Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Ante el auge de la extrema derecha en Latinoamérica, líderes afrolatinos, indígenas y LGBTI+ sostuvieron reuniones de incidencia en Washington D.C.

Washington D.C., 16 de octubre 2024.- Ante la creciente influencia de movimientos de extrema derecha y el preocupante avance de agendas racistas y xenófobas en América Latina y el Caribe, una delegación de liderazgos afrolatinos, indígenas y LGBTI+, encabezada por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sostuvo reuniones clave de incidencia en Washington D.C. con el Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Durante estos encuentros, la delegación presentó soluciones y perspectivas críticas frente a problemas como la discriminación racial y de género, la brutalidad policial y la sistemática falta de acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

Asimismo, la delegación presentó recomendaciones para promover la formulación e integración de políticas más inclusivas y equitativas en marcos clave como el Plan de Acción Conjunta para la Igualdad Racial y Étnica (JAPER), el Plan de Eliminación de la Discriminación Racial en las Américas (CAPREE) y la Declaración de Asociación de América del Norte por la Equidad y la Justicia Racial. 

Durante las reuniones, Mauricio Ye’kwana, Director Ejecutivo de Hutukara Associação Yanomami, abordó la crisis de violencia que enfrenta los territorios indígenas en Brasil, destacando las constantes amenazas derivadas de la explotación minera ilegal y la falta de reconocimiento gubernamental de sus tierras ancestrales. Ye’kwana señaló la negligencia del gobierno en su protección y la impunidad que rodea los asesinatos de líderes indígenas. También alertó sobre el preocupante reclutamiento de jóvenes indígenas por grupos armados, lo que debilita la cohesión comunitaria. Además, hizo un llamado urgente a la representación indígena en foros internacionales como la COP, enfatizando la necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como guardianes esenciales del medio ambiente.

Bruna Benevides, Presidenta de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, expuso las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres trans, especialmente las mujeres trans negras. Benevides señaló que el componente racial del transfemicidio está profundamente arraigado en la sociedad brasileña, y que las mujeres trans negras son desproporcionadamente afectadas por la violencia y la exclusión. Benevides también enfatizó la falta de representación de las personas trans en los movimientos antirracistas y que la invisibilización de sus problemas dentro de los espacios LGBTQ+ es una preocupación clave. 

Por su parte, Lucía Xavier, Coordinadora General de CRIOLA (Brasil) alertó sobre una ola conservadora que se ha extendido por Brasil y que aumentado significativamente la violencia contra las mujeres negras, tanto cis como trans, quienes enfrentan múltiples barreras para acceder a recursos básicos debido a políticas de financiamiento discriminatorias. Xavier solicitó una mayor representación política de las mujeres negras, así como políticas públicas efectivas que protejan sus derechos y promuevan su bienestar.

María Martínez, del Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos (MOSCTHA),  denunció la constante amenaza de expulsión y la brutalidad policial que sufren las personas migrantes haitianas en República Dominicana. La reciente política del gobierno dominicano de deportar a 10,000 haitianos por semana ha agravado la discriminación y el racismo estructural que ya sufren estas comunidades, siendo las mujeres haitianas particularmente vulnerables a la violencia de género. Asimismo, Martínez explicó que la falta de reconocimiento civil y la situación de apatridia excluyen a estas personas del acceso a servicios básicos como la salud y la educación. 

Erlendy Cuero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Afrocolombianos desplazados (AFRODES) de Colombia, alertó sobre la difícil situación de la juventud afrodescendiente en Colombia, particularmente afectada por la violencia y el conflicto armado. La discriminación racial por parte de las fuerzas de seguridad ha resultado en un aumento alarmante de homicidios y desapariciones forzadas de jóvenes afrocolombianos, quienes son frecuentemente estigmatizados y tratados como sospechosos solo por su color de piel. 

Sandra Arizabaleta, Directora de la Fundación Afrodescendiente por las diversidades sociales y sexuales “Somos Identidad” (Colombia) expuso cómo la polarización política en Colombia ha exacerbado la violencia y la discriminación contra las personas afrodescendientes y LGBTI+. Para Arizabaleta es urgente crear políticas públicas que aborden de manera efectiva la interseccionalidad entre raza, género y orientación sexual, algo que actualmente está ausente en el discurso político colombiano. Asimismo, denunció la violencia que aún persiste por parte de grupos armados contra estas poblaciones vulnerables.

Cecilia Ramírez, Directora Ejecutiva del Centro para el Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), Perú explicó que el plan de desarrollo afroperuano, que fue diseñado para mejorar las condiciones de estas comunidades, se ha estancado debido a la falta de recursos financieros y apoyo técnico. Ramírez también enfatizó en cómo el racismo estructural sigue siendo un obstáculo para el progreso social y económico de las personas afrodescendientes en Perú, quienes continúan teniendo los peores indicadores socioeconómicos. En sus planteamientos, propuso la implementación de cuotas étnicas para asegurar la representación política de afrodescendientes e indígenas, y subrayó la necesidad de procesos de autoidentificación más inclusivos que consideren tanto el género como la etnicidad.

Patricia Torres Sandoval, Representante del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA), centró su intervención en la violencia contra las mujeres y niñas indígenas, enfatizando cómo esta situación se ve agravada por la violencia estructural que proviene del racismo, la pobreza y el colonialismo. También subrayó el impacto devastador de las actividades extractivistas en la región, que no solo causan destrucción ambiental, sino que también profundizan la pobreza y la exclusión social de las comunidades indígenas, intensificando la violencia contra las mujeres. Torres destacó que la falta de voluntad política y la implementación ineficaz de acuerdos internacionales contribuyen a la marginación y exclusión de estas comunidades, lo que requiere una atención urgente y sostenida.

Finalmente, las y los líderes presentaron una serie de recomendaciones clave a las autoridades, enfocadas en fortalecer la representación, promover políticas inclusivas y garantizar la rendición de cuentas:

  • Financiar programas que promuevan el liderazgo de las comunidades Afro-Latinas, Indígenas y LGBTQ+. 
  • Fomentar alianzas entre organizaciones de base de derechos humanos en EE.UU. y América Latina para fortalecer su capacidad y visibilidad. 
  • Instar a los gobiernos latinoamericanos a adoptar legislaciones que protejan a las poblaciones marginadas y promuevan políticas antirracistas y antihomofóbicas. 
  • Garantizar que acuerdos como JAPER y CAPREE aborden activamente la violencia que sufren estas comunidades.
  • Fortalecer la supervisión de la financiación internacional para garantizar que los recursos lleguen a los grupos vulnerables. 
  • Facilitar el diálogo entre los gobiernos y la sociedad civil para mejorar la transparencia en el monitoreo de derechos humanos y garantizar la rendición de cuentas de los responsables de abusos.

Raza e Igualdad respalda firmemente estas recomendaciones y reafirma su compromiso de seguir acompañando a estos liderazgos en la promoción de sus voces ante instancias gubernamentales y otros espacios de incidencia. Asimismo, continuará trabajando en la documentación de las violaciones a los derechos humanos y en la construcción de propuestas que fomentan sociedades más inclusivas, equitativas y respetuosas.

Mujeres afrodescendientes se reunieron en Lima para construir una agenda común hacia su empoderamiento y la justicia étnica racial – social

Lima, 6 de septiembre de 2024 – Del 29 de agosto al 1 de septiembre, se llevó a cabo el “Diálogo regional de mujeres afrodescendientes para promover nuestro empoderamiento y lograr una justicia étnica racial – social”, en Lima, Perú. Este evento fue organizado por el Centro de Desarrollo de la Mujer Negra Peruana (CEDEMUNEP), y contó con el apoyo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) y la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) como coauspiciadoras.

El objetivo del diálogo fue crear un espacio para discutir los retos y desafíos que enfrentan las mujeres afroperuanas en su empoderamiento, participación en la toma de decisiones y en la agenda pendiente sobre reparaciones históricas. Además, se enfocó en construir estrategias para promover la justicia racial, social y de género.

El evento reunió a representantes de la sociedad civil organizada, lideresas y activistas afrodescendientes de toda la región, en su mayoría integrantes de la RMAAD, incluyendo activistas de Bolivia, Brasil, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, Honduras, Guatemala, México, República Dominicana y Panamá. Además, contó con la participación de representantes de gobierno, organismos y cooperación internacionales, con miras a crear una colaboración multidimensional para fortalecer los lazos de trabajo y promover propuestas viables para la inclusión de las mujeres afrodescendientes en los planes y programas gubernamentales.

En la jornada inaugural, celebrada en la Secretaría General de la Comunidad Andina, hubo palabras de bienvenida de parte de Paola Yáñez Inofuentes, Coordinadora General de la RMAAD; Linda Kolko, integrante de la Junta Directiva de Raza e Igualdad, y de Cecilia Ramírez Rivas, Directora Ejecutiva de CEDEMUNEP.

El primer día del evento incluyó mesas de trabajo sobre instituciones del Estado y cooperación internacional, con destacadas presentaciones de Linda Kolko y María Pía Molero, Coordinadora de Proyectos para Perú de ONU Mujeres. Kolko destacó el trabajo de Raza e Igualdad en la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes, así como su enfoque en documentación, denuncia e incidencia ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de protección de derechos humanos. Enfatizó la importancia de integrar los enfoques de género e interseccional en todas las acciones de la organización.

A lo largo del diálogo, se abordaron temas cruciales como justicia racial y social, empoderamiento económico, participación política de las mujeres, democracia paritaria, liderazgo social, reparaciones históricas, salud sexual y reproductiva, educación, empleo y visibilidad estadística de la población afrodescendiente. Cecilia Alemany, Directora Regional Adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, ofreció una presentación sobre «Mujeres Afrodescendientes camino a Beijing+30».

Dicha presentación culminó en mesas de trabajo donde las participantes discutieron temas como la erradicación de la violencia de género, la participación social y política, el medio ambiente y la protección social, en preparación para el trigésimo aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995 (Beijing+30). El trabajo grupal permitió avanzar en la sistematización de desafíos estructurales, como la falta de presupuesto, políticas públicas con perspectiva interseccional, visibilidad estadística y la inclusión de la variable étnico-racial en censos.

Este diálogo fue esencial para fortalecer la unidad y la cooperación entre las mujeres afrodescendientes de la región. A través del análisis y el intercambio de ideas, se elaboraron propuestas prácticas y alcanzables para mejorar las condiciones de vida de las mujeres afrodescendientes, reflejando las voces de los pueblos organizados. En los días del encuentro, se logró generar una plataforma que busca avanzar en el empoderamiento de las mujeres afrodescendientes, compartir experiencias, enfrentar desafíos y desarrollar estrategias para abordar las injusticias históricas y actuales.

Desde Raza e Igualdad, nos comprometemos a continuar apoyando este tipo de encuentros, pues son una valiosa oportunidad para examinar los problemas desde múltiples perspectivas y avanzar hacia un horizonte común en beneficio de las mujeres afrodescendientes.

Para conocer más sobre el trabajo de las organizaciones que impulsaron este diálogo, visita sus sitios web:

CEDEMUNEP: https://www.cedemunep.com

RMAAAD: http://www.mujeresafro.org

Representatividad política de las personas afrodescendientes, un paso clave en la lucha contra el racismo sistémico

Washington, DC; 31 de agosto de 2024.– Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afrodescendientes, así como combatir el racismo sistémico, implica también enfrentar la crisis de representatividad política y trabajar por una democracia más inclusiva. Bajo esa premisa, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) conmemora este Día Internacional de las Personas Afrodescendientes exaltando su derecho a la participación política, especialmente de las mujeres afrodescendientes, y visibilizando las recomendaciones de activistas de Brasil, Chile, Colombia y Honduras.

El Día Internacional de las Personas Afrodescendientes se centra en celebrar las contribuciones de la diáspora africana a nivel global y en erradicar todas las formas de discriminación contra las personas afrodescendientes. Esta efeméride fue declarada por medio de la Resolución 75/170 de Naciones Unidas, el 16 de diciembre de 2020, la cual fue impulsada por la entonces vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell Barr, por medio de la Misión Permanente de Costa Rica en Nueva York.

Defender el derecho a la participación política de las personas afrodescendientes no solo incluye garantizar su acceso a los espacios de poder, sino también combatir la violencia política que afecta a las personas afrodescendientes, especialmente a las mujeres negras y LBT. Por tal razón, Raza e Igualdad destaca el trabajo de organizaciones contrapartes que luchan por una democracia más inclusiva y con una mayor representación de la población afrodescendiente. La participación política es, después de todo, un derecho humano inalienable.

Asignación de cuotas

Lins Robalo, travesti afrodescendiente, trabajadora social y activista de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (ANTRA), de Brasil, plantea la importancia de que los partidos políticos asignen cuotas para candidaturas de personas negras, lo cual -considera- debe ir de la mano de la asignación de recursos para promover sus candidaturas. “El racismo afecta directamente los ingresos de los negros. Como resultado, los candidatos negros tienen menos dinero para presentarse a las elecciones, lo que refuerza la desigualdad racial”, valora.

“Para mejorar la representación política de las personas afrodescendientes necesitamos tener una democracia paritaria e intercultural”, señala Milene Molina Arancibia, presidenta de la organización Colectiva de Mujeres Afrodescendientes Luanda, de Chile. Para ella, la asignación de cuotas también debe ser a nivel de puestos en el Poder Legislativo y en entidades públicas desde las cuales se puede influir en mejorar la vida de la población.

A la propuesta de garantizar representación de personas afrodescendientes en candidaturas y en entidades públicas, Bicky Bohórquez, de la organización Somos Identidad de Colombia, agrega la responsabilidad del relevo generacional, como una forma de dar espacio a personas afrodescendientes jóvenes que nutran de nuevas ideas tanto sus colectivos como los espacios donde logren la representatividad. “Para que se evidencia la diversidad que tenemos como población”, indica.

En tanto, Nedelka Lacayo, del Enlace de Mujeres Negras de Honduras (ENMUEH), destaca que, ante todo, los Estados deben ofrecer garantías de democracia representativa y asegurar que las personas afrodescendientes hagan un ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos, en igualdad de oportunidades.

Más allá de la ocupar cargos

El racismo sistémico se manifiesta de múltiples formas, y en el caso del ámbito político, la ocupación de cargos públicos por parte de personas afrodescendientes no es suficiente para combatirlo, pues ello debe ir acompañado de procesos de descolonización y concientización para que las necesidades y demandas de esta población sean tomadas en cuenta.

El racismo, y los legados del racismo, existen en la medida en que benefician a un sector de la población y ayudan a construir el privilegio blanco. En otras palabras, permiten que una parte de la población tenga acceso a la tierra, a la educación, y contribuyen a consolidar las diferencias económicas y políticas dentro de una nación.

“Cuando eres una persona negra y trans, todos tus conocimientos y tu historial laboral siguen considerándose inferiores a los de una persona blanca y cisgénero con los mismos conocimientos, o incluso con menos formación. Por eso siempre es necesario ofrecer oportunidades de formación dirigidas específicamente a las personas negras y trans, para contribuir al arsenal teórico de los grupos minoritarios”, apunta en ese sentido la activista brasileña Lins Robalo.

Para la activista chilena Milene Molina Arancibia, mientras las personas afrodescendientes no ocupen espacios de toma de decisiones, se seguirá careciendo de políticas públicas dirigidas a mejorar la vida de esta población y, por tanto, la desigualdad y la discriminación racial seguirán presente en las sociedades.

Se debe reconocer que en algunos países de Latinoamérica ha habido esfuerzos para avanzar hacia la representatividad política de las personas afrodescendientes; sin embargo, en muchos casos no son proporcionales a la cantidad de población negra o no trascienden del nivel discursivo.

En Uruguay, por ejemplo, a pesar de ser considerada una de las democracias más avanzadas de América Latina, la inclusión de afrodescendientes en cargos públicos sigue siendo limitada. Aunque el país aprobó una ley de cuotas hace más de una década, la representación de mujeres negras en el Parlamento y en cargos ejecutivos sigue siendo escasa. Esto refleja los desafíos estructurales que enfrentan las mujeres negras para acceder a posiciones de poder.

En Colombia, la situación es similar. La centralización del poder y las barreras estructurales han dejado a muchas mujeres negras, especialmente aquellas de regiones rurales, fuera del sistema político. La representación de mujeres negras en cargos electos es mínima, constituyendo menos del 1%. No fue sino hasta la elección de Francia Márquez que los problemas de las comunidades negras, y en particular de las mujeres negras, comenzaron a ser reconocidos y abordados en la agenda política.

Finalmente, hacemos eco de estándares internacionales sobre el derecho de todas las personas a participar en los asuntos públicos sin discriminación. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CCPR) ha subrayado que los Estados deben:

– Proteger a los candidatos políticos, especialmente a mujeres, afrodescendientes, indígenas, y personas LGBTI, contra la violencia, el acoso y la intimidación. Esto incluye investigar y enjuiciar tales casos, asegurando que los responsables rindan cuentas, como en el caso de Marielle Franco, y proporcionando recursos adecuados a las víctimas.

– Intensificar los esfuerzos para lograr la participación plena y equitativa de estos grupos en la vida política y pública, especialmente en los puestos de toma de decisiones.

En tanto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) también recomienda que los Estados adopten medidas para combatir el analfabetismo y garantizar que todos los ciudadanos disfruten de sus derechos políticos, incluido el derecho a ser elegidos para ocupar cargos públicos.

 

Visita de la Relatora de la ONU sobre el Racismo a Brasil: El racismo sistémico y la violencia contra las mujeres de grupos raciales y étnicos son los aspectos más destacados de su informe

Brasil, 02 de setembro de 2024 – «El racismo sistémico exige respuestas sistémicas». Así lo enfatizó Ashiwini K.P., Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, durante la conferencia de prensa con las conclusiones preliminares de su visita a Brasil. Entre el 5 y el 16 de agosto, la Relatora visitó Brasilia, Salvador, São Luís, São Paulo, Florianópolis y Río de Janeiro, donde se reunió con autoridades del Poder Ejecutivo Federal y de los gobiernos estaduales, así como con diversas organizaciones de los movimientos negro, indígena, quilombola y gitano (pueblos romani).

En preparación para la visita, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) junto con el Instituto para el Desarrollo y los Derechos Humanos (IDDH), organizaron una capacitación virtual con entidades de la sociedad civil para apoyarlas en la elaboración del documento con recomendaciones que serían entregadas a la Relatora. Además, en la capacitación se presentaron los alcances y objetivos de la visita con el propósito de orientarles en acciones de diálogo e incidencia ante este procedimiento especial de la ONU.

«La visita de la Relatora sobre el racismo se da en un momento importante para el país, al fin y al cabo, estamos en otro año de elecciones y de abogar por políticas públicas interseccionales. Desde nuestra perspectiva, destacamos la importancia de proporcionar a las organizaciones brasileñas la relación entre la ONU y el gobierno, porque a partir del informe que se presentará, el Estado debe comprometerse a implementar reparaciones en materia de racismo»; destaca Rodnei Jericó da Silva, Director de Raza e Igualdad en Brasil.

Hallazgos preliminares: Aspectos destacados

Raza e Igualdad presenta algunos puntos clave de las conclusiones preliminares destacadas por la Relatora sobre su experiencia en el país, y que serán presentadas en el informe final al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en junio de 2025. Este informe será entregado al gobierno brasileño, que, como país signatario de la ONU, aceptó la visita oficial como una forma de evaluar sus políticas públicas.

En este sentido, Ashiwini K.P. destacó que identificó puntos positivos en algunas acciones gubernamentales, como el reconocimiento del racismo como un fenómeno sistémico; la creación del Ministerio de Igualdad Racial, el Ministerio de Pueblos Indígenas y la Secretaría de los Pueblos Romaníes, adentro del Ministerio de Igualdad Racial; las sólidas propuestas de políticas afirmativas; y la existencia de una unidad de salud en Bahía para el tratamiento de la anemia falciforme. Sin embargo, la Relatora enfatizó que los avances en el gobierno avanzan a un ritmo lento, ya que, reconociendo que el pasado colonialista genera una exclusión de grupos marcados por la violencia estructural, Brasil debe adoptar un enfoque sistémico para garantizar la justicia reparatoria.

La falta de datos desglosados es una cuestión señalada como urgente por la Relatora. Destacando la ausencia de datos sobre los pueblos gitanos, las personas LGBTI+, los migrantes, los refugiados y las personas con discapacidad, que se enfrentan a una discriminación múltiple. También señala el crecimiento de células neonazis, especialmente en Santa Catarina, donde mencionó que hay un borrado de datos sobre este último tema. De esta manera, enfatizó que Brasil debe garantizar que la investigación y las políticas públicas sean apoyadas y consultadas por los grupos en situación de vulnerabilidad.

Así pues, entre sus propuestas figura la creación de una institución nacional de derechos humanos independiente de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), con el fin de supervisar y aplicar medidas antirracistas.

La Relatora enfatizó que las comunidades indígenas y quilombolas se encuentran bajo numerosos retrocesos protagonizados por el Legislativo y el Congreso Nacional. En sus críticas, destacó la lentitud del Estado en el proceso de demarcación territorial de estas comunidades; la seriedad de la tesis del marco temporal; el racismo ambiental como motor de exclusión y vulnerabilidad; y el descuido de la salud de estas poblaciones ante el avance de la minería ilegal (plaguicidas y enfermedades urbanas). También expresó su preocupación por la violencia sufrida por los pueblos indígenas y los quilombolas, destacando el reciente caso Guaraní-Kaiowá, en Mato Grosso do Sul, y otros conflictos en Bahía. Por lo tanto, la Relatora instó al Gobierno a tomar una posición urgente frente a la intimidación contra los pueblos indígenas y quilombolas, advirtiendo sobre la gravedad de la violencia ambiental consecuente, y que se deben tomar acciones más contundentes, además de enfatizar el compromiso internacional de Brasil con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«Es necesario un plan nacional coordinado para los asuntos indígenas y quilombolas, ya que la protección de sus tierras es esencial para enfrentar la crisis climática», dijo Ashiwini K.P.

La comprensión del racismo religioso como una práctica persecutoria y reproductora de violencia contra los practicantes de religiones de base africana fue uno de los aspectos más destacados de sus conclusiones. En este sentido, la Relatora citó casos que les llegaron a través de la sociedad civil, como el transporte privado que se niega a llevar a las personas con sus vestimentas religiosas, la pérdida de la custodia de los hijos por parte de las mujeres axé y las agresiones físicas organizadas contra terreiros. A su entender, destacó que el Estado permite este tipo de prácticas misóginas y racistas y sugirió que el gobierno cree un programa de protección para enfrentar este problema.

«Incluso si existe Dial 100, la falta de inversión por parte del Estado envía un mensaje de impunidad y de que el gobierno no tomará ninguna medida contra el racismo religioso», dijo.

En cuanto a la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos, la Relatora expresó su consternación por la gravedad de las amenazas y la brutalidad policial a la que están expuestos estos grupos. Aunque reconoció la importancia de la creación del Grupo de Trabajo Técnico de Sales Pimenta, para elaborar propuestas de la Política y el Plan Nacional de Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, destacó la falta de recursos para los derechos humanos y la efectividad de los que ya existen. De esta manera, instó a Brasil a implementar las acciones recomendadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlor, luego de su visita a Brasil en abril de este año.

Ante la situación de las mujeres negras y las interseccionalidades de género, como las mujeres LBT, el precario acceso al sistema de salud y la violencia obstétrica, el tema de las trabajadoras domésticas, la violencia sexual y el feminicidio que impacta desproporcionadamente a estas mujeres, con lo que ponderó la necesidad de la orientación psicológica como política pública gubernamental. La Relatora mostró gran preocupación por los datos presentados que demuestran que las mujeres negras están más expuestas al feminicidio, destacando la violencia que se presenta con las mujeres negras lesbianas y transexuales. Además, en su evaluación se observó la penalización del aborto, además de las barreras que enfrentan las mujeres que buscan incluso el aborto legal, de conformidad con el Código Penal. En este sentido, enfatizó su preocupación por la Propuesta de Enmienda Constitucional 1904/2024, que aumenta las penas para las mujeres que abortan hasta 20 años de prisión. En este punto, se destacó la importancia de que el Gobierno implemente las recomendaciones del Comité CEDAW, que evaluó a Brasil este año, para despenalizar el aborto y garantizar el acceso seguro para todas las personas, respetando los derechos y la autonomía corporal de las mujeres. En cuanto a la economía del cuidado, también observó la explotación económica que sufren las trabajadoras domésticas.

En cuanto a la violencia policial, la Relatora señaló que son especialmente las madres afrodescendientes las que pierden a sus hijos e hijas debido a la brutalidad policial, y que además de ser víctimas, también son criminalizadas.  Por lo tanto, su informe tendrá un punto importante en el que se deben tomar medidas más efectivas contra el sistema penitenciario y, aun reconociendo que el uso de cámaras policiales es un paso importante hacia una política de seguridad antirracista, señaló que hay informes de que estas cámaras no se utilizan y que el gobierno está utilizando medidas de discriminación racial sin base científica. De esta manera, instó al gobierno a crear leyes para el uso de la inteligencia artificial para que no se utilice de manera racista.

La Relatora también destacó la segregación espacial, especialmente en los grandes centros, que en su mayoría están ocupados por afrodescendientes y que tienen un acceso precario a la infraestructura. Además, destacó la falta de apoyo a las personas en situación de calle.

El avance de la extrema derecha y el crecimiento de células neonazis fue uno de los puntos de extrema preocupación de la Relatora, quien destacó que existe una negación por parte del estado de Santa Catarina sobre estos grupos y que se deben implementar políticas y acciones afirmativas que refuercen la legislación local para combatir el negacionismo. Desde esta perspectiva, también destacó su preocupación por la falta de esfuerzos del legislativo brasileño frente a proyectos de ley que pretenden hacer retroceder algunos de los derechos ya conquistados.

Por último, expresó su preocupación por el crecimiento de la violencia política de género y el discurso de odio, e instó al gobierno a tomar medidas cuidadosas en este ámbito. Destacó que la baja representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los espacios de toma de decisiones es un reflejo del racismo sistémico. Además, esta falta de representatividad también se puede ver dentro del Poder Judicial.

Raza e Igualdad agradece a Ashiwini K.P. por su apoyo e interés, en el compromiso de su relatoría para promover acciones antirracistas y de justicia racial en Brasil. Destacamos como valor importante el reconocimiento del racismo religioso como práctica racista y discriminatoria ante un mecanismo internacional de derechos humanos. Seguimos luchando por la defensa y garantía de los derechos humanos para enfrentar las desigualdades estructuradas por el sistema racista. Es urgente que el Estado brasileño se comprometa con las demandas de justicia y equidad de su población. Un gobierno cuya propuesta es «Unión y Reconstrucción» debe tener como prioridad la reparación histórica.

Finalmente, compartimos algunas de las recomendaciones entregadas a la Relatoría sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia por parte de organizaciones brasileñas:

  • Mejoramiento de las políticas públicas de acceso a la asistencia jurídica y a los servicios de apoyo a las víctimas de violencia doméstica y familiar, a partir de un relevamiento de los casos registrados en los últimos años, con el objetivo de apoyar y proteger a las mujeres víctimas de violencia y racismo (especialmente el racismo religioso), entre otras acciones que se señalen, a partir de la colaboración de las agrupaciones feministas, líderes religiosos, gestores públicos y expertos en el tema.
  • Exigir la implementación de la Política Nacional de Salud para la Población LGBTI+ a través de la creación de equipamiento de salud especializado para atender las demandas de alta complejidad en la salud de las mujeres lesbianas;
  • Recomendar que el Estado brasileño aborde de manera efectiva todas las barreras a la justicia que enfrentan las víctimas de delitos racistas acelerando los enjuiciamientos, revisando los estándares de evidencia para fortalecer la rendición de cuentas por actos discriminatorios y monitoreando las disparidades raciales en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres afrodescendientes y las personas LGBTI+.
  • Pedir al Estado brasileño que procure implementar adecuadamente medidas de reparación para las víctimas y familiares afectados por la violencia del Estado, que deben incluir apoyo psicológico, asistencia médica e indemnización económica, además de otras que sean necesarias en el análisis del caso concreto.
  • Asegurar que el Estado brasileño también cumpla con las recomendaciones preparadas por los Comités para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, órganos creados en virtud de tratados que recientemente examinaron el país y señalaron preocupaciones similares.
  • Recomendar la participación política de los pueblos indígenas y comunidades quilombolas en el desarrollo de políticas públicas que afecten sus territorios y en las políticas de defensa del medio ambiente. Además, instar al Estado brasileño a garantizar la demarcación y titulación de las tierras quilombolas e indígenas, además de rechazar la tesis del Marco Temporal.

República Dominicana: Raza e Igualdad apoya participación de sociedad civil en la visita del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas

Washington DC, 14 de agosto, 2024.– Tras la visita a República Dominicana del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas—realizada del 22 al 31 de julio de 2024—, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en la Red Jacques Viau y la Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) se mostraron satisfechas por la invitación y apertura del Gobierno, así como por su participación en la jornada pues pudieron compartir información sobre la situación de las niñas y mujeres diversas en el país y plantear recomendaciones al Estado.

Cabe destacar que se trató de la primera visita oficial de este Grupo de Trabajo a República Dominicana, cuya delegación incluyó a Dorothy Estrada Tanck y Claudia Flores, Presidenta y Miembra, respectivamente. La delegación estuvo en Santo Domingo, Dajabón, Boca Chica y Verón, donde se reunieron con autoridades nacionales y locales, mujeres y niñas, organizaciones de la sociedad civil, entidades de la ONU y otras partes interesadas.

Raza e Igualdad tuvo la oportunidad de apoyar a contrapartes locales para garantizar su participación y la de mujeres y niñas de comunidades empobrecidas. La Coalición Dominicana por el Respeto a los Derechos Humanos y la Justicia Racial (CODHAJUR) tuvo una activa participación a lo largo de esta visita, donde sus organizaciones parte presentaron un informe que evidenció las necesidades de cada una de las poblaciones que representan.

Esta visita fue de gran importancia para mujeres y niñas migrantes, dominicanas de ascendencia haitiana, mujeres con discapacidad y personas LGBTIQ+. Las mismas expusieron situaciones vividas que fueron incluidas en el documento preliminar enviado a las expertas previo a esta visita, el cual también contiene recomendaciones concretas al Estado para fortalecer los derechos humanos en el país, y  consolidar acciones que garanticen el acceso igualitario a educación, empleo digno y a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad por su origen socioeconómico, raza o etnia, orientación sexual, identidad de género y estatus migratorios.

En un comunicado oficial, el Grupo de Trabajo destacó los esfuerzos del Estado en la creación de una arquitectura normativa e institucional en materia de igualdad de género. A la vez, externó su preocupación por los niveles alarmantes de violencia contra las mujeres y niñas, el estado de pobreza, el desarrollo socioeconómico desigual, los estereotipos de género arraigados en la vida familiar, y los vacíos jurídicos en los derechos sexuales y reproductivos. Así mismo, destacó “las normas culturales refuerzan roles de género discriminatorios que limitan las oportunidades de las mujeres y las niñas en todos los sectores.”

Raza e Igualdad y sus contrapartes locales monitorearán el informe final que presentará este Grupo de Trabajo al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2025, con el fin de dar seguimiento oportuno a sus recomendaciones al Gobierno, pues reconocemos que este es un paso determinante para avanzar a favor de los derechos de todas las mujeres y niñas en República Dominicana. Al mismo tiempo, invitamos al Gobierno a mantener una comunicación fluida con este y otros mecanismos del Sistema Universal de Derechos Humanos para la promoción y protección de los derechos de todas las personas.

Recomendación General No. 5 del MESECVI: Un nuevo frente de lucha contra la violencia de género hacia mujeres afrodescendientes en las Américas

Washington DC, 25 de julio de 2024.– Este Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se une a los esfuerzos para apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes, reconociendo que se trata de un marco de acción novedoso e integral para la protección de las mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes de las Américas ante dicho flagelo.

Como organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente basándose en los enfoques étnico-racial y de género, celebramos que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos se cuente con esta recomendación general que brinda una guía amplia y clara tanto para los Estados como para la sociedad civil en materia de prevención y atención de la violencia de género contra mujeres afrodescendientes.

Antecedentes

En el Plan de Acción del Decenio de las y los Afrodescendientes en las Américas 2016-2026, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) encomendó al Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) incluir el enfoque afrodescendiente en la agenda de prevención de la violencia contra las mujeres como parte del objetivo de promover el acceso a la justicia de la población afrodescendiente del hemisferio.

A su vez, el MESECVI es un sistema de evaluación y seguimiento creado para asegurar la implementación efectiva de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará y que fue adoptada en 1994, siendo uno de los instrumentos jurídicos más importantes en la lucha contra la violencia de género en América Latina y el Caribe.

El MESECVI preparó esta recomendación general en alianza estratégica con la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD) y el Fondo de Población de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (UNFPA), de acuerdo con la coordinadora general de la RMAAD, Paola Yáñez, quien considera que este documento es un hito histórico, al mismo tiempo que reconoce que su difusión e implementación a nivel de países representa una tarea desafiante.

Racismo e interseccionalidad, dos puntos clave

La Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes se aprobó el 28 de abril y se presentó el 12 de junio en la IX Conferencia de Estados Parte del MESECVI, celebrada en Santiago de Chile.

Esta recomendación destaca porque hace un reconocimiento del racismo como un factor que profundiza y perpetúa las violencias que enfrentan las mujeres afrodescendientes, además que tiene una perspectiva interseccional que permite visibilizar la problemática y proponer respuestas teniendo en cuenta la diversidad de mujeres afrodescendientes y los diferentes tipos de violencia que sufren.

“Esta recomendación reconoce que el racismo es un determinante para que las mujeres enfrenten violencia. A lo largo de su vida, las mujeres afrodescendientes están más expuestas que otros grupos de mujeres a múltiples formas de violencia, incluyendo la violencia simbólica, derivada de los estereotipos negativos asociados a la racialización de sus cuerpos, color de piel, cabello, sexualidad, cultura y religión”, destacó Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), durante su participación en el Foro Interamericano contra la Discriminación, realizado por Raza e Igualdad en el marco de la 54 Asamblea General de la OEA.

En el apartado sobre interseccionalidad, la recomendación se refiere a mujeres afrodescendientes con diversidad sexual, que viven con algún tipo de discapacidad, migrantes o en situación de movilidad humana, privadas de libertad y bajo conflictos armados.

Sobre las recomendaciones

Las recomendaciones planteadas en el documento se dirigen en su mayoría a los Estados, pues reconoce que son estos los responsables de adoptar e implementar acciones para transformar el sistema patriarcal que legitima y tolera las violencias contra las mujeres. Otra particularidad es que propone la implementación de medidas diferenciadas y específicas para proteger a las mujeres afrodescendientes, incluyendo políticas públicas que respondan a sus necesidades particulares y que enfrenten directamente los estereotipos étnico-raciales.

En términos de prevención y atención de la violencia basada en género, las recomendaciones van desde la elaboración de programas de sensibilización en enfoque étnico-racial y de género hasta registrar datos estadísticos y administrativos de casos de violencia contra mujeres afrodescendientes en forma desagregada.

En las recomendaciones también se ve reflejada la importancia de prevenir y atender la problemática desde los sistemas educativos, con medidas como: preparar estudios sobre discriminación y el impacto de los estereotipos étnico-raciales y de género que viven las niñas, adolescentes y mujeres afro en todo el sistema educativo, establecer protocolos para el manejo de casos de violencia de género contra niñas y adolescentes en centros educativos, diseñar y ejecutar periódicamente programas de educación con enfoque étnico-racial y de género y derechos humanos dirigidos al personal directivo, docente y administrativo del sistema educativo, e impulsar reformas curriculares de programas, contenidos y textos educativos asegurando la recuperación e inclusión histórica de la cultura y las contribuciones a las sociedades actuales de las poblaciones afrodescendientes, especialmente de las mujeres.

De la presentación, a la difusión e implementación

Para la sociedad civil, la Recomendación General No. 5: Violencia de género contra las mujeres afrodescendientes representa una nueva herramienta de incidencia para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres afrodescendientes en la región, por eso celebramos su aprobación.

Raza e Igualdad asume el compromiso de apoyar la difusión y promover la implementación de la Recomendación No. 5 del MESECVI, con miras a contribuir a la prevención, atención y sanción de la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas afrodescendientes en las Américas. Hacemos un llamado a los Estados a tomar acciones junto a la sociedad civil para hacer posible cada una de las medidas planteadas en este documento.

Accede, descarga y comparte el documento completo, AQUÍ.

Asamblea de la OEA: Raza e Igualdad dialogará con sociedad civil y expertos sobre discriminación racial, violencia de género y seguridad hemisférica

Washington D.C., 14 de junio de 2024 – De cara al 54º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región realizando tres eventos paralelos. El primer evento, el Foro Interamericano contra la Discriminación, que forma parte del calendario institucional desde el año 2005, reunirá a líderes y lideresas de diferentes países para un diálogo sobre la reparación y las principales demandas de la población afrodescendiente, indígena y LGBTI+. El segundo evento abordará la crisis de derechos humanos en Nicaragua y el apoyo financiero internacional; y el tercer evento, coordinado por el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos, reunirá a actores clave de diferentes países para debatir sobre los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas. 

La Asamblea General de la OEA se celebrará del 26 al 28 de junio en la Conmebol, ubicada en la ciudad de Asunción, Paraguay, bajo el lema «Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la Región». Para Raza e Igualdad, la Asamblea General de la OEA es un espacio de amplio diálogo e intercambio de buenas prácticas de la sociedad civil de la región, además de una oportunidad para fortalecer sus demandas a través de la escucha de delegaciones integradas por los Estados Miembros y su Secretaría. De esta manera, los eventos paralelos logran el propósito de una incidencia política efectiva ante este mecanismo internacional de derechos humanos. 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Este año, el Foro Interamericano contra la Discriminación se llevará a cabo el martes 25 de junio, y constará de cuatro secciones con los siguientes temas: «El papel de los sistemas de protección de derechos humanos en la reparación de diferentes grupos discriminados en la región»; «Experiencias de reparación en la región y sus alcances en relación con grupos racializados, móviles o desplazados, minorías sexuales, religiosas, lingüísticas, políticas, entre otros»; «Reparación en el contexto de género»; y, por último, la sección «La población étnica y el 54º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA».

En su panel de apertura, el Foro contará con Gloria De Mees, relatora de la OEA sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial. En sus siguientes paneles, líderes y lideresas de la región se sumarán al debate con información sobre sus contextos y sus luchas por la reparación, restitución y garantías de no repetición. Además, en el contexto de la reparación de género, varias activistas presentarán y discutirán las implicaciones de la recomendación general del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) sobre las mujeres afrodescendientes. 

En el marco del Foro anual, también se discutirá el fortalecimiento de la Coalición Afrodescendiente de las Américas y la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

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La apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

La tarde del martes 25 de junio, Raza e Igualdad reunirá a personas expertas de la OEA, la academia y la sociedad civil, para discutir la responsabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en relación con los crímenes de lesa humanidad y violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, se analizará la relevancia estratégica de estas instituciones en el uso de la debida diligencia en materia de derechos humanos para hacer frente a los impactos negativos de sus proyectos de desarrollo. 

En un régimen históricamente marcado por violaciones sistemáticas de los derechos humanos, la continuidad del apoyo financiero internacional saca a la luz varios interrogantes de la sociedad civil. Desde el año 2018 hasta hoy, el régimen autoritario de Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus seguidores han llevado a cabo ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil nicaragüense en oposición por motivos políticos. Desde 2021, la crisis democrática y de derechos humanos se ha agravado significativamente. El 9 de febrero de 2023, 222 personas fueron liberadas de prisión, luego desterradas a los Estados Unidos y despojadas arbitrariamente de su nacionalidad y derechos ciudadanos. Entre los grupos más vulnerables se encuentran las personas defensoras de derechos humanos, periodistas, líderes religiosos, mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, y personas LGBTI+.

Sin embargo, la abundante evidencia de la crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua no fue suficiente para que las Instituciones Financieras Internacionales decidieran cambiar su estrategia hacia el país, fortalecer su debida diligencia en materia de derechos humanos, o suspender y/o cancelar la ejecución de sus proyectos en este. En febrero de 2024, el Grupo Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica apoyaron 97 proyectos en fase de ejecución en Nicaragua, con la aprobación de US$5.082,43 millones, según la información disponible en sus sitios web. De estos, 57 proyectos fueron aprobados por un total de US$2,784.43 millones, tras el inicio de la crisis en 2018.

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/57r4b22m 

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Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

El Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos -conformado por Raza e Igualdad, Freedom House y la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF)- realizará el evento «Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas» el miércoles 26 de junio. Este evento tiene el objetivo de visibilizar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, Nicaragua, El Salvador y Venezuela; como motor del debate sobre la seguridad en la región. En estos países con contextos inseguros y represivos, se generan desigualdades en materia de libertad y seguridad con un efecto diferencial en los grupos más vulnerables, como personas afrodescendientes, mujeres, niños, población LGBTI+ y personas privadas de libertad por motivos políticos.

Así, nuevas preocupaciones y desafíos, incluyendo la situación política, social, económica, ambiental y de derechos humanos de los Estados Miembros de la OEA, han llevado a esta organización a redefinir su comprensión de la seguridad hemisférica. Así, el 28 de octubre de 2003, los Estados de las Américas promulgaron la “Declaración sobre Seguridad en las Américas”, proponiendo un nuevo concepto de seguridad multidimensional que reconoce que el objetivo de la seguridad hemisférica es la «protección de los seres humanos».  

En su declaración, la OEA consideró que «la democracia representativa es una condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de los Estados del Hemisferio» y que es «responsabilidad de los foros especializados de la OEA, así como de los foros interamericanos e internacionales, desarrollar mecanismos de cooperación para enfrentar estas nuevas amenazas sobre la base de los instrumentos aplicables». 

En este contexto, el relator Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Pedro Vaca; la directora adjunta del Programa para Latinoamérica y el Caribe de Freedom House, Alejandra Argueta; el abogado de la organización Cubalex, Alain Espinoza; de la organización Cubalex; la profesional en Derecho de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua, Arlette Serrano; el periodista venezolano de Voces de la Memoria, Víctor Navarro; y el co-fundador de la asociación Tracoda (Transparencia, Contraloría social, Datos abiertos) de El Salvador, Luis Villatoro, discutirán estrategias para fortalecer la seguridad y protección de la población y las personas defensoras de derechos humanos, entre los desafíos actuales que enfrentan los regímenes autoritarios en las Américas. 

Para participar, inscríbase aquí: https://tinyurl.com/537cdu3w 

 

Más información sobre los eventos 

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 9:00 a.m. – 12:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 10 a.m. – 1:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/2fx7uc29 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

La continuidad del apoyo financiero internacional a Nicaragua a pesar de la crisis democrática y de derechos humanos

Fecha y hora: Martes 25 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Dazzler, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/57r4b22m 

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

 

Los derechos humanos como pilar de la seguridad hemisférica en las Américas

Fecha y hora: Miércoles 26 de junio, 5:00 p.m. – 7:30 p.m. (Asunción y Washington D.C.) / 6 p.m. – 8:30 p.m. (hora de Brasilia)

Ubicación: Hotel Esplendor, Avenida Aviadores del Chaco

Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook Live @RaceandEquality

Inscripciones: https://tinyurl.com/537cdu3w

Interpretación simultánea en español, portugués e inglés.

Colombia: Raza e Igualdad promueve inclusión de las juventudes en el movimiento negro del país

Bogotá, 29 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos organizó el conversatorio «La Vocería: El Rol de los Procesos Juveniles en el Fortalecimiento del Movimiento Negro en Colombia«, que reunió a jóvenes de diversas organizaciones afrocolombianas para discutir su papel en la construcción y fortalecimiento del movimiento negro en Colombia.

Jóvenes integrantes de proyectos como CAPREE, de la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA); del Semillero Afrodes Cali y de la Fundación Somos Identidad participaron activamente en la discusión. Las y los participantes destacaron la importancia de su vocería para la construcción de un futuro más inclusivo y representativo, permitiendo identificar nuevas narrativas que promuevan la integración de las juventudes en el movimiento negro de Colombia.

El primer momento clave del conversatorio se centró en el tema “Acciones Sostenibles para la Inclusión de la Juventud Afrocolombiana en Políticas Públicas y Programas Étnicos”. En este espacio, se compartieron experiencias y desafíos enfrentados por las juventudes afro en relación con las políticas públicas y los programas étnicos en Colombia.

En ese sentido, enfatizaron la necesidad de trabajar con quienes han allanado el camino dentro de las organizaciones y fortalecer las capacidades juveniles para superar las barreras de financiación de proyectos.

Alejandrina Falquez Sinisterra, de la Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana Mali Ya Weusi, subrayó: «Como jóvenes hemos tenido algunos desafíos para avanzar en términos organizacionales, puede que lleguen esos proyectos. pero si no tenemos las capacidades, es complejo».

En el segundo momento clave el tema central fue “Aportes y Desafíos de la Juventud Afrocolombiana en los Procesos Organizativos del Movimiento Negro”, donde las y los asistentes compartieron sus experiencias y estrategias para superar obstáculos, destacando la importancia de su participación activa y proactiva en la organización y liderazgo del movimiento.

El evento concluyó con una vibrante presentación de bullerengue afrotravesti a cargo de la Morena del Chicamocha, un acto que simbolizó la diversidad y riqueza cultural de las comunidades afrocolombianas. Este cierre no solo celebró la herencia cultural, sino que también reforzó el mensaje central del conversatorio: la importancia de escuchar y elevar las voces juveniles para impulsar un cambio significativo en el movimiento negro en Colombia.

El conversatorio «La Vocería» fue un espacio poderoso y necesario que permitió a las juventudes afrocolombianas compartir sus experiencias, desafíos y aspiraciones. A través de su vocería, se busca construir un movimiento negro más inclusivo y fortalecido, en el que las juventudes no solo sean partícipes, sino líderes activos en la lucha por la igualdad y los derechos humanos en Colombia. Este evento marcó un paso significativo hacia la integración de nuevas voces y la creación de políticas y programas más representativos y equitativos para la juventud afrocolombiana.

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El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan.

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, C.N.O.A., es una convergencia a nivel nacional, en la que confluyen más de 300 organizaciones de primer y segundo nivel, redes y articulaciones. Las organizaciones afrocolombianas que hacen parte de la C.N.O.A., están conformadas por mujeres, jóvenes, comunidad LGBT-Afro, personas en situación de desplazamiento, Consejos Comunitarios, organizaciones urbanas y rurales.

Somos Identidad es una organización de base comunitaria negra cuyo propósito es generar liderazgo y dinamizar acciones, procesos y estrategias que, desde el ámbito educativo, cultural, social, comunitario, político, étnico, económico e ideológico, mejoren las condiciones de vida de la población afrodescendiente, negra, palenquera y/o raizal con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en el Valle del Cauca.

La Escuela de Formación Ancestral Afrocolombiana «Mali Ya Weusi», como proyecto del colectivo Semillero Afrodes Cali, se dedica al fortalecimiento de la identidad étnica, cultural y ancestral de la población negra y afrocolombiana, con un enfoque especial en jóvenes víctimas del conflicto armado que han sido desplazados de sus territorios. A través de una educación étnoeducativa y afrocentrada, nuestra misión es rescatar y revitalizar las tradiciones ancestrales, fomentar el orgullo étnico y cultural, y brindar herramientas para la autoafirmación y el empoderamiento de nuestras comunidades.

Colombia: Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio trámite a petición en el caso Bernardo Cuero Bravo

Bogotá, 21 de mayo de 2024.– En el marco del Día de la Afrocolombianidad, celebramos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya dado trámite a la petición presentada por la Asociación Nacional de Colombianos Desplazados (AFRODES), el Comité de Solidaridad de Presos Políticos (CSPP) y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), sobre el caso de Bernardo Cuerdo Bravo, líder social afrodescendiente y miembro de AFRODES, asesinado en junio del 2017 por su labor y trayectoria como defensor de derechos humanos. El Estado deberá rendir cuentas sobre la situación de riesgo estructural que enfrenta este colectivo y de la falta de eficacia de las políticas estatales dirigidas a abordar esta situación desde una perspectiva étnico-racial idónea y acorde a sus labores y contextos. 

En la petición, que fue presentada el 25 de noviembre de 2022, se denuncia, entre otras cosas, que el Estado de Colombia es internacionalmente responsable por no haber garantizado la protección reforzada de la vida e integridad de Bernardo y así prevenir la consumación del riesgo que corría como consecuencia de sus actividades de defensa de los derechos humanos de la población afrodescendiente, a pesar de que conocía la grave situación de riesgo que el defensor enfrentaba.  

A su vez, el caso de Bernardo refleja el contexto de impunidad estructural que persiste en el país a la hora de identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos. Después de 7 años, no se ha avanzado en el esclarecimiento de todas las amenazas que recibió el defensor antes de su asesinato, incumpliendo con ello las obligaciones internacionales relativas a la debida diligencia en la investigación de los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos. Adicionalmente, el proceso de investigación y judicialización de las personas responsables de estos hechos no tiene avances considerables.  

Asimismo, la petición permite evidenciar otras violaciones a los derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y otros estándares internacionales e interamericanos sobre discriminación racial y sobre la protección de defensores y defensoras de derechos humanos. El 22 de febrero de este año, la CIDH notificó a las Peticionarias que abrió a trámite la petición y concedió un plazo de tres meses al Estado para presentar información sobre los hechos denunciados.    

A tan solo meses de concluir el primer Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024) y en el marco del día de la afrocolombianidad, las organizaciones peticionarias hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección del derecho a defender los derechos de las personas afrodescendientes en su territorio, reconociendo el riesgo y el impacto diferenciado que tienen las amenazas y violencias sobre sus vidas y las de sus comunidades.  

Recordando que en Colombia persiste una situación de racismo, discriminación estructural y exclusión histórica contra las personas afrodescendientes, reconocemos la urgencia de la implementación de medidas de protección eficaces y de proveer justicia para las más de 10 víctimas de homicidio de líderes y lideresas afrodescendientes sucedidos tan solo en el último año.  Como reiteraron diversos órganos internacionales de protección de derechos humanos, las personas defensoras de derechos humanos y las y los liderazgos sociales afrocolombianos son uno de los colectivos con mayor riesgo en el país desde hace décadas. Desde Raza e Igualdad resaltamos la importancia de la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y otras formas conexas de intolerancia (CIRDI) para avanzar en el reconocimiento de las violencias e impactos diferenciados que se ejercen en contra de las personas afrodescendientes en Colombia. 

La apertura a trámite de la Petición de Bernardo es una oportunidad para que el Estado colombiano reitere su compromiso con la población Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera, fijando un precedente que garantice la protección y acceso a justicia de los liderazgos sociales y la necesaria implementación de un enfoque étnico-racial en las rutas disponibles para su protección. 

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AFRODES es una organización que brinda orientación, apoyo, acompañamiento, asesoría, y capacitación e interlocución en defensa de los derechos e identidad cultural de la población Afrocolombiana en situación de desplazamiento; procurando así alternativas de vida más dignas para sus afiliados; mediante la sensibilización de la sociedad colombiana, frente al desplazamiento de las comunidades negras; y proponiendo al estado políticas para el manejo y solución de este problema. 

El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) es una Organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la vida, la integridad personal y la libertad de las personas más vulnerables de la sociedad colombiana, comunidades y organizaciones sociales víctimas de violencia estatal y política, exclusión socioeconómica, víctimas del conflicto armado interno y promotoras de la paz.  

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos es una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos creada en 2017 que trabaja con contrapartes y activistas locales en América Latina para promover y proteger los derechos humanos de poblaciones en condiciones de marginalidad, ya sea por su origen nacional o étnico, su orientación sexual o identidad de género, fortaleciendo a las organizaciones de base para que se conviertan en actores políticos y promuevan cambios estructurales en los países donde trabajan. 

 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, hacemos un llamado urgente a combatir la discriminación y racismo religiosos en las Américas

Washington DC, 21 de marzo de 2024.– Al conmemorar este 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hace un llamado urgente a los Estados para que adopten medidas para combatir las crecientes manifestaciones de discriminación y racismo religiosos en las Américas, que afecta significativamente a grupos de poblaciones racializadas, como la afrodescendiente y la indígena.

En América Latina y el Caribe, estos grupos enfrentan desafíos persistentes para expresar sus tradiciones sagradas, ancestrales y culturales sin enfrentar restricciones, estigma, repudio o violencia.  Estas prácticas incluyen la persecución de sus integrantes, así como la violencia contra lugares de culto y símbolos religiosos asociados con estas tradiciones. La discriminación y racismo religiosos también puede manifestarse a través de estereotipos y prejuicios que denigran las creencias y prácticas de estas personas, perpetuando así su exclusión y marginación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) refiere que, en el caso de la población afrodescendiente, su identidad cultural implica la preservación de saberes ancestrales y la conservación de su legado histórico, por lo que las tradiciones y creencias como las religiones Lumbalú, Candomblé, Abakuá, Umbanda, Hoodoo, entre otras que tienen sus raíces en África, hacen parte del patrimonio inmaterial de la diáspora africana y se enmarcan en el proceso social de resistencia desarrollados por personas esclavizadas en las Américas.

En el caso de los pueblos indígenas, en términos de derecho a la libertad de religión y de creencias, Naciones Unidas hace referencia a un espectro de culturas y creencias más diverso y complejo, pues en consonancia con su derecho a la libre determinación, los pueblos indígenas son libres para definir y determinar su propia identidad espiritual, señala el informe “Los pueblos indígenas y el derecho a la libertad de religión o de creencias”, presentado en octubre de 2022 por el entonces Relator Especial sobre la libertad de religión o de creencias, Ahmed Shaheed.

“Muchos conceptualizan la espiritualidad como una ‘forma de vida’: la conformación de emociones, hábitos, prácticas o virtudes distintivas, la modelación de creencias y formas de pensar distintas, y una manera particular de convivir y comunicarse. Por consiguiente, la espiritualidad está relacionada con lo trascendente y es intrínseca a las experiencias y prácticas cotidianas de los pueblos indígenas. Más allá de su singularidad, la espiritualidad y la cultura indígenas suelen basarse en la comunidad, la identidad y las relaciones con las tierras tradicionales”, detalla el informe.

Un problema creciente con raíces en la discriminación racial

El hecho de que grupos de poblaciones afrodescendientes e indígenas sean los más afectados por la discriminación y racismo religiosos, está intrínsicamente relacionado a la discriminación racial y racismo sistémico que persiste en las Américas.

En el reciente webinar “El legado de las prácticas religiosas africanas y los sesgos y prejuicios sociales que enfrentan”—organizado por la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el marco de la VII Semana de las y los Afrodescendientes en las Américas—representantes de la sociedad civil asociaron el rechazo, persecución y hasta criminalización de estas prácticas a procesos históricos cargados de desconocimiento, estigmatización y prejuicios al no considerarlas “civilizadas”.

La CIDH reporta reiteradas denuncias sobre persecuciones y ataques contra la vida e integridad de líderes y practicantes de religiones de matriz africana en diferentes Estados de la región, así como denuncias sobre destrucción de templos y espacios sagrados de comunidades afrodescendientes. En Brasil, Raza e Igualdad conoce casos de intolerancia religiosa contra las religiones de origen africano que han desencadenado conflictos legales, con el inquietante resultado de que los creyentes han perdido la custodia de sus hijos,

En Bahía, la Secretaría de Estado de Promoción de la Igualdad Racial registró 19 casos de racismo religioso entre enero y el 21 de julio de 2021, lo que representa el 65% del total de casos denunciados en 2020.. Del mismo modo, en Río de Janeiro, la Comisión de Combate a la Intolerancia Religiosa (CCIR) recibió informes de 19 casos contra religiones de origen africano, incluyendo dos que involucran a niños, hasta mayo del mismo año.

Por otro lado, en México, un informe de la organización Christian Solidarity Worldwide (CSW), revela que las mujeres indígenas de este país sufren más discriminación religiosa que sus familiares varones. Detallas que las mujeres que se niegan a unirse a la mayoritaria fe católica romana sufren acoso y exclusión del sistema judicial, de los programas y servicios de prestaciones del gobierno y de la atención sanitaria prenatal.

El informe apunta que, aunque la Constitución mexicana garantiza la libertad de religión o creencia y otros derechos humanos a todos sus ciudadanos, en la práctica, las violaciones son habituales en determinadas regiones: en particular, para las comunidades indígenas que se rigen por la Ley de Usos y Costumbres.

Estándares internacionales en el marco del Derechos Internacional

A nivel del Sistema Interamericano, el derecho a la libertad de religión y creencia está consagrado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo III) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12). Mientras que, a nivel del Sistema Universal de Derechos Humanos, se estipula en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y ha sido desarrollado en mayor detalle en la Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, de 1981.

Uno de los instrumentos interamericanos más destacables en la materia, es la Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia (CIRDI), la cual señala que los Estados deben prevenir, prohibir y sancionar cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.

El “Estudio sobre libertad de religión y creencia. Estándares Interamericanos”, de la CIDH, devela un amplio marco de protección de este derecho, donde además destaca instrumentos y jurisprudencia aplicable a pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, señala la vulnerabilidad de algunos grupos, como las personas LGBTI, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras de los derechos humanos y personas privadas de libertad, por lo que brinda un conjunto adicional de aspectos del derecho a la libertad de religión y creencia en relación con estos.

Un llamado a la acción

Raza e Igualdad ha integrado a sus líneas de trabajo el combate a la discriminación y racismo religiosos. Desde 2021, en Brasil desarrollamos un proyecto encaminado a promover la tolerancia religiosa y la reducción de la violencia y la discriminación contra los practicantes de religiones afrodescendientes, a través del fortalecimiento de organizaciones afrobrasileñas para que puedan documentar casos de violencia basada en creencias religiosas, prepararles para litigios estratégicos internacionales y fomentar una cultura de respeto a la libertad religiosa, además de calificar a las entidades para que pueden brindar apoyo legal a las víctimas de dicho flagelo. En tanto, en Cuba apoyamos la elaboración del informe “Obstáculos enfrentados por líderes y miembros de religiones afrocubanas en Cuba”.

A partir de los principios de los derechos humanos, y teniendo en cuenta que la discriminación y el racismo religioso es un problema creciente en la región, Raza e Igualdad llama a los Estados de las Américas a adoptar medidas de atención y contención de este, siendo una de las más vitales la ratificación e implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia. En términos de monitoreo, es importante contar con estadísticas e información cualitativa sobre prácticas religiosas y culturales de personas afrodescendientes y pueblos indígenas, respectivamente. Asimismo, que se promueva información desprovista de prejuicios y estigmas en torno a estas prácticas, y por supuesto, que se sancione toda acción que las obstaculice e implique violación de derechos humanos de sus adeptos.

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