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“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

“Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión”: Luis Manuel Otero Alcántara, artista cubano en el exilio

Miami, 7 de octubre de 2026 – Luis Manuel Otero Alcántara, el artista cubano que desde el pasado 18 de julio reside en Miami, Estados Unidos, responde claro y contundente las preguntas a esta entrevista. En la habitación donde llegó luego de cumplir cinco años en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el oeste de Cuba, y tras ser beneficiario del programa Parole humanitario del gobierno estadounidense, él habla sobre la Isla, su familia, el Movimiento San Isidro (MSI), la migración, el arte, y las obras con las que denuncia a la dictadura que por años se ha tomado Cuba.

A continuación la entrevista del Instituto sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos al artista cubano, recortada para mayor claridad.

Ahora que estás en libertad, ¿en qué piensas frecuentemente? 

Siempre pienso en Cuba, siempre pienso en el arte, en cómo el arte va a seguir funcionando como una herramienta viva que aporta a la sociedad, tanto cubana como fuera de Cuba. Pienso en Cuba, en los que se quedaron atrás, en esa gente que ahora mismo no puede tomar agua potable porque no hay condiciones; que no hay corriente, que no hay vida en Cuba. Pienso en eso.

¿Piensas desde la ansiedad o desde un lugar de reflexión que te lleva a preguntarte: “¿qué más puedes hacer”?

Yo creo que un poco de ambas, yo creo que un poco de ansiedad porque el lugar donde estoy ahora mismo es un lugar desconocido, es un lugar que muestra retos gigantes. Estás desprovisto de un hogar ahora mismo… Tienes que tener una renta, tienes que tener un lugar donde existir. Después has hecho un montón de trabajo que te antecede, pero indiscutiblemente el mundo que viene ahora es mucho más; tienes que volver a conquistar como un nuevo espacio ahí dentro del imaginario popular fuera de Cuba. También quieres que tu trabajo, el arte, tenga esos lugares, esos nichos de reconocimiento occidental, de reconocimiento mundial, porque a partir de ahí es que puedes también seguir trabajando en pro de Cuba. Y después, ¿qué falta por hacer por Cuba? ¿Cuáles son las nuevas ideas que tienen que venir a tu cabeza para salir a trabajar por Cuba? Sufro esa realidad todos los días aún en la distancia, aún desde el exilio.

¿Cuánto tiempo tardaste en tomar la decisión de salir al exilio?

La decisión de salir al exilio tuvo varias etapas. Al año y seis meses de estar preso, yo decidí irme porque me di cuenta del impacto, de lo gigante que habíamos hecho, y que la dictadura cubana no se iba a permitir que Luis Manuel Otero Alcántara caminara por la calle. Después sigo pasando el tiempo y seguía aceptando y hubo un momento donde ya se me está acercando la salida. Tenía la posibilidad de decidir: no me voy de Cuba, si ya pasó los cinco años. Pero ahí sí reafirmé, sobre todo cuando me llevan a la casa cerca de la playa, la casa de la Seguridad del Estado. Cuando me llevan a esa casa, me di cuenta de que no había posibilidad de caminar por las calles. Inclusive, el tratamiento de la Seguridad del Estado en ese entonces ya era de que te vas porque te vas. Vamos a ceder todo lo que podamos pero es para que te vayas, no es para que tú vivas en Cuba, porque no vas a caminar por Cuba. Cuando ves todo ese aparato construido en función de que tú te vas es porque tú eres importante. Inclusive, hubo un momento donde me sacaron, entonces era como la cabeza, no podía mencionar mi nombre. Mi nombre era como algo prohibido mencionarlo. Yo decía: ‘Bueno, parece que sí, tú tienes un impacto en la sociedad y por supuesto que la dictadura no va a permitir su muerte, su propia muerte’, ¿entiendes? Y ahí es cuando me doy cuenta de que dentro de Cuba iba a ser imposible seguir trabajando. Yo podía montarme una tabla radical de quedarme en la casa, pero me iba a quedar en la casa sin internet, sin herramientas para poder seguir aportando; y es cuando decidí salir del exilio.

¿Qué se siente estar andando por la calle sin que te estén vigilando?

Todavía estoy traumado con la vigilancia. Cuando entro aquí al espacio, que voy a entrar por la calle, y pasa un carro, siento como que ese carro viene para mí. Los otros días estaba parado afuera, había una patrulla de policía en la esquina y al momento mi cuerpo regresó a aquel sitio de La Habana. Yo siento que todavía estoy vigilado, siento que donde quiera que me mueva hay un ojo de la Seguridad del Estado y del régimen cubano como pendiente de mí.

De las obras y los performances que has realizado, ¿cuál ha sido el más simbólico y más fuerte a la hora de retratar al régimen cubano?

Yo creo que mi obra en general es un testimonio vivo de esa relación dictadura tratando de descarchar el arte que le es incómodo, tratando de descarchar el arte que es comprometido con la gente… En mi trabajo siempre me comprometí con que llegara a la gente, con que hiciera pensar al individuo que camina por las calles, al individuo que hace las colas, al individuo que sufre la dictadura desde lo más primario… Y no creo que haya una obra específica, sino en mi conjunto, en mi propio cuerpo performático, mi propio cuerpo cultural, activista, artista, es la gran obra.

¿Qué ha sido lo más gratificante de haber creado el Movimiento San Isidro?

Yo creo que lo más gratificante de haber generado o de haber formado parte del Movimiento San Isidro es, primero que todo, haber demostrado que el arte era una herramienta de cambio real; no solamente un comentario político, no solamente la expresión de un artista, sino demostrar que una herramienta poderosa como el arte sirve para cambiar las cosas de primera mano, no a través de terceros ni a través de cuartos… Yo creo que para mí fue lo más importante y, por supuesto, ver en el terreno cómo una sociedad cambia de estado de terror, estado de miedo a volverse una sociedad cívica, a volverse una sociedad que podía ser capaz de tomar las riendas de su futuro inmediato y a largo plazo. Y partió de un proyecto cultural, un proyecto artístico como se llamó el MSI. Para mí la historia de Cuba está en San Isidro, pues como están muchos otros proyectos como el proyecto Varela,  y otros tantos proyectos como las Damas de Blanco, UNPACU, yo creo que San Isidro también forma parte de ese sitio de la historia reciente y forma parte también de la memoria colectiva y de esos cubanos que se sacrificaron porque Cuba fuera un sitio mejor, y eso me encantaría que así se recogiera en la historia.

Ahora que estás en el exilio, ¿cómo ves Cuba? ¿En qué cambia la mirada? 

Me cuesta trabajo responder esa pregunta porque todavía no creo que haya aterrizado. Estoy como en esa especie de limbo que era la prisión, esa especie de limbo que fue después estar en esta casa, esa especie de limbo que es montarte en un avión así y aterrizar en un sitio con toda una cantidad de información que tu cerebro está procesando. 

¿Qué fue lo más difícil de estar en prisión?

Brother, lo más difícil de estar en prisión es la prisión. La prisión es un sitio horrible. La prisión es un sitio que si pudiera como describírtelo con palabras, no se puede describir con palabras. De hecho, traje una serie de obras. Mis pinturas van a hacer un aporte a entender. Por ejemplo, hay una serie que hice que eran como unos agujeros negros, que tú sientes que estás como en una especie de limbo, como esas pesadillas que tú te caes al vacío y nunca llegas al fondo y siempre estás con esa ansiedad. Yo recuerdo la última vez que estuve en un parque de diversiones, que me montaron un aparato: eso que era como un barco y yo estuve como en la punta esa que subía para arriba, y esa sensación de bajar para abajo, que tú sientes como eso que te vas a morir. Esa adrenalina que es tóxica, es lo que tú sientes en la prisión a diario. Tú sientes que estás en un vacío que no llegas al fin. Inclusive ya después que sales, sigue estando ese vacío como muy perenne en ti durante mucho tiempo. Literalmente, tú lo que sientes en la prisión es que estás asfixiado. Esa sensación de ahogo que no te entra aire. 

Si pudieras explicar lo que pasa en Cuba a personas que no son de la Isla, ¿qué les dirías? ¿Por qué no se puede ‘romantizar’ lo que está ocurriendo?

Primero, no se puede romantizar, no se puede, es imposible romantizarlo; es imposible inclusive banalizar lo que la gente pasa en Cuba, es imposible tenerle cariño a una dictadura. Cuando alguien venga a decirme a mí algo sobre Cuba, que me estén hablando de la utopía o me estén hablando del bloqueo, del embargo, que los americanos; les diré que en Cuba lo que hay es una dictadura. En Cuba hay más de mil presos políticos. Y los presos políticos que hay ahora mismo no son ni siquiera activistas, ni son opositores. Son niños, jóvenes, mujeres que salieron a la calle a exigir un nuevo sistema político, un nuevo sistema económico. Entonces, si alguien romantiza eso es cómplice de la dictadura, es cómplice de las malas personas que están dirigiendo ahora mismo ese país. Estamos hablando de que hoy, a lo mejor hace 50 años atrás, 40 años atrás no había internet, nadie podía ver lo que pasaba en Cuba y tenías que guiarte por la propaganda del régimen. Pero ahora mismo que el día 11 de julio está ahí, que hay más de mil presos políticos, que hay más de no sé cuántas mil denuncias, si tú ahora mismo vives en una burbuja ese romanticismo, tu eres una mala persona. Tú eres una mala persona porque eres cómplice de una dictadura y yo con dictadores no quiero negocio, ni con sus cómplices menos les voy a aguantar la justificación del romanticismo. No son románticos, son asesinos.

***

Desde el instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las denuncias hechas por Luis Manuel Otero Alcántara. También condenamos el exilio forzado del que han sido víctimas este artista cubano y otras personas activistas, periodistas independientes y defensoras de los derechos humanos. Instamos al régimen autoritario de Cuba que cese la represión, libere a las personas privadas de libertad por motivos políticos e inicie una transición democrática que proteja los derechos fundamentales de las personas cubanas, dentro y fuera de la Isla.



Mecanismo de Naciones Unidas revela racismo policial en Colombia mientras crecen denuncias por muerte de dos personas afrodescendientes

Bogotá, 2 de octubre de 2026 – Luego de visitar las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdó (en Colombia), del 4 al 14 de mayo de este año, el EMLER presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el que concluyó que existe un racismo sistémico contra las personas afrocolombianas, que se reproduce en las instituciones encargadas de proteger y de hacer justicia. Sus hallazgos centrales sobre la labor policial y el sistema de justicia, son los siguientes:

 

  • Racismo sistémico, “normalizado e invisibilizado”, arraigado en las fuerzas de seguridad y en el sistema de justicia.
  • Perfilamiento racial de uso “sistemático y generalizado”.
  • Uso innecesario y desproporcionado de la fuerza, incluida la letal: jóvenes afrodescendientes perseguidos y baleados por la espalda; familias que llevan años sin avances en la investigación.
  • Expresiones policiales deshumanizantes y presencia policial excesiva en espacios de encuentro comunitario afrodescendiente.
  • Comparendos y multas arbitrarios, “comparendos fantasma”, cuotas policiales informales y uso discriminatorio del traslado para protección.
  • Impunidad, falta de acceso a la justicia y temor a denunciar.
  • Invisibilidad estadística: ausencia de datos desagregados por raza y caída del 31% de la población afrocolombiana en el censo de 2018.

El Mecanismo también advirtió que el perfilamiento racial escala hacia el uso innecesario de la fuerza. Los encuentros originados en detenciones, requisas o controles de identidad basados en estereotipos “pueden escalar innecesariamente hacia formas de violencia física”, incluida la fuerza letal. El informe sostiene que la impunidad transmite a las familias el mensaje de que sus vidas tienen menor valor ante las autoridades. 

“Nos permitimos indicar que la violencia policial racista no termina con el cuerpo de la víctima. Sus efectos se extienden a todo el Pueblo Negro, y ese daño colectivo es parte esencial de la violación”, señala el documento. 

El EMLER documentó afectaciones psicosociales, socioeconómicas, familiares y comunitarias: miedo, ansiedad, estrés, desconfianza hacia la policía y una sensación de desprotección colectiva. 

Esto tiene consecuencias en la relación entre las comunidades y las instituciones, cuando el Estado presume criminalidad por el color de la piel, el cuerpo, el cabello, la ropa, la música o el barrio, se rompe la relación básica de confianza entre ciudadanía e institucionalidad. Las personas dejan de denunciar y de acudir a la justicia, y el subregistro protege a quienes ejercen la violencia. El Mecanismo constató una “desconfianza generalizada” de la población afrodescendiente hacia las instituciones de seguridad y de justicia.

A esto se suman consecuencias que muchas veces permanecen; las multas acumuladas actúan como antecedentes que cierran el acceso al empleo y empujan a jóvenes a vivir en la informalidad o, en su defecto, el desempleo. El EMLER las describió como una forma de “criminalización administrativa de la negritud, la pobreza, la juventud y la disidencia sexual y de género”. 

El informe del EMLER se dio a conocer mientras en Colombia se denunciaba el caso de Donovan Balanta, un hombre de 34 años que murió el pasado 20 de septiembre en el suroccidente de Bogotá, luego de que lo golpeara un grupo de agentes de la Policía Nacional. Este hecho se suma al de Luis Alfredo Echeverry, otro joven afrocolombiano que murió el pasado 27 de septiembre en el departamento del Cauca, dos casos que reproducen con inquietante precisión los patrones de violencia que ha documentado el Mecanismo de Naciones Unidas: Un encuentro policial en un barrio popular con presencia mayoritaria de población afrodescendiente, el uso de la fuerza contra una persona reducida y bajo control estatal, denuncias públicas de que el procedimiento habría comenzado con expresiones discriminatorias, y una comunidad que debe movilizarse para que las pruebas se preserven y la investigación avance.

Los hallazgos del EMLER son generales y no constituyen una conclusión sobre ambos casos. Sin embargo, el componente racial debe integrar la investigación desde el primer día. “Se debe  analizar el papel que la discriminación racial, los estereotipos y los prejuicios puedan haber desempeñado en el incidente. Una investigación que ignore esa dimensión será una investigación incompleta”, señala el informe.

A raíz de la publicación de este documento y de los recientes casos de violencia en los que dos hombres afrocolombianos han resultado fallecidos, desde Raza e Igualdad hacemos un llamado a las instituciones del Estado para que adopten medidas concretas frente a estos hechos y atiendan las recomendaciones formuladas por el mecanismo internacional.

En primer lugar, solicitamos a la Fiscalía General de la Nación investigar con celeridad, independencia e imparcialidad las muertes de Donovan Balanta y Luis Alfredo Echeverry, garantizando de inmediato la preservación de todas las pruebas, incluidas las grabaciones de cámaras públicas y privadas. Asimismo, consideramos fundamental incorporar el componente racial en ambas investigaciones y evaluar la calificación penal que corresponda, de acuerdo con los estándares internacionales sobre tortura y uso ilegítimo de la fuerza.

A la Policía Nacional y al Ministerio de Defensa les solicitamos colaborar plenamente con la justicia, garantizar que ningún agente sospechoso permanezca en funciones que puedan permitirle afectar el desarrollo de las investigaciones y abstenerse de cualquier acción que pueda estigmatizar a las víctimas o a sus comunidades. Al Ministerio Público le corresponde ejercer una vigilancia activa sobre los procesos disciplinarios y penales, así como garantizar el acompañamiento a las familias con un enfoque étnico-racial y diferencial.

De igual manera, hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que proporcione garantías a las familias y a las comunidades frente a posibles represalias, asegure su participación efectiva en los procesos y garantice una reparación integral, incluida la garantía de no repetición. También solicitamos la adopción de un plan público para implementar las recomendaciones del EMLER, con responsables definidos, cronograma, presupuesto y mecanismos de seguimiento que cuenten con la participación de las organizaciones afrodescendientes. Este plan debe incluir la prohibición expresa del perfilamiento racial, el inicio del proceso para trasladar la Policía Nacional a un ministerio civil y la publicación de datos desagregados por raza y origen étnico sobre uso de la fuerza, detenciones, comparendos y muertes bajo custodia.

Al Congreso de la República le solicitamos avanzar en la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo y en la aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), así como legislar para prevenir y sancionar el perfilamiento racial.

Finalmente, hacemos un llamado a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para que mantengan un seguimiento público tanto de estos casos como de la implementación de las recomendaciones formuladas por el EMLER, con el fin de contribuir a garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para las personas y comunidades afrodescendientes afectadas.



Brooklyn Rivera: el padre, el líder y la búsqueda de una Costa Caribe unida

  • A través de los recuerdos de su hija y de quienes conocieron su trayectoria, un encuentro en memoria de Brooklyn Rivera permitió acercarse a dimensiones menos conocidas de quien durante décadas defendió los derechos, la autonomía y los territorios de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua.

Washington, D.C., 29 de septiembre de 2025.– Para el mundo, Brooklyn Rivera fue un líder indígena miskitu, defensor de los derechos de los pueblos de la Costa Caribe y una figura central de la organización indígena Yatama. Para su hija Tininiska, también fue el padre que celebró cada uno de sus cumpleaños, que le cantaba canciones en miskitu y religiosas, y que la acompañó en cada etapa de su educación.

Esa dimensión más personal fue una de las que emergió durante el encuentro virtual realizado en su memoria, denominado “La voz que no lograron silenciar: Brooklyn Rivera y la lucha por la autonomía de los pueblos indígenas en Nicaragua”, organizado por Raza e Igualdad,  y en el que participaron su hija Tininiska Rivera, el antropólogo y politólogo Miguel González y el defensor indígena Mayangna Rendel Hebbert, bajo la moderación de Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Más que reconstruir su trayectoria política, el encuentro permitió mirar a Ta Upla Brooklyn Rivera desde las voces y experiencias que nos ayudan a comprender quién fue realmente Brooklyn Rivera  y qué ideas guiaron su vida.

Un padre que entendía la educación como una forma de defensa

Tininiska recordó que su padre escogió su nombre, que significa gorrión, pero cuando estaban en privado la llamaba “Kabuyula”, nombre con el que se le conoce a un pájaro más pequeño que el gorrión y que se observa principalmente en la Costa Caribe. Además, rememoró, él estuvo presente en sus cumpleaños desde que nació hasta que cumplió 29 años. Había regalos, almuerzos, pasteles y tiempo compartido.

También recordó una faceta menos conocida: su espiritualidad. Brooklyn le cantaba canciones en miskitu y canciones religiosas, leía frecuentemente la Biblia y asistía frecuentemente a la iglesia. La fe, dijo Tininiska, era parte de su vida cotidiana. Pero si hay algo que marcó profundamente la relación entre ambos fue la importancia que Brooklyn concedía a la educación.

Desde pequeña, le insistió en que estudiara, que se preparara profesionalmente y que adquiriera las herramientas necesarias para defender los derechos de los pueblos indígenas. Tininiska aseguró que, para él, la educación no era únicamente una vía de realización personal: también era una herramienta para que las personas indígenas pudieran representar a sus pueblos y defender sus derechos.

Tininiska compartió que su padre la acompañó durante la primaria, la secundaria y la universidad y que celebró con especial orgullo cada uno de esos logros, y que después de que ella obtuvo su título universitario, le dijo: “Ese es mi mayor herencia que yo te puedo dejar para la vida”.

También refirió que aunque él celebraba siempre los cumpleaños de ella, él no era de celebrarse a sí mismo cuando cumplía años cada 24 de septiembre. Sin embargo, nunca faltaron los homenajes de parte de su familia, amigos y comunidad. Ella en particular era quien preparaba comida y un pastel de quequisque o yuca para llevárselos.

Un liderazgo marcado por la búsqueda de la paz y la autonomía

La historia pública de Brooklyn Rivera estuvo estrechamente vinculada a la organización y defensa política de los pueblos de la Costa Caribe.

Miguel González, profesor asociado en la Universidad de York, Canadá, y originario de Bluefields, situó sus primeros pasos en el liderazgo en los años setenta, cuando, siendo estudiante universitario, Brooklyn comenzó a relacionarse con otros jóvenes, docentes y liderazgos comunitarios preocupados por la discriminación histórica que enfrentaban los pueblos de la Costa Caribe.

La creación de MISURASATA fue uno de los momentos fundamentales de ese proceso, según González, quien señaló que años después, en 1987, la fundación de Yatama representó otro momento decisivo: la búsqueda de una organización política capaz de reunir distintas expresiones de la Costa Caribe y participar en el proceso de paz y en la vida política de la región.

Para González, hay un elemento que atraviesa toda esa trayectoria: la búsqueda de la paz y de la autonomía. En sus palabras, Brooklyn entendía que en la Costa Caribe era necesario dialogar, negociar y alcanzar acuerdos duraderos, y esa vocación no desapareció con el paso de los años ni con los cambios políticos, sino que se mantuvo como una forma de entender la política y el liderazgo.

Su visión tampoco se limitaba a un solo pueblo. González destacó que Brooklyn mantuvo una idea de una Costa Caribe unida, integrada por pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población mestiza costeña, dentro de un proyecto de autonomía y reconocimiento de derechos.

“Unidad en la diversidad”

Esa visión apareció también en el testimonio de Rendel Hebbert, quien conoció la figura de Brooklyn desde niño, cuando escuchó por primera vez su nombre a través de familiares involucrados en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la autonomía.

Para Hebbert, Brooklyn no construyó su liderazgo únicamente alrededor del pueblo miskitu, sino que una parte importante de su legado estuvo en la búsqueda de relaciones entre los distintos pueblos de la Costa Caribe. Ello lo resumió en una expresión que atravesó su intervención: “unidad en la diversidad”.

De acuerdo con su testimonio, esa idea se expresó en acciones concretas para procurar representación de los pueblos Mayangna y de otras comunidades dentro de Yatama y en distintos espacios de participación política y regional.

Asimismo, en el rol que jugó Brooklyn Rivera en la fundación de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y de la Bluefields Indian and Caribbean University (BICU), o bien, en la aprobación de la Ley 445, ley que regula el régimen de propiedad comunal de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe y de las cuencas de los ríos Coco, Bocay, Indio y Maíz.

Una preocupación que venía de antes de 2018

La defensa del territorio también aparece en los recuerdos de Tininiska. Ella contó que su padre llevaba años expresando preocupación por la situación de los pueblos indígenas. Desde 2014, dijo, observaba con inquietud lo que ocurría en Nicaragua y, particularmente, las condiciones de las regiones autónomas, históricamente alejadas de los centros de poder del país.

Con la crisis de 2018, esa preocupación se hizo todavía más profunda. Tininiska recordó que Brooklyn consideraba que la situación podía empeorar y advertía sobre los riesgos para los pueblos indígenas y sus territorios, especialmente ante la presencia de empresas y proyectos que, desde su perspectiva, podían afectar los territorios indígenas y sus recursos.

Más allá del nombre

La figura de Brooklyn Rivera suele aparecer asociada a grandes acontecimientos políticos de la historia reciente de la Costa Caribe de Nicaragua. Sin embargo, las voces reunidas en este encuentro permiten acercarse a una persona que existía más allá de esa dimensión pública.

Era el padre que escogió el nombre de su hija. El hombre de fe que cantaba en miskitu y leía la Biblia. El padre que convirtió la educación de su hija en una de sus mayores herencias. El líder que, según quienes conocieron su trayectoria, mantuvo la paz y la autonomía como ejes centrales de su pensamiento. Y el dirigente que buscó construir puentes entre pueblos distintos bajo una idea de unidad en la diversidad.

Recordarlo desde esas distintas dimensiones permite comprender que su legado no se reduce a los cargos que ocupó ni a las organizaciones que ayudó a construir. Está también en las ideas que transmitió, en las personas que formó y en su manera de entender la defensa de los pueblos indígenas como una tarea colectiva.

Brooklyn Rivera murió el 30 de mayo de 2026, bajo custodia del Estado, después de más de 970 días de desaparición forzada. Este 29 de septiembre se cumplen tres años de su detención arbitraria, por lo que recordar su legado es honrar su lucha y su memoria. Desde Raza e Igualdad, mantenemos el compromiso de continuar trabajando junto a su familia y organizaciones de derechos humanos para obtener verdad, justicia y reparación para sus seres queridos y los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua.

 

En Cuba, el racismo persiste detrás del discurso de igualdad

Washington D. C., 8 de septiembre de 2026 – El pasado 31 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes, una fecha para visibilizar la lucha contra el racismo y reafirmar la necesidad de avanzar hacia sociedades más igualitarias. En Cuba, informes de organizaciones de la sociedad civil y las observaciones del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) advierten sobre la persistencia de desigualdades estructurales que afectan a la población afrodescendiente.

Durante décadas, el discurso oficial cubano ha presentado la Revolución de 1959 como el momento en que la discriminación racial quedó atrás. Sin embargo, más de seis décadas después, persisten brechas en ámbitos como el empleo, la vivienda, los servicios básicos, las oportunidades económicas e, incluso, en la proporción de personas privadas de libertad. En el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) hemos documentado cómo estas desigualdades tienen un carácter estructural y reproducen condiciones históricas de exclusión.

Estas brechas, planteadas durante la revisión de Cuba ante el CERD en abril de este año, se evidenciaron en las observaciones finales de este órgano independiente divulgadas en mayo pasado.

Las mujeres y niñas afrodescendientes cubanas, por ejemplo, “enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado laboral, así como a oportunidades de participación y representación política… y se ven afectadas de manera desproporcionada por embarazos adolescentes y mortalidad materna. Además, preocupa la prevalencia de la violencia de género, incluidos los feminicidios”, señala uno de los apartados del informe del CERD. 

Desigualdad y falta de información

Por otra parte, en Raza e Igualdad hemos cuestionado las metodologías utilizadas para identificar a la población afrodescendiente y hemos señalado la necesidad de contar con información que permita visibilizar las desigualdades raciales. En su reciente revisión, el CERD consideró insuficientes las estadísticas disponibles para evaluar las condiciones de vida y el ejercicio de derechos de las personas afrodescendientes. Por ello, recomendó revisar la metodología estadística a partir de la autoidentificación, realizar un nuevo censo y publicar datos desagregados.

La desigualdad también se manifiesta en el ámbito de los derechos civiles y políticos. Según la Red en Defensa de los Derechos Humanos (RedDDHH), durante 2025 se registraron 3.511 acciones represivas que afectaron a 3.310 personas, de las cuales 1.842 eran afrodescendientes, equivalentes al 55,6 %. Esta organización también documentó una presencia significativa de personas afrodescendientes entre las víctimas de acciones represivas dentro de las prisiones.

Las protestas del 11 de julio de 2021, conocidas como 11J, también evidenciaron estas dinámicas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la desigualdad racial estuvo entre los factores asociados a las manifestaciones y que la represión afectó de manera desproporcionada a personas afrodescendientes.

El CERD, por su parte, expresó preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y perfilamiento racial contra personas afrodescendientes, especialmente en el contexto de manifestaciones pacíficas. También manifestó preocupación por el acoso, las amenazas, la vigilancia, las restricciones de movimiento y la criminalización de activistas, periodistas, artistas y defensores de derechos humanos que trabajan contra la discriminación racial y en favor de los derechos de las personas afrodescendientes.

Una igualdad que todavía no es suficiente

Las conclusiones del CERD cuestionan la idea de que el racismo sea un problema superado en Cuba. El Comité reconoció que la población afrodescendiente continúa enfrentando racismo y discriminación estructural, vinculados al legado histórico de la esclavitud, que se expresan en la pobreza, la vulnerabilidad, la marginación, la sobrerrepresentación en la población penitenciaria y las brechas en el acceso al empleo, la vivienda y los servicios básicos.

El Comité también manifestó preocupación por la falta de información suficiente sobre la implementación, los resultados y el impacto del Programa Nacional contra el Racismo y la Discriminación Racial, adoptado en 2019, así como por la necesidad de garantizar una participación amplia e inclusiva de las personas afrodescendientes y de sus organizaciones en las políticas destinadas a combatir la discriminación.

En el marco del Día Internacional de las Personas Afrodescendientes y del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025-2034), en Raza e Igualdad manifestamos que combatir el racismo exige más que reconocer la igualdad ante la ley. Como ha señalado el CERD, Cuba debe adoptar medidas concretas para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la marginación de la población afrodescendiente, fortalecer la igualdad en el ámbito laboral, investigar las denuncias de perfilamiento racial y garantizar un espacio cívico seguro para quienes defienden sus derechos.



Ley 70: 33 años de una deuda con las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

Bogotá, 27 de agosto de 2026 – Un día como hoy, en 1993, Colombia dio un paso histórico con la promulgación de la Ley 70, una norma que desarrolló el reconocimiento de los derechos territoriales, culturales, económicos y sociales de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. 33 años después, la ley sigue siendo una de las principales conquistas del movimiento social afrocolombiano, pero también evidencia una deuda que el Estado todavía no salda.

La Ley 70 nació del artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 y reconoció un principio fundamental: los territorios que estas comunidades han habitado, cuidado y defendido durante generaciones no son simplemente extensiones de tierra. Son espacios de vida, memoria, cultura, autonomía y organización comunitaria.

Por eso, la Ley 70 es importante no solo porque permite reconocer y proteger la propiedad colectiva de los territorios, sino porque establece garantías para que las comunidades puedan preservar su identidad cultural, participar en las decisiones que afectan sus territorios, proteger sus formas tradicionales de producción y desarrollar sus propios proyectos económicos y sociales. En otras palabras, busca que las comunidades puedan permanecer en sus territorios y decidir sobre su futuro sin que su identidad y sus formas de vida sean desplazadas o amenazadas.

Su importancia también trasciende a las propias comunidades. Colombia es un país construido sobre una profunda diversidad étnica y cultural, y garantizar los derechos de las comunidades afrocolombianas significa proteger parte fundamental de esa diversidad, así como los conocimientos, prácticas culturales y ecosistemas que estas comunidades han cuidado durante generaciones. Cumplir la Ley 70, por tanto, no es solamente una obligación con la población afrocolombiana: es también una condición para construir un país más justo, diverso e igualitario.

Sin embargo, 33 años después, la implementación de la Ley 70 continúa siendo incompleta. Algunas de sus disposiciones tardaron décadas en ser reglamentadas. Por ejemplo, el Capítulo IV, relacionado con el uso de la tierra, la protección de los bosques y el agua y el aprovechamiento de los recursos naturales en los territorios colectivos, solo fue reglamentado en 2023, 30 años después de la promulgación de la ley. Otras disposiciones todavía permanecen pendientes. Mientras tanto, las comunidades han enfrentado desplazamientos, confinamientos, violencia, minería ilegal y otras formas de presión sobre sus territorios.

Un terremoto que vuelve a poner el territorio en el centro

La importancia de esta deuda se evidenció con mayor fuerza tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que tuvo su epicentro en las proximidades del municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, un territorio con una importante presencia de población afrocolombiana. El desastre dejó 331 personas fallecidas y afectó a esta región y otras ciudades del país, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Entre los territorios afectados estuvieron también Buenaventura y Cali, dos lugares con una importante presencia de población afrocolombiana y con historias marcadas por profundas desigualdades sociales y territoriales. Esto permite entender que los efectos de un desastre no se distribuyen de manera aislada de las condiciones en las que viven las comunidades.

En el Chocó, el terremoto llegó a un departamento que ya enfrentaba los impactos del conflicto armado, el confinamiento, el desplazamiento, la pobreza y las dificultades históricas de acceso a servicios e infraestructura. El desastre natural se superpuso así a una emergencia social que no comenzó el pasado 10 de agosto.

Para muchas comunidades, reconstruir significa mucho más que recuperar una vivienda. Significa recuperar sus medios de vida, sus caminos, escuelas y espacios comunitarios, pero también garantizar las condiciones para permanecer en el territorio y continuar desarrollando sus proyectos colectivos.

Por eso, la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente la infraestructura afectada. Debe reconocer las particularidades de los territorios colectivos, sus autoridades, sus formas de organización y la relación histórica de las comunidades con la tierra. ¿Cómo reconstruir estos territorios sin garantizar primero, de manera efectiva, los derechos que la Ley 70 reconoció hace 33 años?

Una deuda que el Estado debe saldar

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) consideramos que los 33 años de la Ley 70 deben ser una oportunidad para que el Estado colombiano pase del reconocimiento formal a la garantía efectiva de los derechos de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. El Gobierno debe avanzar en la reglamentación pendiente, fortalecer la protección de los territorios colectivos y garantizar la participación efectiva de sus comunidades y autoridades en las decisiones que las afectan.

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto debe incorporar un enfoque étnico y territorial y convertirse en una oportunidad para enfrentar, y no reproducir, las desigualdades históricas que afectan a territorios como Chocó, Buenaventura y Cali. Reconstruir no puede significar únicamente volver a levantar lo que se cayó. También debe significar garantizar que las comunidades puedan vivir con dignidad, ejercer su autonomía y permanecer en los territorios que han cuidado y defendido durante generaciones.



Organizaciones denuncian ante la CIDH el avance de la política extractiva en Nicaragua y sus consecuencias para los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes

Washington DC, 4 de agosto de 2026.- En el marco del 196º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el  3 de agosto se celebró una audiencia pública en la que organizaciones de derechos humanos y ambientales expusieron las principales afectaciones derivadas del avance del modelo extractivo en Nicaragua.

En la audiencia, titulada «Nicaragua: Impacto de las concesiones mineras en los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes», participaron el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad),  la Fundación del Río (FdR) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), quienes presentaron hallazgos y testimonios sobre las consecuencias territoriales, ambientales y sociales de la actividad minera en Nicaragua.

Las organizaciones enfatizaron que esta situación tiene raíces en un incumplimiento histórico del Estado de Nicaragua, debido a la falta de conclusión del proceso de saneamiento de los territorios titulados bajo la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas (Ley 445), así como la ausencia de un marco legal que reconozca y proteja los derechos territoriales de los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte del país.

Señalaron que las reformas constitucionales y legales, impulsadas en los últimos años por el Gobierno de Nicaragua, han profundizado el debilitamiento de la autonomía de la Costa Caribe y han reducido la capacidad de decisión de las autoridades indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios. Para las organizaciones, la expansión minera representa la continuidad de un modelo extractivista que impulsa la explotación de los bienes naturales por encima de los derechos colectivos e individuales de los pueblos.

Carlos Quesada, director ejecutivo de Raza e Igualdad, expresó que la ausencia de saneamiento ha permitido el avance de colonos no indígenas, dejando a las comunidades totalmente desprotegidas.

“Lejos de corregir esa deuda histórica, el Estado ha profundizado el debilitamiento de las garantías territoriales. Las recientes reformas constitucionales y legales han desmantelado el régimen de autonomía de la Costa Caribe, subordinando a los Consejos Regionales y las autoridades comunales y territoriales al poder central y vaciando de contenido los mecanismos de participación y decisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes sobre sus propios territorios”, dijo Quesada.

Agregó que este proceso ocurre en un contexto de cierre absoluto del espacio cívico y de represión, que se traduce en “la persecución y criminalización de sus liderazgos. Asimismo, la invasión de los colonos somete a estas comunidades a una violencia sistemática, incluyendo violencia sexual y asesinatos”.

Por su parte, Amaru Ruiz, presidente de Fundación del Río, reiteró que la política estatal extractivista ha removido progresivamente las salvaguardas para la protección de los territorios indígenas y afrodescendientes como la eliminación de controles ambientales y territoriales —incluidos los estudios de impacto ambiental previos para proyectos mineros y la consulta pública obligatoria—, y la modificación de la estructura institucional para concentrar el control minero.

Ruiz advirtió que la expansión del modelo extractivo ha intensificado el uso de mercurio y cianuro en la actividad minera, además de propiciar la persistencia del trabajo infantil en las zonas de explotación. Asimismo, señaló que, por primera vez, la legislación permite el desarrollo de actividades mineras dentro de áreas naturales protegidas.

Como consecuencia de este modelo, Ruiz señaló que actualmente 75 lotes mineros afectan 19 áreas protegidas y dos reservas de biósfera, comprometiendo más de 900,000 hectáreas. Entre las áreas impactadas se encuentran la Reserva de Biósfera Bosawas y la Reserva Biológica Indio Maíz, dos de los principales remanentes de bosque del país.

Alejandra Manavella, de CEJIL, explicó que las consecuencias de la expansión minera  se reflejan en la transformación de los territorios, así como la afectación de los ecosistemas de los que dependen estas comunidades. Señaló que actualmente existen 62 lotes mineros que afectan 18 territorios indígenas y afrodescendientes, comprometiendo el 25.5% de las tierras comunales. Además, indicó que estas concesiones impactan 163 ríos, 80 quebradas y 1,900 km de red hídrica y afectan Bosawas y Río San Juan.

Manavella advirtió que este modelo extractivista se relaciona con procesos de desplazamiento forzado, violencia y criminalización de quienes defienden los territorios. Entre 2013 y 2024, al menos 69 personas indígenas fueron asesinadas en este contexto. Asimismo, señaló los casos de Brooklyn Rivera, Nancy Henríquez, Steadman Fagoth y los ocho guardabosques mayangnas como ejemplos de persecución contra liderazgos indígenas.

Esto sumado al avance de la frontera agrícola, invasión de colonos y la migración ambiental, que afecta especialmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Como parte de la audiencia, Lee Bell, asesor técnico y de políticas de International Pollutants Elimination Network (IPEN), presentó de forma virtual los resultados de un estudio piloto sobre concentraciones de mercurio en mujeres indígenas nicaragüenses en edad fértil que habitan una zona donde se practica la minería a pequeña escala, en el Caribe Norte del país. El video de la presentación con subtítulos en español puede verse aquí.

Por  parte de la CIDH, la Comisionada Rosa María Payá, Relatora para Nicaragua, recordó que la Comisión ha documentado de manera reiterada que, en el contexto de consolidación del régimen autoritario, los pueblos indígenas y afrodescendientes enfrentan un patrón de despojo territorial, violencia, debilitamiento de su autonomía y persecución de sus liderazgos, agravado por la expansión de actividades extractivas sin respeto de las garantías de consentimiento libre, previo e informado.

La Comisionada Marion Bethel, Relatora sobre los derechos de las mujeres, solicitó profundizar en los efectos del uso del mercurio en la actividad minera y su impacto en la salud, especialmente de mujeres, niñas y niños. Asimismo, expresó preocupación por las consecuencias que esta actividad tiene en el incremento de la violencia de género en las comunidades afectadas.

La Comisionada también consultó sobre el impacto de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países al sector minero nicaragüense, y cómo estas inciden en el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, considerando que parte de los minerales extraídos continúa llegando a mercados internacionales. Finalmente, pidió aclaraciones sobre el uso y la extracción de agua por parte de las empresas mineras, en particular respecto a las autorizaciones y concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional del Agua para el desarrollo de estas actividades.

Por su parte, Javier Palummo, Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), expresó que la discusión no solo se reduce a explotaciones mineras e impactos ambientales, sino que abarca un problema de gobernanza territorial y de distribución del poder.

“Cuando las concesiones se superponen con territorios colectivos, con áreas protegidas, cuando se debilitan los mecanismos de evaluación ambiental, de transparencia, participación, especialmente en contextos de cierre de espacios cívicos, este tipo de circunstancias dan lugar a situaciones de violencia contra las personas defensoras, desplazamiento, violencia contra las comunidades y se encuentra comprometida no solo la propiedad colectiva, la libre determinación, el derecho al ambiente sano, el agua, la salud, la alimentación, sino también las posibilidades de que las comunidades se desarrollen en condiciones de dignidad”, dijo Palummo

Al concluir la audiencia, las organizaciones solicitaron a la CIDH fortalecer el monitoreo sobre la situación de Nicaragua, incorporando de manera específica los impactos de la expansión minera sobre los territorios indígenas y afrodescendientes, articular el seguimiento con la supervisión del cumplimiento de la sentencia Awas Tingni ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y fortalecer la coordinación con los mecanismos del Sistema Universal de Naciones Unidas para reforzar el escrutinio internacional sobre Nicaragua. También se pidió a la Comisión que exhorte a los los países  miembros de la OEA involucrados en la industria minera, como capital de origen o destino de los minerales, para que garanticenque las empresas cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos.

25 de julio: Las mujeres afrodescendientes cultivan la vida, protegen a sus comunidades y construyen el futuro

Rio de Janeiro, 25 de julio, 2026.– El 25 de julio se conmemora el Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Es una fecha para reconocer, nombrar y visibilizar la fuerza de millones de mujeres afrodescendientes que, en América Latina y el Caribe, cultivan la vida, protegen sus territorios y construyen, con sus propias manos, alternativas para un futuro más justo.

Esta conmemoración surge de un contexto de profunda explotación y opresión. Las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando la intersección entre el racismo y la violencia basada en género, en una región donde las sociedades de América Latina y el Caribe aún afrontan profundos desafíos estructurales en materia de igualdad racial y de género. Se trata de una violencia que se manifiesta en múltiples ámbitos: en el acceso desigual a la educación, la salud, el trabajo digno y la participación política; en las violencias físicas y simbólicas que afectan sus cuerpos —incluida la violencia doméstica, el feminicidio, la violencia sexual, obstétrica, política y policial, así como los discursos de odio—; en las amenazas dirigidas contra sus liderazgos cuando deciden defender sus territorios, sus comunidades y sus derechos; y en la explotación no remunerada del trabajo de cuidados.

Estas desigualdades son el resultado directo de siglos de colonialidad, exclusión racial y de un pacto social que, en la mayoría de los países de la región, nunca reconoció plenamente a las mujeres afrodescendientes como sujetas de derechos. Hablar del 25 de julio es, por tanto, hablar también de historia: de la resistencia que atravesó el período colonial, la esclavización y las décadas de exclusión posteriores a la abolición; pero también es hablar del presente, reconociendo que estas desigualdades siguen determinando las condiciones de vida de millones de mujeres afrodescendientes. La raza, la etnia, el género, la sexualidad, la clase social y el territorio son factores que intensifican significativamente las experiencias de violencia y el impacto de la pérdida de derechos y del desfinanciamiento de las políticas públicas. En este sentido, es indispensable reconocer las formas específicas de subordinación y explotación a las que las mujeres afrodescendientes han sido y continúan siendo sometidas en América Latina y el Caribe, donde persisten relaciones de poder de carácter colonial e imperialista.

Protagonismo y sustento

Sin embargo —y este es el eje central que este texto busca afirmar—, las mujeres afrodescendientes no pueden ser descritas únicamente como víctimas de estas violencias. Son, ante todo, protagonistas: defensoras de derechos humanos, cuidadoras, lideresas comunitarias, guardianas de la memoria colectiva y constructoras cotidianas de sociedades más justas y democráticas. Es ese protagonismo el que el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos quiere poner en el centro de la conversación este 25 de julio.

El cuidado es un trabajo históricamente invisibilizado y no remunerado, que constituye la base sobre la cual se sostienen las familias, las economías locales y culturas enteras. En los hogares, los barrios y las comunidades rurales y urbanas, son mayoritariamente las mujeres afrodescendientes quienes garantizan el cuidado de las niñas, los niños y las personas mayores; quienes alimentan, curan y enseñan.

Ese cuidado debe entenderse como una herramienta política para cultivar y promover la vida colectiva, una práctica que garantiza la continuidad de las comunidades afrodescendientes frente a contextos adversos. Cuidar, en ese sentido, es resistir, pero también construir: es la forma más cotidiana y constante de mantener vivas a las familias, las tradiciones y los vínculos comunitarios.

Además, las mujeres afrodescendientes dinamizan las economías populares, las redes de comercio informal, la producción agrícola y la economía solidaria que sostienen comunidades enteras. También son protagonistas en la ocupación de espacios de poder, en la producción de conocimiento y en la toma de decisiones. En muchos casos son jefas de hogar y principales proveedoras de sus familias, asumiendo esa responsabilidad mientras enfrentan múltiples jornadas de trabajo precario y una desigualdad salarial que las castiga doblemente por ser mujeres y por ser afrodescendientes.

Memoria y defensa

Ese cultivo de la vida también ocurre a través de la cultura. Las mujeres afrodescendientes transmiten saberes ancestrales y recuperan, reinterpretan y actualizan constantemente esos conocimientos frente a los desafíos del presente. Esa transmisión intergeneracional de saberes constituye, por sí misma, una forma de resistencia colectiva: un patrimonio que resiste al olvido y se convierte en una herramienta de protección y de construcción de futuro.

Si cultivar la vida es un trabajo cotidiano e invisibilizado, proteger a las comunidades es un ejercicio de liderazgo público. Las mujeres afrodescendientes están al frente de organizaciones comunitarias, movimientos de base, colectivos de defensa de derechos humanos y procesos de resistencia territorial en toda la región. Son ellas quienes, muchas veces desde la primera línea, denuncian violaciones de derechos humanos, acompañan a las víctimas, articulan redes de protección y llevan sus demandas a espacios de incidencia política, tanto nacionales como internacionales.

Ese liderazgo no está exento de represalias por parte del sistema cisheteropatriarcal. Las mujeres afrodescendientes que deciden defender sus territorios —ya sean rurales, quilombolas, urbanos o periféricos— enfrentan amenazas, estigmatización y, en muchos países de la región, un riesgo real para sus propias vidas. La violencia política y de género contra las lideresas afrodescendientes sigue siendo una de las expresiones más graves de la desigualdad racial en las Américas. Aun así, estas mujeres permanecen de pie, al frente, liderando procesos de defensa de derechos y de protección territorial.

Proteger también significa preservar la memoria. Las mujeres afrodescendientes son guardianas de historias que el racismo estructural intentó borrar: memorias de resistencia, ancestralidad y lucha colectiva. En ese sentido, la construcción de la paz en los territorios afrodescendientes pasa necesariamente por las manos de estas mujeres, que sostienen procesos comunitarios de convivencia, reparación y cuidado colectivo incluso en contextos de violencia persistente.

Esa protección también tiene una dimensión colectiva y organizativa. Son las mujeres afrodescendientes quienes, con frecuencia, articulan redes de apoyo mutuo entre organizaciones, crean espacios seguros para otras mujeres y niñas, y construyen puentes entre sus comunidades y los mecanismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Es un trabajo que exige constancia y estrategia y que, muchas veces, implica confrontar directamente estructuras de poder que prefieren silenciar estas voces.

Futuro

El protagonismo de las mujeres afrodescendientes también se proyecta decididamente hacia el futuro. Esa proyección se expresa, en primer lugar, a través de la educación, especialmente mediante el acceso que buscan y conquistan, rompiendo barreras estructurales de exclusión racial y de género. También se manifiesta en la participación política: las mujeres afrodescendientes ocupan, cada vez con mayor fuerza, espacios de representación en parlamentos, consejos, organismos internacionales de derechos humanos y foros multilaterales, llevando a esos escenarios las demandas concretas de sus comunidades. Aunque su presencia sigue siendo minoritaria debido a la histórica subrepresentación de las mujeres afrodescendientes en los espacios de poder, representa una transformación profunda, fruto de siglos de resistencia.

Finalmente, ese protagonismo se refleja en la formación de las nuevas generaciones, especialmente a través de la transmisión de un proyecto de futuro. Al educar, organizar y ocupar espacios de decisión, las mujeres afrodescendientes construyen activamente alternativas, nuevas formas de convivencia comunitaria, nuevos modelos de liderazgo y nuevos caminos para que las próximas generaciones vivan con mayor dignidad, más derechos y menos violencia.

Compromiso

Es precisamente desde ese protagonismo de las mujeres afrodescendientes que se sitúa el trabajo de Raza e Igualdad, una organización que cuenta con el aporte de numerosas mujeres afrodescendientes que forman parte de nuestro equipo y que impulsan estrategias concretas para enfrentar el racismo, el machismo y la LGBTQIAPN+fobia. Trabajamos junto a activistas y organizaciones de mujeres afrodescendientes en toda América Latina, apoyando la documentación y el registro de violaciones de derechos humanos y fortaleciendo su capacidad de incidencia en espacios nacionales e internacionales de toma de decisiones. Promovemos la participación efectiva de estas lideresas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), mantenemos un diálogo permanente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y contribuimos con informes y recomendaciones al Foro Permanente sobre los Afrodescendientes de las Naciones Unidas y al Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley.

Ese trabajo de incidencia ya ha dado lugar a informes que analizan la participación política de las mujeres afrodescendientes en Brasil, Chile, Colombia y Honduras, visibilizando tanto la violencia política que enfrentan —aún más aguda cuando se trata de mujeres trans— como las estrategias que ellas mismas construyen para ocupar espacios de poder y de toma de decisiones. Asimismo, promovemos diálogos regionales e internacionales que conectan la experiencia de las mujeres afrodescendientes de América Latina y el Caribe con las luchas de la diáspora africana en otros contextos, fortaleciendo redes de solidaridad y aprendizaje mutuo entre lideresas de distintos países. Ese es el compromiso que Raza e Igualdad reafirma este 25 de julio: seguir al lado de las organizaciones de mujeres afrodescendientes, fortaleciendo sus luchas para transformar la realidad de sus comunidades y de nuestras sociedades.

Reconocer y celebrar la capacidad de acción de las mujeres afrodescendientes en América Latina y el Caribe es indispensable para avanzar verdaderamente hacia la igualdad racial y de género. Porque las mujeres afrodescendientes cultivan la vida todos los días, cuidando de sus familias y de sus comunidades; protegen sus territorios, sus liderazgos y su memoria colectiva; se organizan políticamente y ocupan espacios de poder; y construyen, con determinación y valentía, los caminos hacia un futuro más justo, más democrático y más digno para ellas, para toda la sociedad y para las generaciones venideras.

Luis Manuel Otero Alcántara: Del encarcelamiento al exilio forzado

Washington D. C., 18 de julio de 2026. El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) celebra que el artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad tras cumplir injustamente una condena de cinco años de prisión por ejercer sus derechos fundamentales. Sin embargo, rechaza que esa libertad solo haya sido posible mediante su salida de Cuba como beneficiario del programa de parole humanitario. La llegada de Otero Alcántara a Miami (Estados Unidos), ocurrida este sábado 18 de julio, constituye un nuevo episodio de la práctica sistemática de exilio forzado utilizada por el régimen cubano contra quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Su salida de la Isla no representa un acto de libertad plena, sino la continuidad de una política represiva que busca silenciar las voces críticas mediante el destierro.

Durante años, Otero Alcántara se consolidó como una de las principales voces del arte independiente y de la defensa de los derechos humanos en Cuba. Fue cofundador del Movimiento San Isidro, un colectivo integrado por artistas, intelectuales y activistas que promueve la libertad artística y las libertades fundamentales en la Isla. Tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, fue detenido arbitrariamente. Incluso después de cumplir íntegramente su condena, las autoridades cubanas mantuvieron en secreto su paradero durante varios días, prolongando la incertidumbre sobre su situación antes de concretar su salida del país.

Hace apenas unos días, obras de Otero Alcántara integraron la exposición La prisión invisible: Artistas presos en Cuba, presentada en el Museo de Arte de las Américas (Washington D. C.) en colaboración con Raza e Igualdad y otras organizaciones aliadas. La muestra reunió obras de artistas encarcelados por motivos políticos para denunciar el impacto de la represión sobre la libertad de creación y expresión en Cuba y reafirmar el papel del arte como una forma de resistencia frente al autoritarismo.

«Celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad después de cinco años de injusto encarcelamiento. Sin embargo, nadie debería verse obligado a abandonar su país para dejar atrás la prisión. El exilio forzado impuesto por el régimen cubano demuestra que el destierro sigue siendo una herramienta de represión contra quienes ejercen pacíficamente sus derechos fundamentales. Este caso evidencia, una vez más, la falta de libertades fundamentales y el cierre del espacio cívico en Cuba«, afirma Carlos Quesada, director Ejecutivo de Raza e Igualdad.

Lo sucedido con Otero Alcántara refleja una práctica sistemática de represión documentada por organizaciones cubanas e internacionales de derechos humanos. La criminalización de la disidencia, las detenciones arbitrarias, el hostigamiento, la vigilancia y el destierro son mecanismos utilizados para restringir el espacio cívico y silenciar a quienes ejercen y defienden sus derechos fundamentales.

Desde Raza e Igualdad celebramos que Luis Manuel Otero Alcántara haya recuperado su libertad, al tiempo que rechazamos el exilio forzado como una práctica represiva incompatible con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Exigimos al régimen autoritario de Cuba la liberación inmediata e incondicional de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos. Asimismo, instamos a la comunidad internacional a denunciar el exilio forzado como un mecanismo de persecución política y a mantener su atención sobre la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa Cuba, exigiendo el cese de las violaciones sistemáticas contra quienes defienden pacíficamente la democracia, las libertades fundamentales y la dignidad humana.



El Día de la Afrocolombianidad no es solo una conmemoración, es un llamado al reconocimiento de derechos

Bogotá, 21 de mayo de 2026 – Hay una forma de estar en el mundo que no se aprende en un aula ni se decreta desde una institución. Se aprende viviendo en comunidad, cuidando. 

En Colombia, las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han vivido así desde siempre; no porque no tuvieran otra opción, sino porque entendieron algo que a otros les ha costado siglos comprender: que la vida sola no alcanza, que el territorio se cuida entre todes y que la dignidad no es un logro individual, es una construcción colectiva.

Hoy 21 de mayo las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras conmemoran la Afrocolombianidad desde ese lugar: desde los procesos organizativos que llevan décadas construyendo agenda; desde los consejos comunitarios que gobiernan el territorio con sus saberes; desde las organizaciones de mujeres que han sostenido la vida cotidiana en los momentos en que todo lo demás se desmoronaba. Desde las juventudes que recibieron un legado enorme y lo están cargando hacia adelante con compromiso y orgullo. 

Ese legado viene de muy atrás. Y para entender lo que hoy se conmemora, hay que comprender contra qué se ha resistido para llegar hasta aquí. Porque la lucha del pueblo negro en este país no empezó en 1851, cuando se abolió la esclavitud. Inició cuando los primeros africanos fueron traídos a estas tierras, arrancados de sus familias, de sus lenguas, de sus nombres, de su identidad. Y desde ese momento, la lucha fue por recuperar la humanidad que les fue arrebatada. 

Los palenques fueron la expresión más visible de esa decisión; comunidades enteras que dijeron que no, que construyeron su propio territorio. San Basilio de Palenque, un corregimiento del Caribe colombiano, sobrevivió. Defendió su autonomía, preservó su lengua, mantuvo su memoria. Y hoy sigue en pie.

La libertad llegó en 1851 sin tierra, sin recursos, sin las condiciones reales para ejercerla. Y las comunidades tuvieron que seguir. Por el territorio. Por la educación. Por el derecho a participar, a decidir, a ser reconocidas. 

Esa lucha llegó a la Constitución de 1991. Las organizaciones de comunidades negras no esperaron que les dieran un espacio, lo construyeron. Llegaron con agenda propia y lograron que la diversidad étnica y cultural quedara reconocida. Lograron la Ley 70 de 1993, que reconoció los territorios colectivos y el derecho a la consulta previa. Eso no fue un regalo. Fue el resultado de décadas de organización, de personas que dedicaron su vida a hacer posible lo que parecía imposible.

Y, sin embargo, la brecha entre lo que la ley dice y lo que la realidad muestra sigue siendo enorme. Entre el 4 y el 14 de mayo de este año, por ejemplo, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia y la Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley (EMLER) de Naciones Unidas, escuchó a las comunidades, a las organizaciones y a las instituciones del Estado. Y al terminar dijo lo que las comunidades llevan décadas nombrando: que el racismo en Colombia no es una colección de incidentes aislados, sino un sistema estructural, histórico y sostenido. Uno que se expresa en los indicadores de salud, en los mapas de violencia, en los territorios sin protección, en los cuerpos que no generan la misma urgencia cuando desaparecen.

Las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras han demostrado, a lo largo de siglos, que la identidad no se decreta ni se concede. Se construye, se defiende y se transmite. Y eso es precisamente lo que este país tiene entre sus manos: un patrimonio vivo, organizativo, cultural y político que sigue creciendo, que sigue formando líderes, que sigue cuidando territorios, y que sigue siendo, después de todo lo que se le ha puesto enfrente, una fuerza transformadora.

Por eso este día no es solo conmemoración; es también un llamado a que este país honre con hechos lo que ha reconocido con palabras, y a que los derechos que costaron siglos de lucha se ejerzan sin que nadie tenga que pagar con su vida por defenderlos.

Desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos eco a las palabras de Alomía, y nos unimos a la conmemoración de esta fecha, para recordar que el racismo afecta a millones de personas afro en Colombia; y, al mismo tiempo, exigimos al Estado colombiano que brinde garantías para el reconocimiento de derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras de este país.

Dayana Alomía, consultora Legal de Raza e Igualdad en Colombia.



Organizaciones afrodescendientes exponen ante expertas de la ONU los desafíos estructurales que enfrenta la población afrodescendiente en México

Washington, D.C., 20 de mayo de 2026. – Durante la visita oficial a México del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes de las Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil, liderazgos comunitarios y representantes afrodescendientes de distintos territorios del país compartieron con las expertas internacionales sus principales preocupaciones, desafíos y demandas en materia de derechos humanos, reconocimiento, participación política, justicia racial y desarrollo sostenible.

La visita oficial, que inició el 11 de mayo y concluirá el 20 de mayo, es encabezada por Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo, y Catherine Namakula, miembra del mecanismo. Durante su estancia en el país, las expertas han examinado la situación de los derechos humanos de les afrodescendientes en México, recabando información sobre racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, así como promoviendo la implementación del Segundo Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2025-2034).

La delegación sostuvo reuniones con autoridades gubernamentales, instituciones nacionales, representantes de los poderes legislativo y judicial, así como con personas afrodescendientes, organizaciones de la sociedad civil y otros actores que trabajan en temas de discriminación racial y derechos humanos.

El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) tuvo el honor de apoyar la coordinación de espacios de diálogo y encuentros entre las expertas y activistas afrodescendientes en los distintos territorios visitados. Estos espacios fueron posibles gracias al compromiso, liderazgo y capacidad de movilización de liderazgos comunitarios afrodescendientes que convocaron a organizaciones, autoridades comunitarias, juventudes, mujeres, personas defensoras de derechos humanos y representantes de diversos sectores de sus comunidades para dialogar con las expertas de Naciones Unidas. Raza e Igualdad expresa un especial agradecimiento a Rosa María Hernández Fitta en Córdoba y Yanga (Veracruz); Teresa Mojica y las integrantes de Afrocaracolas en Puerto Marqués (Guerrero); Sergio Peñaloza en Cuajinicuilapa (Guerrero); y Yolanda Camacho en El Azufre (Oaxaca), cuyo trabajo de articulación territorial hizo posible una amplia y diversa participación de la población afrodescendiente. Sin su compromiso y liderazgo, estos encuentros no hubieran sido posibles.

Las actividades iniciaron el 13 de mayo de 2026 con un encuentro realizado en el Centro de Estudios Constitucionales y Saberes Jurídicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, representado en esta ocasión por la Dra. Gema Tabares.

Durante los encuentros, las principales preocupaciones planteadas por las organizaciones y comunidades afrodescendientes destacaron que aunque existen avances institucionales dirigidos a la población afromexicana, estos continúan siendo insuficientes debido a limitaciones presupuestarias, falta de voluntad política y una visión predominantemente indigenista que no responde plenamente a las realidades, identidades y necesidades específicas de los pueblos y comunidades afrodescendientes.

En este sentido, se reiteró la necesidad de crear una institucionalidad especializada exclusivamente en la población afrodescendiente, con recursos adecuados, personal capacitado y capacidad para implementar políticas públicas integrales y sostenibles.

Asimismo, las organizaciones insistieron en la urgencia de fortalecer las acciones afirmativas y garantizar una representación política real de las personas afrodescendientes en espacios de toma de decisiones. Expresaron preocupación por los constantes intentos de usurpación de candidaturas destinadas a personas afromexicanas y por la utilización del censo como único mecanismo para acreditar pertenencia afrodescendiente, pese al bajo nivel de autorreconocimiento derivado de siglos de invisibilización histórica y discriminación racial.

Las organizaciones también destacaron la necesidad de avanzar en el reconocimiento de la autonomía y libre determinación de pueblos y comunidades afrodescendientes, así como de sus sistemas normativos propios, formas de organización y autogobierno.

Igualmente, manifestaron preocupación por la falta de protocolos específicos de consulta para pueblos afromexicanos, la ausencia de numerosas comunidades en el Catálogo Nacional de Comunidades Afromexicanas y el abandono de la discusión sobre una ley reglamentaria afromexicana que permita traducir los derechos constitucionalmente reconocidos en políticas públicas, mecanismos de protección y garantías concretas.

Las organizaciones denunciaron que la población afromexicana continúa enfrentando importantes barreras para acceder a una educación inclusiva y libre de discriminación. Entre las principales preocupaciones se destacó la ausencia de contenidos y currículos afromexicanos en las aulas, situación que contribuye a la invisibilización histórica de los aportes de la población afrodescendiente y perpetúa estereotipos raciales.

Asimismo, se señaló la falta de acceso efectivo a educación técnica y universitaria para muchas comunidades afrodescendientes. Incluso cuando las familias realizan importantes esfuerzos económicos para que sus hijas e hijos continúen estudios superiores, persisten obstáculos para acceder a empleos dignos debido a prácticas discriminatorias y al racismo estructural presente en el mercado laboral.

Las organizaciones también denunciaron que el perfilamiento racial continúa siendo una realidad cotidiana para muchas personas afrodescendientes, particularmente cuando salen de sus comunidades ancestrales. Con frecuencia son percibidas como personas extranjeras o migrantes debido a sus características físicas, enfrentando actos de discriminación, cuestionamientos sobre su nacionalidad y tratos diferenciados por parte de autoridades y particulares.

Las organizaciones subrayaron la importancia de incorporar un enfoque interseccional en el análisis de la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente en México. Destacaron que las mujeres afrodescendientes continúan enfrentando múltiples formas de discriminación derivadas de la interacción entre racismo y sexismo, así como mayores niveles de exclusión económica, violencia y barreras para acceder a espacios de participación y liderazgo.

Por su parte, las juventudes afrodescendientes enfrentan obstáculos específicos relacionados con el acceso a educación de calidad, empleo, oportunidades de movilidad social y participación política, además de ser frecuentemente afectadas por la criminalización, la estigmatización y la violencia.

Asimismo, se resaltó la situación de las personas afrodescendientes migrantes, quienes enfrentan formas agravadas de discriminación y vulnerabilidad debido a la convergencia de factores como raza, nacionalidad, situación migratoria y exclusión socioeconómica.

Otro de los temas abordados fue la protección del patrimonio cultural afrodescendiente, particularmente del afroseminol, lengua criolla de base inglesa hablada por la comunidad mascoga en Coahuila y actualmente en peligro de extinción.

Las organizaciones también resaltaron la necesidad de fortalecer y apoyar las iniciativas comunitarias orientadas a preservar la memoria histórica afrodescendiente, incluyendo museos comunitarios como el Museo Afromexicano de Huehuetán, espacios culturales y proyectos artísticos que desempeñan un papel fundamental en la construcción de identidad, autoestima colectiva y lucha contra la invisibilización. Sin embargo, señalaron que estas iniciativas continúan recibiendo escaso apoyo institucional y financiero.

Las comunidades afrodescendientes de zonas costeras alertaron igualmente sobre los impactos del cambio climático, el abandono estatal y proyectos económicos que afectan sus territorios y medios de vida, especialmente en lugares como Puerto Marqués, en Acapulco, y El Azufre, en Oaxaca.

Además, se denunciaron afectaciones derivadas de la violencia y el crimen organizado, incluyendo desapariciones, asesinatos, intimidación y falta de acceso a la justicia.

Las y los activistas señalaron también la necesidad urgente de contar con centros de salud adecuadamente equipados y con personal permanente. Actualmente, muchas personas afrodescendientes deben trasladarse largas distancias para acceder a atención médica o recurrir a servicios privados de alto costo, situación que limita seriamente el ejercicio del derecho a la salud.

Igualmente, manifestaron preocupación porque muchos programas y apoyos gubernamentales establecen requisitos que resultan inaccesibles para comunidades, organizaciones y activistas afrodescendientes, excluyendo precisamente a quienes más necesitan acceder a estos recursos.

Las organizaciones participantes subrayaron la importancia de que las recomendaciones que emita el Grupo de Trabajo contribuyan a fortalecer el reconocimiento, la protección y la garantía efectiva de los derechos de las personas afrodescendientes en México, desde una perspectiva de reparación histórica, justicia racial, igualdad sustantiva y participación efectiva de las comunidades.

Hoy, 20 de mayo de 2026, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las Personas Afrodescendientes dará a conocer sus observaciones y recomendaciones preliminares durante una rueda de prensa al cierre de su visita oficial a México. Posteriormente, se espera que el informe final sobre la misión sea presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas posiblemente en septiembre de 2026.

Raza e Igualdad reitera su compromiso de continuar acompañando y apoyando a la población afrodescendiente en México, como lo ha hecho durante muchos años, promoviendo espacios de diálogo, fortaleciendo las capacidades de organizaciones y liderazgos afrodescendientes, impulsando procesos de incidencia nacional e internacional y contribuyendo a la defensa de sus derechos humanos.

Confiamos en que las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta visita contribuirán a visibilizar los desafíos que continúan enfrentando las personas, pueblos y comunidades afrodescendientes en México, así como a fortalecer las acciones necesarias para avanzar hacia la igualdad racial, la reparación histórica, el reconocimiento pleno de sus derechos y una participación efectiva en la vida política, económica, social y cultural del país.

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