contribuyen a esta situación son el control social y territorial ejercido por grupos armados ilegales, las amenazas continuas a liderazgos sociales y candidatos locales, y el contexto de violencia derivado de la disputa por el control del narcotráfico en algunas regiones. Además, se han presentado alertas por fraude electoral y altos índices de violencia. En total, 83 municipios presentan riesgo extremo por coincidencia de violencia y factores indicativos de fraude electoral, según (citar fuente, no dejarla como nota al pie). Los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia y Cauca son los que concentran la mayor cantidad de municipios en riesgo extremo para las elecciones de octubre de 2023[1].

Candidaturas “bajo fuego”

De acuerdo con el informe de la Misión de Observación Electoral MOE[2], se ha registrado un aumento significativo del 37,7% en comparación con 2019 en cuanto a la violencia sufrida por las y los candidatos en las elecciones regionales. En total, 179 candidatos han sido víctimas de algún tipo de violencia; de estos, 22 corresponden a atentados y ocho a situaciones como asesinatos, la mayoría de ellos dirigidos contra candidatos a concejos municipales. Además, durante este período se registraron 140 amenazas, así como un secuestro y ocho casos de violencia política contra las mujeres. Por su parte, la Defensoría del Pueblo estima que en el país hay 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo muy alto[3] por posibles acciones de violencia que podrían afectar en las elecciones.

Participación LGBTI+ histórica

Este año hubo una participación histórica de personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas (OSIEG) en el país. La campaña «Voto por la Igualdad» de Caribe Afirmativo ha registrado 201 candidaturas de personas LGBTI+ en todo el país, lo que representa un aumento del 150% en comparación con las elecciones locales de 2019[4]. Sin embargo, se ha identificado un riesgo acentuado y diferencial para las personas OSIEG en los actuales escenarios electorales, donde se han reportado casos de discriminación, amenazas, violencia física y psicológica, y la proliferación de discursos de odio que constituyen diversas formas de violencia política basada en prejuicios[5].

Reiteramos la importancia de contar con medidas, rutas y protocolos que permitan el desarrollo adecuado y seguro de la jornada electoral de este 29 de octubre, en donde sea posible prevenir futuros escenarios de violencia política contra las candidaturas LGTBI+. Instamos a la adecuada difusión y la implementación del Protocolo del Voto Trans[6] y la prevención de actos de discriminación, hostigamiento y otras formas de violación a los derechos humanos en escenarios electorales cometidas por parte de las personas juradas de votación y la ciudadanía en general. En particular, recomendamos la especial atención a la protección de las personas Afro LGBTI+ en ejercicio de sus derechos políticos por la violencia diferenciada y acentuada a través de prácticas racistas y de discriminación racial en el país.

Desde Raza e Igualdad instamos a la Registraduría Nacional a llevar a cabo su labor de vigilancia y control de manera rigurosa y transparente, sin sesgos y utilizando el software electoral de forma adecuada. También hacemos un llamado a la comunidad y a las misiones de observación internacionales para que brinden acompañamiento técnico y apoyo en la observación electoral durante estos comicios.  Solicitamos al Gobierno Nacional que elimine las barreras que impidan un ejercicio efectivo de veeduría por parte de estas entidades y que se tomen medidas para prevenir delitos electorales como el constreñimiento y fraude al sufragante y perturbación de la jornada electoral. De Igual forma solicitamos al Gobierno garantizar de forma efectiva e integral la participación política de toda la población, con especial atención a las personas que habitan las zonas de más altos índices de violencia en el país, y acatar el llamado de la Misión de Observación Electoral (MOE) de abstenerse de reproducir mensajes estigmatizantes e instrumentalizar niños, niñas y adolescentes y alinear las campañas a la inclusión y el respeto.

Raza e Igualdad hace un llamado a las personas elegidas para cargos de elección popular a que realicen todas las acciones necesarias para garantizar la protección de la vida e integridad de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, y para asegurar la continuidad de sus actividades de liderazgo. Es importante que las políticas públicas y los programas implementados por las autoridades electas de los entes territoriales incluyan programas de prevención que reduzcan el riesgo al que se enfrentan los líderes y defensores de derechos humanos, creando condiciones de seguridad para el ejercicio del liderazgo, considerando los enfoques diferenciales. Es responsabilidad de los funcionarios electos no estigmatizar ni criminalizar a las personas por su origen étnico-racial o su nacionalidad. Los discursos xenófobos y discriminatorios en campaña no deben ser replicados por aquellos que resulten elegidos.Por último, invitamos a la ciudadanía a ejercer su voto de manera informada y oportuna, y a considerar una perspectiva de respeto por los derechos humanos al analizar las candidaturas. De esta manera, podremos avanzar en la construcción de una sociedad comprometida y activa en la implementación de agendas políticas que protejan los derechos de todas las personas.

 

 

 

[1] https://www.moe.org.co/166-municipios-presentan-algun-nivel-de-riesgo-por-coincidencia-de-factores-indicativos-de-fraude-electoral-y-de-violencia-para-las-elecciones-de-autoridades-locales-2023-moe/

[2] https://www.moe.org.co/wp-content/uploads/2023/10/Quinto-informe-preelectoral-de-violencia-contra-liderzagos-2023-APSM.pdf

[3] https://defensoria.gov.co/-/defensor%C3%ADa-del-pueblo-advierte-que-113-municipios-est%C3%A1n-en-alerta-m%C3%A1xima-por-hechos-de-violencia-que-podr%C3%ADan-afectar-elecciones-regionales

[4]

[5] https://www.swissinfo.ch/spa/colombia-elecciones_defensor%C3%ADa-colombiana-atendi%C3%B3-43-casos-de-violencia-pol%C3%ADtica-de-g%C3%A9nero-en-septiembre/48926468

[6] https://caribeafirmativo.lgbt/wp-content/uploads/2023/10/protocolo_personas_trans.pdf

En el Día de la Diversidad Étnica y Cultural, Raza e Igualdad rechaza la violencia sistemática de la que han sido víctimas las personas defensoras en el país, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades étnicas, y hace un llamado al Gobierno colombiano a que garantice su protección integral

Colombia, 12 de octubre de 2023. En el marco de la conmemoración del Día de la Diversidad Étnica y Cultural en Colombia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de seguridad de líderes y lideresas sociales en Colombia en sus territorios, y urgimos al Gobierno Nacional a ofrecer plenas garantías de seguridad para la promoción y protección de los derechos humanos de poblaciones étnicas, principalmente de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas en el país.

La violencia contra las personas defensoras, afrodescendientes e indígenas tiene un trasfondo histórico y estructural en Colombia. Durante décadas, estos grupos han sido marginados y discriminados, lo que ha generado un contexto de exclusión y desigualdad que se refleja en la falta de acceso a derechos como la salud, la educación y vivienda, así como en la falta de reconocimiento de sus derechos territoriales. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante el 2023 han sido asesinados 135 líderes y lideresas sociales[1], Así mismo las cifras de violencia de Indepaz han arrojado que entre los sectores sociales afectados en el periodo 2016-2023 están los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos; en particular, en seis municipios del departamento del Cauca se han registrado 167 asesinatos en este periodo, siendo el Norte del Cauca (Caloto, Corinto, Quilichao, Toribio y Suárez)[2] el lugar con mayor presencia de comunidades indígenas y afrodescendientes. Del mismo modo, el subregistro de casos de asesinatos de personas defensoras afrodescendientes e indígenas es preocupante. Se ha observado que los territorios racializados presentan los índices más altos de asesinatos contra estas personas, sin embargo, las cifras no reflejan esta realidad.[3]Esta situación pone en evidencia el difícil contexto de trabajo en el que se desenvuelven los liderazgos sociales en esta región del país.

El municipio de Tumaco sigue siendo el lugar con el mayor nivel de riesgo para desempeñar cualquier tipo de liderazgo. El primer asesinato del año 2023 tuvo lugar allí el 2 de enero, cuando José Taicus Pascal, un joven líder de 16 años y miembro de la Guardia Indígena del resguardo Peña Aisa Gran Rosario, perteneciente al pueblo Awá, fue asesinado.[4]

Una Paz Total que sigue siendo insuficiente  

Durante su mandato, que ya completa 14 meses, Gustavo Petro ha centrado su agenda en la búsqueda de la paz. Para lograr este objetivo, ha llevado a cabo medidas de acercamiento y cese al fuego temporal con diversos grupos armados[5] que operan en el país. Así mismo, El 25 de abril de 2023, el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, presentó la «Política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana: Garantías para la vida y la paz 2022-2026»[6]. Este documento detalla la estrategia del Gobierno Nacional para abordar las problemáticas de seguridad que afectan a la ciudadanía, así como el papel que desempeñará la fuerza pública y las medidas que se tomarán para fortalecer la confianza en las instituciones encargadas del uso legítimo de la fuerza.

Aunque los esfuerzos del Gobierno han estado encaminados en mitigar la violencia en el país, el número de asesinatos a liderazgos sociales y personas defensoras en Colombia sigue siendo alto. Según datos del Observatorio de Conflictividades y Paz de Indepaz, se registraron 203 asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos entre el 7 de agosto de 2022 (fecha en la que inició su Gobierno el presidente Gustavo Petro) y el 11 de octubre de 2023. En comparación, durante el período comprendido entre el 7 de agosto de 2021 y el 11 de octubre de 2022 (durante el Gobierno de Iván Duque), se reportaron 221 asesinatos. Aunque esto representa una disminución del 8.1% en el número de casos,[7] continúa siendo preocupante que en Colombia no estén dadas las condiciones de seguridad para ejercer libremente el derecho a defender derechos, sin ser víctima de atentados, amenazas, persecuciones y hostigamientos.

El pasado 15 de agosto, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó su análisis de la situación de los derechos humanos, en el que reconoció el enfoque que el actual Gobierno ha tenido hacia los mismos. Sin embargo, manifestó preocupación por la expansión territorial de grupos armados y sus estrategias violentas de control social.[8] De los 46 casos verificados de homicidios a personas defensoras de derechos humanos, el 13% era autoridades indígenas, el 7% autoridades afrodescendientes y campesinas y el 6.5% corresponde a líderes de organizaciones campesinas[9].

Recomendaciones

Desde Raza e Igualdad, hacemos un llamado al Gobierno de Colombia para que priorice la implementación total del Acuerdo Final de Paz y las políticas públicas de prevención y protección a personas defensoras, promoviendo acciones efectivas para mitigar la violencia contra los liderazgos sociales y pueblos étnicos en el país con la incorporación de un enfoque diferencial. Es fundamental que el Estado adopte medidas concretas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos de las comunidades étnicas que se encuentran en situación de riesgo, especialmente de aquellas personas que ejercen un rol de liderazgo en sus comunidades debido a los impactos individuales, colectivos y comunitarios que el conflicto armado y la violencia ha generado en sus territorios. Instamos al Gobierno nacional a que garantice el acceso a derechos de las comunidades étnicas, quienes son sujetos de especial protección según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y los estándares internacionales.

Así mismo, instamos al Estado a cumplir con los estándares internacionales para combatir el racismo y la discriminación, como la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia (CIRDI), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD) y su recomendación de 2020 contra el perfilamiento racial, así como el Programa de Acción de Durban.

Por último, solicitamos al Estado a llevar a cabo una reforma policial integral que tome en consideración los impactos y las afectaciones diferenciales que la violencia policial genera en personas defensoras afrodescendientes e indígenas. Es crucial que se adopten e implementen los estándares desarrollados para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de la Fuerza Pública contra personas afrodescendientes, como la Resolución 43/1 y la Resolución 47/21 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUDH), y se promueva la Agenda hacia un cambio transformador para la justicia e igualdad racial.

 

[1] https://twitter.com/Indepaz/status/1711421822548267091

[2] https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/09/SEPTIEMBRE_2023.pdf

[3] https://www.hchr.org.co/wp/wp-content/uploads/2023/03/Informe-Anual-2022-en-castellano.pdf

[4] https://www.elespectador.com/judicial/asesinan-a-joven-awa-en-tumaco-el-primer-lider-social-asesinado-en-2023/

[5] El Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia, el Ejército de Liberación Nacional, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y otros actores locales en Buenaventura y Antioquia principalmente.

 

[6] https://ddhhcolombia.org.co/2023/05/24/politica-de-seguridad-defensa-y-convivencia-ciudadana/

[7]https://indepaz.org.co/wp-content/uploads/2023/08/INFORME_UN_AN%CC%83O_GOBIERNO_PETRO_2023.pdf

[8] https://raceandequality.org/es/resources/colombia-preocupacion-por-la-expansion-territorial-de-grupos-armados-y-sus-estrategias-violentas-de-control-social-alto-comisionado-de-la-onu/

[9] https://www.hchr.org.co/historias_destacadas/analisis-de-la-situacion-de-derechos-humanos-en-colombia-del-1-de-enero-al-30-de-junio-de-2023/

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