La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.

(Ginebra, 7 de julio de 2022) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptó una resolución para renovar el mandato de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más. En una votación crítica, la resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, con el voto en contra de 17 y la abstención de 7.

Fueron 1256 organizaciones no gubernamentales de 149 estados y territorios de todas las regiones que apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, y pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG.

“Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro”, dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil. “Al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades”.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial”, agregó Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil. “Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse”.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato de le Experte Independiente ha recibido el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

“Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos”, agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

Le experte independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación. Desde 2016, el mundo ha aprendido más sobre el impacto de la criminalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la necesidad de reconocer legalmente el género de una persona, las barreras para la inclusión social, la importancia de recopilar datos relacionados con la vida de personas LGBT, el daño causado por las llamadas ‘terapias de conversión’, y más. Le experte también ha arrojado luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen plenamente con le Experte Independiente en este importante trabajo para lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

** FIN **

Nota para los medios de comunicación:

  1. Le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este mandato se estableció en 2016 y ha sido ocupado por Vitit Muntarbhorn (2016-2017) de Tailandia y Víctor Madrigal-Borloz (2018-en curso) de Costa Rica.
  2. Este comunicado se refiere a “personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género” o a personas “LGBT”, en lugar de “LGBTI”, ya que el mandato tiene la tarea específica de abordar las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

La represión de las históricas protestas del 11J en Cuba

Washington D.C., 6 de julio de 2022. –  A pocos días de que se cumpla un año de las marchas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respondió cuatro preguntas que ayudan a conocer y entender qué ocurrió en la Isla en aquel entonces.

¿Qué pasó en Cuba en julio de 2021?

El 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante, “11J”) se vivió en Cuba una de las mayores protestas de la historia reciente de este país. En esa ocasión, miles de personas salieron a las calles de más de 50 ciudades para manifestar pacíficamente su preocupación ante el agravamiento de las crisis sanitaria y económica, y denunciar las políticas de reducción del espacio cívico impuestas por el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil registraron más de 124 manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio cubano, que incluyeron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud[1]. Un número elevado de protestas reportaron violaciones graves a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza policial, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país[2].

¿Por qué la gente salió a marchar?

Las manifestaciones se iniciaron en las localidades de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (cerca de La Habana); y Palma Soriano, en Santiago; sin embargo, se extendieron rápidamente a todo el país. Las protestas que tuvieron inicio el día 11 de julio de 2021 en Cuba significaron la respuesta de la sociedad cubana a una situación social que empeoraba día tras día. Esto debido a la incapacidad del Estado cubano de garantizar de manera efectiva el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y respetar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Por un lado, el país enfrentaba (y aún enfrenta) una profunda crisis económica caracterizada por la escasez y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. A esto se sumaba, las consecuencias de la respuesta del gobierno a la propagación del virus COVID-19, que impactaron Cuba de forma muy negativa, agravando los sistemas de salud y la precaria situación social previa a la irrupción de la pandemia. Finalmente, la creciente represión como respuesta a las crisis se hizo insostenible para miles de personas[3].

¿Cómo respondieron las autoridades cubanas a las manifestaciones pacíficas del 11J?

El gobierno respondió a las manifestaciones con una brutal represión que incluyó uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, amenazas, hostigamientos, torturas y tratos crueles e inhumanos, tanto de agentes estatales como de fuerzas parapoliciales afines al gobierno. En las semanas siguientes a la protesta se registraron cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y en las residencias de personas activistas, a quienes se les impidió salir de sus viviendas.

El día 12 de julio de 2021, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un discurso en el cual incitó a la población civil a salir a las calles a “actuar”, incluso a través de la violencia en contra de las personas manifestantes[4]. En ese discurso, alertó a los/as manifestantes que tenían que “pasar por encima de [sus] cadáveres si quieren enfrentar la Revolución, y esta[ban] dispuestos a todo y estar[ían] en las calles combatiendo”[5]. La respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización en contra de las personas manifestantes, a las que calificó de “contrarrevolucionarios”, “delincuentes”, “vándalos”, “mercenarios” y “enemigos del Estado”.

Asimismo, el 11 de julio y los días siguientes se registraron cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet que buscaban impedir la difusión del movimiento en las redes sociales y la prensa independiente. Como respuesta a las protestas, el 17 de agosto de 2021 el gobierno promulgó el Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 que significaron nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad. Estas medidas buscaron generar un mayor control estatal sobre las manifestaciones sociales, dado que internet se había convertido en un espacio fundamental para el ejercicio del derecho de protesta en Cuba.

Este tipo de respuesta no resulta desconocida en la Isla, ya que la enfrenta a diario toda persona que se atreve a expresar sus ideas y opiniones independientes y diferentes a las del gobierno. La represión a quien piensa diferente en Cuba se ve agravada en contextos de crisis, como lo fue el de los años 90. En aquella ocasión, el Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Cuba, advirtió en el año 1991 que “desafortunadamente para la causa de los derechos humanos, las autoridades cubanas han decidido enfrentar esa difícil situación económica con un incremento del control represivo dirigido a los supuestos opositores del régimen, la mayoría de los cuales aspiran a cambios no violentos de unas circunstancias que encuentran intolerables”[6].

De acuerdo con datos de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, al 30 de junio de 2022, 1481 personas (incluyendo 57 menores de 18 años) habrían sido privadas de su libertad en el contexto de las protestas[7]. De estas, 701 permanecen actualmente en detención[8]. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de activistas, artistas, periodistas, líderes y lideresas de movimientos de oposición política al gobierno; profesores, estudiantes, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató un patrón sistemático de violaciones al debido proceso en el contexto de las privaciones de libertad de personas que participaron en las protestas, tales como: la incomunicación de la persona detenida, interrogatorios con fines intimidatorios, falta de notificación sobre las causas legales de su detención, ausencia u obstaculización para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, entre otros[9].

A un año de las protestas, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?

Cerca de 10 días después de las protestas, se registraron las primeras condenas de cárcel para algunas personas por su participación en las protestas del 11J. Estas condenas se dieron en juicios sumarios por la vía del atestado directo -un procedimiento expedito que pasa directamente de la fase de investigación policial al juicio oral, sin acusación fiscal ni proceso[10]-. La mayoría de las personas acusadas no contaron con la asistencia oportuna de un abogado. Un total de 47 personas habrían sido condenadas por este procedimiento[11].

Justicia 11J y Cubalex han registrado hasta el 30 de junio de 2022, 584 personas condenadas. Según información disponible, los delitos imputados se repiten en la mayoría de las personas procesadas: “desorden público”, “atentado”, “desacato”, “instigación a delinquir”, “propagación de epidemias”, “sedición”, “manifestaciones ilícitas”, “daños” y “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Al menos 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, y un gran número de ellos y ellas provienen de los barrios más desfavorecidos de La Habana. Esto ha resultado que las sanciones hayan tenido un impacto desproporcionado en poblaciones de personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes.

De acuerdo con la información registrada por las organizaciones antes mencionadas, del total de las personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 años al momento de su detención, y fueron sancionadas en primera instancia con penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad[12]. Asimismo, 71 mujeres (más de una veintena de ellas, madres) y 9 adultos mayores continúan detenidos[13]. Por último, estas organizaciones informan que una treintena de manifestantes excarcelados han emigrado o han sido forzados al exilio[14].

La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos también han expresado su preocupación por las sentencias dictadas en Cuba respecto a los hechos del 11J. El Comité Contra la Tortura (CAT) ha instado al Estado cubano a que “investigue, juzgue y sancione a los responsables de uso excesivo de la fuerza y malos tratos durante las protestas”[15]. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha llamado al Estado cubano a dar cuenta “sobre las presuntas desapariciones por 11J”[16]. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) incluyó dentro de sus recomendaciones reconsiderar “la severidad y proporcionalidad de las sentencias para los niños, niñas y adolescentes que participaron en las protestas del 11J”[17].  De la misma manera organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatores especiales siguen muy de cerca con preocupación las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba a raíz del 11J, haciendo un especial llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social.”[18]

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[1] Registro realizado por Proyecto Inventario,” Manifestaciones en Cuba, domingo 11 de julio 2021”, https://www.google.

com/maps/d/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=21.661531077124163%2C-80.20082207193147&z=7

[2] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021 https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[3] CIDH “La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos”, 15 de julio de 2021disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp

[4] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[5] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[6] Representante Especial del Secretario General, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, preparado por el Representante Especial del Secretario General, Sr. Rafael Rivas Posada, en cumplimiento del mandato conferido por la resolución 1991/68 de la Comisión, párr. 30, Comisión de Derechos Humanos, U.N. Doc. E/CN.4/1991/27 (28 enero 1992) (por Rafael Rivas Posada)

[7] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[8] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[9] Cfr. CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 70

[10] Prisoners Defenders, Atestado Directo: así están siendo juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba, 17 de julio de 2021.

[11] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[12] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[13] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[14] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[15]Diario las Americas, Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/onu-cuba-debe-sancionar-abuso-fuerza-protestas-n4249031

[16] Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 de Enero de 2022, Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/

[17] CRC, Observaciones finales, CRC/C/CUB/CO/3-6, 16 de junio de 2022, párr. 26 (e).

[18] CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 77.

Personas presas políticas beneficiarias de medidas cautelares CIDH sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Washington D.C., 28 de junio de 2022-. El pasado 24 de junio, en una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a favor de 60 personas nicaragüenses, entre las cuales figuran 44 personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, Comisionadas y Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron  su preocupación ante los actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sometidas las personas beneficiarias. Al respecto, el comisionado  Joel Hernández expresó que  son “claramente personas presas políticas, que han sido detenidas por alzar la voz en una sociedad en la que se han cerrado todos los espacios democráticos“. 

La Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, expresó su profunda “angustia” ante la negativa del régimen de Ortega y Murillo de dar respuesta a las solicitudes de información sobre la situación de las personas detenidas. “Las respuestas no han sido efectivas, no hay respuestas del Sistema (de Justicia) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas). Y cuando digo la vida, digo su integridad física, su salud mental, su salud psicológica, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura”. 

Arosemena solicitó a la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, un trabajo en coordinación con la Comisión para emitir un comunicado de prensa que identifique la situación específica de salud de las personas beneficiarias y la falta de atención médica.

Las autoridades de la CIDH recordaron que el Estado debe abstenerse de ejercer represalias en contra de las personas participantes de la audiencia, las personas beneficiarias de las medidas cautelares y sus familiares.

Organizaciones representantes denuncian “absoluta falta de implementación de las medidas”

Las seis organizaciones de la sociedad civil, representantes de las personas beneficiarias de medidas cautelares, enfatizaron ante la Comisión la absoluta falta de implementación de las medidas por parte del Estado nicaragüense y la gravedad de la situación en la que se encuentran las personas presas políticas en las diferentes  cárceles del Sistema Penitenciario del país. Además, urgieron a la CIDH pedir la liberación inmediata de estas personas, pues “sólo esto permitirá evitar que se sigan materializando los daños a su salud y a su integridad personal” que ponen en alto riesgo sus vidas.

Carmen Herrera, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), señaló que de 60 personas beneficiarias, 44 personas continúan  privadas de libertad por ejercer sus derechos a la protesta cívica, la libertad de expresión y de reunión pacífica. Sólo 7 de estas personas han sido excarceladas, a pesar de lo cual, continúan expuestas a riesgos. Asimismo, denunció que sus detenciones fueron muy violentas, a tal punto de causar lesiones físicas que no han sido tratadas adecuadamente, y “los procesos de criminalización que han enfrentado no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso”.

Por otro lado, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que las personas beneficiarias se encuentran arbitrariamente privadas de libertad en condiciones de insalubridad y que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ruiz explicó que las celdas de detención  están plagadas de insectos, no existen servicios higiénicos, tan sólo un orificio en el piso, el acceso al agua potable no es permanente, hay ratas que dañan los alimentos, entre otros aspectos que configuran ambientes insalubres que impactan a las personas presas.

Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que se ha documentado que la tortura sexual ha sido una práctica sistemática en contra de personas presas políticas, especialmente de las mujeres, provocando graves impactos diferenciados en su vida e integridad.  Además destacó que “No tienen acceso a servicios de salud específicos que atiendan a sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género y orientación sexual”. 

Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” expresó que “la tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada”. La organización ha documentado que durante los últimos 6 meses, personas presas políticas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida e incluso de “quitarles a sus hijos”. Estos malos tratos se extienden a sus familias. “Se han registrado tocamientos excesivos en su contra, particularmente mujeres, niñas y adolescentes”.

En su intervención, Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), explicó que el deterioro de la salud de las personas presas políticas es de carácter sistemático y especialmente alarmante para las organizaciones y familiares porque “ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreversibles”. Además, expuso que se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, pero no se ha obtenido ninguna respuesta positiva “debido a que las autoridades de los Sistemas Penitenciarios, en ocasiones, no reciben los oficios judiciales y en otros casos, pese a recibirlos, no los acatan”.

Finalmente, en voz de Camila Ormar del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las organizaciones solicitaron a la Comisión ordenar al Estado de Nicaragua que, mientras surten efecto los trámites administrativos para la liberación de las personas presas políticas, garantice condiciones dignas de detención, y facilite su contacto con familiares y defensores. Igualmente, pidieron a la CIDH que requiera a Nicaragua que permita el ingreso de una delegación para constatar la implementación y efectividad de las medidas.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

#RenovarIESOGI: Las OSC urgen al Consejo de Derechos Humanos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género durante su 50º período de sesiones

En todas las regiones del mundo persisten la violencia y la discriminación generalizadas, graves y sistemáticas, basadas en la orientación sexual y/o la identidad de género real o percibida de las personas.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales; torturas, violaciones y violencia sexual; desapariciones forzadas; desplazamientos forzados; criminalización; detenciones arbitrarias; chantaje y extorsión; violencia y acoso policial; intimidación; estigmatización; discursos de odio; campañas de desinformación; negación de la identidad de género definida por une misme; tratamiento médico forzado y/o esterilización forzada; represión de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, religión o creencias; ataques y restricciones a les defensores de los derechos humanos y periodistas; denegación de servicios y obstaculización del acceso a la justicia; discriminación en todos los ámbitos de la vida, incluidos el empleo, la atención sanitaria, la vivienda, la educación y las tradiciones culturales; y otras múltiples e interrelacionadas formas de violencia y discriminación. Estas son algunas de las violaciones y abusos de los derechos humanos a los que se enfrentan las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas.

Esta grave situación de los derechos humanos ha motivado una importante acción en las Naciones Unidas para reconocer y proteger los derechos humanos de estas personas y comunidades, la cual celebramos. En 2016, el Consejo de Derechos Humanos tomó medidas definitivas para abordar sistemáticamente estos abusos, avanzar en reformas positivas y compartir las mejores prácticas -mediante la presentación de informes periódicos, el diálogo constructivo y el compromiso- y creó un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género (SOGI).

En 2019, la renovación de este mandato recibió el apoyo de más de 50 Estados de todas las regiones del mundo y de 1.314 organizaciones de 174 Estados y territorios. Este creciente apoyo es una prueba de la importancia crítica de este mandato y de su trabajo para apoyar a las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas, y a quienes defienden sus derechos, tanto en los foros internacionales de derechos humanos como a nivel de base.

En los últimos 6 años, los dos titulares del mandato han documentado en profundidad la discriminación y la violencia por motivos de orientación sexual e identidad de género a través de informes y declaraciones; han enviado más de 100 comunicaciones que documentan las denuncias de estas violaciones en todas las regiones; han realizado 5 visitas a países; han identificado las causas fundamentales y han abordado la violencia y la discriminación a las que se enfrentan grupos específicos, como las personas lesbianas, bisexuales, trans y de género diverso.

El mandato también ha acogido con satisfacción los avances e identificado las mejores prácticas de todas las regiones del mundo, incluyendo la despenalización, el reconocimiento legal del género, las leyes contra la discriminación y las leyes sobre delitos de odio. Todo ello sin dejar de entablar un diálogo constructivo y de ayudar a los Estados a aplicar y seguir cumpliendo las normas y los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, así como de colaborar con los mecanismos, organismos, fondos y programas de la ONU y otros órganos del sistema internacional y los sistemas regionales.

A pesar de estos avances positivos, hoy en día más de 68 países siguen penalizando las conductas y relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo de los cuales 11 jurisdicciones siguen aplicando la pena de muerte y más de 10 países siguen penalizando las expresiones e identidades de género diversas, y persisten las violaciones de derechos humanos anteriormente mencionadas. Además, entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2021 se registraron aproximadamente 4.042 asesinatos de personas trans y de género diverso. Con muchos más casos sin denunciar, el 2021 ha sido el año más letal para las personas trans y de género diverso desde que comenzó la recopilación de datos. Está claro que este mandato sigue siendo esencial.

Una decisión de los miembros del Consejo de renovar este mandato enviaría un mensaje claro de que no se puede tolerar la violencia y la discriminación contra las personas de orientaciones sexuales y/o identidades de género diversas. Reafirmaría que la atención específica, sostenida y sistemática sigue siendo crucial para hacer frente a estas violaciones de los derechos humanos y garantizar que las personas LGBT sean, de hecho, libres e iguales en dignidad y derechos.

Nosotres, las 1117 ONGs de 134 Estados y territorios de todo el mundo, instamos a este Consejo a garantizar que sigamos construyendo un mundo en el que todes puedan vivir libres de violencia y discriminación. Para permitir que este importante y aún pendiente trabajo continúe, les instamos a renovar el mandato del Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Dos vallas en Estados Unidos denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en Cuba

Washington D.C., 3 de junio de 2022 – “Teníamos tanta hambre que hasta nos comimos el miedo”, con esta frase que se escuchó durante las marchas que se realizaron el 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba, dos vallas que se exhiben en los Ángeles, Estados Unidos, denuncian la grave situación de derechos humanos que se registra en la Isla. Esta es una iniciativa del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

Los carteles, que se encuentran en el centro de esta ciudad del sur de California (216 East 4th St, CA 90013) y en cercanías al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (Venice Blvd, CA 90034), revelan que en las manifestaciones pacíficas del año pasado (también conocidas como 11J), hay más de 700 personas detenidas, la mayoría sin ser enjuiciadas, por reclamar cambios en la Isla y por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Las vallas estarán exhibidas durante la IX Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, y buscan exhortar a la comunidad internacional que asistirá a este encuentro que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de la región, para que se adopten medidas que permitan poner fin a la represión, a los casos de hostigamiento, a las detenciones arbitrarias y a las agresiones que sufren constantemente activistas, periodistas independientes, artistas y defensores de derechos humanos en Cuba.

Eventos paralelos

Raza e Igualdad, junto a CADAL, realizarán el martes 7 de junio, en la ciudad de Los Ángeles, el evento ‘Las manifestaciones pacíficas en América Latina: Reflexiones sobre Cuba a un año del 11J’, mientras que el miércoles 8 de junio, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos—del cual es parte Raza e Igualdad—realizará el evento ‘¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela’. En ambos espacios, participarán expertos internacionales que han seguido de cerca lo que está ocurriendo en Cuba, así como activistas y personas defensoras de derechos humanos.

LAS MANIFESTACIONES PACÍFICAS EN AMÉRICA LATINA: REFLEXIONES SOBRE CUBA A UN AÑO DEL 11J

Martes, 7 de junio

5:00 PM Los Ángeles | 8:00 PM La Habana – Washington D.C.

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Hollander

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3MKyGlJ

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS

Con la participación especial de:

Pedro Vaca, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión

¿PRESOS POR QUÉ? PERSONAS PRESAS POR MOTIVOS POLÍTICOS EN CUBA, NICARAGUA y VENEZUELA

Miércoles, 8 de junio

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Con la participación especial de:

Stuardo Ralón, Relator de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad

Raza e Igualdad denuncia la situación de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington DC, 2 de junio de 2022.– En el marco de la Cumbre de las Américas, el Consorcio Latinoamericano de Derechos Humanos– que es liderado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad)– realizará el evento “¿Presos por qué?: Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, cuyo objetivo es generar un espacio de reflexión y diálogo sobre las circunstancias y condiciones que experimentan las personas privadas de libertad en el ejercicio de sus derechos fundamentales en esos tres países.

El evento, que tendrá una modalidad híbrida, se llevará a cabo el miércoles 8 de junio en el salón Orpheum A del Hotel Índigo, en Los Ángeles (California), a partir de las 4:00 pm hora local (5:00 pm hora Centroamérica y 7:00 pm hora Caracas y La Habana). Asimismo, será transmitido por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad. 

Entre los panelistas, se encuentra Uzra Zeya, Subsecretaria para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos de Estados Unidos;  Brian A. Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; el Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura, Edgar Stuardo Ralón; y el Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada. 

También se contará con la participación de Victoria Cárdenas, empresaria nicaragüense y esposa del precandidato presidencial y preso político del régimen de Ortega y Murillo, Juan Sebastián Chamorro; Anamely Ramos, artista cubana y defensora de derechos humanos; Munira Muñoz, abogada y coordinadora de la organización Foro Penal USA/Venezuela. El evento será moderado por David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos.

La situación de las personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela 

La cantidad de personas presas políticas en Cuba, Nicaragua y Venezuela continúa incrementando. Estos tres países se caracterizan por tener gobiernos autoritarios que utilizan leyes para criminalizar las actividades de promoción y defensa de los derechos humanos, el periodismo y a la oposición política. 

Cuba

En Cuba, cuyo sistema de partido único mantiene un férreo control sobre la sociedad en todos sus ámbitos, se contabilizaban 150 personas presas políticas hasta julio de 2021, pero tras las históricas protestas del 11 y 12 de julio, la cifra aumentó a más de 1400. Entre las personas detenidas hay por lo menos 50 menores de edad, de los cuales, hasta marzo de 2022,  20 habían sido enjuiciados y condenados a entre 7 y 13 años de prisión.

Nicaragua

En Nicaragua, la represión estatal y paraestatal a las manifestaciones pacíficas iniciadas en abril de 2018, resultó en 355 víctimas fatales, más de 2,000 personas heridas y 1,614 detenciones arbitrarias.

La crisis se ha extendido por más de cuatro años y, actualmente, más de 170 personas se encuentran presas por motivos políticos, sin acceso a atención médica especializada en condiciones que incumplen las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Personas Reclusas (Reglas Nelson Mandela) y la Ley interna en materia de derechos humanos, que pueden calificarse de tratos crueles, inhumanos, degradantes, torturas físicas y psicológicas. Esta situación es especialmente crítica para las 14 mujeres presas políticas, 19 personas de la tercera edad y personas con enfermedades crónicas.

Venezuela

Desde el 2014 Venezuela no ha sido la excepción a la profundización de la crisis de derechos humanos, luego que la ciudadanía saliera a protestar por la situación económica y de inseguridad en el país. Ese año, el número de personas detenidas por motivos políticos alcanzó los 3,708, mientras que en 2017 se registraron 5,511 arrestos por las mismas motivaciones. Actualmente, según la organización Foro Penal, hay 239 personas privadas de libertad por motivos políticos en este país. 

Desde el año 2014 al menos 10 personas presas políticas han perdido la vida y la organización Foro Penal ha reportado que las condiciones carcelarias en el país son precarias, y ha registrado casos de presos por motivos políticos que se encuentran recluidos junto a presos comunes. 

¿Cuándo una persona es presa política?

En el ámbito del derecho internacional, no hay una definición o caracterización de personas presas políticas. Sin embargo, la existencia de esta problemática en la región ha permitido identificar criterios para determinar cuándo una persona ha sido privada de libertad por motivos políticos, independientemente del país donde se registre.

Estos son algunos:

  • Las actividades de la persona están vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, asociación o reunión; la oposición política, la defensa de los derechos humanos y manifestaciones pacíficas.
  • El Estado lleva a cabo acciones con el fin de consolidar o retener el poder, las cuales resultan en violaciones a los derechos humanos.
  • Existe una utilización y articulación de las estructuras e instituciones del Estado para la privación arbitraria de la libertad de la persona y su criminalización.
  • El contexto se caracteriza por Estados unipartidistas y autoritarios, donde las instituciones democráticas no existen…aunque hay registro de casos en contextos de países con cierta institucionalidad democrática reconocida.

Información del evento ¿PRESOS POR QUÉ? Personas presas por motivos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. 

Miércoles, 8 de junio de 2022

4:00 PM Los Ángeles | 5:00 PM Centroamérica | 7:00 PM Caracas – La Habana

Hotel Índigo – Los Ángeles, Downtown | Salón Orpheum A

RSVP y registro virtual: https://bit.ly/3sVeJAw

Interpretación simultánea ESPAÑOL | INGLÉS | PORTUGUÉS

Foro Interamericano contra la Discriminación: Raza e Igualdad promueve diálogo sobre discriminación y democracias inclusivas en el marco de la IX Cumbre de las Américas

Washington D.C, 3 de junio de 2022.- El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) realizará el Foro Interamericano contra la Discriminación, el cual tendrá lugar el 6 de junio en Los Ángeles (California), en el marco de la IX Cumbre de las Américas. Después de más de dos años de virtualidad debido a la pandemia de coronavirus, el Foro—que contará con interpretación simultánea en inglés, español y portugués—se llevará a cabo de forma presencial, aunque también tiene disponible la opción de unirse virtualmente y será transmitido en directo por la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad.

Con el  fin de  visibilizar las diferentes discriminaciones que enfrentan las poblaciones de Latinoamérica, así como sus principales demandas, el Foro Interamericano contra la Discriminación contará con la presencia de Tendayi Achiume, Relatora Especial sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y la Comisionada  Margarette May Macaulay, Relatora sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Para Carlos Quesada, Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, el regreso de los eventos presenciales y la celebración híbrida del Foro Interamericano contra la Discriminación este año, exigirá el restablecimiento de alianzas entre organizaciones regionales y también un mayor conocimiento de estas sobre el trabajo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “El Foro ya se ha establecido como un evento de suma importancia en la agenda regional y, para Raza e Igualdad, es la realización concreta de nuestro trabajo para apoyar el empoderamiento de las personas y las comunidades para que puedan promover cambios estructurales en sus respectivos países”, dijo.

El evento contará con la presencia de líderes de organizaciones de la sociedad civil de América Latina, quienes dialogarán sobre la realidad de sus países y las diferentes caras que la discriminación puede tener a nivel regional. Asimismo, debatirán sobre la importancia de este sector para la construcción de democracias fuertes e inclusivas, y cómo se pueden articular en el contexto de la IX Cumbre de las Américas, cuyo lema este año es “Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo” y se llevará a cabo del 6 al 10 de junio en la ciudad de Los Ángeles.

En el Foro también se abordará la participación de la sociedad civil en la OEA, por lo que contaremos con la participación de Paula Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA. El objetivo de este panel es proporcionar información sobre aspectos clave de la OEA, con el fin de comprender y mejorar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de activistas en la lucha contra la discriminación en las Américas. “El impacto político y el litigio estratégico son pilares de Raza e Igualdad para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, por lo que el Foro es una oportunidad para que la sociedad civil actúe a nivel regional e internacional para promover la equidad y la democracia”, dice Elvia Duque.

El Foro Interamericano contra la Discriminación es una iniciativa de Raza e Igualdad para contribuir al fortalecimiento e incidencia de las organizaciones de la sociedad civil bajo la creencia de que la construcción de sociedades democráticas y equitativas debe contar con las voces de la sociedad civil organizada, y que la lucha contra la discriminación es una tarea constante para la protección y garantía de los derechos de las poblaciones vulnerables.  Además, dada la dinámica actual de persecución de defensores de derechos humanos, el Foro se propone como un espacio de libertad de expresión y acceso a la información para activistas de Latinoamérica.

PROGRAMA

Foro Interamericano contra la Discriminación

Fecha: 6 de junio de 2022

Hora: 4:30 pm Los Ángeles | 6:00 pm Bogotá | 8:30 pm Brasilia

Lugar: Hotel Índigo (Los Ángeles – Downtown) | Salón Hollander 

Panel 1:

Apertura: Carlos Quesada – Director Ejecutivo de Raza e Igualdad

“Mejorar nuestro enfoque en la lucha contra la discriminación en las Américas”: Tendayi Achiume, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia.

“Utilizando las herramientas proporcionadas por la OEA para contribuir a un futuro sostenible, resiliente y equitativo”: Margarette May Macaulay, Relatora de la CIDH sobre los Derechos de las Personas Afrodescendientes y Contra la Discriminación Racial y Relatora sobre los Derechos de las Mujeres.

Panel 2:

“El papel de las organizaciones de la sociedad civil en la construcción de democracias fuertes e inclusivas”

Participantes:

Laritza Diversent, Directora Ejecutiva de CUBALEX

Bruna Benevides, Secretaria Nacional de Articulación Política de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales de Brasil (ANTRA)

Anita Wills, Becaria legado de Mothers Against Police Brutality

“Organizaciones de la sociedad civil ante la IX Cumbre de las Américas”

Participantes:

Mirtha Colón, Presidenta de la Organización Negra Centroamericana (ONECA)

Sandra Milena Arizabaleta, Representante Legal de la Fundación Afrodescendiente para la Diversidad Social y Sexual (SOMOS IDENTIDAD)

Panel 3:

“Participación de la sociedad civ de junioil en la OEA”: Paulina Corominas, Directora de la Oficina de la Sociedad Civil del Departamento de Relaciones Internacionales de la OEA.

Moderadora: Elvia Duque, Oficial Senior sobre Raza y Etinicidad de Raza e Igualdad.

El evento será transmitido en vivo a través de la página de Facebook y el canal de YouTube de Raza e Igualdad, y contará con traducción simultánea en español, inglés y portugués a través de Zoom.

Registro en Zoom: https://bit.ly/3lF370q

RSVP (asistencia presencial): duque@oldrace.wp

17M: La tarea es eliminar la LGBTIfobia estructural

Washington D.C., 17 de mayo de 2022.– Las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y de identidades diversas a lo largo de la historia universal han sido perseguidas por su identidad de género y su orientación sexual. Aunque hay avances normativos en materia de derechos humanos aún en algunas sociedades patologizan y criminalizan a las personas LGBTI+.

Incluso, hasta el 17 de mayo de 1990, Organización Mundial de la Salud (OMS) consideraba a la homosexualidad como una patología mental, así lo registró en la primera versión de su Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de 1948. Asimismo, desde 1975 definieron a la transexualidad como un trastorno mental. Recién en el 2018, con la versión CIE-11, la sacó de la lista.

Por ello, cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se conmemora la histórica decisión de la OMS que contribuyó a la despatologización y al reconocimiento de la homosexualidad como un aspecto natural de la vida y de la sexualidad. Sin embargo, aún en muchos lugares del mundo, la diversidad sexual es condenada por la religión, las leyes y la sociedad, incluso con pena de muerte.

El daño histórico es irreversible y lo mejor que queda por hacer es saldar esa deuda histórica que ha colocado a la comunidad LGBTI+ en un contexto de particular vulnerabilidad.

Cuerpos como territorios de violencia

“Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos” es la consiga de este año elegida por la organización 17 de Mayo para conmemorar esta fecha. “Un tema que nos recuerda que muchos de nosotros en todo el mundo vivimos la LGBTQI-fobia en carne propia todos los días y que nuestros cuerpos están siendo abusados, arruinando nuestras vidas.”, describe su portal web.

En Latinoamérica y el Caribe, se registraron al menos 370 asesinatos de personas LGBTI+ en el 2020, y la tendencia desde 2014 es que el número de homicidios aumente anualmente, tal y como señala el último informe la red de organizaciones de la sociedad civil Sin Violencia LGBTI. A diario, se practican muchas violencias sobre los cuerpos que no cumplen con las expectativas de género binario cisnormativo heterosexual, siendo la muerte la forma más violenta de atentar contra las vidas de las personas de la diversidad sexual.

Lucha LGBTI+

Gracias a los liderazgos LGBTI+ y a la suma de contribuciones de organizaciones de derechos humanos, hoy hay más personas visibles y no visibles uniéndose a la lucha LGBTI+ contra la desigualdad, violencia y la discriminación estructural.

Sin embargo, es compromiso de todes construir y defender una sociedad plural, donde se respeten las diversas formas de expresar, pensar, actuar, amar y ser. Esta es una lucha de todes, para todes y que todes debemos hacer nuestra. Como menciona Dhananjayan Sriskandarajah, director de Oxfam, en una columna de opinión de Equal Times, la defensa de la dignidad, la libertad, la identidad y la vida son derechos ligados intrínsecamente a los derechos de cada une.

En la campaña global a favor de la igualdad, justicia social y no discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género todes debemos ser parte.

Acciones contra el odio y la violencia

Este 17 de mayo, desde Raza e Igualdad conmemoramos el derecho a vivir libres de violencia y con dignidad. Si bien existen cambios normativos y reconocimientos legales en muchos países, creemos que no es suficiente. Tenemos el firme convencimiento de que la verdadera transformación social llegará cuando, desde diferentes sectores, empecemos un verdadero trabajo para deconstruir los pensamientos y actitudes de las sociedades que no permite que todas las personas en sus diversidades puedan vivir plenas y seguras.

Por ello, conminamos a los Estados a combatir el estigma, la discriminación y la violencia estatal que precariza las existencias LGBTI+ residentes y en movilidad humana, que permite el abuso policial, la impunidad en crímenes de odio, la discriminación, la violencia en espacios educativos y sanitarios, la tortura, la violencia sexual y reproductiva, los malos tratos, los trámites injustificados y un largo etcétera de acciones que disfrazan y justifican la violencia para seguir manteniéndoles en la marginalización.

Todo ello, tiene efectos reales, graves y adversos en la seguridad integral de la población LGBTI+, en el acceso al trabajo, en sus desarrollos, en la educación y en la salud física y mental que no se pueden tolerar más. Se necesitan los esfuerzos de todos los Estados y sociedades para eliminar el entorno LGBTIfóbico y garantizar los derechos humanos de la población LGBTI+. Esto no se logrará sin la voluntad política de escuchar activamente, comprender y abordar con altura las necesidades específicas de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y demás identidades diversas.

Tres años del 11M en Cuba: las demandas de las personas LGBTI+ y el Código de las Familias

Washington D.C., 11 de mayo de 2022 – Hoy se conmemoran tres años de la primera marcha que la población LGBTI+ de Cuba organizó con independencia del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). La conmemoración de esta fecha se da en medio de las sentencias que se han conocido en contra de las personas que participaron en las manifestaciones de julio de 2021, el proyecto del nuevo Código Penal, que podría afectar a varias personas activistas LGBTI+; y el Código de las Familias, en el que se habla por primera vez del matrimonio igualitario y de la adopción entre parejas del mismo sexo, dos demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en la Isla.

Esta última reforma que se está impulsando desde el gobierno cubano parece un gran paso en el reconocimiento de los derechos LGBTI+ de este país, sin embargo, esta iniciativa se someterá a una consulta popular para ser aprobada; es decir, dos personas del mismo sexo podrían formar una familia en Cuba solo si la mayoría de los habitantes del archipiélago lo aprueba en un referendo que están organizando las autoridades de la Isla.

¿Qué ocurrió el 11 de mayo de 2019 en Cuba?

Ese día, que también se conoce como 11M, se iba a realizar en La Habana una tradicional conga (baile cubano que se acompaña con tambores) contra la homofobia y la transfobia, como parte de una serie de actividades previas a la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se lleva a cabo en el mundo cada 17 de mayo. Pero en aquel entonces, el órgano oficial que coordina estas actividades, el Cenesex, decidió cancelar a última hora la manifestación (como volvió a ocurrir hoy. Esta entidad del Estado canceló la conga que se realizaría esta tarde), argumentando que no se podía realizar porque había “nuevas tensiones en el contexto internacional y regional”, lo que causó gran malestar entre el movimiento LGBTI+ de Cuba.

A raíz de esto, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas de la Isla, se convocaron a través de las redes sociales, y se reunieron, a partir de las 4 de la tarde, en el Parque Central de La Habana. Allí llegaron de distintas partes y, de un momento a otro y sin un rumbo establecido, empezaron a marchar. Era la primera vez que el movimiento LGBTI+ de Cuba se manifestaba por cuenta propia, exigía sus derechos de forma pacífica sin ayuda del gobierno cubano, que continúa sin garantizar el reconocimiento pleno de esta población.

Aquel día miembros de la Seguridad del Estado bloquearon la manifestación, que incluyó un besatón (nombre que se le da al acto en el que varias personas LGBTI+ se besan en público en señal de protesta). Decenas de personas que participaron en la conga improvisada fueron agredidas y detenidas de forma arbitraria por las autoridades.

“A pesar de la prohibición por parte del Estado y la represión a activistas y colectivos LGBTI, cerca de 300 personas se congregaron y marcharon por Prado, pidiendo una Cuba diversa y gritando ‘sí se pudo’, en alusión a la suspensión injustificada de la tradicional conga de la diversidad, único espacio físico y público que tenía la comunidad como parte de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia que organiza el Cenesex”, cuenta Jancel Moreno, coordinador de Dame la Mano, organización LGBTI+ de la Isla.

De acuerdo con varios activistas y organizaciones, el 11 de mayo de 2019 marcó un antes y un después en la lucha por el reconocimiento de los derechos LGBTI+. “Representa un grito, un acto de rebeldía que para algunos incluso pudo haber sido un momento de estallido, y para otros también significó un cambio en sus vidas por las detenciones. Sin duda, es una fecha para nunca olvidar, en donde las personas LGBTI+ decidieron reclamar sus derechos ante un Estado que hasta este momento siempre nos ha discriminado”, dice el activista Yoelkis Torres, coordinador de la organización AfroAtenas.

¿Qué ha pasado desde entonces?

“No se ha conseguido ningún derecho. Si bien el proyecto del Código de las Familias que está en espera del referéndum incluye varias de las principales demandas de la comunidad, todavía no es una realidad y puede no llegar a serlo. El Código será llevado a referéndum en un país con una historia machista y homofóbica que es incluso heredada por ‘la revolución’”, afirma Jancel, quien sostiene también que ser una persona LGBTI+ en Cuba significa cargar con estigmas y prejuicios, además de no tener respaldo ni garantías legales. “Si bien se ha avanzado desde la percepción de la sociedad en sí misma, todavía falta muchísimo por hacer”, agrega.

Después de tres años del 11M, las demandas de las personas LGBTI+ en Cuba, siguen siendo las mismas: que se les reconozcan sus derechos. “Hay un artículo en la Constitución cubana que habla sobre el principio de la no discriminación por la orientación sexual e identidad de género, pero esta es como si no existiera”, dice Yoelkis, quien afirma que el Código de las Familias representa una esperanza para esta población, que ha sido víctima de agresiones, amenazas y asesinatos, a pesar de que no se conozca un registro oficial que cuente la violencia que han sufrido por años.

Las personas LGBTI+ están a la espera de que se realice el referendo del Código de las Familias, que, de ser aprobado por la mayoría de los habitantes de la Isla, representaría un paso enorme en el reconocimiento de sus derechos. Pasarían de no tener una ley que los proteja, a poder formar una familia diversa con garantías para evitar cualquier tipo de discriminación y violencia.

Desde Raza e Igualdad expresamos nuestro compromiso para acompañar las demandas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas en Cuba y llamamos al gobierno a escuchar sus reclamos, en correspondencia con sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos humanos de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Esto es particularmente relevante porque estamos a dos meses de conmemorar otro hito en la Isla, como son las protestas pacíficas del 11 y 12 de julio, las cuales, al igual que la marcha del 11M de hace tres años, fueron fuertemente reprimidas por las autoridades cubanas, y resultaron en la detención masiva de cientos de manifestantes que hoy siguen siendo condenados por ejercer su derecho a la libertad de expresión. Por ello también hacemos un llamado al Estado de Cuba para que observe los estándares internacionales de derechos humanos y sus actuaciones que afectan de sobremanera a las poblaciones más vulnerables, como las LGBTI+.

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