Washington, D.C., 18 de mayo, 2026.– Cada 17 de mayo, el Día Internacional contra la LGBTIfobia recuerda que millones de personas en el mundo continúan enfrentando violencia, discriminación y exclusión por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

En América Latina y el Caribe, aunque algunos países han registrado avances legales importantes en materia de reconocimiento de derechos, la realidad sigue marcada por crímenes de odio, discursos estigmatizantes, exclusión social, persecución contra activistas y restricciones a las libertades fundamentales.

En el marco del Día Internacional contra la LGBTIfobia, desde el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) queremos recordar que esta no solo se manifiesta a través de agresiones físicas, sino que también se expresa en la censura, el silenciamiento, la criminalización, la falta de acceso a derechos y la imposibilidad de vivir libremente y con dignidad.

Al conmemorar este día, reconocemos que defender los derechos de las personas LGBTI+ continúa siendo también una defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos para toda la sociedad. A continuación, compartimos un breve panorama sobre la situación de derechos humanos de esta población en países donde Raza e Igualdad tiene incidencia y trabajo de la mano de contrapartes.

Brasil: avances legales en medio de altos niveles de violencia

En Brasil, la situación de las personas LGBTI+ se caracteriza por profundas contradicciones. Aunque el país ha registrado avances importantes como el reconocimiento del matrimonio igualitario desde 2013 y del derecho de personas trans a modificar su nombre y marcador de género en los documentos de identidad sin necesidad de cirugías ni autorizaciones judiciales, miles de personas siguen enfrentando violencia, discriminación y exclusión.

Las personas trans se encuentran en el foco de este tipo de ataques, siendo una de los principales indicadores el hecho que Brasil registra cada año, y de forma consecutiva en los últimos 18 años, la mayor cantidad de asesinatos de personas trans, según el Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM por sus siglas en inglés) de Transgender Europe and Central Asia (TGEU).

A ello se suman los discursos de odio y la polarización política de los últimos años, que han contribuido a legitimar ataques contra personas LGBTI+ y contra quienes defienden derechos humanos.

Los discursos de odio dirigidos contra mujeres que ocupan cargos políticos en Brasil se encuentran atravesados por expresiones racistas y transfóbicas que buscan deslegitimar la participación política, como es el caso de la diputada federal Erika Hilton, quien fue objeto de manifestaciones de carácter transfóbico tras haber sido elegida presidenta de la Comisión de Defensa de los Derechos de la Mujer. Posterior a su designación, se registraron declaraciones públicas que cuestionaban su identidad de género y buscaban deslegitimar su ocupación de un espacio institucional vinculado a la promoción de los derechos de las mujeres.

Recientemente trascendió la actuación de una diputada que, durante una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo, realizó una representación asociada al “blackface” mientras pronunciaba un discurso contrario a los derechos de las mujeres trans, hecho que fue ampliamente criticado por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.

Por otro lado, un estudio del Instituto Marielle Franco evidenció la gravedad de la violencia política digital dirigida especialmente contra mujeres negras y personas LGBTQIA+, según el cual el 71% de las amenazas registradas involucraban referencias a muerte o violación, mientras que el 63% de las amenazas de muerte hacían mención directa al asesinato de Marielle Franco.

Cuba: diversidad bajo vigilancia y represión

En Cuba, la situación de las personas LGBTI+ no puede analizarse sin tener en cuenta que hace siete años, el 11 de mayo de 2019, ocurrió el histórico 11M: una marcha independiente contra la homofobia y la transfobia que terminó con detenciones arbitrarias, vigilancia y persecución contra activistas. Aquel día marcó un punto de quiebre para el activismo LGBTI+ en la Isla y evidenció los límites impuestos por el Estado a la libre expresión, la protesta pacífica y la organización independiente.

Muchas de las personas que participaron en esa manifestación han enfrentado desde entonces hostigamiento, criminalización e incluso exilio forzado.

Aunque en los últimos años se han producido algunos avances legales, como el reconocimiento del matrimonio igualitario y otros derechos familiares a través del nuevo Código de las Familias, la realidad para muchas personas LGBTI+ continúa estando atravesada por la falta de libertades y garantías fundamentales.

La actual crisis económica, social y política que vive la Isla ha profundizado las desigualdades, la precariedad y la vulnerabilidad de amplios sectores de la población, incluyendo activistas, personas trans y quienes defienden derechos humanos.

En medio de este contexto, miles de personas han emigrado buscando condiciones de vida dignas, libertad y seguridad. Las personas LGBTI+ no son ajenas a esta realidad: muchas han tenido que abandonar el país tras sufrir persecución, censura o falta de oportunidades. Desde el exilio y también desde dentro de Cuba, activistas y organizaciones continúan denunciando las violaciones a los derechos humanos y exigiendo una sociedad donde la diversidad no sea castigada.

Colombia: violencia persistente y barreras para vivir con dignidad

En Colombia, las personas LGBTI+ continúan enfrentando altos niveles de violencia, discriminación y exclusión, en un contexto marcado por desigualdades históricas y por el impacto persistente del conflicto armado y la violencia territorial.

Personas trans, liderazgos sociales y defensores de derechos humanos siguen siendo especialmente vulnerables a amenazas, agresiones y crímenes motivados por prejuicio. El informe “Los impactos de la violencia sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, presentado por la CIDH en diciembre de 2025, señala que entre 2016 y septiembre de 2024, la Fiscalía reportó al menos 33 asesinatos de personas LGBTI con liderazgo social, mientras que, solo en 2023, la sociedad civil registró al menos 13 casos.

El 7 y el 8 de mayo recién pasados, la organización Caribe Afirmativo reportó el asesinato de dos mujeres trans en Antioquia, con lo cual ya suman 29 asesinatos de personas LGBTI+ registrados por su Observatorio de Derechos Humanos.

En medio de este panorama, organizaciones de sociedad civil mantienen una campaña en favor de la aprobación del proyecto de Ley Integral Trans, también conocido como “Ley Sara Millerey”, en memoria de la defensora de derechos humanos y activista trans asesinada en abril de 2025. Con esta ley se busca establecer un marco jurídico integral que regule de manera específica los derechos de las personas trans, desde una perspectiva de interseccionalidad, enfoque diferencial y progresividad de derechos.

Además de la violencia física, las personas LGBTI+ enfrentan discursos estigmatizantes y campañas de desinformación que buscan desacreditar sus derechos y debilitar los avances alcanzados por años de lucha y movilización social.

Nicaragua: miedo, exilio y cierre del espacio cívico

En Nicaragua, la situación de las personas LGBTI+ no puede separarse del contexto general de represión, cierre del espacio cívico y persecución contra voces críticas y organizaciones de la sociedad civil.

En los últimos años, la criminalización de activistas, el exilio forzado, la cancelación de organizaciones y las restricciones a las libertades fundamentales han impactado profundamente a quienes defienden los derechos humanos y acompañan a personas LGBTI+.

Aunque la discriminación y la violencia contra personas LGBTI+ han sido históricamente invisibilizadas, el actual contexto represivo ha incrementado el miedo, la censura y la falta de espacios seguros para denunciar abusos, organizarse colectivamente o visibilizar demandas relacionadas con igualdad y diversidad.

Muchas personas LGBTI+, activistas y defensoras de derechos humanos se han visto obligadas a abandonar el país ante el riesgo de persecución, vigilancia o represalias. Desde el exilio y desde la resistencia dentro de Nicaragua, continúan denunciando violaciones a los derechos humanos y defendiendo el derecho a vivir libres de discriminación y violencia.

Defender derechos también es resistir

En el Día Internacional contra la LGBTIfobia, reconocer la situación de las personas LGBTI+ en América Latina y el Caribe también implica reconocer que la discriminación no ocurre de manera aislada. La violencia, la censura, la persecución y la exclusión suelen profundizarse en contextos donde también se debilitan la democracia, la libertad de expresión y el espacio cívico.

Aunque existen marcos legales y decisiones judiciales que reconocen derechos fundamentales de las personas LGBTI+, la realidad cotidiana evidencia que el acceso efectivo a la igualdad y a una vida libre de violencia sigue siendo una deuda pendiente.

Muchas personas continúan viviendo bajo amenaza, especialmente en territorios periféricos y comunidades históricamente marginadas.

Desde Raza e Igualdad, reconocemos el trabajo de activistas, organizaciones y comunidades que, a pesar de ese contexto tan adverso, continúan resistiendo, denunciando violaciones a derechos humanos y construyendo espacios de apoyo, memoria y dignidad.