Washington D.C., 1 de julio de 2021.– El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) lanzó este 29 de junio de 2021 el informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba”, en vísperas de que el proyecto de un nuevo Código de Familias sea presentado ante el Parlamento y, posteriormente, sometido a referendo para su aprobación. El lanzamiento se realizó en un evento virtual en el que participaron representantes de la sociedad civil independiente en la Isla y activistas de Ecuador y Costa Rica para compartir experiencias y estrategias en el reconocimiento del matrimonio igualitario en estos países.

El espacio se denominó Reconocimiento de las parejas diversas en Cuba: intercambio de experiencias en la región y tuvo como panelistas al Director Ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, a la periodista y activista independiente de Cuba, María Matienzo; al Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, y a la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz. La Oficial del Programa LGBTI de Raza e Igualdad, Zuleika Rivera, estuvo a cargo de moderar este evento.

Además de ser una demanda de la comunidad LGBTI+ en la Isla, la aprobación del matrimonio igualitario está en correspondencia con las obligaciones que el Estado cubano tiene en materia de derechos humanos, así como con la Constitución adoptada en 2019, pues esta conceptualiza el matrimonio como la unión voluntariamente concertada entre personas. En esa ocasión, se determinó que el matrimonio igualitario se haría realidad incluyéndolo en un nuevo Código de Familias que debía presentarse y someterse a referendo en un plazo de dos años, es decir, en este 2021.

Rivera comentó que la posibilidad de un referendo para decidir sobre la aprobación de este Código, trae consigo una serie de posiciones a favor y en contra de este proceso, pues por un lado están las voces fundamentalistas que se oponen al reconocimiento de derechos de la población LGBTI+ y, por otro lado, está la misma comunidad LGBTI+ y los sectores que la apoyan, pero que critican el hecho que se tenga que recurrir a un referendo para reconocer sus derechos.

El informe

El informe “Hacia el reconocimiento de las parejas diversas en Cuba” responde a un interés de Raza e Igualdad de analizar la figura del matrimonio igualitario a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos, y su objetivo es fomentar una discusión sobre el derecho a la igualdad y no discriminación y sus alcances en materia de protección familiar. Además, el documento incluye una serie de recomendaciones para el Estado cubano, para los organismos internacionales y para la sociedad civil con el fin de fortalecer la protección de los derechos humanos de la población LGBTI+ en Cuba.

Al presentar los principales hallazgos de este informe, el director ejecutivo de Raza e Igualdad, Carlos Quesada, señaló que “el derecho a la igualdad debe ser garantizado, no debe ser puesto a discusión en un referendo”. “El matrimonio igualitario se fundamenta en la legislación nacional, específicamente en la Constitución cubana en los artículos 1, sobre la igualdad; 7, sobre la supremacía; 13, sobre la equidad y justicia social; 16, sobre el disfrute de los derechos humanos y el repudio a cualquier manifestación de discriminación; 41 sobre la protección a los derechos humanos, en correspondencia con los principios de progresividad, igualdad y no discriminación, así como en el artículo 44, sobre el derecho a la igualdad y la inclusión social, entre otros”, dijo.

“El reconocimiento de las personas diversas pasa por el reconocimiento de los derechos civiles de cubanos y cubanas en general”, indicó por su parte la periodista independiente cubana María Matienzo, quien lamentó que la demanda para el reconocimiento de los derechos de la población LGBTI+ se vea limitada por el control absoluto que ejerce el Estado “en función de una ideología en la que no tienen cabida un hombre que no sea heterosexual junto a una mujer que responda a sus intereses”.

Experiencias en la región

El Director del Instituto de Igualdad, Género y Derechos de la Universidad Central del Ecuador, Christian Paula, se refirió a la normativa jurídica, tanto nacional como internacional, que sirvió como base para emprender la lucha por el reconocimiento del matrimonio igualitario en este país, donde este derecho es una realidad desde el 8 de julio de 2019. El especialista refirió que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) es muy importante para la región, porque la población LGBTI+ no cuenta con un tratado internacional que proteja de manera específica sus derechos.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Familias Homoparentales y Diversas de Costa Rica y directora ejecutiva de la Campaña Sí Acepto en ese país, Nisa Sanz, compartió la experiencia en cuanto a la campaña de información y concientización que realizaron en el marco de la demanda del matrimonio igualitario. “Es muy normal que en este avance que tienen los países nos enfrentemos a todo tipo de barreras que van desde la oposición total a cualquier tipo de avance hasta aquellos que favorecen completamente el matrimonio igualitario”, expresó.

Para Raza e Igualdad es importante crear este tipo de espacios para el intercambio de experiencias y contar con la participación de activistas de Cuba, país donde existe una grave restricción al ejercicio de derechos civiles y donde la lucha por el reconocimiento de derechos para grupos como la población LGBTI+ se ve opacada por el autoritarismo del Gobierno.

A la luz de las experiencias de Ecuador y Costa Rica, esperamos que la Opinión Consultiva 24/17 de la Corte IDH sea utilizada por la sociedad civil de otros países de la región como una herramienta para la demanda del reconocimiento y garantía de derechos de las personas LGBTI+. En el marco de la discusión y aprobación del Código de las Familias en Cuba, exhortamos al Estado cubano a proceder en correspondencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos, para el cumplimiento pleno del derecho a la igualdad y no discriminación.