Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Delegación brasileña participa en sesiones previas del EPU en Suiza y realiza recomendaciones sobre discriminación racial en Brasil

Brasil, 15 de septiembre de 2022 – En vísperas de la revisión de Brasil en el 4º Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) promovió, entre los meses de julio y agosto, una serie de reuniones entre organizaciones de la sociedad civil que trabajan los temas de la raza, género y orientación sexual en Brasil con Embajadas en Brasilia y sus respectivas Misiones Permanentes, en la ciudad de Ginebra, Suiza. El Examen Periódico Universal es un mecanismo desarrollado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de los derechos humanos en cada uno de los países miembros.

Las reuniones en Ginebra tuvieron lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, en las que participaron las siguientes organizaciones: Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ), representado por la actual Directora General Gilmara Cunha, mujer trans, líder comunitaria y activista de derechos humanos; ONG Criola (RJ), con la presencia de Mônica Sacramento, Coordinadora de Proyectos de la Institución;  Instituto Marielle Franco (RJ) con su Directora Ejecutiva Anielle Franco;  Geledés – Instituto de la Mujer Afro, representado por Nilza Iraci, Coordinadora de Incidencia Política. Por parte de Raza e Igualdad estuvo presente el Director Ejecutivo, Carlos Quesada; David Álvarez Veloso, Coordinador del Consorcio de Derechos Humanos; Gaia Hefti, Oficial de Advocacy en Ginebra; y Leilane Reis, Oficial de Raza y Género en Brasil.

Teniendo en cuenta la importancia de mostrar a nivel regional e internacional la situación de violaciones a los derechos humanos en Brasil, y con el propósito de crear conciencia sobre la necesidad de recomendaciones más específicas para la población afro, LGBTI+ y los pueblos indígenas, esta delegación ha participado activamente en la articulación de este mecanismo de derechos humanos a través de la presentación de informes. En ese sentido, la agenda en Ginebra representó una continuidad del trabajo de incidencia que Raza e Igualdad realizó con diversas organizaciones de la sociedad civil en Brasilia. En cinco días de reuniones, se hizo especial énfasis en la discriminación racial que se registra en Brasil, y se hicieron recomendaciones específicas para que sea tomadas en cuenta por las Misiones Permanentes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y expertos independientes en esta materia.

Agenda en Ginebra

El 30 de agosto, varias organizaciones brasileñas fueron seleccionadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la situación del país durante la pre-sesión del EPU y llevar las recomendaciones al Estado brasileño, que también estuvo presente en el evento, con su Misión Permanente.  Cabe destacar que el Informe del Estado brasileño para la evaluación del IV ciclo del EPU no se publicó hasta la víspera de la pre-sesión de la EPU, lo cual no permite que la sociedad civil pueda verificar la información presentada por el Estado del país ante la situación actual de los derechos humanos. En representación de la delegación brasileña, Anielle   Franco fue invitada por la organizadora de las sesiones previas, la ONG UPR Info, para hablar sobre la brutalidad policial en Brasil y cómo influye el racismo en dicha violencia, y sacó a la luz las recientes masacres en Río de Janeiro y el asesinato de la joven afro embarazada Kathlen Romeo:

«Estos son casos que indican que la muerte de la población afro en Brasil es un problema sistémico, promovido por las autoridades brasileñas y encubierto por las fuerzas policiales. En lugar de investigar las masacres y la violencia discriminatoria contra la población afrobrasileña, el gobierno y la policía brasileños intentan legitimar estas operaciones policiales y atacar a las organizaciones brasileñas de derechos humanos, como el Instituto Marielle Franco».

El pasado 31 de agosto, Día Internacional de los Afrodescendientes, Raza e Igualdad celebró un evento híbrido, que contó con la participación de la delegación presente en Ginebra.  Bajo el título «Discriminación Racial en Brasil: Violencia contra la Población Afro y los Pueblos Indígenas”, el evento tuvo como objetivo ir más allá de las reuniones cerradas con Embajadas y Misiones Permanentes para visualizar las recomendaciones elaboradas por estas organizaciones de cara al 4º ciclo de la EPU, a fin de que su contenido sea comprendido por el público general al público en general.  Además, el evento también fue una importante herramienta de impacto político internacional, proporcionando la construcción de redes y asociaciones entre organizaciones brasileñas e internacionales.

La delegación brasileña tuvo la oportunidad de llevar las recomendaciones a la Embajadora de Chile en Ginebra, Claudia Fuentes Julio;  también se reunió con  las Embajadas de Canadá, Australia y Argentina;  con la Misión Permanente de Costa Rica, Francia, Alemania y Colombia; además de la reunión con Gay McDougall, Relatora del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial, que es el órgano responsable  del monitoreo de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD). Dado el contexto de violaciones presentado, Gay MacDougall, quien también será la Relator para Brasil ante el CERD, durante la revisión que tendrá lugar en noviembre de este año, se comprometió a encargar al Estado brasileño que implemente los compromisos que cubren el tema racial en el país.

Es importante destacar que la delegación también tuvo un amplio espacio de escucha y diálogo en reuniones con Expertos en Órganos y Tratados de la ONU, Expertos en Pueblos Afrodescendientes y Especialistas en el mecanismo de violencia policial creado por la ONU en 2021. Además, la delegación brasileña fue recibida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) quien acogió con beneplácito la información para que el Estado brasileño sea encargado de acciones efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la población afro, indígena y LGBTI+.

Incidencia internacional: los caminos hacia Ginebra

La tarea de visibilizar las violaciones a los derechos humanos ante los mecanismos internacionales que tratan el tema es uno de los compromisos de Raza e Igualdad con las organizaciones de la sociedad civil en Brasil. Para eso, es necesario un trabajo de capacitación técnica y apoyo a estas instituciones para que sus denuncias y demandas lleguen instrumentalizadas a los Especialistas y Relatores de cada organismo internacional. Este trabajo se denomina advocacy y/o incidencia política.  En este sentido, durante el evento de Raza e Igualdad en Ginebra, el Director Ejecutivo, Carlos Quesada, destacó una vez más la importancia de la construcción diaria de las estrategias de advocacy en Brasil para «empoderar a las organizaciones de base para promover actores políticos a través de una metodología de formación técnica para que estas organizaciones puedan generar cambios estructurales sostenibles «.

Así, para que la delegación brasileña fuera recibida con sus recomendaciones en Ginebra, fue necesario promover algunas reuniones en Brasilia, con las Embajadas de los países que revisarán Brasil en el 4º ciclo de la EPU y las demás Embajadas presentes en el Consejo de Derechos Humanos de la EPU.  Las reuniones tuvieron lugar del 27 al 29 de julio, y asistieron: Gilmara Cunha, Directora General del Grupo Conexão G de Cidadania LGBT de Favelas (RJ); Marina Fonseca, antropóloga y asesora política de la ONG Criola (RJ); Fabiana Pinto, sanitarista y Coordinadora de Incidencia e Investigación del Instituto Marielle Franco (RJ); y Rodnei Jericó, abogado y Coordinador de SOS Racismo del Geledés (SP).  En representación de Raza e Igualdad, estuvieron presentes: Leilane Reis, Oficial del Programa de Raza y Género y Adriana Avelar, Oficial de Incidencia en Brasil.

Las reuniones en Brasilia fueron con las Misiones Permanentes que evaluaron a Brasil en períodos anteriores sobre los temas de interés para el grupo, y que están preocupadas por el escenario actual de fragilidad del sistema democrático brasileño: La Unión Europea, Estados Unidos, Noruega, Canadá, Alemania, Francia, Suiza, Australia, Argentina, Reino Unido, Colombia y Chile.

Las organizaciones buscaron visibilizar los marcos normativos actuales que han exacerbado la situación de vulnerabilidad de las poblaciones afro, indígenas y LGBTI+ en Brasil desde la última revisión del EPU, teniendo en cuenta la precariedad de la vida debido a los efectos de la pandemia. A partir de las recomendaciones realizadas por las embajadas visitadas, se discutieron los siguientes ejes temáticos: violencia contra la población LGBTI+, violencia policial contra la población afro, salud de las mujeres afros, cierre de los espacios cívicos y derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, el objetivo fue establecer un diálogo con las recomendaciones para el próximo ciclo, de modo que señalen los marcadores sociales vigentes en la sociedad brasileña y que sean capaces de resaltar la situación real de las violaciones de los derechos humanos en Brasil.

El trabajo de incidencia política se construye activamente en asociación con las organizaciones brasileñas y, para ello, es necesario estar conectado con las propuestas políticas y legislativas del Gobierno brasileño, de modo que se puedan proponer acciones efectivas para asegurar la construcción y aplicación de tratados y acuerdos internacionales.  El camino desde Brasilia hasta las sesiones previas a la EPU en Ginebra tiene como objetivo acoger con beneplácito las recomendaciones de la delegación brasileña durante el examen a Brasil en la sesión del EPU que  tendrá lugar el 14 de noviembre, a las 14H30 (hora de Ginebra) y a las 9h30 (hora de Brasilia).

¿Cuáles son los próximos pasos?

Cabe señalar que el EPU es un mecanismo de las Naciones Unidas en el que los Estado Parte evalúan a otros Estados Parte. Por lo tanto, para el impacto político del EPU es fundamental el rol de la sociedad civil para visibilizar las violaciones de derechos humanos en Brasil, con el fin de influir en los Estados evaluadores para que acojan sus recomendaciones en el proceso de revisión. Como se mencionó anteriormente, el Estado de Brasil también envió su informe, en el que afirma que ha consultado a la sociedad civil sobre la situación de los derechos humanos en el país.  Con eso, se realiza un análisis basado en avances, retrocesos y buenas prácticas a partir de toda la información recibida y, finalmente, el Estado evaluado debe aplicar las recomendaciones de sus pares.

Por lo tanto, si las recomendaciones de la delegación brasileña son bienvenidas y promovidas por los Estados Parte durante la EPU, la siguiente tarea es presentarlas al nuevo Gobierno que asumirá el cargo en 2023, para que tome conciencia del trabajo de impacto político de las organizaciones de la sociedad civil, ratificándolas e implementándolas en el plan cuatrienal de las políticas públicas del Estado brasileño. Así, la sociedad civil tiene la responsabilidad de monitorear el cumplimiento de la agenda de lucha contra la discriminación racial otorgado en el Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas. De este modo, Raza e Igualdad trabaja junto a estas organizaciones para supervisar y presionar al Gobierno en la aplicación del  acuerdo internacional.

Finalmente, con el fin de colaborar con el mecanismo del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, las organizaciones brasileñas apoyadas por Raza e Igualdad proponen, entre otras, las siguientes recomendaciones dirigidas al Estado brasileño:

I – Garantizar la realización de investigaciones de delitos cometidos contra personas LGBTI+ en el territorio de los barrios marginales, lo que permitirá la recopilación de datos públicos sobre dichos delitos;

II – Tomar medidas urgentes para frenar y erradicar la violencia policial en cualquier etapa de la acción de la policía civil, el ejército y las fuerzas armadas en el desempeño de misiones en suelo brasileño.

III – Recrear consejos participativos y grupos colegiados que permitan la participación social indígena y el control en la formulación, monitoreo, implementación y evaluación de las políticas indígenas del Estado brasileño en las áreas de gestión territorial, educación, salud y cultura, junto al establecimiento de programas y medidas que prevengan y castiguen el racismo, la discriminación y la violencia contra los pueblos indígenas y promuevan la igualdad étnica y racial, la autonomía y el derecho de los pueblos a la diferencia y garantizar a los pueblos que la diferencia no será factor de discriminación o prejuicio.

IV – Liderar la implementación del Plan Nacional de Protección de Personas Defensoras y Defensores de Derechos Humanos e institucionalización del Programa para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, Comunicadores y Ambientalistas (PPDDH) ampliando su estructura en los 26 estados del país y DF, estableciendo presupuesto, reglamentos y estrategias específicas para la recepción y seguimiento de casos de mujeres defensoras de derechos humanos afros, transgéneros y travestis, representantes de pueblos y comunidades tradicionales, así como indicadores de monitoreo y mecanismos judiciales de rendición de cuentas de sus principales agentes violadores, con énfasis en el uso de la brutalidad policial y los grupos militarizados empleados para suprimir los derechos y libertades de expresión, asociación, creencia, reunión y participación política en el espacio cívico brasileño.

V – Garantizar el acceso a los servicios de salud reproductiva, incluso asegurando abortos en las condiciones previstas en la legislación vigente, sin trabas burocráticas y prejuicio contra las personas que logran buscar atención, prestando especial atención a la situación de las mujeres embarazadas y parturientas afros, que sufren el impacto del racismo institucional en la salud materna.

 

 

 

Día Internacional del Periodista: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Washington D.C., 8 de septiembre de 2022.- En este Día Internacional de las y los periodistas, el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) se solidariza con los hombres y mujeres de prensa, que resisten a los graves abusos y violaciones a sus derechos humanos por ejercer su derecho legítimo de informar, fiscalizar el poder y denunciar la corrupción. Raza e Igualdad levanta una alerta para la comunidad internacional: ¡SOS Periodismo independiente nicaragüense!

Desde el 2018, año en el que inició la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua, las y los periodistas independientes y las personas trabajadoras de la comunicación han sido blanco de ataques a su integridad física y psicológica, amenazas, robos y destrucción de sus equipos e instalaciones, exilio, privación de libertad por motivos políticos e incluso, asesinato, como es el caso del periodista Ángel Gahona, quien murió por disparo de arma de fuego  el 21 de abril de 2018 mientras realizaba una transmisión en vivo de las manifestaciones en la ciudad de Bluefields, Costa Caribe Sur. 

En 2021, el Ministerio Público citó e interrogó a más de 50 periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones de derechos humanos, en el marco de un proceso de criminalización contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Algunas de estas personas fueron detenidas arbitrariamente, injustamente procesadas y, actualmente, permanecen privadas de libertad en condiciones inhumanas. Entre ellas se encuentran: Miguel Mora, Miguel Mendoza, Cristiana Chamorro, Juan Lorenzo Holmann y Pedro Joaquín Chamorro. 

Recientemente, entre julio y agosto del 2022, al menos 23 medios de comunicación fueron cancelados arbitrariamente, entre ellos 8 radioemisoras católicas, radios feministas como Radio Vos de Matagalpa y otros medios críticos, como Radio Darío en la ciudad de León, cuyas instalaciones fueron incendiadas en el contexto de las protestas sociales de abril  de 2018. También se dieron allanamientos ilegales de viviendas de periodistas, detenciones arbitrarias de trabajadores de medios de comunicación y el exilio forzado de toda la redacción del diario La Prensa, algo nunca antes visto en la historia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Raza e Igualdad conversó con Aníbal Toruño, Director de Radio Darío de León, y  Eduardo Enríquez, Editor Jefe del diario La Prensa, sobre la represión que han vivido estos medios de comunicación a lo largo de su existencia, las diferencias y similitudes con los ataques por parte del régimen actual y qué razones hay detrás de un gobierno que se empecina en criminalizar al periodismo independiente. Al finalizar, ambos periodistas dieron un mensaje de resistencia para sus colegas e hicieron un llamado a la comunidad internacional.

Aníbal Toruño: “Quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión”

El pasado 13 de agosto, después de más 73 años de transmisión, Radio Darío anunció que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor) ordenó su cierre inmediato, mediante un comunicado, alegando que: “Radio Darío ha modificado y alterado sustancialmente las instalaciones autorizadas y las condiciones en que debe operar el servicio de radiodifusión sonora FM, con la previa autorización de Telcor, lo cual constituye una causal de cancelación de la licencia”. 

Su Director, Aníbal Toruño afirma  que antes de este cierre arbitrario, la emisora ya había sido atacada en seis ocasiones, siendo la penúltima vez en el año 2008 y la última en el 2018. “Las formas han sido diferentes, desde quebrar, balear con armas militares, y la más dramática en el 2018, cuando hubo una explosión dentro del edificio… Esto sí fue un atentado, quisieron asesinarnos dentro de la radio”. 

Según Toruño, los ataques del régimen hacia el periodismo son un intento fallido para ocultar la verdad. “Ellos (Ortega y Murillo) quieren ocultar el horror y la tragedia de la represión, de tener un estado de sitio y suspensión de las garantías constitucionales, y para esto, una de las acciones más comunes es la eliminación de los medios de comunicación independientes”.

En este sentido, el régimen ha ahogado económicamente a las radios comunitarias y ha sembrado la  censura a través de asedio policial y amenazas a sus colaboradores, “hay periodistas que tienen mucho temor, no presentan sus rostros y no firman sus contenidos periodísticos precisamente para proteger su identidad”. También, ha hecho uso de su poder sobre las instituciones estatales, para desarrollar nuevas formas de represión como el manejo del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) para realizar cancelaciones de licencias para transmitir en AM o FM.

Pese al panorama adverso para el ejercicio del periodismo, Toruño envía un mensaje de esperanza a sus colegas: “Una noche nunca ha vencido un amanecer… y yo creo que desde la noche oscura nació el día hermoso y -eventualmente- nosotros vamos a tener luz y democracia, y vamos a poder retomar la lucha un poco más abierta por el tema de la libertad de expresión en Nicaragua”.

Toruño llama a la comunidad internacional a “volver a ver a Nicaragua con preocupación” y solicita ayuda para que periodistas y medios de comunicación se reinventen y puedan continuar informando.

Eduardo Enríquez: El trabajo de denuncia “le ha costado muy caro” a  La Prensa 

El régimen de Ortega y Murillo concretó el robo de las instalaciones del diario más antiguo de Nicaragua, La Prensa, tras un año de ocupación policial, el exilio de toda su redacción y el encarcelamiento arbitrario de dos de sus conductores, su gerente general, Juan Lorenzo Holmann, y dos integrantes de su Junta Directiva: Cristiana Chamorro Barrios y Pedro Joaquín Chamorro Barrios. Las instalaciones fueron asignadas al Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho, una réplica de lo que hizo el régimen con las redacciones confiscadas de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial al asignarlas a centros estatales.

Su editor jefe, Eduardo Enríquez, cuenta que “La Prensa, en sus 96 años, siempre se ha enfrentado a las dictaduras que han desgobernado Nicaragua”, pero su trabajo de denuncia de la corrupción y los abusos a los derechos humanos “le ha costado muy caro”. En 1944, la familia Chamorro Cradenal tuvo que salir al exilio por dos años para evitar las represalias del régimen de Somoza García. En 1979, durante la insurrección de Somoza Debayle, las instalaciones fueron bombardeadas e incendiadas. En los años 80, el Frente Sandinista dio la orden de cerrarla indefinidamente, y ahora el régimen Ortega-Murillo tomó, confiscó y robó su edificio. 

“En todas las ocasiones la intención ha sido aniquilar a La Prensa, pero no lo han logrado en ninguna”, asegura. El diario, en su edición digital, no ha dejado de informar un solo minuto, incluso cuando la Policía tomó sus instalaciones de forma violenta y se llevó al señor Holmann. 

Para Enríquez, es evidente que el régimen quiere sembrar terror y que -al criminalizar el periodismo independiente- su objetivo es mantener a la población “en la oscuridad” y hacerles creer la “realidad alterna” que promueven a través de “un aparato propagandístico gigantesco”.

“El régimen trata de hacer pensar a todas estas personas que la falta de derechos y oportunidades es normal, y que si no existen esas oportunidades no es su culpa, sino de un enemigo, de los traidores a la patria o de los Estados Unidos”, explica. 

Por ello, Enríquez invita a sus colegas a estar conscientes de que “su labor es importantísima en la construcción de la ciudadanía”, pues están contribuyendo a que las y los ciudadanos sepan que tienen derechos que hay que defender y ejercer, y que si estos son abusados o violentados, tienen derecho a exigir que se respeten. “Tenemos que saber que se puede construir una mejor sociedad. Nuestro trabajo es seguir señalando eso”. 

Asimismo, llama a la comunidad internacional a reconocer que este no es un gobierno legítimo, “este es un grupo de personas que han secuestrado el poder, lo mantienen a punta de balas, violencia y terror”. 

Pronunciamiento

Raza e Igualdad, recordando que el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de prensa por los medios de comunicación en el marco de un Estado de Derecho constituye una piedra angular de la sociedad, condena los atropellos en los que ha incurrido el régimen contra estas libertades y los recientes cierres de medios de comunicación. Enérgicamente, expresamos nuestro repudio ante la privación arbitraria de libertad en la que se encuentran las y los trabajadores de la comunicación, y continuamos  exigiendo el cese inmediato de los ataques contra periodistas independientes.

El Estado nicaragüense debe: 

  • Derogar las leyes restrictivas para el ejercicio de la libertad de expresión, que además incumplen los estándares internacionales y la misma Constitución de Nicaragua, entre ellas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz. 
  • Liberar de forma inmediata y sin condiciones a las 205 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre las cuales se encuentran periodistas, trabajadores de medios y de organizaciones defensoras de la libertad de expresión y libertad de prensa. 
  • Abstenerse de continuar el cierre arbitrario de medios de comunicación independientes y organizaciones; así como revertir las sanciones administrativas realizadas, y devolver los equipos e instalaciones incautadas. 
  • Investigar de forma exhaustiva e independiente el asesinato del periodista Ángel Gahona y otros abusos contra periodistas, para luego juzgar y sancionar a las personas responsables.
  • Cumplir con las medidas cautelares otorgadas por la CIDH en favor de las y los periodistas independientes, garantizando un entorno habilitante para el ejercicio de sus labores.
  • Propiciar las condiciones para que las y los periodistas que se han visto obligados al exilio, puedan volver al país de forma segura.

Finalmente, Raza e Igualdad llama a la comunidad internacional, a los organismos de protección de Derechos Humanos y Estados de la región a rechazar y condenar los inaceptables niveles de violencia contra la prensa independiente, así como promover la rendición de cuentas por las violaciones a la libertad de expresión y otras libertades fundamentales. 

Nicaragua necesita de la comunidad internacional para combatir la impunidad y avanzar hacia un proceso de justicia transicional. 

¡Sin periodismo, no hay democracia! #SOSPeriodismo

Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación preocupado por cierre de espacios en Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Honduras

San José, 7 de septiembre de 2022.- Centroamérica atraviesa un período de graves retrocesos en el respeto y garantía de las libertades que integran el espacio cívico, entre ellas la de expresión y la de reunión y asociación pacíficas, particularmente en países como Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala, situación que representa una importante amenaza para las sociedades pacíficas e inclusivas en la región.  

Ante este contexto el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Clément Nyaletsossi Voule, realizó una gira académica en Costa Rica, con el objetivo de exponer algunos de los principales aportes de la Relatoría para promover y proteger tales derechos en la región. 

Durante la gira, que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre, el Relator tuvo la oportunidad de reunirse con representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas entre otros. 

El día 1 de septiembre, en la sede de la Universidad para la Paz, tuvo lugar un conversatorio con estudiantes de la mencionada casa de estudios, en el que participaron el Decano de la UPAZ, Juan Carlos Sainz-Borgo, y el señor Mihir Kanade, Director del Centro de Derechos Humanos de la UPAZ, Coordinador Académico de UPAZ y Presidente del Mecanismo de Expertos de la ONU sobre el Derecho al Desarrollo.

Durante la misma gira académica, el relator Voule participó en un conversatorio en la Academia Diplomática “Manuel María de Peralta” de San José, junto con la Embajadora Carmen Claramunt, Directora Adjunta de la Academia Diplomática. 

Nicaragua

“En Nicaragua, una de nuestras principales preocupaciones son las herramientas que se han adoptado en 2020 y 2022, una es la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros y la otra es la Ley de Regulación y control de Organismos sin Fines de Lucro”, dijo Voule durante su presentación en la UPAZ.

“Estas dos leyes permitieron a las autoridades nicaragüenses suprimir el espacio cívico criminalizando a los defensores de derechos humanos y líderes de oposición y disolviendo centenares de organizaciones de la sociedad civil”, agregó.

La exposición hizo especial énfasis en la gravedad de la situación que atraviesa Nicaragua  desde el año 2018. La crisis político-social que comenzó hace ya más de 4 años ha derivado en el cierre absoluto del espacio cívico, el cercenamiento de la libertad de asociación y la represión de toda manifestación pacífica adversa al Gobierno.

El Relator recordó que con la aprobación de leyes se han cerrado más de 1600 organizaciones no gubernamentales en el país, según la información que ha recibido.

“La situación es tensa, incluso para nosotros. No podemos entrar al país. Incluso con las personas que he ha hablado, sus propiedades fueron confiscadas y se está volviendo una situación tan difícil que otros países están intentando imitar. Y mi mandato quiere prevenir eso. por ello es que vine a Centroamérica”, dijo el relator.

El cierre de estos espacios se agravó desde la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros aprobada por el Parlamento nicaragüense en septiembre de 2020 y que fue utilizada como pretexto para cerrar organizaciones de la sociedad civil en el país.

Ese mismo mes, la Relatoría envió una comunicación al Estado de Nicaragua mostrando su preocupación por la incompatibilidad de Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos con las obligaciones internacionales del país, especialmente con los derechos humanos. En ese entonces, la Relatoría manifestó que el ámbito de aplicación de la Ley era muy amplio y no quedaba claro su alcance. Esta legislación prohíbe a quienes son clasificados como “agentes extranjeros” intervenir en asuntos, temas políticos o actividades internas de Nicaragua, sin que estos términos estén definidos.

El Salvador

De igual forma, en la región, El Salvador se encuentra en medio de la discusión de una Ley similar desde 2021 que ha generado preocupación en diferentes sectores, pues temen que se genere una situación parecida a la de Nicaragua que conlleve el cierre de cientos de organizaciones no gubernamentales.

Entre otras cosas, el Relator también expresó su preocupación por las disposiciones que señalan la creación de un registro de agentes extranjeros que limita severamente el acceso a fondos de fuentes externas. El Relator especial mencionó que se alegró de recibir una respuesta del gobierno indicando que se suspendía la consideración de esta ley.

Guatemala

En Guatemala, mencionó el relator, la preocupación está enfocada en el abuso de las medidas de emergencia para prohibir y suprimir las protestas pacíficas, además del incremento de la militarización y politización de las protestas cívicas. Estas preocupaciones fueron convocadas a las autoridades a través de un canal de comunicación.

Honduras

Honduras, también es uno de los países de la región que merece especial atención de la relatoría que Voule representa, El señor Voule ha compartido su preocupación a través de canales oficiales con el Gobierno sobre la criminalización de, así como los ataques y el acoso judicial contra líderes de la sociedad civil que, han provocado varias muertes. 

Sobre el mandato del Relator

El señor Clément Nyaletsossi Voulle fue nombrado Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y asumió sus funciones en abril de 2018.

La Relatoría que representa debe presentar informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como realizar visitas oficiales a los países para evaluar la situación de los derechos de libertad de asociación pacífica y asociación y presentar recomendaciones.

También debe transmitir llamamientos urgentes, otras cartas y cartas de alegación a los Estados Miembros sobre presuntas violaciones a los derechos de libertad de asociación y reunión pacífica. 

En junio de 2022, el Relator presentó ante el Consejo de Derechos Humanos su informe temático más reciente sobre el «Acceso a los recursos», así como el informe: “Protección de los derechos humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas durante situaciones de crisis.

Día Internacional de los Afrodescendientes: ¿Qué estamos haciendo para promover y defender sus derechos?

Washington D.C., 31 de agosto de 2022.– Este 31 de agosto se celebra por segundo año el Día Internacional de los Afrodescendientes, cuyo principal objetivo es promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las y los afrodescendientes. En las Américas—donde según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hay 134 millones de afrodescendientes—esta población sigue enfrentando grandes obstáculos para gozar plenamente de sus derechos y siendo víctima de diferentes manifestaciones de discriminación y violencia.

Por ello, al conmemorarse un año más el Día Internacional de los Afrodescendientes, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) quiere llamar la atención sobre la necesidad de que, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes y a partir de los mecanismos existentes a nivel del Sistema Interamericano y de Naciones Unidas, los Estados asuman e implementen acciones para la promoción y protección de esta población.

Sobre el 31 de agosto y otros mecanismos internacionales

El 16 de diciembre de 2020, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Resolución 75/170 con la que proclamó el 31 de agosto como Día Internacional de los Afrodescendientes. “A fin de promover un mayor reconocimiento y respeto de la diversidad del legado, la cultura y la contribución de los afrodescendientes al desarrollo de las sociedades, así como de promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los afrodescendientes”, reza la Resolución.

Como motores impulsores de este tipo de acciones ha estado, por un lado, el plan de actividades del Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024), pues uno de sus objetivos principales es aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, asegurando su aplicación plena y efectiva.

Por otro lado, el registro de hechos de discriminación y violencia en contra de personas afrodescendientes—como el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en mayo de 2020 en Estados Unidos—ha incidido para encender las alertas sobre esta situación y para la adopción de mecanismos internacionales en materia de derechos humanos de la población afrodescendiente y de justicia racial.

Por ejemplo, un mes después de la muerte de Floyd, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó la Resolución 43/1 “Promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los africanos y los afrodescendientes frente al uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por los agentes del orden”, la cual llama a generalizar la atención al racismo en los instrumentos de derechos humanos y demanda un rol activo de los Estados para cumplir con su objetivo en materia de justicia racial.

Luego, en 2021, Naciones Unidas adoptó dos importantes mecanismos. Uno de ellos es el Foro Permanente de Afrodescendientes, que fue aprobado en agosto a través de la Resolución 75/314 de la Asamblea General de Naciones Unidas, con la misión de ser un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos. Entre sus mandatos está el de “contribuir a la plena inclusión política, económica y social de los afrodescendientes en las sociedades en las que viven, en pie de igualdad con los demás ciudadanos y sin discriminación de ningún tipo, y contribuir a garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos”.

Por otro lado, en una resolución adoptada el 13 de julio de 2021, el Consejo de Derechos Humanos decidió establecer un mecanismo internacional de expertos independientes, compuesto por tres expertos con experiencia en aplicación de la ley y derechos humanos, que deben ser designados por el presidente del Consejo. Su mandato es examinar el racismo sistémico y el uso excesivo de la fuerza y ​​otras violaciones del derecho internacional de los derechos humanos contra africanos y afrodescendientes por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo.

¿Qué estamos haciendo?

Raza e Igualdad trabaja con organizaciones aliadas en América Latina y el Caribe en la defensa y protección de los derechos de las poblaciones afrodescendientes y Afro-LGBTI+, a través del fortalecimiento de capacidades para impulsar procesos de visibilización, documentación y litigio estratégico antes el Sistema Interamericano y el Sistema de Naciones Unidas. Todo ello con el fin de contribuir vivir en una sociedad más justa y equitativa.

En julio, en Brasil, el Instituto organizó una visita de la Relatora para los Pueblos Afrodescendientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Margarette May Macaulay, para que la Comisionada escuchara las denuncias más recientes de la población negra, especialmente las relacionadas con brutalidad policial y racismo religioso. Además, en mayo lanzó la Escuela de Formación Política Kátia Tapety para mujeres Afro BLTI, con el objetivo de fortalecer la participación civil en los espacios de decisión colectiva, con especial énfasis en reducir las brechas de género y raza en la participación política a nivel regional, nacional y global.

En este país suramericano, Raza e Igualdad ha venido trabajando en proyectos que denuncian el cierre de espacios de participación ciudadana para los movimientos negros e indígenas; en la lucha contra el racismo religioso; en la protección y defensa de la población Afro-LGBTI+; en el fortalecimiento político de las mujeres negras, indígenas LBTI, y en la lucha contra la violencia policial. Asimismo, se da seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI), que fue ratificada a finales de 2021 en Brasil.

En Colombia, el Instituto realizó en articulación con organizaciones de Cali actividades de documentación y elaboración de un informe sobre las afectaciones e impactos diferenciales de las violencias contra personas afrodescendientes en esta ciudad en el marco del Paro Nacional 2021, con énfasis en las violencias ejercidas por parte de la Fuerza Pública.  En los próximos días, junto a las organizaciones Ilex-Acción Jurídica, Temblores ONG y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) Raza e Igualdad publicará un informe nacional sobre la violencia policial racista.

En relación con procesos de incidencia ante Naciones Unidas sobre el uso desproporcionado de la fuerza contra personas afrodescendientes, el Instituto recientemente presentó un informe para el Mecanismo de personas Expertas para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley. Así mismo, presentó un informe de aportaciones para la preparación del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en virtud de la resolución 47/21 del Consejo de Derechos Humanos; esto en coalición con Ilex-Acción Jurídica, CODHES, Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios Afrodiaspóricos (CEAF) de la Universidad ICESI, de Cali.

En México, en el marco del Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, y con miras a contribuir a un mundo más equitativo, Raza e Igualdad lanzó el pasado 25 de julio el proyecto “Promoción de una agenda antirracista para fortalecer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en la lucha contra el racismo y la discriminación racial en México”, el cual está siendo implementado gracias al apoyo de la Fundación W.K. Kellogg.

Una de las primeras actividades de este proyecto consistió en un ciclo de conferencias dictadas entre el 25 y el 26 de agosto recién pasados por el Dr. Pastor Murillo, integrante del Foro Permanente sobre las Personas Afrodescendientes de la ONU. Las conferencias, que se realizaron tanto en la Ciudad de México como en Mérida, Estado de Yucatán, giraron en torno a las herramientas internacionales para combatir el racismo y la discriminación racial, y el papel de las universidades en esa lucha.

A nivel regional, Raza e Igualdad mantiene la campaña CIRDI 2024 “Hacia una región libre de discriminación racial”, para la promoción de la firma, ratificación e implementación de Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia (CIRDI). En el marco de esta campaña, el Instituto se ha planteado trabajar de la mano con organizaciones locales para fortalecer sus capacidades de seguimiento en aquellos países donde se ha ratificado esta Convención, así como de incidencia en aquellos donde solo se ha firmado.

El Instituto también ha venido visibilizando el problema de la discriminación desde una perspectiva interseccional, por medio del Foro Interamericano contra la Discriminación, evento que se realizada cada año con la participación de personas expertas internacionales y activistas de la región. Sus objetivos principales son promover la efectiva participación de las organizaciones no gubernamentales en el marco de las Asambleas Generales y Cumbres de las Américas de la OEA y mejorar su incidencia en el marco del sistema, así como visibilizar las diferentes discriminaciones que se enfrenta en las Américas y las principales demandas de los diferentes sectores poblacionales víctimas de discriminación, especialmente afrodescendientes y población LGBTI.

Para Raza e Igualdad es importante hacer hincapié en las herramientas de promoción y protección que ofrecen mecanismos internacionales, como la CIRDI, a favor de la población afrodescendiente. Creemos firmemente que es a través de estos instrumentos que los Estados pueden adoptar e implementar políticas claras y eficaces para garantizar los derechos humanos y el bienestar social de las y los afrodescendientes. Para ello, es fundamental el trabajo con organizaciones de la sociedad civil que velan por los derechos de esta población, pues son garantes de la visibilización de sus realidades, y el seguimiento a los compromisos nacionales e internacionales.

Este 31 de agosto, Raza e Igualdad reafirma su compromiso de defender y proteger los derechos de las personas afrodescendientes en las Américas, y llama a los Estados a adoptar medidas y fortalecer aquellas ya existentes en términos de población afrodescendiente, partiendo del reconocimiento de las desigualdades históricas que ha enfrentado este grupo étnico. A dos años de que finalice el Decenio Internacional de los Afrodescendientes esta tarea no solo es urgente, sino que representa un verdadero compromiso con la democracia y la inclusión social.

Perú: Audiencias decisivas para los derechos de personas y familias LGBTIQ+

Este agosto los casos de Crissthian Olivera y Jenny y Darling tendrán audiencias en instancia internacional y nacional respectivamente que, de lograr un fallo favorable, impactará sustancialmente en los derechos de otras personas y familias LGBTIQ+ en Perú.

Este 24 de agosto el Estado peruano tendrá que responder ante la Corte IDH por la vulneración de derechos de Crissthian Olivera, activista y defensor de derechos humanos. Crissthian fue discriminado por expresar su orientación sexual en un supermercado cuando se encontraba, con quien fue su pareja, en la cafetería del local y el personal de seguridad les ordenó retirarse, humillándolos públicamente por sus demostraciones de afecto.

Desde entonces, 11 de agosto de 2004, Olivera inició un camino de búsqueda de justicia que no encontró en ninguna de las instancias nacionales, ni administrativa ni judicial, por lo que acudió a la justicia internacional para que resuelva su caso.

“Tras 18 años de batalla legal, lo que espero de esta audiencia ante la Corte IDH es ser escuchado y, sobre todo, que jueces y juezas me crean. En todo este tiempo mi palabra no solo fue puesta en duda, sino que fue invalidada y desacreditada. Se hizo una representación estigmatizada de mi persona. Pido justicia para mí y que, por fin, se reconozca que sufrí discriminación y que el Estado peruano vulneró mis derechos a través de decisiones prejuiciosas y silencios cómplices que perpetuó un sistema excluyente lleno de barreras que nos impiden a las personas LGBTIQ+ acceder a la justicia. Por ello, busco también generar estándares de justicia para las personas LGTBIQ+ de este país, que no se repitan más casos como el mío y que los mecanismos de denuncia sean realmente oportunos, efectivos y sin prejuicios sobre la orientación sexual o la identidad de género de las personas”, señala Crissthian.

Del mismo modo, Jenny Trujillo y Darling Delfín, lesbianas, esposas y mamás de Daki, iniciaron, desde hace cinco años, una demanda contra RENIEC por no inscribirlas a ambas en el DNI de su hijo, lo que se traduce como una serie de vulneración de derechos, tales como el derecho a la identidad, al interés superior del niño, a la protección familiar, a la igualdad y no discriminación, entre otros, tendrán también una audiencia con la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, el 23 de agosto a las 10:00 a.m. donde jueces y juezas decidirán si ratifican la orden de primera instancia que obliga a RENIEC emitir un documento con sus dos mamás para Daki.

“En esta oportunidad demandamos a la Corte que ratifique la sentencia de primera instancia que ordena a RENIEC emitir un DNI con dos mamás para Daki. Así también, exigimos que se declare fundada la demanda de amparo presentada al Poder Judicial por la discriminación por orientación sexual cometida contra una de nosotras y que se configura como una afectación y daños irreparables en el ejercicio del reconocimiento y garantía de neustros derechos y los de Daki”, señalaron Darling y Jenny.

Por su parte, Luisa Zanabria, en representación de LIFS, una de las organizaciones litigantes, comparte: “Están limitando el ejercicio de los derechos humanos y  fundamentales de la familia, tanto de las madres como de Daki. Las lesbianas como cualquier otra mujer tenemos derecho a nuestras maternidades y los Estados tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho a todas sus ciudadanas. El estado peruano tiene que cumplir este mandato y dejarse de prejuicios. A las madres de Daki, por ser lesbianas no les están permitiendo ejercer este derecho”.

Así también, Gabriela Zavaleta, representante de Más Igualdad, otra de las organizaciones litigantes, refiere sobre ambos casos que “(…) las próximas audiencias resaltan la urgencia de rechazar las manifestaciones discriminatorias contra la diversidad LGBTIQ+ que se encuentran vigentes no solamente en la sociedad peruana sino también en las leyes. Será una nueva oportunidad para examinar si el Estado peruano está cumpliendo con sus obligaciones para con los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, entre ellos, las personas LGBTIQ+, quienes son igual de valiosas y merecedoras de protección legal para ellas y sus familias. Esperamos que las autoridades acojan las recomendaciones y se comprometan a hacer del Perú un país seguro y digno para las vidas de la población LGBTIQ+”.

Igualmente, Cynthia Silva, directora de DEMUS, organización que forma parte también del litigio de ambos casos, declara: “Desde Demus consideramos las audiencias hitos históricos en la lucha por la igualdad material de las personas y familias LGTBI en Perú. Estas son oportunidades para que la ciudadanía conozca los fundamentos jurídicos de los alcances de la protección y garantía de los derechos humanos frente a patrones de discriminación que pretenden negar, con consecuencias graves, tanto a las víctimas directas, en este caso Daki, sus mamás Crissthian, y a la sociedad. Acompañémosles sororamente y sumémonos a su legítimo reclamo por una justicia arcoiris”.

Finalmente, todas las organizaciones parte y denunciantes coinciden en que el Estado peruano debe recoger e implementar la recomendación hecha en marzo por el Comité CEDAW sobre legislar en favor del matrimonio igualitario, así como la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sobre no discriminar a las parejas del mismo sexo. Un reto para el cumplimiento y garantía de los derechos humanos.

Cuba: El impacto del 11J en los derechos humanos

Washington D.C., 11 de julio de 2022 – A un año de las protestas pacíficas que se desarrollaron masivamente el 11 de julio en más de 50 localidades de Cuba, la sociedad cubana continúa padeciendo un contexto de profunda crisis económica, caracterizado por graves limitaciones en el acceso a alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. Estos factores, que un año atrás desataron la necesidad de cubanas y cubanos de levantar sus voces y hacer oír sus reclamos, hoy en día continúan impactando sus vidas, incluso con mayor intensidad. Las violaciones a los derechos humanos después de las manifestaciones conocidas como 11J, persisten en la Isla, y se agravan.

Continúa la represión

La situación de represión y el silenciamiento de las voces del disenso no ha culminado después del 11J. Activistas, personas defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes se enfrentan diariamente a constantes hostigamientos por parte de las autoridades y de las fuerzas de la Seguridad del Estado. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos desde las protestas de julio de 2021, en especial, contra quienes participaron en las manifestaciones ocurridas el día 11 de ese mes[1].

En noviembre de 2021, diversos grupos de activistas intentaron nuevamente convocar a la realización de una protesta pacífica y se enfrentaron, una vez más, con centenares de detenciones arbitrarias, cortes selectivos en el servicio de Internet, interrogatorios y vigilancias individualizadas en sus domicilios. Durante el 15N, como se le llamó a esas manifestaciones, estaba prevista la realización de la Marcha Cívica por el Cambio; sin embargo, las personas que hicieron público su deseo para participar en este evento fueron impedidas de ejercer su derecho a la protesta pacífica.

Luego de esta iniciativa, se agravó el uso de la represión judicial con carácter ejemplarizante, se registró un aceleramiento en los procesos judiciales seguidos contra los manifestantes del 11J y se presentaron peticiones fiscales solicitando sanciones de hasta 30 años de privación de libertad. Asimismo, los familiares de las personas activistas detenidas y/o enjuiciadas padecieron -y continúan padeciendo- el acoso y la persecución por parte de la Seguridad del Estado, cada vez que intentan ejercer su derecho de protesta pacífica ante la cruel situación en la que se encuentran sus seres queridos.

Éxodos masivos

El contexto de crisis que domina Cuba ha generado que un creciente número de cubanos y cubanas decidan abandonar la Isla y establecerse en otros países. Existe gran preocupación por la elevada cantidad de personas que intentan cruzar fronteras exponiéndose a situaciones sumamente riesgosas.

Como consecuencia de las dificultades que enfrentan las y los cubanos/as para obtener visas de tránsito en numerosos países, la mayoría de las personas optan por la migración irregular a través de rutas que las exponen a ser víctimas de redes criminales, riesgos en su salud, e incluso al peligro de perder la vida.  Muchas personas llegan a los puestos fronterizos y permanecen por meses bajo custodia de las autoridades migratorias sin certeza sobre su situación.

Paralelamente, el gobierno cubano ha intensificado las restricciones al ejercicio del derecho a la libre circulación, tanto al interior como al exterior del país. Las autoridades de la Isla han utilizado las tácticas de exilio forzado y de prohibición de entrada al territorio de personas de nacionalidad cubana con residencia vigente, para silenciar aquellas voces críticas que adquieren mayor visibilidad. Resulta de especial preocupación que, además de las condiciones socio económicas que expulsan a miles de cubanas y cubanos del país, exista un hostigamiento sistemático y permanente contra activistas, artistas y periodistas, quienes son presionados para salir del país en condiciones infrahumanas. Esta situación está impidiendo que muchas personas puedan gozar de su nacionalidad de manera efectiva y, asimismo, les impide gozar de otros derechos fundamentales como el derecho a la familia y a la libre elección de su residencia.

Reformas legislativas

El 14 de mayo de 2022, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó el nuevo Código Penal. Si bien el texto oficial definitivo no se encuentra publicado aún, el anteproyecto genera preocupación puesto que mantiene un lenguaje amplio y ambiguo para tipificar aquellos delitos que se han utilizado arbitrariamente para perseguir las actividades de las personas defensoras de derechos humanos, juristas, activistas y periodistas independientes. Preocupa especialmente el aumento de las penas relativas a los “Delitos contra la Seguridad Interior del Estado”, entre los que se encuentran los delitos contra el orden constitucional, la sedición y la propaganda contra el orden constitucional, que se han utilizado frecuentemente para reprimir y criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos humanos a la libertad de expresión, asociación y reunión.

Las represión y criminalización histórica en Cuba persiste amparada en una legislación interna que limita el ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión y asociación. Ejemplo de ello es el uso de figuras penales como la sedición y el desorden público para criminalizar a quienes decidieron ejercer su derecho a la protesta pacífica el 11J y el 15N. También llaman la atención otras prácticas que el Estado ha adoptado para responder a las marchas del 2021, entre las que destacan la inobservancia del principio del interés superior del niño/a y del cuidado especial que requieren; la coacción psicológica para obligar a las personas a abandonar la Isla y el asedio a la prensa nacional e internacional. Aunque estas prácticas no son nuevas, dejan ver una política estatal basada en sembrar el miedo en la población y el interés de deshacerse de cualquier tipo de expresión popular crítica a la política del Estado.

A un año del 11J, desde el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hacemos un llamado al Estado cubano para que ponga fin a las prácticas represivas contra aquellas personas que se manifiestan y organizan pacíficamente y en reclamo de sus derechos humanos. El Instituto continuará monitoreando la situación, documentando los abusos perpetrados por el gobierno y denunciando las violaciones de derechos humanos ante la comunidad internacional.

 

[1] CIDH, Comunicado de prensa 295/21, La CIDH expresa preocupación por la agudización de la represión y otras violaciones a los derechos humanos desde las protestas de julio en Cuba, 5 de noviembre de 2021.

La ONU renueva el crucial mandato de le experte en DDHH sobre orientación sexual e identidad de género

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU reafirma una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivo de OSIG, y recuerda a todos los Estados sus obligaciones hacia las personas LGBT y de género diverso.

(Ginebra, 7 de julio de 2022) – El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) adoptó una resolución para renovar el mandato de le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género (OSIG) por tres años más. En una votación crítica, la resolución fue adoptada con el voto a favor de 23, con el voto en contra de 17 y la abstención de 7.

Fueron 1256 organizaciones no gubernamentales de 149 estados y territorios de todas las regiones que apoyaron una campaña para renovar el mandato.

La votación de hoy fue la primera vez que el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución condenando explícitamente la legislación que penaliza las conductas consentidas entre personas del mismo sexo y las diversas identidades de género, y pidió a los Estados que modifiquen la legislación discriminatoria y combatan la violencia por motivos de OSIG.

“Miles de millones de personas siguen viviendo con leyes y actitudes sociales que los ponen en peligro”, dijo Manisha Dhakal de Blue Diamond Society en Nepal, en nombre de una coalición mundial de organizaciones de la sociedad civil. “Al reconocer que queda mucho trabajo por hacer, el Consejo reafirmó una vez más su compromiso a combatir la discriminación y la violencia por motivos de OSIG, recordando a todos los Estados sus obligaciones hacia estas comunidades”.

“La existencia de un mecanismo específico de derechos humanos de la ONU sobre la violencia y la discriminación en base a OSIG es crucial para que nuestras comunidades sean escuchadas a nivel mundial”, agregó Carlos Idibouo de Fierté Afrique Francophone (FAF) en Costa de Marfil. “Si el mundo está realmente comprometido a no dejar a nadie atrás, no puede evitar abordar la violencia y la discriminación que enfrentamos. Las leyes que criminalizan nuestras identidades y acciones son injustas y ya no deben tolerarse”.

Creado en 2016 y renovado por primera vez en 2019, el mandato de le Experte Independiente ha recibido el apoyo de un número creciente de Estados de todas las regiones. La resolución para crear y renovar el mandato fue presentada por un grupo de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay) y fue copatrocinada por 60 países de todas las regiones.

“Habiendo asegurado una renovación por tres años más, este mandato ahora continuará apoyando iniciativas en países de todo el mundo para garantizar que las personas LGBT y de género diverso vivan libres de desigualdad, y para amplificar sus voces y testimonios en los foros internacionales de derechos humanos”, agregó Aleh Ordóñez Rodríguez de Ledeser en México.

Además de superar 12 de 13 enmiendas hostiles durante el proceso de renovación, se mantuvo firme el núcleo de la resolución que afirma la naturaleza universal del derecho internacional de los derechos humanos.

Le experte independiente evalúa la implementación del derecho internacional de los derechos humanos hablando con los Estados y trabajando en colaboración con otros mecanismos regionales y de la ONU para abordar la violencia y la discriminación. Desde 2016, el mundo ha aprendido más sobre el impacto de la criminalización de las relaciones consensuales entre personas adultas del mismo sexo, la necesidad de reconocer legalmente el género de una persona, las barreras para la inclusión social, la importancia de recopilar datos relacionados con la vida de personas LGBT, el daño causado por las llamadas ‘terapias de conversión’, y más. Le experte también ha arrojado luz sobre las buenas prácticas para prevenir la discriminación y recientemente realizó visitas a Argentina, Georgia, Mozambique, Túnez y Ucrania.

Esperamos que todos los gobiernos cooperen plenamente con le Experte Independiente en este importante trabajo para lograr un mundo libre de violencia y discriminación para todas las personas, independientemente de su orientación sexual e identidad de género.

** FIN **

Nota para los medios de comunicación:

  1. Le Experte Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género es designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este mandato se estableció en 2016 y ha sido ocupado por Vitit Muntarbhorn (2016-2017) de Tailandia y Víctor Madrigal-Borloz (2018-en curso) de Costa Rica.
  2. Este comunicado se refiere a «personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género» o a personas «LGBT», en lugar de «LGBTI», ya que el mandato tiene la tarea específica de abordar las violaciones de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.

La represión de las históricas protestas del 11J en Cuba

Washington D.C., 6 de julio de 2022. –  A pocos días de que se cumpla un año de las marchas pacíficas del 11 de julio de 2021 en Cuba, el equipo legal del Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), respondió cuatro preguntas que ayudan a conocer y entender qué ocurrió en la Isla en aquel entonces.

¿Qué pasó en Cuba en julio de 2021?

El 11 de julio de 2021 y los días siguientes (en adelante, “11J”) se vivió en Cuba una de las mayores protestas de la historia reciente de este país. En esa ocasión, miles de personas salieron a las calles de más de 50 ciudades para manifestar pacíficamente su preocupación ante el agravamiento de las crisis sanitaria y económica, y denunciar las políticas de reducción del espacio cívico impuestas por el gobierno. Organizaciones de la sociedad civil registraron más de 124 manifestaciones pacíficas a lo largo del territorio cubano, que incluyeron las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud[1]. Un número elevado de protestas reportaron violaciones graves a los derechos humanos, debido al uso excesivo de la fuerza policial, dejando como resultado una persona fallecida, 1.745 acciones represivas, al menos 1.103 detenciones arbitrarias, varios testimonios de agresiones sexuales ejercidas por la fuerza pública, 402 agresiones, 63 hostigamientos, 55 citaciones y cortes de internet en todo el país[2].

¿Por qué la gente salió a marchar?

Las manifestaciones se iniciaron en las localidades de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa (cerca de La Habana); y Palma Soriano, en Santiago; sin embargo, se extendieron rápidamente a todo el país. Las protestas que tuvieron inicio el día 11 de julio de 2021 en Cuba significaron la respuesta de la sociedad cubana a una situación social que empeoraba día tras día. Esto debido a la incapacidad del Estado cubano de garantizar de manera efectiva el acceso a derechos económicos, sociales y culturales y respetar el ejercicio de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos.

Por un lado, el país enfrentaba (y aún enfrenta) una profunda crisis económica caracterizada por la escasez y el desabastecimiento de alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. A esto se sumaba, las consecuencias de la respuesta del gobierno a la propagación del virus COVID-19, que impactaron Cuba de forma muy negativa, agravando los sistemas de salud y la precaria situación social previa a la irrupción de la pandemia. Finalmente, la creciente represión como respuesta a las crisis se hizo insostenible para miles de personas[3].

¿Cómo respondieron las autoridades cubanas a las manifestaciones pacíficas del 11J?

El gobierno respondió a las manifestaciones con una brutal represión que incluyó uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración, amenazas, hostigamientos, torturas y tratos crueles e inhumanos, tanto de agentes estatales como de fuerzas parapoliciales afines al gobierno. En las semanas siguientes a la protesta se registraron cientos de detenciones arbitrarias y otras violaciones a las garantías del debido proceso, así como la puesta en práctica de una estrategia de vigilancia reforzada en las calles de todo el país y en las residencias de personas activistas, a quienes se les impidió salir de sus viviendas.

El día 12 de julio de 2021, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, publicó un discurso en el cual incitó a la población civil a salir a las calles a “actuar”, incluso a través de la violencia en contra de las personas manifestantes[4]. En ese discurso, alertó a los/as manifestantes que tenían que “pasar por encima de [sus] cadáveres si quieren enfrentar la Revolución, y esta[ban] dispuestos a todo y estar[ían] en las calles combatiendo”[5]. La respuesta estatal también incluyó la difusión de propaganda y campañas de estigmatización en contra de las personas manifestantes, a las que calificó de “contrarrevolucionarios”, “delincuentes”, “vándalos”, “mercenarios” y “enemigos del Estado”.

Asimismo, el 11 de julio y los días siguientes se registraron cortes de energía y bloqueo del servicio de Internet que buscaban impedir la difusión del movimiento en las redes sociales y la prensa independiente. Como respuesta a las protestas, el 17 de agosto de 2021 el gobierno promulgó el Decreto Ley 35 de Telecomunicaciones y la Resolución 105 que significaron nuevas regulaciones sobre telecomunicaciones y ciberseguridad. Estas medidas buscaron generar un mayor control estatal sobre las manifestaciones sociales, dado que internet se había convertido en un espacio fundamental para el ejercicio del derecho de protesta en Cuba.

Este tipo de respuesta no resulta desconocida en la Isla, ya que la enfrenta a diario toda persona que se atreve a expresar sus ideas y opiniones independientes y diferentes a las del gobierno. La represión a quien piensa diferente en Cuba se ve agravada en contextos de crisis, como lo fue el de los años 90. En aquella ocasión, el Representante Especial del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos en Cuba, advirtió en el año 1991 que “desafortunadamente para la causa de los derechos humanos, las autoridades cubanas han decidido enfrentar esa difícil situación económica con un incremento del control represivo dirigido a los supuestos opositores del régimen, la mayoría de los cuales aspiran a cambios no violentos de unas circunstancias que encuentran intolerables”[6].

De acuerdo con datos de las organizaciones Cubalex y Justicia 11J, al 30 de junio de 2022, 1481 personas (incluyendo 57 menores de 18 años) habrían sido privadas de su libertad en el contexto de las protestas[7]. De estas, 701 permanecen actualmente en detención[8]. Entre las personas detenidas habría una cifra significativa de activistas, artistas, periodistas, líderes y lideresas de movimientos de oposición política al gobierno; profesores, estudiantes, personal médico, profesores y sacerdotes de varias confesiones religiosas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constató un patrón sistemático de violaciones al debido proceso en el contexto de las privaciones de libertad de personas que participaron en las protestas, tales como: la incomunicación de la persona detenida, interrogatorios con fines intimidatorios, falta de notificación sobre las causas legales de su detención, ausencia u obstaculización para acceder a una defensa legal oportuna, técnica y adecuada, entre otros[9].

A un año de las protestas, ¿qué ha pasado en todo este tiempo?

Cerca de 10 días después de las protestas, se registraron las primeras condenas de cárcel para algunas personas por su participación en las protestas del 11J. Estas condenas se dieron en juicios sumarios por la vía del atestado directo -un procedimiento expedito que pasa directamente de la fase de investigación policial al juicio oral, sin acusación fiscal ni proceso[10]-. La mayoría de las personas acusadas no contaron con la asistencia oportuna de un abogado. Un total de 47 personas habrían sido condenadas por este procedimiento[11].

Justicia 11J y Cubalex han registrado hasta el 30 de junio de 2022, 584 personas condenadas. Según información disponible, los delitos imputados se repiten en la mayoría de las personas procesadas: “desorden público”, “atentado”, “desacato”, “instigación a delinquir”, “propagación de epidemias”, “sedición”, “manifestaciones ilícitas”, “daños” y “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. Al menos 168 personas han sido condenadas por el delito de sedición, y un gran número de ellos y ellas provienen de los barrios más desfavorecidos de La Habana. Esto ha resultado que las sanciones hayan tenido un impacto desproporcionado en poblaciones de personas afrodescendientes, defensoras de derechos humanos, artistas y periodistas independientes.

De acuerdo con la información registrada por las organizaciones antes mencionadas, del total de las personas enjuiciadas, 24 eran menores de 18 años al momento de su detención, y fueron sancionadas en primera instancia con penas que se extienden hasta los 19 años de privación de libertad[12]. Asimismo, 71 mujeres (más de una veintena de ellas, madres) y 9 adultos mayores continúan detenidos[13]. Por último, estas organizaciones informan que una treintena de manifestantes excarcelados han emigrado o han sido forzados al exilio[14].

La comunidad internacional y los órganos de derechos humanos también han expresado su preocupación por las sentencias dictadas en Cuba respecto a los hechos del 11J. El Comité Contra la Tortura (CAT) ha instado al Estado cubano a que “investigue, juzgue y sancione a los responsables de uso excesivo de la fuerza y malos tratos durante las protestas”[15]. El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha llamado al Estado cubano a dar cuenta “sobre las presuntas desapariciones por 11J”[16]. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño (CRC) incluyó dentro de sus recomendaciones reconsiderar “la severidad y proporcionalidad de las sentencias para los niños, niñas y adolescentes que participaron en las protestas del 11J”[17].  De la misma manera organismos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sus relatores especiales siguen muy de cerca con preocupación las continuas violaciones de derechos humanos en Cuba a raíz del 11J, haciendo un especial llamado al Estado a “adoptar todas las medidas necesarias para evitar que mediante investigaciones estatales se someta a juicios injustos o infundados a quienes de manera legítima reclaman sus derechos mediante la protesta social.”[18]

***

[1] Registro realizado por Proyecto Inventario,” Manifestaciones en Cuba, domingo 11 de julio 2021”, https://www.google.

com/maps/d/viewer?mid=1AQAArlWutvq3eqA2nK_WObSujttknlxZ&ll=21.661531077124163%2C-80.20082207193147&z=7

[2] Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Protestas de julio, 8 de marzo de 2021 https://observacuba.org/ocdh-protestas-de-julio-dejaron-al-menos-1-745-acciones-represivas-en-cuba-de-las-cuales-1-103-fueron-detenciones-arbitrarias/

[3] CIDH “La CIDH y sus Relatorías Especiales condenan la represión estatal y el uso de la fuerza en el marco de las protestas sociales pacíficas en Cuba, llamando al diálogo sobre los reclamos ciudadanos”, 15 de julio de 2021disponible en https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/177.asp

[4] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[5] Granma, A la Revolución la defendemos ante todo, 12 de julio de 2021.

[6] Representante Especial del Secretario General, Informe sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, preparado por el Representante Especial del Secretario General, Sr. Rafael Rivas Posada, en cumplimiento del mandato conferido por la resolución 1991/68 de la Comisión, párr. 30, Comisión de Derechos Humanos, U.N. Doc. E/CN.4/1991/27 (28 enero 1992) (por Rafael Rivas Posada)

[7] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[8] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[9] Cfr. CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 70

[10] Prisoners Defenders, Atestado Directo: así están siendo juzgados los manifestantes pacíficos en Cuba, 17 de julio de 2021.

[11] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[12] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[13] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[14] Justicia 11J y Cubalex, Newsletter junio 2022. Disponible en: https://mailchi.mp/67d27e677817/newsletter-1-junio-2022

[15]Diario las Americas, Disponible en: https://www.diariolasamericas.com/america-latina/onu-cuba-debe-sancionar-abuso-fuerza-protestas-n4249031

[16] Infobae, El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pidió explicaciones a Cuba por lo sucedido tras las protestas del 11 de julio, 21 de Enero de 2022, Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/01/21/el-comite-contra-las-desapariciones-forzadas-de-la-onu-pidio-explicaciones-a-cuba-por-lo-sucedido-tras-las-protestas-del-11-de-julio/

[17] CRC, Observaciones finales, CRC/C/CUB/CO/3-6, 16 de junio de 2022, párr. 26 (e).

[18] CIDH, Informe anual 2021, Cap. IV.B Cuba, párr. 77.

Personas presas políticas beneficiarias de medidas cautelares CIDH sufren torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes

Washington D.C., 28 de junio de 2022-. El pasado 24 de junio, en una audiencia de supervisión de 10 medidas cautelares a favor de 60 personas nicaragüenses, entre las cuales figuran 44 personas privadas de libertad por motivos políticos y sus familiares, Comisionadas y Comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) externaron  su preocupación ante los actos de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que están sometidas las personas beneficiarias. Al respecto, el comisionado  Joel Hernández expresó que  son “claramente personas presas políticas, que han sido detenidas por alzar la voz en una sociedad en la que se han cerrado todos los espacios democráticos«. 

La Relatora para Nicaragua, Comisionada Esmeralda Arosemena, expresó su profunda “angustia” ante la negativa del régimen de Ortega y Murillo de dar respuesta a las solicitudes de información sobre la situación de las personas detenidas. “Las respuestas no han sido efectivas, no hay respuestas del Sistema (de Justicia) en asuntos tan esenciales como es el tema de la vida de las personas (presas políticas). Y cuando digo la vida, digo su integridad física, su salud mental, su salud psicológica, su dignidad frente a tanta humillación, amenaza, tortura”. 

Arosemena solicitó a la Relatora Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), Soledad García Muñoz, un trabajo en coordinación con la Comisión para emitir un comunicado de prensa que identifique la situación específica de salud de las personas beneficiarias y la falta de atención médica.

Las autoridades de la CIDH recordaron que el Estado debe abstenerse de ejercer represalias en contra de las personas participantes de la audiencia, las personas beneficiarias de las medidas cautelares y sus familiares.

Organizaciones representantes denuncian “absoluta falta de implementación de las medidas”

Las seis organizaciones de la sociedad civil, representantes de las personas beneficiarias de medidas cautelares, enfatizaron ante la Comisión la absoluta falta de implementación de las medidas por parte del Estado nicaragüense y la gravedad de la situación en la que se encuentran las personas presas políticas en las diferentes  cárceles del Sistema Penitenciario del país. Además, urgieron a la CIDH pedir la liberación inmediata de estas personas, pues “sólo esto permitirá evitar que se sigan materializando los daños a su salud y a su integridad personal” que ponen en alto riesgo sus vidas.

Carmen Herrera, abogada del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad), señaló que de 60 personas beneficiarias, 44 personas continúan  privadas de libertad por ejercer sus derechos a la protesta cívica, la libertad de expresión y de reunión pacífica. Sólo 7 de estas personas han sido excarceladas, a pesar de lo cual, continúan expuestas a riesgos. Asimismo, denunció que sus detenciones fueron muy violentas, a tal punto de causar lesiones físicas que no han sido tratadas adecuadamente, y “los procesos de criminalización que han enfrentado no han sido respetuosos de las garantías del debido proceso”.

Por otro lado, Georgina Ruiz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), denunció que las personas beneficiarias se encuentran arbitrariamente privadas de libertad en condiciones de insalubridad y que constituyen tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ruiz explicó que las celdas de detención  están plagadas de insectos, no existen servicios higiénicos, tan sólo un orificio en el piso, el acceso al agua potable no es permanente, hay ratas que dañan los alimentos, entre otros aspectos que configuran ambientes insalubres que impactan a las personas presas.

Karina Sánchez, de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) denunció que se ha documentado que la tortura sexual ha sido una práctica sistemática en contra de personas presas políticas, especialmente de las mujeres, provocando graves impactos diferenciados en su vida e integridad.  Además destacó que “No tienen acceso a servicios de salud específicos que atiendan a sus necesidades diferenciadas en razón de su sexo, identidad de género y orientación sexual”. 

Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” expresó que “la tortura en Nicaragua continúa siendo una práctica sistemática y generalizada”. La organización ha documentado que durante los últimos 6 meses, personas presas políticas han sido víctimas de golpizas, amenazas de muerte, de reclusión indefinida e incluso de “quitarles a sus hijos”. Estos malos tratos se extienden a sus familias. “Se han registrado tocamientos excesivos en su contra, particularmente mujeres, niñas y adolescentes”.

En su intervención, Alexandra Salazar de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), explicó que el deterioro de la salud de las personas presas políticas es de carácter sistemático y especialmente alarmante para las organizaciones y familiares porque “ya dos presos políticos bajo custodia han fallecido y otros tres han resultado con daños irreversibles”. Además, expuso que se han solicitado valoraciones médicas en todas las instancias correspondientes, pero no se ha obtenido ninguna respuesta positiva “debido a que las autoridades de los Sistemas Penitenciarios, en ocasiones, no reciben los oficios judiciales y en otros casos, pese a recibirlos, no los acatan”.

Finalmente, en voz de Camila Ormar del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), las organizaciones solicitaron a la Comisión ordenar al Estado de Nicaragua que, mientras surten efecto los trámites administrativos para la liberación de las personas presas políticas, garantice condiciones dignas de detención, y facilite su contacto con familiares y defensores. Igualmente, pidieron a la CIDH que requiera a Nicaragua que permita el ingreso de una delegación para constatar la implementación y efectividad de las medidas.

Orgullo 2022: Reconociendo las manos LGBTI+ que han construido este camino

Washington D.C., 28 de junio de 2022.– El 28 de junio de cada año, personas LGBTI+ de todo el mundo se reúnen públicamente en grandes marchas de celebración y reivindicación de sus vidas, celebrando la diversidad sexual y de identidad de género, y la libertad para expresarlas. Es un momento reivindicativo donde lesbianas, bisexuales, gays, trans, intersexuales y más desafían frente a frente los prejuicios y estigmas reafirmando con orgullo quiénes son, sus derechos humanos y los avances logrados tras décadas de lucha.

Esta fecha conmemorativa tiene origen en el levantamiento de Stonewall, Nueva York, en 1969, el cual consistió en varios días de protestas por la persecución y la represión de la policía estadounidense contra personas LGBTI+. Un artículo del NYC LGBT Historic Sites Project menciona que estos hechos no dieron inicio al movimiento social LGBTI+, pero sí provocaron un gran impacto, pues inspiró y permitió el surgimiento de cientos de nuevas organizaciones por la causa alrededor de todo el mundo.

Al respecto, Dámaso Jussette, mujer transfeminista nicaragüense integrante de la Mesa Nacional LGBTIQ+ y de la Articulación de Movimientos Sociales, compartió que “las personas LGBTIQ+ hemos estado muy presentes en la historia, pero como [personas LGBTIQ+] que no lo son. La diferencia es que el patriarcado ha tratado de borrarnos, pero de la misma manera en que hemos resistido hasta hoy en día lo seguiremos haciendo”.

Después de 53 años desde levantamiento de Stonewall, un día como hoy —caracterizado por la celebración, visibilidad y orgullo— es posible gracias al esfuerzo y valentía de personas que hicieron frente a la persecución, la violencia e injusticias contra la población LGBTI+ desde varias partes del mundo.

Por ejemplo, las lesbianas feministas peruanas han logrado que, por primera vez, el Comité CEDAW las mencione en las recomendaciones periódicas que realizan. También tienen una mesa de trabajo en el Ministerio de la Mujer, desde donde inciden para lograr políticas públicas dirigidas a las lesbianas. Asimismo, han conseguido diálogos con altas representantes del Poder Judicial. “No es fácil, pero seguimos insistiendo al Estado el asumir la realización de estudios sobre la situación de las lesbianas y producir data específica sobre nosotras”, comenta Luisa Zanabria, integrante de la organización Lesbianas Independientes Feministas Socialistas (LIFS).

En República Dominicana, Christian King, activista trans no binarie de TRANSSA (Trans Siempre Amigas), considera que, a pesar de no tener garantías para todos los derechos LGBTI+, han logrado valiosos avances como contar con una unidad de derechos humanos en la Procuraduría General de la República, un Plan Nacional de Derechos Humanos y un plan estratégico visión 2020-2024 del Poder Judicial, en el cual se incluyó el acceso a la justicia de las personas LGBTI+. “Para lograr esto, fueron muchos los desafíos que enfrentamos las organizaciones y activistas LGBTIQ+ exponiéndonos al denunciar ante organismos internacionales de derechos humanos las violaciones que se comenten en nuestro país”, compartió.

Otro activista que ha hecho importantes trabajos para la población LGBTI+ de Colombia es Manuel Velandia, ARTtivista gay. “En Colombia, tenemos muchísimos derechos ganados por vía judicial, todos han sido conseguidos a través de fallos de la Corte Constitucional. Esto se convierte en un grave problema porque nada se puede dar por sentado y se corre el riesgo de que las organizaciones antiderechos, que realmente se presentan como proderechos, pretenden revertirlos”, dijo. Con él, se fundó el movimiento de Liberación Homosexual de Colombia, el cual fue pionero de la prevención del VIH en América Latina; también escribió, junto con miembros del ActUp Canadá, el primer manifiesto mundial por los derechos de las personas viviendo con VIH/Sida. Y en el 2002, fue el primer candidato abiertamente homosexual en presentarse al Congreso de la República.

En el caso de Brasil, en 2020, el Frente Bisexual Brasileño realizó el primer festival B+ del país, hecho por y para la población bisexual. Durante su segunda edición, al siguiente año, lanzaron el Manifiesto Bisexual Brasileño, el primero en todo el territorio. “Es un documento que está resonando incluso fuera de Brasil, principalmente en los Estados Unidos.  Ya está publicado en otros países y está traducido al inglés y al español”, compartió orgullosa Vitória Régia da Silva, Cofundadora del Colectivo Bisibilidade RJ. También celebró la firma de la Resolución del Consejo Federal de Psicología, el cual establece un trato más humano a la población bisexual y no monodisidente.

Finalmente, tenemos activismos LGBTI+ que se encuentran exiliados después de enfrentarse a gobiernos represivos como el caso de Isbel Díaz, líder gay cubano, y Dámaso Jussette, mujer trans feminista nicaragüense solicitante de refugio en Costa Rica. En gobiernos autoritarios como los de Cuba y Nicaragua, las organizaciones LGBTI+ y de derechos humanos en general son perseguidas, ya que tienen una gran incidencia en la denuncia de violaciones de derechos humanos. “Aquellas que existimos pese a todo, lo hacemos siempre asumiendo riesgos que van desde la integridad física, la posibilidad de ser enjuiciados por cualquier causa inventada por la Seguridad del Estado, y la total precariedad para el acceso a recursos materiales, conectividad, y libertad de movimiento”, señala Isbel.

Gracias al incansable trabajo del activismo y de la resistencia de colectivos en países hostiles, poco a poco, la agenda LGBTI+ está logrando posicionarse en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el escenario político y está consiguiendo importantes victorias. Aunque aún quede un camino largo por recorrer, los liderazgos de personas defensoras LGBTI+ como las mencionadas, han dejado una senda abierta con posibilidades para continuar luchando.

Es justo recordar que los avances en materia de derechos humanos LGBTI+ se han conseguido por los esfuerzos de quienes han precedido estas luchas y por quienes continúan incidiendo para protegerlos y defenderlos. Por eso, Raza e Igualdad saluda las grandes contribuciones de los liderazgos LGBTI+ en América Latina y el Caribe, y reconoce que si, hoy por hoy, el miedo y la vergüenza ya no son una opción para muchas personas, es gracias a las batallas que se han librado y se siguen librando por el reconocimiento y respeto de los cuerpos e identidades disidentes.

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